Sin embargo, al día siguiente un juez de control de garantías lo dejó en libertad, al parecer por falta de pruebas. ¿Qué ocurrió? Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Pedro Pistolas” estaba desarmado al momento de su captura, en el barrio Belalcázar de Medellín. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el operativo fue realizado por agentes de la Dijín, Goes y Sipol, que a las 6:30 a.m. de este martes 3 de diciembre incursionaron en un lugar del vecindario conocido como La Finquita.

Los uniformados portaban una orden de captura emanada de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, por el cargo de concierto para delinquir agravado, para apresar a José Eliécer Montoya Correa (“Pedro Pistolas”), un comerciante del sector El Hueco, de 63 años de edad.

La investigación judicial indica que la banda “la Aurora” o “los Carabanudos” tiene su base de operaciones en el Centro y sus principales actividades son la venta de estupefacientes y la extorsión. Al parecer tendría conexiones con “La Terraza”, una de las organizaciones criminales más antiguas y peligrosas de la ciudad.

Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, precisó que los sitios en los cuales esta estructura tiene injerencia son los alrededores de La Pesquera, Pichincha, El Hueco, Los Marinillos, La Aurora, Los Puentes, La Paz y Titanic, en la comuna 10 (La Candelaria).

José Eliécer Montoya Correa (“Pedro Pistolas”). Cortesía.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, añadió que el capturado al parecer estaría relacionado con el incremento de los homicidios en esa zona en el primer semestre del año. “Tuvimos afectaciones porque este grupo estaba confrontando (con otros) por las rentas de la droga. Ejecutaban internamente a las personas que tenían desacuerdos dentro del grupo criminal”.

A pesar de esto, por considerar que la Policía y la Fiscalía no recopilaron evidencia suficiente para soportar una medida de aseguramiento, el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de Antioquia dejó en libertad a Montoya Correa.

La decisión fue tomada en la tarde de este miércoles 4 de diciembre, durante la audiencia de control de garantías en el Palacio de Justicia de Medellín.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado, pero “Pedro Pistolas” se declaró inocente en el estrado.

Fuentes judiciales explicaron a El Colombiano que el juzgado determinó que, con las pruebas inicialmente aportadas, no se podía inferir de manera razonable la participación del procesado en ese delito. La Fiscalía no apeló la decisión.

Tras decretar la libertad, Montoya Correa seguirá vinculado al expediente y queda a la espera de una acusación formal de la Fiscalía y del eventual juicio oral.

UN ALIAS PERSEGUIDO
El apodo de “Pedro Pistolas” se dio a conocer a la opinión pública en 2016, cuando el alcalde Federico Gutiérrez reveló que, según información recibida por la Fiscalía, había un plan para atentar contra él.

Dicho plan, de acuerdo con el informante, fue mencionado durante una reunión de cabecillas en un hotel del centro de Medellín, entre los cuales estaría “Pedro Pistolas”. El motivo, expresó el alcalde en su momento, era su proyecto para reformar este sector de la metrópoli y expulsar de allí a la delincuencia.

La Policía comenzó las pesquisas del caso, determinando que en el bajo mundo había, por lo menos, tres presuntos delincuentes con ese mismo mote, lo que dificultó la judicialización (ver el anexo).

Uno de ellos dio la cara en septiembre de 2016, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual afirmó que no tenía nada que ocultar y que no había ninguna evidencia en su contra.

Por el momento no se ha determinado que Montoya Correa sea el autor de las amenazas contra el mandatario, por lo que el ente acusador no le imputará ese cargo.

El alcalde Gutiérrez, quien está fuera del país, señaló que no haría pronunciamientos al respecto, hasta que la investigación judicial concluya.

Fuentes policiales afirmaron que continuarán la búsqueda de los otros “Pedro Pistolas”, hasta que todos estén tras las rejas.

Durante los últimos años ese apodo se ha relacionado con personajes vinculados al lavado de activos por medio de locales y centros comerciales de La Candelaria, así como con una amplia red de corrupción de uniformados y funcionarios públicos, que a cambio de dinero facilitan sus operaciones fraudulentas.

