El Gobierno nacional alista un golpe arancelario para los vehículos impulsados por gasolina o diésel.
Un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) propone aumentar hasta 40% el arancel de importación de automóviles de combustión interna y hasta 35% para motocicletas con motor de gasolina.
La medida, fechada el 7 de noviembre de 2025, se enmarca en la política de reindustrialización verde del Ejecutivo, que busca frenar la entrada de tecnologías más contaminantes y orientar el mercado automotor hacia alternativas limpias y de producción nacional.
Según el documento oficial, los vehículos de pasajeros incluidos en la partida 87.03 del Arancel de Aduanas pagarían el nuevo gravamen del 40%, mientras que las motocicletas de la partida 87.11 tendrían un arancel de hasta 35%.
El texto aclara que la medida no afectará los productos amparados por Tratados de Libre Comercio (TLC), que conservarán los beneficios arancelarios preferenciales. El decreto, una vez expedido, empezaría a regir entre 15 y 90 días después de su publicación.
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Un golpe a los carros a gasolina y diésel
El Gobierno justifica esta propuesta en dos razones principales. Primero, desincentivar la importación de vehículos contaminantes. En palabras del MinCIT, el transporte basado en gasolina y diésel sigue siendo una de las fuentes prioritarias de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia.
Y segundo, impulsar la reindustrialización del sector automotor, atrayendo inversión hacia ensamblaje y producción local con energías más limpias, como los híbridos o eléctricos.
El documento oficial señala que el 95,9% de la demanda energética del país todavía depende de combustibles fósiles (petróleo, queroseno, gasolina y diésel). En este contexto, el Gobierno considera que los ajustes arancelarios son una herramienta para cambiar la demanda hacia tecnologías más sostenibles.
“Existe incertidumbre sobre la disponibilidad de energéticos provenientes de fuentes fósiles, la volatilidad de los precios y el impacto negativo en el medio ambiente”, se lee en el borrador.
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Qué pasará con los precios de los carros importados
Aunque el proyecto aún está en consulta y podría modificarse antes de su versión definitiva, su impacto potencial sobre los precios finales ya preocupa al sector automotor.
El documento no establece una cifra clara de restitución fiscal —es decir, cuánto dinero espera recaudar el Estado con la medida— y la Subdirección de Estudios Económicos de la Dian no ha publicado estimaciones oficiales.
Sin embargo, gremios y analistas anticipan que, si se aprueba tal como está, el efecto inmediato sería un encarecimiento de los vehículos importados con motores a gasolina o diésel.
El impacto final dependerá de los orígenes de importación, pues los países con TLC vigente (como México, Corea o Estados Unidos) seguirían con aranceles preferenciales.
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Para Óscar Restrepo, director del portal especializado El Carro Colombiano, la propuesta del Gobierno de elevar los aranceles a los vehículos a gasolina y diésel puede terminar afectando seriamente al mercado automotor y al bolsillo de los compradores.
A su juicio, aunque la medida es coherente con el propósito oficial de impulsar la movilidad eléctrica, reducirá el acceso de muchos colombianos a un carro nuevo, especialmente en los segmentos más económicos.
Restrepo explicó que modelos populares como el Kia Picanto, uno de los más asequibles del país, podría pasar de 57 a más de 63 millones de pesos, encarecimiento que dejaría por fuera a buena parte de los compradores de clase media.
Hablan las expertos sobre la propuesta de subir el arancel a carros importador de gasolina y diésel
El profesor Andrés Emiro Díez, doctor en Ingeniería y experto en movilidad eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), cuestionó el alcance de la medida al considerar que puede tener efectos regresivos en ciertos sectores.
“No me parece apropiado desincentivar una tecnología encareciéndola vía aranceles, porque ese costo termina trasladándose directamente al usuario”, explicó Díez.
El académico advirtió que muchos de los motores diésel se utilizan en zonas rurales, donde no existen alternativas eléctricas viables y, por tanto, la medida podría afectar a poblaciones con menos opciones de sustitución.
“En el campo no hay todavía un sustituto claro de cero emisiones. Si alguien quisiera usar un equipo eléctrico, probablemente tendría que cargarlo con una planta diésel. En esos casos, la penalización no tiene mucho sentido”, agregó.
Por su parte, el profesor Darío Hidalgo, experto en transporte y logística de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana, consideró que la propuesta del Gobierno tendrá efectos mixtos en el mercado automotor colombiano.
“Desde la perspectiva de quienes comercializan estos tipos de vehículos, estas medidas de aranceles pueden aumentar los precios significativamente y reducir la demanda”, explicó Hidalgo.
No obstante, el académico señaló que el contexto actual ofrece alternativas más limpias y competitivas, que podrían equilibrar los efectos negativos de la medida. “Hoy ya existe una oferta de vehículos híbridos y eléctricos muy competitiva, con ventajas arancelarias y beneficios adicionales, como la exención del pico y placa en las principales ciudades”.
Para el investigador Díez, la política debería centrarse más en estimular las tecnologías limpias que en castigar las existentes. “En este tipo de transiciones es más efectivo bajar el arancel de los vehículos eléctricos que aumentar el de los de combustión. No se trata de demonizar las otras tecnologías, sino de hacer una transición justa y viable”, sostuvo.
Díez insistió en que los usuarios de bajos recursos serían los más afectados por un eventual incremento de precios.
A su vez, Hidalgo prevé que, si bien podría presentarse una reducción en la venta de vehículos a combustión por los mayores impuestos, la medida también podría impulsar la movilidad más sostenible, con tecnologías de menores emisiones y ruido.
“Posiblemente se vea una dinámica más restrictiva en la venta de vehículos tradicionales, pero también un impulso a la movilidad eléctrica y de bajas emisiones, que además enfrenta menos restricciones”, destacó el experto.
El profesor también subrayó un punto clave del debate: la mayoría de los desplazamientos en Colombia no dependen del automóvil particular. “La mayor cantidad de viajes en nuestro país se realizan a pie y en transporte público. Por eso, las medidas arancelarias pueden no tener un impacto directo en la movilidad general, aunque sí lo tendrán sobre los comercializadores de vehículos”.
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Sin embargo, el director de El Carro Colombiano recordó que el 70% de los automóviles que se venden en Colombia aún son de motor a combustión, y que en el caso de las motos —donde casi toda la oferta es de gasolina— el impacto también sería alto, aunque existe una mayor producción nacional.
En su opinión, la medida puede resultar más restrictiva que transformadora, pues limita las opciones disponibles sin que los eléctricos ofrezcan aún una verdadera alternativa en precio o prestaciones.
¿Y las motos?
El decreto también contempla un arancel del 35% para motocicletas de combustión interna, lo que afectaría directamente al mercado más masivo del país.
Colombia cuenta con más de 11 millones de motos registradas, y cada año se venden cerca de 800.000 unidades nuevas.
Aunque muchas motos ingresan bajo tratados preferenciales o se ensamblan localmente, un aumento de este tipo podría impactar los precios y la demanda, especialmente en los segmentos de bajo cilindraje, usados principalmente para trabajo o transporte urbano.
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