El Eje Cafetero, uno de los motores turísticos y logísticos del país, está en el medio de una tormenta institucional. El Gobierno del presidente Gustavo Petro puso sus ojos sobre la concesión Autopistas del Café, planteando la terminación anticipada del contrato y el desmonte de sus siete peajes.
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La propuesta, que busca replicar modelos aplicados en el Caribe, choca de frente con una realidad jurídica y financiera compleja, en un corredor que durante casi tres décadas ha sido el eje de la conectividad entre Manizales, Pereira y Armenia.
La historia de esta vía comenzó el 18 de abril de 1997, bajo el mandato de Ernesto Samper, cuando se firmó el contrato para operar 256 kilómetros. Desde entonces, el proyecto ha navegado por aguas turbulentas, aunque en el día a día opera con normalidad.
En sus inicios, las protestas en Chinchiná (Caldas) cobraron la vida de una persona por la inconformidad con el modelo de financiación, lo que obligó a ajustar el plan original de ocho peajes. Más tarde, el consorcio superó crisis económicas y demandas estatales por incumplimientos en los plazos, logrando estabilizar una operación que hoy es vital para conectar el interior y el occidente del país.
¿Qué otro pleito hubo por Autopistas del Café?
La intención del actual Gobierno de revertir el contrato antes de tiempo no es un episodio aislado en la historia de esta concesión. En 2016, durante el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) demandó su terminación.
En aquel entonces, el vicepresidente Germán Vargas Lleras argumentó que el concesionario ya había recuperado su inversión y que el Estado necesitaba el corredor para nuevas obras, como la doble calzada entre Calarcá y La Paila. Sin embargo, el caso escaló a un Tribunal de Arbitramento.
El fallo de aquel litigio fue un revés para el Estado y una victoria para la constructora Odinsa –máxima accionista del consorcio con el 62%–, a la que se le concedieron nueve años adicionales de operación para recaudar peajes y garantizar el mantenimiento.
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No obstante, el tribunal también impuso sanciones, obligando al consorcio —donde también participa Megaproyectos S.A. con un 22%— a compensar a la Nación por el peaje “La María”, una caseta que estaba estipulada en el contrato pero que nunca llegó a construirse. Este antecedente judicial es el que hoy genera escepticismo sobre la viabilidad de la propuesta de Petro, pues no existen bases jurídicas claras para romper un contrato vigente sin una causal objetiva.
¿Cuáles son los siete peajes de Autopistas del Café?
Uno de los puntos de mayor fricción es el costo de movilizarse por el Eje Cafetero. Actualmente, la concesión administra siete casetas: Santágueda, Pavas, San Bernardo 1, Tarapacá I, Tarapacá II, Circasia y Corozal.
Para los vehículos de categoría I (automóviles particulares), los precios oscilan entre los $16.200 en Pavas o San Bernardo, y alcanzan los $21.200 en el peaje de Circasia, en el Quindío. El tramo de Caldas es particularmente sensible, pues al concentrar cinco de las siete casetas, registra uno de los promedios de costo por kilómetro recorrido más altos del país.
Ignacio Franco, un usuario frecuente de la vía y habitante de Armenia, resume el sentir de muchos conductores: lo que molesta no es solo la frecuencia de los peajes, a veces separados por menos de 20 kilómetros, sino el precio elevado.
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A pesar de esto, usuarios como Franco reconocen que el alto flujo vehicular, que promedia 37.000 vehículos diarios y llega a picos de más de 40.000 en temporadas altas como enero, exige un mantenimiento constante. Por eso, existe un temor latente de que, si el Gobierno asume la vía y elimina los peajes sin un plan de financiación alterno, la calidad de la infraestructura se deteriore por falta de recursos para reparaciones.
¿Por qué causa incertidumbre el anuncio del Gobierno sobre Autopistas de Café?
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) señaló que solo anuncio de una terminación anticipada ya produce efectos reales y negativos. Para el gremio, estas declaraciones generan incertidumbre jurídica y afectan la planeación futura del proyecto.
“En materia de infraestructura, la palabra oficial también produce efectos reales”, advirtió la CCI, subrayando que hasta la fecha no existe una prerrogativa contractual que permita al Gobierno tomar el control de la vía de manera unilateral y antes de tiempo.
En el entre tanto, la ministra María Fernanda Rojas ha defendido la postura presidencial, señalando que tras 30 años es necesario “repensar el esquema” y priorizar la lógica de lo público sobre los intereses particulares.
Por su parte, el consorcio Autopistas del Café guarda una postura cautelosa, e informó que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la terminación de su contrato, el cual, bajo las condiciones actuales, debería expirar en febrero de 2027.
¿Qué pasará con Autopistas del Café en 2027?
Dicho sea de paso, el horizonte de febrero de 2027 marca el fin natural de la concesión y la reversión del corredor a la Nación. En ese momento, los siete peajes que financiaron las obras construidas quedarían, en teoría, libres. Sin embargo, el panorama no es tan sencillo.
Aún faltan tramos de doble calzada por ejecutar y obras nuevas que no se alcanzarán a terminar en los próximos tres años. Además, el Estado debe resolver cómo financiará el mantenimiento preventivo y la operación de equipos una vez el consorcio se retire.
Ante este vacío, ya se mueven fichas para el futuro. Desde 2023, Odinsa Vías presentó la propuesta “IP Conexión Centro”, un proyecto de quinta generación (5G) que busca modernizar los corredores entre Armenia, Pereira, Manizales, Calarcá y La Paila. Esta iniciativa privada está en proceso de estructuración y pasará a examen de la ANI.
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