LA CRIMINALIDAD DEL CENTRO
“Pedro Pistolas” fue el tercer supuesto cabecilla del Centro arrestado en los últimos dos años. El primero fue Eladio Correa (“Ramón”), principal abastecedor de marihuana tipo cripa traída desde Cauca; y luego cayó Ómar Mazo (“don Ómar”), jefe de la “Convivir del Bronx”, que controla las plazas de vicio de la avenida De Greiff.

Ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “don Ómar”, el zar de las drogas en el Centro.

Aunque de suma importancia, por tratarse de delincuentes veteranos y con amplia experiencia en el negocio, esas capturas no han afectado de manera contundente las dinámicas de narcotráfico en el corazón de Medellín.

Según los análisis de la Policía, en la capital antioqueña hay 247 expendios de estupefacientes (53 fijos y 194 móviles). De esos, el 80 % están concentrados en el Centro.

Los principales puntos de acopio se ocultan en los recodos de Niquitao, El Chagualo, San Benito, Villanueva y Prado Centro, desde donde se distribuye la mercancía a las demás comunas.

La demanda de los consumidores es tan alta, que no pasará mucho antes de que el trono de “Pedro Pistolas”sea ocupado por alguien más.

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ANEXO: LA TRAMA DE LOS “PEDRO PISTOLAS”
En septiembre de 2016, El Colombiano entrevistó a uno de los “Pedro Pistolas”, identificado como Pedro Javier Piedrahíta, quien señaló que ese apodo se lo pusieron en los años 80, pero que era inocente de los señalamientos y amenazas contra el alcalde. Agregó que estaba dispuesto a presentarse en el despacho de Federico Gutiérrez para aclarar esa situación. Según el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, por el momento “no hay evidencia de que Piedrahíta esté relacionado con organizaciones ilegales del centro de Medellín”.

El funcionario explicó que otro de los “Pedro Pistolas”, llamado Fredy Alexánder Londoño, fue asesinado a bala en 2008 en el Centro. A su juicio, hay tantos personajes con el mismo apodo solo para enredar a la justicia.

NOTA RELACIONADA: “Pedro Pistolas” dice que se presenta, el alcalde lo quiere capturado.

El Inspector.

Así lo expuso Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación, al advertir que esta hipótesis se basa en el monitoreo hecho a Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), cabecilla de la “Odín Robledo” e integrante de la cúpula de “la Oficina”, recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué.

La amenaza se destapó en el marco de una arremetida contra el crimen organizado, que golpeó a las bandas “la Terraza”, “Robledo” y “los Triana”. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Federico Gutiérrez apenas lleva la mitad de su mandato y ya se han detectado tres presuntos planes de atentado. Foto de Carlos Velásquez.

El caso se originó el pasado 17 de octubre, cuando el Tribunal en segunda instancia revocó una condena de 36 años por homicidio que pesaba en contra del procesado y ordenó su libertad inmediata, en caso de no haber otros requerimientos pendientes.

Ante la posible salida de Ramírez, los organismos de seguridad entraron en alerta (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades alertas por posible salida de “Carlos Pesebre”).

El alcalde Gutiérrez declaró en ese momento que “es preocupante, es una puerta giratoria, entran y salen, es volver a tener a estos grandes criminales en la calle. Le pido al fiscal General que analice este caso, porque es un retroceso en el tiempo de forma drástica”.

Al final, la Fiscalía logró expedir una nueva orden de captura por concierto para delinquir, lo que frenó la excarcelación de “Carlos Pesebre”.

“Se determinó que a pesar de estar detenido, al parecer siguió delinquiendo y dando órdenes a los integrantes de la ‘Odín Robledo’”, dijo esa vez Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.

En septiembre de 2014, al incluir a Ramírez en la Lista Clinton, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ya había advertido que él y otros cabecillas de “la Oficina” estaban coordinando actividades ilícitas desde la cárcel.

“La Fiscalía tiene evidencia de que habría un pacto entre cabecillas de ‘la Terraza’ y la ‘Odín Robledo’, con el fin de perpetrar este atentado. Ese tema fue tratado por Freyner Ramírez desde la cárcel”, precisó Martínez.

Según la investigación preliminar, el complot no solo contempla un plan de agresión directa, sino una alianza entre esas dos bandas para afectar la seguridad ciudadana y la imagen del Alcalde. Incluso estarían tramando impulsar un candidato “de ellos” para las próximas elecciones.

