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Gobierno Petro alista norma para reactivar contratos petroleros congelados
Proyecto de Acuerdo será el salvavidas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para destrabar casi 30 contratos que están congelados por problemas ambientales, de consulta previa o sociales.
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Con el Acuerdo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos busca descongelar los cerca de 30 contratos que se encuentran suspendidos. El texto se encuentra en etapa de comentarios hasta el próximo 9 de junio. FOTO Archivo
30 de mayo de 2023
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El Gobierno de Gustavo Petro sigue sin quitar el dedo del renglón en su intención de mantener la operación petrolera con los contratos vigentes, y así no firmar nuevos convenios de exploración.
Por esta razón, en la actualidad alista una norma con la que buscará, además de ampliar las fechas de exploración de estos contratos petroleros activos, otorgar beneficios a las petroleras involucradas.
En días pasados, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó a comentarios un proyecto de acuerdo mediante el cual pretende ampliar los plazos contractuales y trazar nuevos mecanismos para incentivar la exploración en los contratos que ya están firmados.
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Se han analizado varios puntos, como es el de otorgar más ayudas para que las empresas petroleras afectadas continúen con su actividad exploratoria. Para la Agencia, la prioridad es potencializar los contratos vigentes y apoyar a las compañías que lleven a cabo su actividad.
En la actualidad son cerca de 30 los contratos que tienen congelada su operación por inconvenientes ambientales o sociales.
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Entre los puntos a resaltar del proyecto de acuerdo, cuya fecha límite para comentarios de los interesados es hasta el próximo 9 de junio; está la extensión de los plazos en las fases de exploración, el programa exploratorio posterior o programa de evaluación terminados con declaración de comercialidad, en donde no se haya formalizado la devolución de áreas; y la modificación del área en casos de fuerza mayor o de imposición de restricciones ambientales, inconvenientes en procesos de consulta previa, conflictividad social o problemas de seguridad que impidan la ejecución de operaciones.
