La pelea del presidente Gustavo Petro con el gobierno de Estados Unidos podría echar por la borda la estrategia para llevar ante la justicia a los turistas extranjeros que están abusando de los niños de Medellín.
Luego de más de un año y medio de operativos e investigaciones, comenzó a cundir la preocupación de que la suspensión en el intercambio de información de inteligencia entre ambos países ordenada recientemente por el presidente Gustavo Petro termine dejando en la cuerda floja esos esfuerzos conjuntos.
Quien encabezó dichas preocupaciones fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien planteó que la cada vez más pronunciada fractura entre las autoridades de ambos países, más allá de un debate sobre soberanía o diplomacia, solo beneficiaría a los ilegales.
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“Las únicas que ganan con esa decisión son las estructuras criminales. La relación con las agencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos es fundamental en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la minería ilegal”, expresó el mandatario distrital, destacando que gracias a ese trabajo coordinado en el que han participado entidades como el FBI y Homeland Security es que se logró inadmitir a 93 extranjeros que pretendían viajar a Medellín, muy probablemente para explotar sexualmente a niños, así como lograr la histórica condena en contra de Stephen Correa.
Aunque tras estallar las preocupaciones sobre el tema el ministro del Interior, Armando Benedetti, le salió al paso a la controversia, asegurando que la suspensión ordenada por el presidente no debía interpretarse como un fin del trabajo de las agencias estadounidenses en el país, dichas implicaciones abrieron un debate entre expertos en criminología y relaciones internacionales, para quienes el país cada vez se está aislando más de la comunidad internacional de inteligencia.
Trabajo conjunto
La alianza entre las autoridades colombianas y estadounidenses para rastrear a explotadores sexuales se remonta a 2024, cuando durante los primeros meses de ese año funcionarios del Distrito de Medellín, la Fuerza Pública y de agencias de ese país se sentaron a discutir los problemas asociados al auge turístico que experimenta Medellín durante los últimos años.
Mientras las autoridades estadounidenses le expresaron a sus pares colombianos su preocupación por los casos de turistas que han fallecido en la capital antioqueña en extrañas circunstancias, el Distrito le expresó a Estados Unidos la suya por los crecientes casos de extranjeros involucrados en denuncias de explotación sexual de menores de edad y mujeres.
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Fue en medio de esas conversaciones que, entre ambos países, por un lado se crearon estrategias para mejorar la seguridad de los turistas, –en la que se involucró a aplicaciones de citas–, también crearon el listado AngelWatch, una de las herramientas más poderosas para mantener a raya a los pedófilos.
Con información proveniente de varias bases de datos del gobierno norteamericano, como el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales, las autoridades migratorias tanto en Estados Unidos como en Colombia estuvieron en capacidad de evitar el ingreso de personas con antecedentes, investigaciones o grandes sospechas de ser abusadores de niños.
https://www.elcolombiano.com/medellin/chats-agencia-explotacion-sexual-ninas-colegio-DF27556720
Además de los 93 extranjeros ya inadmitidos, este trabajo de colaboración permitió grandes golpes contra abusadores, siendo uno de los más importantes la cadena perpetua impuesta contra Stephen Correa.
Tal como se conoció entonces, la investigación que permitió la condena de Correa arrancó con el caso de Timothy Alan Livingston, un turista que fue encontrado con dos niñas de 12 y 13 años en un hotel de Medellín y, pese a ser sorprendido por la Policía, quedó en libertad y posteriormente escapó.
Tras lo ocurrido, y ya con la estrategia binacional andando, integrantes del Homeland Security Investigations (HSI), la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín se sentaron a revisar el caso e iniciaron una investigación de largo aliento.
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En dichas pesquisas, el primer gran logro consistió en la construcción de un listado compuesto por 15 extranjeros, señalados de integrar una red que compartía contactos, recomendaciones y vínculos con proxenetas.
Con esa información recabada fue que el 19 de abril de 2024 Correa fue detenido antes de abordar un vuelo a Medellín. Por cuenta de más de 100 videos y múltiples chats, las autoridades no solo lograron recabar la evidencia que lo puso en la cárcel, sino ampliar la información de más implicados en una red de explotación que también derivó en la captura de dos mujeres en Medellín, señaladas de concertar más encuentros con otros extranjeros.
Prueba de la importancia de la cooperación binacional fue que en el juicio contra Correa se tuvieron en cuenta informaciones recabadas por las autoridades colombianas, y en el juicio contra las dos mujeres implicadas, realizado en Colombia, se incluyó información recabada en EE. UU.
Es precisamente en medio de ese contexto que el alcalde de Medellín alertó que el congelamiento de esa cooperación solo beneficiaría a los abusadores.
“Entre el año pasado y este llevamos solo en Medellín 93 ciudadanos inadmitidos que llegaban al aeropuerto. Solo este año van 53. Estamos haciendo la tarea. Estamos logrando capturas, por ejemplo, con información desde Medellín y con articulación con agencias como HSI y FBI se han logrado ya no solo capturas, sino cadenas perpetuas para abusadores de niños”, reiteró el alcalde, advirtiendo que por parte del Distrito dicha colaboración se mantendría.
Ante la incertidumbre que generó esta suspensión, funcionarios como el ministro del Interior, Armando Benedetti han buscado salirle al paso a las voces críticas.
“El presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia DIPOL, DIJÍN, CTI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”, expresó este jueves.
Más allá de si ese distanciamiento se enfría o se agrava, para expertos los más afectados serán los organismos colombianos, durante décadas ya acostumbrados a emplear la información proveniente de las agencias norteamericanas y cada vez más aislados de ese ecosistema de inteligencia con núcleo en Estados Unidos.
Para ahondar en las implicaciones de esta situación para Medellín, este diario consultó con la Secretaría de Seguridad, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
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