Justo cuando en el país cobra relevancia el debate sobre el papel que está jugando el costo de los servicios públicos en la inflación desbordada, Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica, se dio el lujo de contratar obras que tendrían un sobrecosto superior a 31.000 millones de pesos.
EL COLOMBIANO ya había develado las inquietudes que había sobre la forma en que se van a destinar alrededor de 4,8 billones de pesos en cinco años en la jurisdicción de Caribemar de la Costa SAS ESP —el nombre original de la marca Afinia—, así como sobre las suspicacias generadas entre los empresarios del sector en torno a las reglas de juego que están usando para la contratación.
En particular, Afinia acaba de entregar varios contratos para la construcción y remodelación de redes de distribución de energía por una gruesa suma que estaría entre $253.000 millones y $300.000 millones.
La licitación ha causado revuelo desde el principio no solo por su importante monto sino por las condiciones del pliego y los aplazamientos sufridos.
El concurso fue abierto en mayo y su primer plazo vencía el 17 de junio. El quid es que el pliego de condiciones incluía un factor que le asignaba 70 puntos al precio en la evaluación de propuestas, 10 puntos al cumplimiento y 20 puntos a los contratistas que demostraran experiencia en la zona. Esto último significa en concepto de algunos expertos un premio a quienes hubieran trabajado en el pasado con Electricaribe, que justamente se liquidó por inoperancia y corrupción.
Posteriormente se dieron tres adendas y una consecuencia de ellas fue correr el plazo para el juzgamiento final de las propuestas y el anuncio de los ganadores.
Según lo explica el Sindicato de Profesionales de EPM (Sinpro) en un derecho de petición que le envió el 13 de junio al gerente de la entidad, Jorge Carrillo, los técnicos de la empresa matriz manifestaron la inconveniencia de introducir el punto de la experiencia específica, pero no fueron escuchados.
El propio gerente de Afinia, Javier Lastra, lo justificó en una entrevista de EL COLOMBIANO a principios de junio como un gesto para dinamizar la economía regional y dijo que el factor se había reducido al 10%, pero finalmente terminó como originalmente lo habían planteado, en el 20%.
“La inclusión de este factor de ponderación, de acuerdo con cálculos establecidos, podría encarecer el valor total del contrato”, advirtió en su momento Sinpro y parece que sus sospechas se confirmaron.
De acuerdo con información que les enviaron entre el 18 y el 22 de agosto a quienes se presentaron, los ganadores de la licitación finalmente fueron Deltec SA con un contrato por $55.738 millones para extender redes en la parte norte de Bolívar; FSCR Ingeniería SAS ($46.728 millones) también en el norte de Bolívar; UT Redes MSS Servienergía ($60.000 millones) en el norte de Córdoba; Concorplanet Med & Tamayo ($28.980 millones) en el sur de Córdoba; Unión de Redes de la Costa, conformado por AGM Desarrollos, Ingeniería Líneas Linci y Enterprise Management Services ($32.317 millones) para el sur de Bolívar; Ingeomega SAS ($48.122 millones) para Cesar, y finalmente, Aliados Energéticos de Colombia SAS y Aenco SAS ($28.172 millones) para Sucre.
Es decir que la cifra global da $300.000 millones; no obstante, en un comunicado que emitió Afinia el viernes pasado menciona la adjudicación de “6 de 7 contratos para atender todas las zonas de influencia de la organización”, da una cifra total menor: $253.000 millones y dice que el ahorro fue del 10% frente al presupuesto que había aprobado la junta. El asunto es que no publica los nombres de los ganadores ni los montos.
Pero, de acuerdo con la información que produjeron antes y no circuló masivamente, si no se hubiera incluido el factor de experiencia específica en la zona, sino que el factor precio hubiera pesado 90%, como ocurre en la generalidad de los contratos de EPM, la primera de las áreas la hubiera ganado un oferente cuya propuesta valía 8.335 millones menos, en la segunda habría quedado otro que pedía 7.154 millones menos y la tercera, otro que tasaba su trabajo 15.709 millones por debajo del que lo superó. Eso quiere decir que, en total, se pagarán $31.199 millones más.
