El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte que busca fortalecer la supervisión sobre los servicios de movilidad en el país.
Sin embargo, el contenido del proyecto ha generado fuertes reacciones por parte del sector digital y de plataformas, que advierten impactos profundos sobre la operación de aplicaciones de transporte con vehículos particulares.
El gremio Alianza In Colombia lanzó una advertencia pública sobre los efectos que podría tener el Proyecto de Ley en el ecosistema de las plataformas de movilidad digital, al señalar que su contenido lo que busca es eliminarlas y pone en riesgo los ingresos de 1,2 millones de conductores y limitaría las opciones de transporte de millones de usuarios en el país.
El pronunciamiento se conoce después de que el Gobierno radicara la iniciativa en el Congreso y se convierte en la reacción más fuerte del sector frente a una propuesta que, según el gremio, endurece el régimen sancionatorio hasta el punto de volver inviable la operación de plataformas de movilidad con vehículos particulares.
De acuerdo con Alianza In Colombia, en Colombia más de 1,2 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de este tipo de aplicaciones y más de 21 millones de usuarios recurren a ellas de manera habitual para movilizarse.
Por eso, advierten que cualquier cambio regulatorio tiene un impacto directo no solo en las empresas, sino también en la economía de los hogares y en la movilidad urbana.
El gremio sostiene que el proyecto transforma una actividad que hoy opera en un marco de indefinición regulatoria en una actividad expresamente ilegal, pese a que fallos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca han llamado a avanzar en una regulación clara del sector.
Otro en manifestarse también fue a Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas (ACOPLA), que fue más allá y solicitó al Congreso el archivo inmediato del proyecto. En su pronunciamiento, la organización advirtió que la iniciativa “criminaliza a conductores y usuarios” y desconoce la realidad económica de miles de familias que dependen de estas aplicaciones ante la falta de empleo formal.
Desde ACOPLA insistieron en que los conductores “no son delincuentes” y que el camino debe ser una regulación concertada y moderna, no la prohibición y la persecución.
Le puede interesar: Vehículos de Apps de transporte ya duplicarían a los taxis en el Valle de Aburrá: ¿qué impacto tiene?
Sanciones no recaerían solo en conductores sino en quienes los usen
Uno de los puntos que más inquieta al gremio es el alcance de las sanciones previstas en el articulado. Según su lectura, el proyecto permitiría ordenar la suspensión inmediata de la operación de las plataformas, la inmovilización de vehículos por hasta 120 días y la imposición de multas millonarias, incluso por cada viaje realizado.
Pero sin duda, uno de los puntos más cuestionados por las plataformas y asociaciones es el régimen sancionatorio que introduce la iniciativa. El articulado contempla multas de 390 UVB (alrededor de $4,7 millones) por cada evento o servicio solicitado cuando se considere que se facilitó el incumplimiento de las normas de transporte, sanción que podría recaer sobre conductores, plataformas e incluso terceros.
Adicionalmente, el proyecto fija multas que pueden llegar hasta 180.000 UVB (cerca de $2.179 millones) para conductas que no tengan una sanción específica dentro de la normativa vigente, lo que, según los críticos, abre la puerta a interpretaciones amplias y castigos desproporcionados.
Además, la responsabilidad no recaería únicamente sobre conductores y plataformas. El texto también extendería las sanciones a propietarios de vehículos y a administradores de conjuntos residenciales, hoteles o centros comerciales que permitan el uso de estos servicios, lo que, en la práctica, podría llevar a restricciones privadas para evitar sanciones.
“El efecto no es solo regulatorio. Inmovilizar un vehículo durante semanas o meses implica cortar de tajo el ingreso de una familia”, señaló José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, al explicar las preocupaciones del gremio.
Lea más: Las estrategias con las que Uber, Beat y Didi van por más mercado en Medellín
Debate y próximos pasos
Otro aspecto señalado en el pronunciamiento es que el proyecto introduce disposiciones que podrían limitar el debate público, al exponer a congresistas y funcionarios a eventuales sanciones por pronunciarse a favor de esta actividad económica.
Desde el gremio insisten en que el país necesita una regulación moderna que permita supervisión estatal, pero sin cerrar la puerta a la innovación ni afectar derechos como el trabajo y la movilidad.
En ese sentido, hicieron un llamado al Congreso para revisar el contenido del proyecto y abrir espacios de diálogo con los distintos actores involucrados.
El Proyecto de Ley 347 de 2026 iniciará ahora su trámite legislativo, donde se anticipa un debate de fondo sobre el futuro de las plataformas de movilidad y el modelo de transporte digital que adoptará Colombia.
Conozca también: Tarifas en plataformas están por las nubes en Medellín: viajes subieron 20%
Regístrate al newsletter