El aumento del mínimo y la inflación siguen marcando la agenda económica de los hogares. Pasajes, arriendos, corrientazos, útiles escolares, nóminas y vivienda son algunos rubros que sienten el efecto.
En vísperas de la llegada de la primera quincena de 2026, los colombianos intentan cuadrar las cuentas y proyectar las finanzas familiares en medio de cierta confusión. El anunciado incremento del salario mínimo y la cifra de inflación divulgada la semana pasada por el Dane generan “ruido” y dificultan dimensionar sus efectos reales sobre el bolsillo.
La primera claridad es sencilla: se trata de dos indicadores diferentes, con implicaciones distintas en las finanzas personales. A finales de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 23,7% en el salario mínimo, que quedó fijado en 2 millones de pesos mensuales.
Este ajuste no significa que todos los asalariados deban recibir automáticamente un aumento en su remuneración. La normativa expedida por el Ministerio del Trabajo aplica únicamente a quienes devengan el salario mínimo, que en Colombia suman cerca de 2,4 millones de personas.
Según las cifras del Dane, en el país hay 10,96 millones de empleados formales. Si solo 2,4 millones ganan el mínimo legal, el incremento salarial de alrededor de 8,5 millones de personas dependerá en buena medida de las decisiones empresariales, los planes de negocio y los presupuestos de cada compañía. Además, hay más de 13 millones de colombianos en la informalidad que devengan menos del mínimo.
El bolsillo se ve afectado en todos los niveles, según un monitoreo hecho por EL COLOMBIANO. Desde arriendos en barrios populares subiendo $40.000, hasta cuotas de administración ajustándose $80.000 en estrato 4, y $200.000 en estrato 6
En el barrio Santa Lucía, en el occidente de Medellín, María Giraldo trabaja por días en una tienda del sector. Ella hace parte de los 13,6 millones de trabajadores informales que no se benefician plenamente del reajuste del salario mínimo decretado para 2026.
Aún en esta quincena espera recibir el millón de pesos que gana desde hace seis meses, por encima del mínimo que rigió el año pasado.
En ocasiones, su jornada se extiende por nueve o diez horas, dependiendo del movimiento del negocio. Como gesto de “bacanería”, su jefe le entrega $10.000 o $15.000 cada tres o cuatro días para la gasolina de la moto y, en algunas ocasiones, le ofrece la comida o “el algo”.
María no cuenta con prestaciones sociales ni afiliación a salud —aunque es beneficiaria del Sisbén—, tampoco cotiza a pensión, no tiene ARL ni afiliación a una caja de compensación familiar. Hasta ahora, su empleador no le ha informado si habrá algún aumento en su remuneración.
Esta mujer joven vive sola y no tiene hijos. Para completar sus ingresos, arregla uñas y hace peinados a un pequeño grupo de clientas. Sin embargo, en lo que va de 2026 ninguna ha requerido sus servicios, por lo que aún no define si ajustará la tarifa de $40.000 que cobró durante 2025.
Una de sus principales inquietudes está relacionada con el canon de arrendamiento, que en junio le aumentará 5,1%, de acuerdo con el IPC certificado por el Dane. María estima que los $800.000 que paga mensualmente subirán a cerca de $840.000, sin contar los mayores costos que prevé en servicios públicos, alimentación, otros gastos personales y el sostenimiento de su mascota.
Este panorama refleja cómo, para una amplia franja del empleo informal en Colombia, el aumento del salario mínimo convive con ingresos frágiles y una inflación que sigue presionando el presupuesto de los hogares.
En el corregimiento San Antonio de Prado, Ana García vive desde hace cerca de tres años en una de las urbanizaciones del sector. Su realidad financiera es más compleja que la de otros hogares, pues además de sostener a su hija universitaria, debe enfrentar el mayor costo laboral que implica el ajuste del salario mínimo para su pequeña empresa de servicios de aseo.
Su planta de personal, que en el mejor de los casos alcanza seis personas —incluida ella—, le costará en esta quincena exactamente un 23% más de lo que pagaba a finales de diciembre. Se trata de un incremento inmediato que impacta el flujo de caja del negocio desde los primeros días de 2026.
