Colombia está en un punto de inflexión en materia de regulación fintech (servicios financieros digitales). En un año electoral y con un ecosistema financiero presionado por la informalidad, el bajo acceso al crédito y el avance desigual de la innovación, el debate ya no es si regular, sino cómo hacerlo.
Desde Colombia Fintech, el diagnóstico es un país que necesita avanzar con rapidez en una trilogía de políticas públicas: innovación financiera, inclusión y competencia, para evitar que la regulación siga siendo una barrera y se convierta, por fin, en un habilitador del desarrollo económico.
Ese es el espíritu del llamado “tsunami regulatorio”, una hoja de ruta que el gremio presentó este jueves 29 de enero y que condensa más de 100 propuestas en 22 frentes estratégicos, una agenda concreta para transformar el sistema financiero colombiano entre 2026 y 2030.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, explica por qué el país sigue a mitad de camino entre el modelo brasileño, y qué decisiones urgentes deben tomarse para no desaprovechar una nueva ventana histórica de cambio.
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Partiendo del llamado “tsunami regulatorio” y de varios hechos clave de finales de 2025, como el intento de gravar las transacciones digitales, el contexto macroeconómico de inflación y tasas, ¿cómo cerró el año pasado el sector fintech en Colombia?
“Sin duda, empezamos el año con retos inmensos. El encarecimiento del costo de vida de los colombianos hace que sus condiciones de subsistencia se vuelvan cada vez más precarias. Esto los aleja de la posibilidad de invertir, de acceder a crédito y, en general, de mejorar su productividad.
En los segmentos más vulnerables, la inflación actúa como un impuesto extremadamente agresivo, que rompe el principio básico de poder endeudarse para crecer. Esto está llevando a muchas personas y microempresas a convertirse en unidades de mera subsistencia. Colombia se encamina hacia un escenario muy frágil, donde la gente ya no tiene capacidad de ahorro para enfrentar choques futuros, como nuevos aumentos de precios o un deterioro del mercado laboral, que todo indica será más precario.
Estamos sembrando, en cierta forma, las condiciones de una tormenta perfecta que puede afectar seriamente al país en el mediano plazo. Todo esto se agrava porque el fintech es un sector que depende en gran medida de la inversión de capital privado. Si Colombia, como Estado y como país, no genera las certezas que requieren estos inversionistas, el capital buscará mercados más estables y predecibles, como México o Brasil, que, pese a sus tensiones políticas, han logrado ofrecer reglas de juego más claras.
Además, estamos viendo un fenómeno, el aumento sostenido de las remesas. En varios meses ya estamos recibiendo más recursos por remesas que por inversión extranjera directa. Esto nos acerca peligrosamente a economías centroamericanas que dependen de la migración y de la fuga de talento, más que de la confianza inversionista internacional.
Así arranca un año electoral, con condiciones poco favorables para atraer inversión, desarrollar talento y fortalecer un sector que, paradójicamente, opera en un entorno altamente regulado y que necesita, más que nunca, estabilidad y previsibilidad”.
El 2026 arrancó con alta volatilidad, dólar al alza, expectativas de mayores tasas, crédito más caro e inflación persistente. Desde el gremio fintech, ¿cómo proyectan este año?
“Fue un cierre de año muy movido, con muchas expectativas y también con oportunidades. El 2025 termina en un momento en el que se da algo inédito, un movimiento ciudadano que logra defender, por primera vez, la infraestructura pública digital del sector financiero, como es Bre-B.
Sin embargo, nos queda un sinsabor regulatorio importante. Cerramos el año sin una regulación clara en cripto, sin certezas suficientes para seguir impulsando la inclusión financiera y sin haber dado una discusión seria sobre la tasa de usura, que hoy está empujando al 66% de los colombianos a la informalidad crediticia.
También quedamos a la espera del decreto de finanzas abiertas, que es clave para operativizar un esquema fundamental para generar competencia en el sector financiero e incluir a más personas. A eso se suma la falta de implementación efectiva del esquema del 4x1.000, hoy los colombianos están perdiendo dinero porque se les sigue cobrando un impuesto injusto.