“Impediremos que se pongan en marcha pactos de gobernabilidad a partir de constreñimiento al elector fomentado por bandas”, concluyó Martínez.

Aunque este plan le fue notificado a Gutiérrez hace una semana, solo hasta este miércoles 8 de noviembre salió a la luz. El mandatario afirmó que “decidir una lucha frontal contra estructuras criminales puede ser considerada una apuesta suicida, pero para mí es la única opción, porque estas constituyen la expresión máxima de la ilegalidad”.

Este sería el tercer plan de atentado en contra de Gutiérrez. En 2016 se abrió una investigación porque unos cabecillas estarían fraguando un ataque, en respuesta a las políticas de seguridad del Alcalde sobre el Centro de Medellín. Y el pasado agosto se abrió otro proceso, por un supuesto plan homicida de las bandas de Altavista.

Hasta ahora, ni Fiscalía ni Policía han logrado capturas por eso.

¿CORRUPCIÓN EN EL CASO “PESEBRE”?
Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, tiene una condena de 9 años por concierto para delinquir que estaría a punto de cumplir, gracias al tiempo redimido en prisión. Tenía otra sentencia de 36 años por homicidio, pero el Tribunal Superior de Medellín lo absolvió en segunda instancia.

La Fiscalía anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema, y que además compulsó copias para que se investigue el fallo, pues “Carlos Pesebre” afirmó, al parecer, que pagó dinero para obtener su libertad.

También investigarán otra situación irregular, pues de la base de datos de la Fiscalía (Sijuf) fueron borrados y alterados los antecedentes judiciales de Ramírez.

ARREMETIDA CONTRA CABECILLAS
En los últimos tres días hubo capturas importantes que golpearon al crimen organizado de Medellín. En el barrio Los Colores fue detenido William Moscoso Monsalve (“el Chivo”), presunto cabecilla de “la Terraza”. Le imputaron concierto para delinquir y tráfico de drogas y el juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel La Modelo, de Bogotá.

Juan Camilo Álvarez, alias “Camilo el Grande”. Cortesía.

En ese mismo caso fue capturado el subintendente Gabino Murillo Grajales, de la Policía Antioquia, por presuntos nexos con “la Terraza” (ver la NOTA RELACIONADA: Banda “la Terraza” perdió a alias “el Chivo” y a un policía).

En Envigado arrestaron a Juan Camilo Álvarez Chavarriaga, alias “Camilo el Grande”, cabecilla de la “Odín Robledo” y mano derecha de “Carlos Pesebre”; otros cuatro integrantes del grupo también cayeron: Andrés Felipe Mazo (“Chévere”), supuesto cabecilla militar de “Robledo”, quien portaba dos pistolas de calibres 40 y 22; Jhon Frank Bedoya (“Coke”), segundo cabecilla del combo “los Paramilitares” o “los del Llano”; Juan Carlos Santamaría (“Campeón”), presunto coordinador logístico de “Robledo”; y Héctor Alonso Gallego (“Poli”), supuesto coordinador de microtráfico de drogas.

En otro operativo fueron capturados 13 integrantes de la banda “los Triana”, entre ellos: los mandos medios “Jhon F” y “Juano”; también “Mono Trejos”, “Bollo Negro”, “Buche”, “Care Pato”, “Chaparral”, “Eric”, “Cheroqui”, “Nano”, “Alexis” y “Juaco”, quienes serán procesados por concierto para delinquir agravado, extorsión, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes, según la Policía.

De esta acción policial lograron evadirse los dos jefes de la organización, apodados “Elkin Triana” y “Mario Chiquito”, quienes ya tienen órdenes de captura en su contra.

OJO A LA DELINCUENCIA CARCELARIA
Néstor H. Martínez señaló que la extorsión carcelaria viene creciendo en Medellín por encima del promedio nacional. A propósito del tema, informó que su despacho entregó hace seis meses al Congreso un proyecto de ley para facilitar la interceptación de comunicaciones desde la cárcel, de texto y voz.

