“Ya estaba acostado, cuando sentí un escándalo de personas que llegaron, una de ellas me levantó de mi cama a la fuerza, y a otros compañeros, y nos pusieron en fila en el alojamiento. Pensé que me iban a matar, porque esos señores estaban muy agresivos. Luego de gritarnos y amenazarnos, nos dijeron que eran seis las personas que matarían. Me quedé mirando para el piso, y escuché varios disparos, pero gracias a Dios ninguno fue para mí”.
Este es el testimonio de uno de los sobrevivientes de la más reciente masacre que agobió a Antioquia, ocurrida el pasado 16 de febrero en el municipio de Andes. Con ocasión de la captura de tres de los sospechosos del crimen y sus audiencias de control de garantías, EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo a una parte del expediente judicial, en el que 10 recolectores de café y empleados de la hacienda narraron los 15 minutos más aterradores de sus vidas.
Una de las conclusiones que se extrae de los relatos es que los homicidas, al parecer, tenían la orden previa de aniquilar a media docena de personas. Esa sería su cuota de sangre y su cruel mensaje.
Los sobrevivientes, cuyas identidades se protegen por seguridad, coincidieron en que la tragedia comenzó alrededor de las 9:15 p.m. Un grupo de por lo menos 10 desconocidos llegó a la vereda La Vela del corregimiento Tapartó, a bordo de motocicletas, que estacionaron en la entrada de la finca La Arboleda.
Abrigados por la oscuridad, caminaron sigilosos hasta el campamento N°5, también conocido como cambuche La Ilusión.
Vestían de civil, tenis, prendas negras y grises, y dos tenían camisetas blancas. Su faz estaba cubierta con pasamontañas, y sus dedos acariciaban los gatillos de revólveres y pistolas 9 milímetros. Al llegar al sitio se dividieron en dos: un dueto entró a un pequeño apartamento contiguo, y el grupo más grande fue por los trabajadores del cambuche, casi todos procedentes de otros pueblos, en busca del dinero que prometía la cosecha cafetera del Suroeste.
Los dos que entraron al apartamento, encañonaron a uno de los recolectores y a la cocinera. “Nos pidieron que entregáramos los celulares y la plata que tuviéramos. Dijeron que nos quedáramos encerrados en la pieza y revolcaron todo, levantaron colchones, cómodas, llevándose cosas de valor”, narró uno de los presentes.
En el cambuche, 14 agricultores se preparaban para dormir, tras la extenuante jornada. Unos veían en televisión el reality A otro nivel, otros escuchaban por radio el partido de Once Caldas contra Nacional, y el resto se sumergía en conversaciones de Whatsapp. Fueron los últimos instantes de normalidad, antes de que el piso se tiñera de rojo.
La sevicia
“Estaba chateando en mi cama cuando sentí la bulla y que unas personas dijeron ‘¡levántense todos gonorreas, y miren al piso’!”, recordó uno de los afectados. Los criminales traían en fila a varios empleados que estaban afuera del cambuche y los juntaron con los que permanecían adentro. Les ordenaron que se agruparan en un rincón y se tendieran en el suelo, sin levantar la mirada, “¡o los matamos!”.
Los agricultores quedaron estáticos y temblorosos, junto a los 25 camastros del lugar, mientras los verdugos caminaban entre ellos. Les arrebataron los celulares, plata en efectivo, cadenas y anillos.
“Preguntaron que quién era el dueño de la moto y yo alcé la mano, y me levanté para entregar llaves y papeles. Luego me dijeron que volviera al piso”, indicó un testigo.
La siguiente pregunta fue “¿quién es el administrador?”. Carlos Arturo Marulanda Córdoba, de 51 años, nacido en El Cerrito (Valle) y apodado “el Cantante”, alzó la mano. “¿Dónde está el vicio?”, le interrogaron, pero él no sabía de qué hablaban.
Los invasores gritaban improperios, indagando por el paradero de una droga. “¿Qué están buscando? Aquí no es”, les replicó con valentía Alexánder Benítez Osorio (“La Quiña”), agricultor de 31 años, residente en el barrio Buenos Aires de Medellín.
La represalia fue brutal. Cuatro de los bandidos lo sometieron a golpes y uno de ellos, blandiendo un cuchillo, se encarnizó. “Empezó a darle puñal, lo torturaban para que dijera quién tenía el vicio, y le mocharon una oreja. Le gritaban: ‘Gonorrea, le dijimos que no se metiera con nosotros’”, detalló un campesino. Los alaridos de Benítez hacían rezar a los demás, hasta que el subyugado, atormentado por tanto dolor, pronunció: “El negro”.