Este sistema debería estar operando desde hace varios meses y aún no se ha puesto en marcha de forma integral para que todas las cuentas estén cubiertas y no se cobre el 4x1.000 de manera indebida. En síntesis, fue un año que cerró con muchas expectativas que, desafortunadamente, no se cumplieron desde el punto de vista regulatorio”.
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Puso a Brasil como referente para Colombia. Es un país que logró destrabar el crédito digital y avanzar con fuerza en finanzas abiertas. ¿Qué le ha faltado a Colombia, en términos regulatorios y de gestión desde el Congreso y el Ejecutivo, para no quedarse a mitad de camino?
“Lo primero, y es una de las banderas que hemos levantado desde Colombia Fintech, es cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos. Brasil, poco después de 2010, tomó una decisión estratégica, definió que la economía digital y las finanzas serían centrales para su futuro.
A partir de ahí empezó a capacitar a los funcionarios encargados del sistema financiero y a construir una agenda de innovación muy agresiva. Esa agenda nació de la necesidad de generar competencia e innovación, pero, sobre todo, se convirtió en un activo compartido por todo el aparato público.
En Brasil no se veían propuestas improvisadas para gravar la economía digital, ni intentos de frenar proyectos sobre activos digitales, ni obstáculos deliberados al esquema de finanzas abiertas. Por el contrario, los funcionarios fueron formados dentro de una cultura de innovación digital. Colombia no tiene eso.
Aquí seguimos viendo la economía digital, como ha ocurrido históricamente con otros sectores, principalmente como una fuente inmediata de recaudo para el Estado. Por eso aparecen recurrentemente iniciativas como ponerle impuestos a Bre-B, o gravar la llegada de inversión internacional en infraestructura tecnológica, entre muchos otros ejemplos que evidencian una cultura antiinnovación dentro del servicio público.
Ese marco conceptual es una de las primeras cosas que debemos cambiar. Cualquier persona que quiera servirle al país, ya sea desde el Congreso, un ministerio o una superintendencia, debe entender muy bien qué es la infraestructura pública digital y cómo funciona la economía digital.
En lugar de ponerle trabas, fricciones o temerle a la competencia que pueda generar frente a los actores incumbentes, deberíamos promoverla activamente. Ese cambio conceptual va más allá de las normas específicas que logró sacar Brasil; es lo que realmente permitió que su ecosistema financiero digital floreciera.
Un ejemplo muy claro es PIX. Cuando se diseñó, se estableció que la información de PIX no sería fuente para el cobro de impuestos, ni para renta ni para ningún otro tributo. Punto. En Colombia, en cambio, las billeteras digitales deben reportar información para la declaración de renta, y lo único que se logró frenar fue la imposición de impuestos adicionales.
En Brasil dijeron: ‘Esto es tan importante que dejemos que la gente lo use masivamente, que la economía crezca, y después veremos cómo cobramos impuestos a las empresas o a las personas, pero no a partir de frenar el sistema’. Ese es un marco de economía digital completamente distinto, y es el que desde Colombia Fintech quisiéramos promover”.
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Esta semana presentan el documento “Tsunami regulatorio”, que plantea cerca de 100 propuestas en 22 frentes. De ese paquete tan amplio, ¿cuáles son las medidas más relevantes y urgentes?
“Sin duda es un plan ambicioso, pero yo lo resumiría en dos grandes frentes. El primero es lo que hemos llamado el triángulo de la inclusión financiera. Esto implica liberalizar los datos de las personas, es decir, implementar de manera efectiva un esquema de open finance; liberalizar la tasa de usura; y liberalizar el dinero de la gente a través de una infraestructura pública digital sólida.
Ese triángulo es esencial para desarrollar economías digitales. Ha ocurrido así en todos los países que han avanzado en esta materia. Colombia ha empezado a trabajar apenas una de esas patas, pero sigue muy rezagada en las otras dos.
El segundo frente clave es la reducción del uso del efectivo. Las economías basadas en efectivo no logran generar un volumen suficiente de personas transando en lo digital. Eso hace que se pierdan los beneficios de la trazabilidad financiera y de todo lo que implica una economía digital.
Parte del problema es que en Colombia existen demasiados incentivos para usar efectivo, el 4x1.000, esquemas muy laxos para transacciones de grandes volúmenes y, por ejemplo, la dificultad para pagar impuestos, que en muchos casos obliga a pasar por múltiples bancos.