El pasado martes la Fiscalía convocó a los operadores de telefonía celular para convenir un mecanismo que mitigue el problema. La idea consiste en que cada vez que haya una llamada desde una cárcel, la empresa de telefonía emita un mensaje institucional, avisándole al destinatario que la señal proviene de un centro penitenciario. Así, el receptor tendrá la opción de contestar o rechazar la llamada.

NOTA RELACIONADA: Con lanzagranadas se ejecutaría plan homicida contra el Alcalde.

El Inspector.

El plan criminal se venía gestando desde hace un mes, cuando un informante se presentó al búnker de la Fiscalía y entregó los primeros datos que configuraron la investigación. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

De los tres presuntos planes del crimen organizado para atentar contra Federico Gutiérrez, ninguno ha sido esclarecido por la Fiscalía. El alcalde estuvo este miércoles en Altavista. Foto cortesía de la Alcaldía.

Los agentes iniciaron las pesquisas, para descartar una posible farsa, y confirmaron la presencia de las bandas y el alias de los delincuentes que el informante entregó.

A través de interceptaciones telefónicas, escucharon que los sospechosos hablaban de “la Rebeca” y “la Canosa”, y determinaron que no se trataba de señoras, sino de un lanzagranadas MGL de 40 milímetros y una carabina.

El propósito, según la investigación preliminar, sería matar a un policía para usarlo como señuelo, y una vez acudiera el mandatario al lugar de los hechos, ejecutar un segundo ataque a distancia.

El pasado 26 de julio, la Fiscalía envió una carta al alcalde Gutiérrez, informándolo de esta situación, así como al general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana. Y este martes 1 de agosto se expidió un poligrama en el cual se alertaba a los uniformados de Belén y Altavista sobre la inminencia de un atentado.

El miércoles, cuando este embrollo se hizo público, en la Alcaldía de Medellín se realizaba un consejo de seguridad. El problema de Altavista salió a flote de nuevo y hubo autocrítica, pues ha pasado más de un mes desde que comenzó la intervención integral en el corregimiento y la Fuerza Pública no ha ejecutado ni una sola operación importante y los cabecillas siguen en la calle, sin órdenes de captura.

Finalizada la reunión, Gutiérrez se desplazó con los comandantes de la Policía y el Ejército hasta Altavista, donde declaró: “Que ni se les ocurra (a los delincuentes) atentar contra un policía para llegar a mí. Que sepa la comunidad que no está sola; que sepan los criminales que ellos sí lo están y pronto van a caer”.

¿QUÉ PASA EN ALTAVISTA?
En este corregimiento de Medellín, el territorio y las extorsiones a comercio, transporte y ladrilleras, parecen ser las razones por las que los grupos delincuenciales que allí delinquen se enfrentan a sangre y fuego.

Desde hace dos meses aproximadamente, los intercambios de disparos y homicidios selectivos (6 entre junio y julio), han generado zozobra entre la comunidad y hasta el cese de actividades en el transporte y en las instituciones educativas.

Las bandas enfrentadas son “los Chivos”, presuntamente liderada por alias “Chatán”; “la Lágrima”, cuyo principal cabecilla sería alias “el Mono”; y “Mano de Dios”, cuyo líder sería alias “Conejo”. Esas dos últimas estarían asociadas a la organización narcoparamilitar “Clan del Golfo” o “los Urabeños”.

Actualmente, la Alcaldía de Medellín lidera una intervención social y de seguridad en el corregimiento, con la que busca ofrecer a la comunidad todos los programas de la administración y así recuperar la confianza de los pobladores.

NOTA RELACIONADA: “Pedro Pistolas” dice que se presenta, el Alcalde lo quiere capturado.

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ANEXO: ANTECEDENTES DE AMENAZAS AL ALCALDE

El de Altavista no es el primer plan que se conoce para atentar contra Federico Gutiérrez. En febrero de 2016, cuando el mandatario anunciaba una intervención al centro de la ciudad, un ciudadano denunció la presunta intención criminal con la que se pretendía asesinar al alcalde. A principios del presente año, se conoció una supuesta alianza que se estaba gestando para atacar al burgomaestre. Estas amenazas son investigadas por las autoridades, sin embargo no se conocen resultados.

El Inspector.

En diálogo con el periódico El Colombiano, habló sobre el caso que hoy tiene en la cárcel a su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas; también se refirió al apoyo de la DEA, las amenazas en su contra y los acercamientos con la banda delincuencial para negociar su sometimiento.