De las 21 propuestas que acudieron, 4 fueron rechazadas por no cumplir con el requisito de experiencia y las 3 que hubieran sido ganadoras por el factor precio fueron eliminadas, supuestamente por presentar valores por debajo de los “normales del mercado”.
Antes de conocerse el resultado, la Veeduría Todos por Medellín había advertido que Afinia modificó su manual de contratación el 15 de junio, ocho días antes de publicar la segunda convocatoria de esta licitación, tras haber declarado suspendida la primera, y ahí fue donde hizo el cambio en la evaluación.
La veeduría se pregunta si es que las condiciones demográficas y climáticas de los territorios donde se llevarán a cabo las obras son tan diferentes como para que ese sea el vínculo específico con el territorio un factor esencial y, finalmente, advierte que la “autonomía corporativa que Afinia aduce para incluir factores de ponderación y eliminación no puede ir en contra de la debida gestión de la empresa, seleccionando las ofertas más costosas, con criterios subjetivos y que, presuntamente, irían en contra del principio de economía”.
No escucharon alertas
El sábado pasado Lastra le respondió a este diario por escrito que el rechazo a las oferta de menor valor se hizo porque “presentaban desviaciones significativas y desequilibrios con relación a contratos vigentes” y manifestó que el riesgo es que después pidan que se les reajusten los precios.
Pero una fuente vinculada con el tema aseguró que los oferentes que fueron descalificados simplemente podían hacer las cosas más baratas porque el tamaño de sus operaciones les permite generar economías de escala. Además, que nunca en el proceso los directivos de Afinia habrían aportado documentos que apoyaran su análisis con los precios unitarios sino que, simplemente los descalificaron y no aceptaron las reclamaciones que estos hicieron.
Además, aunque Lastra sostiene que no hubo reclamaciones, lo cierto es que varios contratistas sí se quejaron a través de la Línea de Transparencia de EPM y ante la Superintendencia de Sociedades, y Sinpro hizo lo propio ante la Contraloría de Medellín y la Contraloría General de la República (incluso interpuso una tutela). Ninguno de esos procedimientos surtió efecto.
Y aunque ya hayan elegido a los contratistas, para esta semana Sinpro prepara un recurso de renuencia que interpondrá ante un juez de Cartagena, con el argumento de que las directivas de Afinia, con Lastra Fuscaldo a la cabeza, no garantizaron la selección objetiva ni hicieron que se cumplieran principios de la contratación pública como la publicidad, transparencia y economía que deben primar en las entidades que trabajan con recursos públicos.
Visos de presunta corrupción
Este diario había revelado a principios de junio un engranaje de posible corrupción alrededor de la contratación en Afinia, lo cual se mezclaba con los pobres resultados en la gestión de pérdidas, un aspecto fundamental dentro de las tarifas que se les cobran a los usuarios.
Esas inquietudes fueron repetidas por la Superintendencia de Servicios Públicos unos días después al presentar un balance del último año de Afinia y denotando que no se están cumpliendo los objetivos formulados con la creación de esta empresa y de Air-E (que opera en los demás departamentos de la zona) para que llenaran el vacío que dejó la fracasada Electricaribe en el suministro de energía para los departamentos de la Costa Atlántica.
El lunes pasado también el veedor cartagenero y miembro de la junta de la empresa de alumbrado eléctrico de La Heroica, William Murra, le solicitó a la Superservicios que investigue a Afinia por la “aplicación acomodada de las pérdidas de energía”.
En los cinco departamentos que atiende Afinia los aumentos de tarifas este año han superado el 40%.
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billones de pesos es la inversión planeada para Afinia durante 5 años.
Si tiene más información de este tema, o de otros que impliquen corrupción, escríbanos a investigaciones@elcolombiano.com.co
