La Corte Constitucional no suspendería el decreto de emergencia económica, al considerar que en esta ocasión sí existió un hecho sobreviniente e imprevisible que justificaría la medida.
Tras la expedición del más reciente decreto de emergencia económica por parte del Gobierno, motivado por la emergencia invernal registrada en Córdoba, surgió la pregunta sobre cuál sería la reacción de la Corte Constitucional y si optaría por suspender la medida.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en esta oportunidad la Sala Plena de la Corte Constitucional no suspendería el decreto.
Entre las razones que tendría el organismo estaría que para esta oportunidad sí existió un hecho sobreviniente e imprevisible que justificaría la declaratoria de la emergencia.
Esto, ya que se trató de una avalancha ocurrida en el departamento y se trataría como un fenómeno que no se podía prever. Con estos argumentos, la Corte continuaría con el proceso habitual de revisión de las medidas que se adoptaron por medio del decreto de emergencia económica.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro había dicho a mediados de febrero que “si no nos dejan la emergencia económica, que a quién se le ocurre que en este momento no deba haber una emergencia económica, entonces nos toca decretarla otra vez, a riesgo”.
El jefe de Estado también había mencionado que, si la Corte negaba la solicitud, la consecuencia sería que tendrían que recortar $13 billones.
Puede leer: Gobierno Petro revive impuestos suspendidos por la Corte: decreto impone 16% a apuestas en línea
“¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿De los niños que tienen hambre? (...) Todavía no sabemos cuánto nos cuesta porque no ha terminado: no puede salir sino de los ricos. Hay unos ricos que estaban en el decreto (de emergencia económica); entonces ahora habrá menos; o sea, la cupulita, cupulita, es la que tiene que pagar todo, de nuevo, y entonces ahí verá la Corte Constitucional si vuelve a tumbar el decreto, ya veremos”, señaló el presidente de Colombia.
Los gremios más importantes del país han alertado sobre la inviabilidad del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, como quedó declarado en la emergencia económica.
Fenalco, AmCham, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, y Andesco aseguran que el plan de recaudo afectaría la sostenibilidad de las empresas.
Además, las 1.000 compañías más grandes del país podrían asumir un costo fiscal de hasta $9,9 billones. En el sector de los hidrocarburos, por ejemplo, el impuesto representaría un valor equivalente a 50% de la inversión en exploración prevista para 2025.
Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que del total que busca recaudar el Gobierno, 56% corresponderán a los sectores financiero y minero-energético
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que, si bien el país necesita actuar rápidamente y con unión frente a la emergencia, primero se deben agotar los recursos de los contribuyentes.
“Plata hay; lo que falta es austeridad, priorización del gasto y buen uso, con metas, trazabilidad y auditoría”, afirmó la dirigente gremial.
Lacouture agregó que el impuesto podría afectar empleos, salarios, compras a proveedores e inversión. “Dicho de forma sencilla: es como cortar ramas sanas para apagar un incendio. Puede servir un día, pero el árbol queda débil y después deja de dar frutos”, reflexionó.
Frank Pearl, presidente de la ACP, aseguró que el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, particularmente con una tarifa diferencial de 1,6% para el sector minero-energético, más de tres veces superior a la de otros sectores, es un desincentivo para la actividad de exploración y producción.
Esto ocurre, dijo, en un sector que ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas entre las actividades económicas.
Pearl explicó que, a diferencia del impuesto de renta, que grava las utilidades, el impuesto al patrimonio se aplica sobre los activos acumulados, sin importar los resultados financieros de las empresas.
“En la práctica, esto implica que las compañías deben pagar incluso cuando no hay utilidades, lo que afecta directamente la liquidez destinada a inversión, mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos”, explicó.
En contexto: Gobierno Petro incumple por tercer año la meta de recaudo: faltaron $9,4 billones en impuestos en 2025
El dirigente gremial afirmó que las cuentas del Gobierno no están considerando que un alza en los precios del petróleo incrementará los ingresos fiscales del país.
Con un precio promedio anual del brent cercano a US$90 o US$100 por barril, los aportes del sector petrolero se ubicarían entre $35 y $40 billones en el año, si se tienen en cuenta impuestos de renta, regalías, derechos económicos y otros tributos.
“Esto demuestra que el esquema fiscal del sector ya está diseñado para que, cuando los precios suben, los ingresos para el país también aumenten de manera significativa. Es decir, en escenarios de precios altos, la industria contribuye automáticamente con mayores recursos para las finanzas públicas, en montos que pueden ser superiores a los que busca el Gobierno con este impuesto”, dijo el directivo.
Regístrate al newsletter 