Al tratarse de un negocio formal, todos los trabajadores cuentan con las prestaciones de ley. Sin embargo, será la dinámica del mercado la que le permita a Ana determinar si puede sostener su operación sin cambios o si deberá prescindir de alguno de sus colaboradores para mantener un margen de ganancia que haga viable la actividad, sin trasladar en exceso los mayores costos laborales a los contratos con sus clientes.
Además de pagar el salario mínimo de dos millones de pesos, como empresaria debe asumir las cargas prestacionales. Así, el costo total por trabajador, que en 2025 rondaba los $2,7 millones, subió en 2026 a cerca de $3,36 millones, un salto significativo para una microempresa.
En el ámbito personal, el presupuesto familiar de Ana incluye la cuota de su crédito hipotecario —fija en pesos y cercana a $1,1 millones—, además de alimentación y servicios públicos. A esto se suma la cuota de administración, que por ahora aumentó 5,1%, al pasar de $198.000 a $208.100, aunque en la próxima asamblea de copropietarios podría incrementarse aún más.
También pesan en sus finanzas la cuota del crédito del vehículo y los gastos universitarios de su hija. La matrícula, sin embargo, no representa un costo este año gracias a una beca otorgada por el Municipio de Medellín, que le evita un desembolso cercano a los $5 millones.
El caso de Ana refleja el reto que enfrentan miles de pequeñas empresas formales en Colombia: absorber el impacto del nuevo salario mínimo sin afectar el empleo ni trasladar en exceso los costos a los consumidores.
Mientras el impacto final del ajuste del mínimo para este año y de la inflación observada en 2025 termina de asentarse en las cuentas de los hogares, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer que a partir del viernes, 16 de enero, las tarifas de varios peajes que están a su cargo tendrán ajustes, en aplicación de los contratos de concesión vigentes y de la actualización anual por inflación.
Sin embargo, el organismo señaló que habrá fechas específicas para algunos corredores y, en algunos de ellos, incluso con incrementos adicionales.
De acuerdo con la entidad oficial, en el caso particular del proyecto IP Conexión Antioquia–Bolívar, las tarifas de los peajes tendrán un incremento adicional del 2% (a cerca de 7%) sobre el IPC, con el objetivo de mantener las tarifas diferenciales para vehículos de servicio público y privado.
El ajuste adicional aplicará en los peajes: La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.
Se recordó que algunos proyectos contemplan o ya hicieron, contractualmente, la actualización anual por IPC. Por ejemplo, los peajes de Copacabana y Las Palmas, pertenecientes al proyecto Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (Devimed), aplicaron el incremento el 1° de enero de 2026. En el proyecto Armenia–Pereira–Manizales (APM), los peajes de Circasia, Corozal, Pavas, San Bernardo, Santágueda, Tarapacá I y II lo hicieron el 9 de enero.
Y desde el fin de semana, en el Área Metropolitana se aplicó un ajuste técnico final del 11,9% en las tarifas del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (Sitva), cifra que, según la entidad, estuvo muy por debajo del aumento del 23% decretado para el salario mínimo en Colombia.
El incremento respondió al impacto que tuvo el alza histórica del salario mínimo sobre los costos operativos del sistema, como combustible, mantenimiento y nómina.
No obstante, las autoridades señalaron que no se trasladó la totalidad de estos costos a los usuarios, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y la empresa Metro, que asumirán una parte significativa de la operación para evitar un golpe mayor al bolsillo de los ciudadanos.
Así en el sistema de transporte masivo (Metro, tranvía, cables y Metroplús) el ajuste fue en promedio del 12,1%.
La tarifa para el usuario frecuente pasó de $3.430 a $3.820, mientras que el pasaje al portador quedó en $4.400. Por su parte, los estudiantes pagan $1.600, los adultos mayores $3.330 y las personas en situación de discapacidad $2.720.
Para el transporte público colectivo metropolitano (buses y micros), el aumento en las rutas intermunicipales osciló entre $300 y $550, dependiendo de la distancia. Municipios como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa aplican tarifas diferenciadas, que en algunos casos superan los $5.000.
Las tarifas para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros en las rutas urbanas de Medellín son de $3.800 para buses y busetas, y de $3.900 para los microbuses.
“Esto responde a un análisis técnico riguroso, construido de manera concertada con los transportadores... reiteramos que esta medida prioriza el bienestar de los usuarios, la sostenibilidad del sistema y la transparencia”, indicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.
