El Ministerio de Minas y Energía tiene lista una propuesta que promete agitar el debate sobre los servicios públicos en Colombia. Se trata de un borrador de proyecto de ley que será socializado este jueves en Valledupar y que contempla varios cambios estructurales al sistema de subsidios de energía y la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
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La iniciativa propone que los estratos 4, 5, 6 y los pequeños comercios regulados asuman el pago de la deuda de la opción tarifaria, una medida implementada durante la pandemia para evitar alzas en los recibos de energía y que hoy suma 2,9 billones de pesos.
De esa cifra, 2,5 billones corresponden a hogares de los estratos 1, 2 y 3.
El giro en la política pública es contundente: lo que hace un año se pensaba que asumiría la Nación, ahora recaería sobre los hogares de mayor capacidad de pago.
¿Qué es la opción tarifaria y quién la va a pagar?
La opción tarifaria fue una herramienta transitoria que permitió diferir aumentos de las tarifas de energía para aliviar el impacto económico sobre los usuarios, en especial durante la crisis sanitaria. Sin embargo, lo que fue un salvavidas se convirtió en una deuda millonaria.
Según el borrador, los usuarios de los estratos altos y pequeños comercios regulados serán los encargados de cubrir ese hueco financiero.
La Creg tendría un mes para definir cómo se distribuirán los saldos pendientes una vez el Congreso apruebe el proyecto. Además, deberá encargarse del cálculo, recaudo, redistribución y balance entre las empresas prestadoras del servicio.
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Es un cambio de timón: los hogares que no fueron beneficiarios de la opción tarifaria asumirían ahora el costo que otros acumularon.
Otro de los puntos polémicos del proyecto es la revisión del subsidio de energía eléctrica para los estratos más bajos.
Actualmente, estos hogares reciben un subsidio sobre el consumo básico: 60% en estrato 1, 50% en estrato 2 y 15% en estrato 3.
La nueva norma permitiría quitar este beneficio a quienes superen ciertos niveles de consumo. Si un hogar subsidiado gasta más energía que el promedio de los estratos altos, podría perder el subsidio.
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Además, si su consumo supera el doble del consumo de subsistencia, podrían ser reasignados a un estrato que paga contribuciones.
La medida sería transitoria, mientras se implementa el Registro Universal de Ingresos, que permitirá focalizar mejor los subsidios con base en ingresos reales, de acuerdo con el Sisbén, y no en el sistema tradicional de estratificación.
Seis meses para adaptarse: periodo de transición
Los hogares que actualmente reciben subsidios tendrán hasta seis meses para ajustar su consumo y evitar perder el beneficio. Además, el proyecto contempla la posibilidad de que los hogares excluidos puedan solicitar una restitución condicionada del subsidio si cumplen ciertos criterios sociales o económicos, aún por definir.
La intención es evitar que el recorte de subsidios golpee de forma abrupta a las familias más vulnerables, pero sí marcar un cambio hacia un esquema de “subsidio con condiciones claras”.
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Uno de los puntos que podría aliviar el bolsillo de los usuarios es la prohibición de incluir tasas, impuestos o contribuciones no relacionadas con el servicio eléctrico en las facturas de energía.
Con esto, los municipios y departamentos tendrán un año para modificar sus normativas locales y dejar de usar el consumo de energía como base para generar tributos. “Nada distinto al valor real del servicio podrá cobrarse en la factura”, dice el borrador.
El proyecto también propone una reestructuración profunda de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que lleva más de dos años operando con solo cuatro de los seis expertos que exige la ley.
El nuevo esquema incluye: cinco expertos técnicos en energía, como hasta ahora. Tres representantes adicionales: uno de la academia (nombrado por el presidente), uno de los usuarios y uno de los sindicatos (elegidos por concurso público).
Además, se elimina la posibilidad de reelección, se flexibilizan los requisitos y se reducen los años de experiencia exigidos. Por ejemplo, ya no será obligatorio que el título universitario sea en economía, derecho, administración o ingeniería, sino que bastará con un posgrado relacionado con el sector energético.
También se aceptará experiencia como profesor, investigador, asesor o consultor en el tema, y el requisito de experiencia laboral baja de seis a cinco años.
Este paquete de medidas ha sido calificado como una “mini reforma” a los servicios públicos. Aunque no es una reforma estructural, sí toca elementos sensibles como la redistribución de deudas energéticas, la focalización de subsidios, la estructura de la entidad reguladora y la transparencia en la facturación.
