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Por Viviana Suárez l. | Publicado el 26 de febrero de 2019
La incertidumbre que han atravesado familias tras el colapso de su vivienda —como el caso del edificio Space o del Continental Towers en Medellín— por la duda de quién responderá por el fallo estructural del edificio, ya no será un tema de preocupación para futuros compradores.
Esto sucede porque el Gobierno emitió el Decreto 282 de 2019 cuya finalidad es completar el paquete de medidas de la Ley de Vivienda Segura (1796 de 2016), conocida como Ley AntiSpace, “que están vigentes y que garantizan mayor control de las licencias urbanísticas y de los materiales de construcción”, indicó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.
El Decreto dicta que todo el que adquiera vivienda nueva, a partir de 2021, estará cobijado con una garantía por 10 años en caso de fallas en los diseños o estudios estructurales, vicios en los materiales o incumplimiento de la norma sismo resistente.
Las estimaciones del costo de la cobertura están cercanas al 1 % del valor de la vivienda, lo cual no significa que el precio de las construcciones subirá; sino que el costo hará parte del proceso constructivo.
El Ministerio de Vivienda, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) plantean tres mecanismos para el seguro AntiSpace: póliza, garantía bancaria o fiducia.
El primero tiene como objetivo garantizar que las firmas que ejecutan proyectos residenciales cuenten con respaldo financiero para responderle a los propietarios, en caso de que presenten eventos como los de las urbanizaciones Space, Asensi y Continental Towers en Medellín.
“Se tendría claro cuáles son las rutas de indemnización al que pueden acceder los compradores que en la actualidad quedan en una especie de limbo”, dijo Malagón.
En ese contexto, el papel de la póliza dependerá de la afectación. Podrá cubrir gastos para reforzar estructuras, la reconstrucción y, en caso de que esto sea imposible, el cliente podrá acceder a una indemnización monetaria por el valor total de la vivienda.
Si una familia tuviera que pagar arriendo porque se está reforzando la estructura de su casa, se le otorgará un subsidio hasta por 1,5 salarios mínimos legales vigentes mientras entra la reparación.
En el caso de la garantía bancaria para los constructores, un establecimiento de crédito autorizado y vigilado asumirá el compromiso de amparar los perjuicios patrimoniales. La fiducia será el mecanismo donde se deposite el dinero en garantía.
Viviendas ya construidas Pese a que el decreto obliga a constructores a la compra del seguro para proyectos que se vendan a partir del 21 de febrero de 2021, esto no quiere decir que los ya construidos (ver Gráfico) estén expuestos a un riesgo mayor.
“De hecho, la norma permite que los constructores adquieran de manera voluntaria esta protección desde la fecha”, dijo Jorge Humberto Botero, director de Fasecolda.
Este decreto se expidió la semana pasada y se reglamentará en los próximo dos años, en donde el Ministerio regulará los seguros de la mano de la Superintendencia Financiera de Colombia (ver Paréntesis).
En definitiva
Este Decreto llega a fortalecer el marco regulatorio para el sector de la construcción que incluye normas, requisitos y trámites obligatorios desde la adquisición de lotes hasta las ventas.
Contexto de la Noticia
Paréntesis El mercado inexplorado
En Colombia el mercado asegurador para el sector de la construcción recién empieza a explorarse con este Decreto que obliga a proteger el patrimonio de miles de colombianos. “La Superintendencia, al ser el ente regulador, generará un nuevo ramo para pólizas aseguradoras”; dijó Sandra Forero, presidente de Camacol.
Periodista y feminista egresada de la Universidad del Rosario.