Colombia se mantiene entre los países de América Latina y el Caribe donde la riqueza está más concentrada en pocas manos. Eso lo señala el más reciente informe de Oxfam, presentado en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial de Davos, en el que se señala que cuatro multimillonarios concentran cerca de US$42.000 millones, en un país marcado por altos niveles de pobreza, informalidad laboral y desigualdad.
El documento alerta que la acumulación extrema de riqueza no solo amplía las brechas sociales, sino que también debilita las democracias, al permitir que el poder económico tenga una influencia desproporcionada en las decisiones públicas.
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La concentración de riqueza y su impacto en la democracia
De manera paralela al informe global, Oxfam publicó una separata para América Latina y el Caribe que analiza cómo la concentración de riqueza y poder afecta la calidad democrática en la región. “La concentración extrema de la riqueza pone en riesgo la democracia. Cuando el poder económico se traduce en influencia política, se debilitan las instituciones y crece la percepción de que el Estado gobierna para unos pocos”, explicó Jenny Gallego, responsable del Programa Influyente de Oxfam Colombia.
En el caso colombiano, el país ocupa el cuarto lugar en la región en concentración de riqueza en manos de multimillonarios. Para dimensionar esta brecha, el informe señala que un millonario colombiano promedio tarda apenas dos minutos en ganar lo que una persona promedio obtiene en un año de trabajo.
Según Oxfam, este escenario profundiza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y abre espacio a proyectos políticos que prometen respuestas rápidas al descontento social, pero que con frecuencia terminan debilitando el Estado de derecho y concentrando aún más el poder.
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Un sistema fiscal regresivo y con amplios beneficios tributarios
El informe también pone el foco en el sistema tributario colombiano, que califica como regresivo. Mientras trabajadores y consumidores asumen gran parte de la carga fiscal, las grandes fortunas y corporaciones mantienen recursos fuera del país a través de deudas, intereses o transferencias de capitales, lo que limita la capacidad del Estado para invertir en educación, salud y derechos básicos.
A esto se suma que Colombia cuenta con más de 290 beneficios tributarios, muchos de ellos sin evaluaciones periódicas. De acuerdo con Oxfam, varios incentivos se mantienen más por presión corporativa que por su impacto real en la generación de empleo formal o el aumento de la productividad, lo que representa una pérdida significativa de recursos públicos.
“El país tiene recursos disponibles, pero el problema es cómo se recaudan, cómo se distribuyen y a quién benefician las reglas del juego”, señaló Gallego, quien insistió en que, de cara al escenario electoral de 2026, será clave que la ciudadanía examine las propuestas que apunten a fortalecer políticas fiscales progresivas.
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El llamado a una reforma fiscal regional
Oxfam estima que una reforma fiscal profunda en América Latina y el Caribe podría incrementar la recaudación hasta en 4% del PIB regional, lo que equivaldría a un aumento cercano al 24% de los ingresos públicos. Estos recursos permitirían reducir la pobreza, fortalecer los servicios públicos y enfrentar desafíos urgentes como la crisis climática, que afecta de manera desproporcionada a quienes menos tienen.
El informe concluye que reducir la desigualdad no es solo un asunto económico, sino una condición necesaria para la supervivencia de la democracia, y subraya la urgencia de limitar la influencia del poder económico, fortalecer sistemas fiscales justos y garantizar una participación ciudadana efectiva.
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