También hay un efecto sobre el sueño de la casa propia. Y es que con el aumento del salario mínimo para 2026, la VIS se incrementó en más de $49 millones, ocasionando traumatismos en quienes estaban interesados en adquirir una vivienda de este tipo.
Tras decretar el reajuste en el salario mínimo, el Gobierno Nacional presentó un borrador de decreto, con el que busca desindexar o desatar el costo de la Vivienda de Interés Social (VIS) del salario mínimo y fijar un tope único de hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para todo el país, abriendo un nuevo frente de discusión en un sector que ya atraviesa una de sus peores crisis en décadas.
El proyecto, que está abierto a comentarios ciudadanos hasta el 24 de enero, pretende que el valor de la VIS se pacte en pesos desde las etapas iniciales del negocio y que no se ajuste posteriormente con los incrementos del salario mínimo.
“El proyecto reafirma el tope general de hasta 135 salarios mínimos, aclara que este límite no equivale al precio final del inmueble y establece reglas obligatorias para que el valor de la VIS se fije en pesos colombianos desde las etapas iniciales del negocio jurídico, prohibiendo su indexación posterior al salario mínimo y previniendo prácticas abusivas que afecten el cierre financiero de los hogares de menores ingresos”, anotó en X el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
El jefe de la cartera ha insistido en que hay que evitar toda la especulación de precios que el aumento al salario mínimo provocaría y, en línea con eso, hay que castigarla, por lo que indicó que el Gobierno evalúa estrategias para evitar la presión inflacionaria desde diferentes frentes.
Mientras el primer “quincenazo” del año aún no se siente en los bolsillos, los “restos monetarios” de 2025 están amortiguando parcialmente las alzas de comienzos de enero. Entre los otros incrementos ya perceptibles figuran el tradicional “corrientazo”, que en el sur de la ciudad ha pasado de $19.000 a $22.000 en promedio, las cuotas moderadoras y copagos en salud, algunos costos educativos y las multas de tránsito.
Entre los productos más consumidos de la canasta familiar, la papa y el banano tienen los incrementos más marcados en el inicio de año. En el primer caso el precio pasó de $1.203 a $1.414, para una variación de 17,5%, mientras que en el segundo, el valor subió de $1.971 a $2.030, un 3% más.
Pero, el primer mes del año también es la época de los útiles escolares. Un sondeo realizado por el diario La República muestra que, en esta temporada, los precios de esos bienes podrían registrar incrementos de hasta 20%, encareciendo el regreso a clases.
En el caso de los cuadernos, en enero de 2025, el argollado costaba $17.890 y este año está en $18.500, mientras que el cosido estaba en $13.750 y pasó a $14.700.
En el entre tanto, los precios de la lonchera sienten leves cambios por ahora. Por ejemplo, yogures de algunas marcas se venden entre $100 y $200 más caros, mientras que el popular Chocoramo pasó de $2.500 a $2.600
En su caso, los universitarios sienten un golpe en el bolsillo previo a entrar a clases. Según el medio citado, el cuaderno siete materias registró el aumento más alto, exactamente de 27,1%; pasando de $29.500 a $37.500.
Para los analistas económicos de Corficolombiana el aumento del salario mínimo cambió de forma significativa el panorama macroeconómico de 2026. Ahora, esperan que la inflación se acelere a 6,5%, superior al 4,9% que proyectó previamente, donde el mayor impacto provendría de comidas fuera del hogar y otros servicios.
“Vemos riesgos al alza asociados a mayores presiones inflacionarias por el lado de la demanda, derivadas del incremento del ingreso disponible. A ello se suman las alzas esperadas en las tarifas de electricidad y gas, asociadas al desabastecimiento local, factores que más que compensarían el efecto desinflacionario de la apreciación del peso, que en términos anuales supera el 14%”, anotaron.
Resaltaron que este año son considerables los riesgos al alza en la inflación, por el efecto de indexación al aumento del 23,7% del salario mínimo, el efecto indexación sobre el cierre de la inflación 2025 (de 5,1%), y el consumo que continuará siendo dinámico, impulsado por el aumento de los ingresos de los hogares derivado del crecimiento extraordinario de las remesas, la cosecha cafetera y el incremento del salario mínimo, a lo que se suma una presión fiscal que sigue desbordando el gasto público.
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