Reproducimos la entrevista completa, por considerarla de interés para los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo.

Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín desde 2016. Foto de Róbinson Sáenz.

En la audiencia de imputación de cargos a su exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, el fiscal 64 y el juez de control de garantías afirmaron que el funcionario, en lugar de atacar a “la Oficina”, la había promovido. ¿Cuál es su opinión al respecto?
“Al contrario. Si hay algo que yo he hecho desde el 1 de enero de 2016 fue ordenar arreciar la lucha contra esas estructuras criminales. De los objetivos de alto valor estratégico que nos propusimos, o sea los cabecillas, todos han sido capturados, no que se hayan entregado, y solo falta uno de ellos, que es alias ‘Tom’ (Juan Carlos Mesa Vallejo), que es el más buscado y quien también debe ser capturado. Soy yo, como alcalde, Federico Gutiérrez, quien los ha visibilizado, quien los ha puesto en los carteles, quien ha ofrecido las recompensas y se han logrado las capturas de estas personas. Y lo vamos a seguir haciendo. No voy a parar. Tengo claro para qué llegué a la alcaldía y combatir las estructuras criminales es uno de los temas más importantes, porque la gente merece vivir tranquila”.

¿Y qué noticias tiene sobre alias “Tom”?
“Yo mismo fue quien lo hice visible. Justo cuando tuvimos la reunión de generales de la Policía, en enero de 2017, le pedí públicamente al general Jorge Nieto Rojas y a todos los generales de la Policía, que nos concentráramos en esa prioridad. Así mismo lo hice con el presidente Juan Manuel Santos, quien en una de sus venidas a Medellín lo reafirmó, por pedido mío. También lo he hablado, en muchas oportunidades, con el gobierno americano. Ese golpe se tiene qué dar. Es una de las prioridades hoy, no solo desde Medellín, sino a nivel nacional”.

El cartel de recompensa del gobierno de EE.UU. por alias “Tom”. Foto de Cortesía.

¿Qué le dijo el gobierno americano sobre la persecución y el perfil de alias “Tom”?
“Para ellos, y para nosotros, es una pieza clave en todo el engranaje de estas estructuras criminales. Por algo el gobierno americano ofrece US$2 millones por quien dé información para la captura de “Tom”. No es cualquier capo. No es cualquier tipo de una banda o estructura criminal. Es de los más peligrosos y más buscados. Toda la colaboración que se necesite la he brindado. En eso también está el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Yo mismo, este enero, estuve reunido con personal de la Secretaría de Estado Norteamericano y con el Departamento de Justicia, hablando sobre lo importante que es para mí como alcalde que se capturen estas personas. Ahí habíamos hablado de alias “Soto”, que fue capturado también. Como alcalde tengo unas responsabilidades, pero todo lo que tiene que ver con inteligencia y operatividad recae sobre otras instancias. Y ahí es donde los resultados se tienen que ver. Como cabeza de autoridad de esta ciudad seguiré insistiendo para que vamos detrás de estas estructuras criminales”.

¿Y quién es alias “Tom”?
“Es una persona con un amplio historial criminal, cabecilla de la banda ‘los Chatas’, que opera en Bello y el Área Metropolitana. Lo que tiene que ver con inteligencia, eso le corresponde a la Policía y Fiscalía”.

Cuando salió la recompensa de US$2 millones por “Tom”, en julio de 2016, hubo una reunión de prensa en la Policía y esta dijo que aportaba una recompensa de $150 millones por “Tom”. ¿La Alcaldía no está ahí?
“Eso lo hemos venido coordinando directamente con la Embajada de Estados Unidos, que ha sido un gran apoyo para nosotros y en reuniones que hemos tenido con integrantes de la DEA. Hay respuestas que tienen que dar otros organismos de inteligencia, también del Estado, y por supuesto yo solo espero que con ese trabajo que se viene haciendo, se dé rápido esa captura”.

Ver la NOTA RELACIONADA: Estados Unidos ofrece US$2 millones por líder de “la Oficina”.