El filo se hundió en su pecho y un disparo hizo eco en el alojamiento. El muchacho de Buenos Aires cayó sin vida.
Los asesinos buscaron con la mirada al de tez más oscura y el segundo tiro fue para Jesús Antonio García Marcial, de 51 años y agricultor de La Tebaida (Quindío).
El más veterano de los campesinos empezó a sollozar, y un criminal le susurró: “Vea cuchito, si usted no sabe nada, no pasa nada”.
Otro encapuchado dijo “vámonos” y un compinche le contestó: “Todavía no, matamos seis y nos vamos”. Dictada la sentencia, se oyeron truenos en el cambuche y el olor de la pólvora inundó todo. Lo último que escuchó uno de los recolectores fue la voz de un condenado, exclamando: “Zarco, ¿por qué me va a matar, hermano?”.
Indicios del caso
Cuando la Muerte se fue de la finca, los sobrevivientes estuvieron 30 minutos tirados en el suelo, aferrándose la cabeza con las manos. No se atrevían a mirar, en parte para no ver el horror, y porque los victimarios les habían advertido que no fueran a levantarse.
Hasta que uno de ellos se incorporó, tambaleándose, con una profusa emanación de sangre de la cabeza. El que debía ser el occiso número seis, deambulaba cual zombi por el recinto. Era Felimón Rodríguez Ortiz (“Pokemon”), de 37 años, natural de San Andrés de Sotavento (Córdoba), aferrándose a las últimas bocanadas de oxígeno.
“Caminaba muy desesperado, logramos tranquilizarlo y acostarlo en una cama del cambuche, mientras venían a auxiliarlo”, narró un testigo. Como habían quedado incomunicados sin sus celulares, la ayuda apenas llegó a la medianoche, cuando arribaron las patrullas policiales de la subestación de Tapartó.
Trasladaron a Filemón al hospital local y luego revisaron la escena del crimen. Además de Alexánder Benítez y Jesús García, reconocieron los cadáveres del administrador Carlos Marulanda y de Wilfredo Manuel Reyes Ayala (“Wi-fi”), otro recolector de Andes.
El quinto fallecido estuvo NN por dos días, pues los demás no sabían su nombre. El 18 de febrero una familiar se contactó con los investigadores, indicando que se llamaba Rubén Darío Rincón Valencia, tenía 22 años, residía en el barrio Santo Domingo Savio, de Medellín, y le decían “el Flaco”.
Este dato al parecer es relevante para la investigación, pues un mes antes de la matanza, a la finca habían llegado dos hombres encapuchados, preguntando por “el Flaco”. No mostraron armas, pero registraron el cambuche de los recolectores, y luego se fueron sin decir nada más, de acuerdo con los presentes.
Los motivos exactos del crimen no han sido esclarecidos, aunque el interrogatorio y tortura a Benítez y las indagaciones de encapuchados sobre Rincón, apuntan a que tal vez le estaban haciendo seguimiento a los dos agricultores procedentes de Medellín, según fuentes judiciales.
Sobre el asunto de las drogas, todos los testigos señalaron que a veces veían a los recolectores consumiendo marihuana detrás del alojamiento, pero que ninguno la vendía.
Primeras capturas
El pasado 24 de febrero las autoridades anunciaron que habían arrestado a tres presuntos sicarios del frente Suroeste del cartel criminal Clan del Golfo, señalados de participar en la masacre: Juan Carlos Serna Vélez (“Ratoncel”) y Mario Ospina Foronda (“el Indio”), detenidos en Andes; y Johan Arango Restrepo (“Care Lápiz”), capturado en Hispania.
Sobre este último, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que era el supuesto responsable de cortarle la oreja a uno de los difuntos (Benítez), y que estas muertes están enmarcadas en las disputas entre bandas por el control territorial para el tráfico de drogas.
“Esta subestructura (frente Suroeste) estaría relacionada con el asesinato de 25 personas, en homicidios colectivos cometidos en Andes, Salgar y Betania. La Fiscalía ha detectado prácticas deleznables con los cuerpos, por parte de ese grupo, como desmembramientos”, manifestó el fiscal General, Francisco Barbosa.
El director de la Policía, general Jorge Vargas, sindicó como responsable, por línea de mando, a Wilmer Giraldo Quiroz (“Siopas”), el comandante del bloque Pacífico del clan, del cual depende el frente Suroeste. Por información que lleve a su captura hay una recompensa de $570 millones.
A pesar de estos anuncios, en Tapartó continúa la zozobra. Los sueños de muchos, que iban buscando un trabajo honesto en cultivos de café, están amenazados por una plaga peor que la roya, es la violencia, que también está cosechando en aquellas montañas
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