Seguramente, en los consejos de ministros del Gobierno Petro no se ha dejado de hablar de cómo atender sus serios problemas de caja. De hecho, en la cocina de la Casa de Nariño se prepara una nueva reforma tributaria. El Gobierno ha querido venderla como un recorte de impuestos al empresariado, pero algunos analistas consideran que su naturaleza será buscar más ingresos.
Lo cierto es que fue un anuncio que se conoció desde finales del año pasado. El propio mandatario explicó que la nueva iniciativa se enfocaría en mejorar la producción. La idea es que las empresas se liberen de una carga tributaria importante.
Por años en Colombia, los centros de pensamiento han resaltado que las compañías tienen impuestos muy altos y bajarlos incentivaría el empleo.
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De hecho, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Colombia es el país miembro donde las empresas pagan más impuesto corporativo, un 35%, le siguen naciones como Australia, México y Portugal, con un 30%.
La cuestión para los analistas no es que las empresas no necesiten una reducción en su carga tributaria, sino que consideran que el Gobierno necesitará mayores ingresos, y quizá no sea este el momento para hacerlo.
De hecho, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ha dejado en claro que considera que efectivamente el Gobierno buscará aumentar los impuestos. En una entrevista con Blu Radio, el presidente del gremio, Bruce Mac Master, explicó que los empresarios no dimensionan una reforma tributaria que no sea para cobrar más impuestos.
La apuesta del Ministerio de Hacienda es bajar el impuesto de renta cinco puntos porcentuales para que se ubique en 30%, pero eso no será de golpe, sino de manera paulatina. Según la Andi, se reduciría un punto cada año hasta completar el ajuste.
¿Por qué subirían los impuestos?
Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, explicó que las cuentas fiscales para el Gobierno están bastante apretadas. Dijo que en el Marco Fiscal aprobado el mes pasado en el Congreso de la República, el Ejecutivo ajustó su expectativa de ingresos para el año entrante y ajustó sus gastos.
Solo este año, el Gobierno anunció recortes por más de $20 billones en sus gastos y en términos de ingresos tributarios redujo su expectativa en unos $57,6 millones. Precisamente, la caída en el recaudo empeora aún más la situación del Gobierno. Esta semana la Contraloría General de la República reveló que la caída en materia de recaudos fue de 17% entre enero y junio de 2024.
Eso no es todo, una publicación del grupo de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá indicó que el Gobierno actualizó sus objetivos de recaudo y, apenas un mes después, se dio esta sorpresa bajista que vislumbra la necesidad de un nuevo ajuste en el gasto para cumplir la Regla fiscal. La proyección de estos analistas apunta a que el desfase para el año completo, en el mejor de los casos, sería de $10 billones en materia de ingresos para el Ejecutivo.
“El tema es que para cumplir la regla fiscal el próximo año, pero dado al descalabro tributario es posible que el Gobierno tampoco cumpla las metas de ingresos para 2025. Y se necesitará una reforma tributaria para tener más recursos porque pareciera que por el lado del recorte del gasto ya no hay más margen de maniobra”, explicó Romero.
Hay una cereza que sumarle al pastel y es que el recaudo de la primera reforma tributaria de Petro, hoy Ley 2277, recibió varias demandas que tumbaron en la Corte iniciativas en zonas francas y en el sector mineros con los que buscaba mayores ingresos.
De hecho, Pedro Enrique Sarmiento, experto en derecho tributario y socio director de impuestos y asuntos legales de Crowe Colombia, sostuvo que el 37,5% de los artículos de la ley en cuestión fue objeto de demandas. Según cálculos de un estudio de esta consultora, en un principio esa reforma contaba con recaudar unos $20 billones, pero ahora solo recaudaría alrededor de $12 billones.
La desconfianza del empresario
Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos del Gobierno de presentar la tributaria como una apuesta de aliviar carga al empresariado y reactivar la economóa, hay una desconfianza de su verdadera naturaleza y eso se debe a la urgencia del Gobierno por solucionar sus notables problemas de caja.
No solo desde la Andi se apoya esa premisa, la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (Apmc) también la respalda. Luis Fernando Barrera, presidente de ese gremio, defendió que este no es un momento pertinente para una nueva tributaria.
Indicó que la industria minera requiere estabilidad, previsibilidad y predictibilidad para realizar inversiones a largo plazo. Considera que generar más cambios en nuevas políticas tributarias generan incertidumbre y desalientan nuevas inversiones.
Incluso, dijo: “El Gobierno ha dicho que la idea es bajar el impuesto de renta a las empresas. No lo creemos, especialmente por la forma como ha golpeado al sector minero energético y su desarrollo en el país”.
Dijo que a mayores impuestos mayor reducción en la producción y, en consecuencia, una disminución del empleo en el sector minero, afectando no solo a las empresas sino también a las comunidades locales que dependen de la industria.
Por su parte, el experto en derecho tributario, Pedro Sarmiento, coincide en que el panorama de desaceleración económica no es favorable para una reforma: “No se puede hacer una tributaria para retirar mayores recursos de la economía cuando no hay de dónde sacarlos”.
Se cree que el Gobierno podría subir la tributación para las personas naturales; mientras que la reducción para las empresas no tiene mayor credibilidad en el mismo gremio. Habrá que esperar que el Ministerio de Hacienda presente el proyecto en los próximos meses.
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