EL PELIGRO DE “LA OFICINA”

En la imputación de cargos a Villegas el fiscal 64 habló de “la Oficina de Envigado” y el juez reconoció en los mismos términos a esa organización criminal, pero la Policía no reconoce su existencia. ¿Usted, como alcalde, qué idea tiene sobre ese tema?
“‘La Oficina sí existe’. Hay que quitarle el nombre de Envigado, porque no está bien estigmatizar a un municipio vecino que queremos tanto. Tanto existe, que hoy se denominan ‘la Dirección Colegiada’. Hasta en un comunicado público, del 23 de marzo de 2017, llegaron a referirse a mí en muy duros términos, afirmando que justamente la política represiva y coercitiva mía frente a estas organizaciones, poco contribuía justamente a la paz del territorio. Ellos mismos reconocen en esa carta pública, los golpes que les hemos venido dando. Por eso no les gusta lo que venimos haciendo. En esa carta se van lanza en ristre contra la doctora Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías en su momento, y contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Y terminan con un poema en el que decían que volverían los ríos de sangre, dolor y lágrimas. Ni Medellín, ni ninguna ciudad del país, puede seguir aceptando chantajes de esas estructuras criminales. Por eso mi decisión es seguir combatiéndolas. Necesitamos una articulación muy fuerte desde lo nacional. Como alcalde tengo unas competencias y he liderado este tema, y lo seguiré liderando, pero lo que sí digo es que solos no podemos. Yo seguiré, pero aquí necesitamos el acompañamiento de todas las instituciones”.

Ver la NOTA RELACIONADA: “No existe ‘la Oficina’ como tal, según el director de la Policía.

¿Y cuando se habla de “la Oficina”, de qué poder estamos hablando?
“Cuando uno habla de estas estructuras criminales, que son bien organizadas, en Colombia no hay nada parecido a esto. Esta es la herencia maldita del narcotráfico, de la cultura de la ilegalidad de finales de los 80 y comienzos de los 90, que todavía persiste en muchos sectores de la sociedad. Cuando se habla de esta estructura organizada, ahí hay, no solo el cabecilla, o miles de jóvenes, que por muchas razones caen presa de estos mafiosos que tanto daño les hacen, que poco les importa de estos jóvenes o de sus familias. Ellos van es por los recursos, buscan controlar territorios, para apoderarse de todas las rentas ilegales posibles, inclusive de algunas legales. En ese sentido, mientras mayor poder económico tengan, mayor poder militar tienen. Y también mayor poder para corromper. Cuando uno enfrenta estructuras criminales, enfrentamos toda una cadena, no solo el capo de la mafia, el cabecilla de una odín o banda, sino a toda una red que ellos han construido. Hay gente, muy poderosa, que hoy se siente tocada y amenazada por lo que estoy haciendo desde el 1 de enero de 2016 y han pretendido que bajo amenazas cedamos y no hemos cedido. Ahora más que nunca estoy más firme y más fuerte para seguir dando esta lucha. Convoco a la ciudadanía para que la demos entre todos. Medellín tiene que salir de esto de una vez por todas. Estas estructuras necesitan quién mueva el dinero. La plata producto de la extorsión, del microtráfico, del juego ilegal, de todo lo que mueven las rentas ilegales, no está guardado en costales. Esa plata está en la economía. Lo más importante es seguir la lucha también como lo estamos haciendo con la lucha contra el lavado de activos y la extinción de dominio. El enfoque es este y lo que sí quiero aclarar es que la lucha que tengo, entendiendo muy bien las raíces, que me conozco los rincones de esta ciudad, es que venimos combatiendo estas estructuras de la mano de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, de la institucionalidad. Allá donde llegamos con fuerza, llegamos también con la inversión social. Tiene que seguir la lucha contra las bandas y mucha inversión social. Nos tenemos que desprender de una vez por todas con ellos”.

