Justo cuando el país debate una nueva propuesta del Presupuesto General de la Nación (por 271,71 billones de pesos), plan que estaría desfinanciado en 8,2 billones para el próximo año, aparecen nuevas recomendaciones para que los gobiernos nacionales no pasen por la necesidad de pedir prestamos internacionales o aumentar la carga tributaria a los ciudadanos (ver Origen).
Una de esas más recientes recomendaciones la entregó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El organismo pidió a los gobiernos regionales tener cuidado con los incentivos tributarios que se generan. Colombia no es ajena a ese fenómeno. La más reciente reforma tributaria aliviana la carga impositiva para que las empresas puedan crecer más y generar empleos formales.
Sin embargo, dice el informe Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe que los beneficios tributarios “se traducen en recursos fiscales que los Estados dejan de percibir”.
La publicación estableció que entre 2016 y 2019, los gastos tributarios en América Latina —es decir, los recursos dejados de percibir por el Estado por la existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga tributaria directa o indirecta de determinados contribuyentes— representaron en promedio el 3,7 % del Producto Interno Bruto”.
Voces en contra de este tipo de políticas económicas suelen evidenciar que la exención entregada no se retribuye a las necesidades financieras del país. Por ejemplo, Aída Avella, senadora opositora al gobierno de Iván Duque, por la Unión Patriótica, dijo que para el caso de las compañías asociadas a la producción de crudo, “son 18 billones de pesos que ha dejado de recaudar el Estado colombiano por los regalos tributarios a las firmas multinacionales del petróleo en Colombia”.
Afirmación que controvierten voces como el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien resalta que las mayores regalías que se entregan al país llegan precisamente del trabajo que realizan estas empresas.
