El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de un borrador para declarar la emergencia económica, una medida con la que busca obtener recursos que no han podido ser recaudados por otras vías.
El anuncio fue hecho durante la rueda de prensa del Banco de la República, en la que la autoridad monetaria volvió a dejar la tasa de interés en 9,25% para el cierre del año. Allí, Ávila explicó que la decisión responde al hundimiento de la más reciente reforma tributaria en el Congreso.
Según el ministro, el rechazo del Congreso dejó un vacío fiscal de gran magnitud, lo que llevó al Gobierno a evaluar alternativas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la ejecución de los programas sociales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
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“Estamos finalizando la estructuración de una medida de emergencia económica que nos permita obtener recursos a los que no ha sido posible acceder por otras vías y que deberán recaudarse mediante este mecanismo”, explicó.
Ávila añadió que “en los últimos 30 años no hay antecedentes de que el Congreso apruebe un presupuesto sustentado en una Ley de Financiamiento y que, apenas dos meses después, rechace esa misma ley”, situación que, a su juicio, agravó el desbalance fiscal.
Meta de recaudo sería de $16 billones
Ávila precisó que la meta de recaudo asociada a la emergencia económica sería de cerca de $16 billones, recursos con los que el Gobierno busca cubrir el déficit fiscal y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026.
“Esperamos la recuperación de los recursos que el Congreso desfinanció del Presupuesto Nacional, que ya está desfinanciado en $16,3 billones”, concluyó el jefe de la cartera.
¿Qué significa la declaratoria de emergencia económica?
La emergencia económica se declara mediante un decreto legislativo firmado por el presidente de la República y todos sus ministros, cuando se presentan hechos graves e inminentes que alteran el orden económico, social o ecológico.
Esta figura otorga facultades excepcionales al Ejecutivo para legislar por decreto y adoptar medidas urgentes. Entre ellas se contemplan modificaciones tributarias, la reasignación de recursos y ajustes al gasto público.
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Facultades y duración de la emergencia económica
La medida se aplica por periodos de 30 días y puede ser prorrogada con la aprobación del Congreso.
Durante su vigencia, el Estado puede ejercer controles sobre precios y salarios, gestionar con mayor flexibilidad el presupuesto, redirigir recursos hacia áreas prioritarias y garantizar la continuidad de los programas sociales.
Las críticas: ¿Corte podría tumbarla?
Analistas económicos y congresistas han expresado reparos frente a la intención del Gobierno de declarar una emergencia económica, al considerar que, desde el punto de vista constitucional, no sería válido argumentar que la negativa del Congreso a una ley de financiamiento habilita al Ejecutivo para crear impuestos mediante facultades extraordinarias.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, afirmó que “no existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia económica”.
Según explicó, los $16 billones contemplados en la Ley de Financiamiento representan menos del 3% del Presupuesto General de la Nación para 2026, por lo que resulta “imposible sostener que un impacto de esa magnitud perturbe o amenace de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, como lo exige el artículo 215 de la Constitución”.
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En la misma línea, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que el Gobierno estaría “fabricando” una emergencia económica.
A su juicio, la situación fiscal actual es consecuencia de un aumento del gasto, un mayor endeudamiento, presupuestos poco realistas, expansión de la burocracia, inversiones mal focalizadas y metas de recaudo que no se han cumplido.
A ello se suma, dijo, el incremento de la prima de riesgo país, que ha encarecido el costo de la deuda en cerca de 50% frente a 2022. “Por donde se le mire, esa emergencia es inconstitucional y supone un manoseo de la figura constitucional”, advirtió.
Restrepo agregó que no existe un hecho excepcional ni imprevisto que sustente la declaratoria y que, en ausencia de esas condiciones, no se cumplen los requisitos constitucionales, por lo que la Corte Constitucional podría tumbar la medida sin mayores dificultades.
Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), reconoció que existe fragilidad fiscal, pero subrayó que ello no configura un escenario constitucional de emergencia económica.
En su análisis, el problema fiscal es grave pero estructural y previsible, derivado de decisiones de gasto y endeudamiento, y debe corregirse con política fiscal ordinaria, no con poderes excepcionales.
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Lacouture enfatizó que la pérdida de una Ley de Financiamiento no constituye un hecho extraordinario, sino una expresión del funcionamiento democrático del Congreso.
Además, señaló que aún existen herramientas ordinarias para enfrentar el desbalance, como la reasignación y el recorte de gasto improductivo, el ajuste de un presupuesto que creció por encima de la inflación y el fortalecimiento de la administración tributaria para combatir la evasión y la elusión.
“La emergencia económica está diseñada para choques súbitos y excepcionales, no para resolver problemas estructurales ni rediseñar el sistema tributario por decreto”, concluyó.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es una emergencia económica en Colombia?
- Es una figura constitucional que permite al presidente legislar por decreto ante hechos graves que alteren el orden económico, social o ecológico.
- ¿Por qué el Gobierno Petro la declarará ahora?
- Por el hundimiento de la reforma tributaria, que dejó un faltante de más de $16 billones en el presupuesto.
- ¿La Corte Constitucional puede tumbarla?
- Sí. Expertos advierten que no habría un hecho excepcional que justifique la medida, lo que la haría inconstitucional.
- ¿Qué impuestos podría crear el Gobierno?
- Solo aquellos directamente relacionados con superar la emergencia y bajo control posterior de la Corte.
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