¿Y qué golpes se les han dado a estas estructuras desde el punto de vista financiero?
“Esto no es solo de capturar cabecillas. Es muy importante, porque es un tema en el que se tienen que dar esos golpes. La ciudadanía tiene que tener claro que se debe recuperar la confianza. De ahí para abajo las organizaciones siguen vivas y se reemplazan los cabecillas. En ese sentido, lo más importante es lo que venimos haciendo de la mano con entidades responsables, competentes, como la lucha contra el lavado de activos. Por eso yo mismo pedí definir un convenio a nivel nacional con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para perseguir todos estos bienes y recursos provenientes de las actividades ilegales. Esos son los golpes a más importantes. Yo he insistido en que necesitamos más fiscales de extinción de dominio. Cuando hemos dado los golpes, en temas como hurto a motocicletas, en el sector de La Bayadera, aplicamos extinción de dominio a esos locales donde se desarrollaban estas actividades ilegales. Hemos hecho también los operativos en lo que tiene que ver con hurto de celulares, que son las mismas estructuras criminales, y hemos aplicado también extinción de dominio en esos locales. Mi pedido siempre ha sido recurrente: necesitamos más jueces de extinción de dominio, y esos golpes tienen que ir dando resultados”.

¿Y le han dado más fiscales y jueces?
“Ni uno solo de más. Recuerdo mucho el trabajo que lideraron ustedes desde El Colombiano, hace algunos años, donde se mostraba toda la relación de rentas ilegales que manejan las estructuras criminales. Fue un trabajo de investigación serio, que coincide con otros que había hecho yo a lo largo de los años y con informaciones que tienen las autoridades de Medellín. Ahí se demuestra la fuerza que han tenido y tienen estas estructuras criminales. Cuando hablo de que tienen, es porque siguen vivas. Aquí estoy dando una pelea dura, desde la parte institucional y desde lo personal, porque he asumido riesgos. Hoy, más que nunca, estoy convencido de que debo seguir. Tiene que haber un punto final, en el que esto acabe y cambie. Los poderes no solo son los cabecillas. Estos hacen parte de ese poder criminal. El poder real está en diferentes espacios, está en quien mueve el dinero producto de las actividades ilegales. Por eso cuando esta gente se ve amenazada, reacciona, cuando sienten que se les acaba la zona de confort, es donde también reaccionan. Esta es una pelea que estoy dispuesto a seguirla dando, pero también la debe dar la sociedad completa”.

Como las rentas de la ilegalidad son dinámicas y dependen del contexto económico de la ciudad, de la persecución de las autoridades, hoy, en orden de importancia, ¿cuáles son las más importantes para “la Oficina”?
“Por supuesto que el microtráfico, las trata de personas, el juego ilegal, la extorsión, y muchas otras, componen ese paquete de lo que son las utilidades y lo que dejan las rentas criminales. En Medellín se han hecho estudios muy serios, incluyendo el de El Colombiano de hace unos años y el de la Universidad Eafit, y es ahí donde tiene que haber un punto de inflexión. Aunque esté bien dar golpes contra las estructuras cogiendo los cabecillas, lo más importante es ir detrás del dinero producto de las actividades ilegales. Es ahí en donde se debilitan las estructuras criminales y, ojo, es ahí en donde realmente les duele. Quien hace parte de una estructura criminal, sabe que en un momento de su vida puede pasar por la cárcel o llegar a morir. Pero por su cabeza no pasa que pierdan los recursos logrados a lo largo de tantos años de actividad ilegal. Por eso es lo más importante”.

Eso es un buen plan, pero en la realidad la estructura estatal para perseguir las finanzas no está montada. No le han dado los fiscales especializados en ese tema, ni los jueces, el convenio con la UIAF apenas va a arrancar…
“No, ya arrancó y en pocos meses espero que dé resultados”.

