El Gobierno Nacional radicó este martes, 1 de octubre de 2025, ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, una iniciativa que busca transformar de manera estructural la política minera en Colombia.
El Ministerio argumenta que la propuesta plantea superar el modelo extractivista tradicional, fortalecer el rol del Estado como rector del sector y garantizar la participación activa de comunidades y pueblos étnicos. Asimismo, prioriza la protección ambiental, la justicia social y el papel de la minería en la transición energética.
Principales ejes de la propuesta minera
El nuevo proyecto de ley propone un cambio estructural en la política minera del país, al declarar la propiedad exclusiva e inalienable de los minerales a favor del Estado y al establecer un ordenamiento territorial y ambiental que diferencie entre Zonas Aptas y Zonas Excluidas de la Minería.
Estas disposiciones buscan fortalecer la planificación y reducir los impactos negativos de la actividad extractiva. Además, la iniciativa refuerza la protección ambiental mediante la prohibición del uso de sustancias tóxicas como el mercurio y la implementación del cierre progresivo de minas a cielo abierto.
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Otro de los ejes centrales es la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, ofreciendo asistencia técnica, financiera y jurídica a quienes dependen de esta actividad.
El proyecto también plantea un modelo de contratación más transparente y equitativo, con reglas claras en todas las fases del ciclo minero, y fomenta la integración de la minería con la reindustrialización nacional. De esta manera, se busca aprovechar de forma estratégica los minerales en función de la transición energética y el desarrollo productivo del país.
Perspectiva del Gobierno
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, destacó que esta propuesta representa un cambio histórico en el sector: “Queremos una minería al servicio de la vida, de los territorios y de la transición energética justa. Se trata de una ley moderna que protege el ambiente, garantiza derechos y genera valor en el país”.
Palma también enfatizó el giro en el enfoque económico: “Con esta ley recuperamos la soberanía del Estado sobre los recursos minerales, aseguramos transparencia en la contratación y articulamos la minería con el desarrollo productivo nacional”.
Por su parte, la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, subrayó la necesidad de diversificar los usos del suelo y priorizar la protección de recursos hídricos: “La prevalencia al derecho sagrado al agua en este proyecto de ley minera no tiene discusión. La protección de rondas hídricas y el respeto por la vocación de las comunidades son ejes centrales”.
Gremios mineros advierten la ley minera podría ocasionar una parálisis para el sector
No obstante, considera que, tal como está redactada, la iniciativa enfrenta barreras operativas, jurídicas y económicas que podrían generar impactos negativos en la minería formal del país.
Barrera también cuestionó la forma en que el proyecto aborda la participación ciudadana y el cumplimiento de la Ley de Escazú. “Socializar no es lo mismo que incidir; informar sin escuchar no es participación ciudadana”, señaló.
En su concepto, la propuesta apunta a mayor planificación, trazabilidad y cierre responsable de las minas, pero si no se garantiza una transición inteligente, con capacidad pública real y participación efectiva, el riesgo será la parálisis del sector, el aumento de litigios y la fuga de inversión. “Cumplir con Escazú no es un trámite: es asegurar que las reglas nazcan con legitimidad y viabilidad”, concluyó.
Invitación al debate legislativo
El Gobierno hizo un llamado a congresistas, comunidades, trabajadores y empresarios a participar activamente en la discusión que iniciará en los próximos días en el Congreso.
La meta, según el Ministerio de Minas y Energía, es consolidar una minería planificada, sostenible y orientada al bienestar colectivo, en línea con los desafíos ambientales y económicos del país.
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