Si logramos reducir el uso del efectivo incentivando la adopción de medios digitales y, al mismo tiempo, promovemos el triángulo de la inclusión financiera, tendríamos un primer golpe contundente para transformar el sector financiero”.
Frente a eso, ¿qué voluntades institucionales se requieren para que esto se materialice?
“Para eso vamos a necesitar la voluntad de todos. Por eso este es un documento tan agresivo, que requiere cambios sustanciales desde la ley. Hay que repensar, por ejemplo, una ley de activos digitales. Todo el esquema de reducción del efectivo pasa necesariamente por una conversación profunda con el Congreso.
También vamos a necesitar a las superintendencias. La Superintendencia Financiera, por ejemplo, para avanzar hacia una vigilancia modular. Hoy en Colombia solo existen dos extremos, una licencia bancaria muy grande o una licencia muy pequeña, como la de compañía de financiamiento. No tenemos, como en Brasil, capas de licenciamiento que permitan a una empresa empezar con una autorización mínima, acorde a su bajo riesgo, e ir creciendo gradualmente.
Se requiere también a la Superintendencia de Industria y Comercio, para promover una competencia real en el sector financiero, manejar mejor los datos personales de forma transparente y permitir que los datos vuelvan a ser efectivamente de los usuarios, bajo un esquema más eficiente. Lo mismo aplica para la Superintendencia de Sociedades, desde una lógica más funcional y menos restrictiva.
En realidad, este es un cambio tan profundo que no hay Congreso, Gobierno o superintendencia que no tenga que apropiarse, al menos en parte, de lo que estamos proponiendo en este documento”.
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Pone el caso cripto como ejemplo de una oportunidad desaprovechada. ¿Qué falló exactamente en el diseño regulatorio en Colombia?
“Si no tomamos una decisión muy agresiva, el cripto en Colombia va a ser el Uber del próximo gobierno. El año pasado, en el país se transaron cerca de 40 billones de dólares a través de activos digitales, sin una regulación clara que proteja a los usuarios, promueva a las compañías serias y le permita al Estado protegerse.
Es exactamente lo que ocurrió con Uber. En su momento decidimos taparnos los ojos, creer que no iba a pasar y no expedir una ley. Hoy tenemos cientos de miles de personas que dependen de esa actividad, pero sin una normatividad clara.
Desde Colombia Fintech impulsamos un proyecto de ley al inicio de este gobierno. Llegamos a un acuerdo claro con el entonces ministro Bonilla y se anunció públicamente que se construiría, junto con la industria, un proyecto de ley. Ese proyecto nunca vio la luz.
Posteriormente presentamos otro proyecto, que hoy está para segundo debate, pero que tampoco cuenta con el respaldo del Gobierno, a pesar de que el propio presidente ha manifestado públicamente que Colombia necesita una ley para incentivar la industria cripto, no para prohibirla.
Estamos frente a una oportunidad de oro. Tenemos cercanía con Estados Unidos, un país que ya tomó decisiones claras y que pasó de ser abiertamente anticripto a convertirse en uno de los mercados más importantes del mundo en este sector. Tenemos emprendedores de altísimo nivel y contamos con sistemas sólidos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Lo que no tenemos es la regulación necesaria para incentivar y dinamizar este ecosistema. Desde la industria cripto, agrupada en Colombia Fintech, le hemos pedido al Gobierno que se siente con nosotros a diseñar una regulación que promueva la innovación, pero que, sobre todo, proteja a los usuarios y depure el mercado de actores piratas que se hacen pasar por empresas de criptoactivos.
Desafortunadamente, ha sido una oportunidad perdida para promover nuevos ecosistemas de innovación. El sandbox regulatorio fue un fracaso, no tuvo las conclusiones que la industria esperaba. Por eso el sinsabor es grande. Si no somos muy agresivos en la toma de decisiones, el cripto se va a convertir en el próximo Uber de Colombia”.
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Mencionó la inclusión financiera y puso a Brasil como ejemplo por haber priorizado la competencia. En Colombia todavía hay tareas pendientes tanto en inclusión como en competencia. ¿Cómo va realmente en ese camino?
