Un conflicto geopolítico y económico se desató el pasado 21 de enero, luego de que el presidente de Ecuador,Daniel Noboa, anunciara aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. La medida se fundamentó en lo que el mandatario calificó como la falta de un compromiso real por parte del gobierno deGustavo Petro para combatir el narcotráfico en el contexto de una frontera compartida entre ambos países.
“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación alguna”, escribió Noboa en su cuenta de X.
Noboa se empeña en que la medida se mantendrá vigente hasta que Colombia se comprometa a trabajar de manera conjunta para hacer frente a esta problemática. Sin embargo, la respuesta desde Bogotá fue que, a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 22 de enero, se realizará una suspensión inmediata del suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador.
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El Ministerio de Minas y Energía colombiano argumentó que se trata de una decisión de reciprocidad, frente a lo que calificó como actuaciones unilaterales del Gobierno ecuatoriano. Esta decisión cobra relevancia si se tiene en cuenta que Ecuador consume alrededor de 95 gigavatios hora, lo que equivale a cerca del 40 % del consumo total de Colombia.
De ese total, Colombia suministra actualmente aproximadamente 8 gigavatios, es decir, cerca del 8 % de la demanda ecuatoriana, según cifras de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).
Colombia “no está haciendo nada” contra el narcotráfico
No obstante, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, insiste en que desde el gobierno colombiano realmente no “están haciendo nada” para combatir el narcotráfico en la frontera.
“Ha incrementado la producción de cocaína, no están haciendo nada al respecto. Los grupos terroristas, los grupos disidentes, están creciendo, están uniéndose, están incrementando la criminalidad, no se está haciendo nada al respecto; y Ecuador, obviamente, por ser país fronterizo sufre las consecuencias”, expresó el ministro en entrevista con el medio Visionarias.
Las declaraciones surgen luego de observar que las incautaciones de cocaína en esa zona crecieron alrededor de un 36,7 %, al alcanzar 86.786 kg en 2023, 132.354 kg en 2024 y 195.862 kilogramos en 2025, de acuerdo con cifras reportadas por las autoridades de ambos países.
“El presidente (Daniel Noboa) no toma medidas de última hora. Todo esto lo hemos venido conversando en varias reuniones del bloque de seguridad porque afecta a la seguridad de los ecuatorianos. No encuentra usted autoridad que esté realizando una actividad de control en una vía principal. Imagínese en todas las vías alternas donde pasa la droga, las armas, criminales que quieren ingresar al Ecuador”, añadió el ministro.
Para Reimberg, el crecimiento de los cultivos de coca genera una “economía criminal” que afecta directamente a su país, situación que se agrava por la minería ilegal en la zona fronteriza, otro problema persistente en esa región. Por ello, el ministro prioriza en la necesidad de una máxima cooperación por parte del gobierno de Gustavo Petro para enfrentar estas problemáticas de manera conjunta.
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