“En términos de competencia, Colombia, por las heridas del pasado, ha privilegiado un esquema financiero en el que los jugadores se mueven con mucha dificultad. Aunque existe, en teoría, libre entrada y salida, en la práctica a los jugadores internacionales grandes les resulta muy difícil entrar a competir y, cuando lo hacen, solo pueden disputar segmentos muy pequeños del mercado.
Esto le permite a los jugadores existentes, con más de 100 años de información, conocimiento profundo de sus clientes y fuertes barreras regulatorias de entrada, mantenerse altamente rentables sin verse realmente presionados por la competencia. Esa es una lógica que estamos en mora de actualizar.
Desde el punto de vista de inclusión, el diagnóstico es claro. Colombia alcanzó hace algunos años un indicador que dejó a muchos satisfechos, más del 95% de los adultos tiene al menos un producto de depósito. Es una cifra llamativa, incluso superior al promedio regional, pero ahí nos quedamos. Nunca construimos el verdadero acceso al sistema financiero.
Hemos sido incapaces de abordar seriamente la discusión del crédito. Desde la política pública parece aceptable que solo el 33% de las personas tenga acceso a crédito formal, mientras el resto queda condenado a esquemas de endeudamiento absolutamente vergonzosos. Eso refleja una incapacidad política para dar discusiones complejas, pero necesarias.
También hemos fallado en atacar el uso del efectivo. En Colombia, cerca del 80% de las transacciones se hacen en efectivo, pero lo más grave es quiénes lo usan, en su gran mayoría, son los colombianos que ganan menos de dos salarios mínimos. Es decir, las personas más pobres están condenadas al efectivo.
En contraste, quienes ganan más de 4,5 salarios mínimos usan efectivo apenas en un 20%. Tenemos, en la práctica, un sistema profundamente excluyente con los más vulnerables.
Por eso necesitamos dinamizar la agenda de innovación, impulsar de verdad a Bre-B y lograr que más personas migren a esquemas digitales. El Estado también tiene que hacer su parte, eliminando cobros injustos que hoy incentivan la informalidad.
Si Colombia se mira con honestidad y reconoce lo lejos que está de millones de ciudadanos desde el punto de vista del acceso financiero, y asume esa radiografía dolorosa, empezará a tomar las decisiones que realmente necesita para transformar el sector financiero”.
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Bre-B hoy muestra resultados tangibles, con millones de transacciones y recursos moviéndose por el sistema. ¿Cuál es el futuro de esta plataforma?
“La ruta va atrasada. Brasil lo hizo muy bien y entendió algo clave, las transferencias entre personas eran solo la punta de lanza para que la gente empezara a usar el sistema. El verdadero salto se dio cuando se asumió una agenda de innovación muy agresiva. Bre-B necesita una agenda de innovación en términos similares.
Bre-B debe empezar a transformar la relación de los colombianos con los negocios. Eso implica modernizar los casos de uso, permitir que los comercios puedan jalar pagos, habilitar crédito a través de Bre-B, pagos offline, pagos de transporte público y también pagos transnacionales.
En la medida en que entendamos que esa agenda de innovación es lo más urgente, podremos tomar esta herramienta, que hoy es muy valiosa, y llevarla hacia una digitalización más profunda de la economía. Solo así veremos cifras comparables a las de Brasil.
En ese proceso, el Banco de la República, a través de su Consejo de Pagos, va a tener un rol determinante”.
Estamos en año electoral, cuando se elegirá un nuevo Congreso que será clave en la construcción de este “tsunami regulatorio”. ¿Cómo será esa gestión para la regulación?
“Este país no necesita más discusiones agresivas entre personas que, en el fondo, se parecen mucho, aunque tengan visiones distintas del mundo. Por el contrario, la transformación digital puede ser un punto de encuentro para todas las ideologías, porque es la vía más efectiva y estructural para mejorar la vida de los colombianos más pobres.
No debería haber una sola decisión en los próximos cuatro años que no tenga en cuenta cómo transformar y promover la economía digital. Si los políticos entienden esto, verán que no solo puede traducirse en votos, sino también en bienestar para la gente: modernizar el Estado, reducir la corrupción, ampliar el acceso al crédito, mejorar los sistemas de pago y muchas otras mejoras concretas.
Si ese mensaje logra calar, podríamos ver por primera vez en Colombia una clase política verdaderamente nativa en lo digital, capaz de entender y liderar estas transformaciones”.
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