Los golpes han sido a locales o algunos bienes, pero los millones de dólares, el dinero que circula, aún no existe la institucionalidad para perseguir esa plata…
“Yo creo que en ese sentido es donde justamente hay que entender que a uno como alcalde le entregan la responsabilidad de la ciudad, pero no le entregan todas las herramientas. Lo que he hecho es visibilizar un tema que es nacional. Lo hablo con el Presidente de la República, ministros, generales, comandantes de Policía y Ejército y con el mismo fiscal General de la Nación, con quien yo sé que se van a dar golpes a más contundentes, porque con él compartimos esa visión de que lo que se deben atacar son las finanzas. Él viene trabajando en el tema y sé que va a dar golpes contundentes. Quiero destacar ese trabajo que hemos logrado con el fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Compartimos la visión y ese fortalecimiento institucional lo está haciendo él desde la Fiscalía. Yo como alcalde no soy jefe de un fiscal o del presidente, ni de las entidades a las que les corresponde. He venido pidiendo una articulación interinstitucional, que se tiene que dar. Esto lo he hablado con todos los alcaldes de ciudades capitales del país. Tenemos la misma problemática. Por eso la reflexión es: aquí el enfoque de la seguridad urbana debe tener muy claro el tema del lavado de activos, que es lo que más les duele a las estructuras criminales. En últimas, estamos hablando de organizaciones que no tienen ningún tipo de ideologías. Aquí no estamos hablando de organizaciones de extrema izquierda o derecha, que busquen controlar territorios para llegar al poder. No, el poder de ellos es la plata, producto de rentas ilegales. Viven de la cultura de la ilegalidad, de la corrupción, del temor de la gente, que tiene que pagar por la extorsión. Viven de envenenar a miles de jóvenes en el territorio nacional a través del microtráfico y las drogas. Mi llamado es que este es un tema no solo de Medellín, sino nacional y desde ahí se tiene que trabajar una política pública seria de seguridad urbana. Hay que mirar lo que pasa en las ciudades. Estas redes y sus estructuras criminales de Medellín y el Área Metropolitana van creciendo. No se limitan a tener operación en este territorio. Tienen nexos con estructuras tan peligrosas como las del ‘Clan del Golfo’. Han tenido nexos históricos con mafias mexicanas y aquí en Medellín se han capturado de los cabecillas más importantes del ‘Cartel de los Zetas’. Entonces, por eso digo: Yo pongo el pecho, lo he puesto y lo sigo poniendo. He arriesgado mi propia vida. Pero lo que sí necesito y pido como alcalde es que esto no es una pelea que sola deba dar Medellín”.

Ver la NOTA RELACIONADA: El pulpo de “la Oficina” sigue vivo.

EL CASO VILLEGAS

¿Qué costos, personales y políticos, ha tenido para usted el caso de Gustavo Villegas?
“Yo lo único que quiero es que Gustavo se pueda defender en el juicio y que tenga todos los elementos para que pueda demostrar su inocencia. Eso quiero en lo personal y como alcalde y por el bien de la ciudad. Yo he confiado en cada una de las personas que he nombrado. Lo que siempre he querido es que esa confianza justamente sea validada, no solo conmigo, sino con la ciudad. Durante los años de trabajo de Gustavo, lo vi luchando contra las estructuras criminales de Medellín, contra todas. Yo respeto a la Fiscalía, a la Justicia, y hay un debido proceso, que debe continuar, con un juicio. Mientras tanto, yo sigo liderando el tema de la seguridad y no vamos a parar, no vamos a ceder. La lucha contra las estructuras criminales no solo debe seguir, sino que cada vez debe ser más fuerte. En lo personal, claro, a nadie le gusta que esto pase, y menos a mí. Pero hoy estoy más firme y fuerte que nunca, para seguir esta lucha contra las estructuras criminales”.

Gustavo Villegas, durante la audiencia de control de garantías. Foto de Manuel Saldarriaga.

Villegas, como Secretario de Seguridad, ¿le informó a usted que desde esa dependencia se venía elaborando el citado borrador de proyecto?
“Siempre hablamos del sometimiento a la justicia como una herramienta de lucha contra la criminalidad urbana. Se me informó que según el Acuerdo Final para la Paz, en el punto 3.4.13, el Gobierno Nacional en coordinación con la rama judicial debía presentar un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento de organizaciones criminales. Lo que hay es un borrador que puede contribuir a una discusión nacional”.

¿Qué instrucciones dio usted al respecto?
“Frente a la elaboración del borrador no di ningún tipo de instrucción, de lo que fui enterado es que existían una serie de reuniones preliminares en su elaboración, reuniones en las cuales participaban varias entidades como puede verificarse en los listados de asistencia por ustedes publicadas. Solicité que una vez consolidado el borrador del proyecto, se me diera a conocer”.

¿Cómo es posible que usted no supiera los detalles, sabiendo que vive al tanto de los más mínimos hechos de seguridad de la ciudad y este borrador ya estaba en manos de una senadora de la República, interesada en liderarlo?
“He estado y seguiré estando al frente de todos los detalles de seguridad por mínimos que sean. Como aún no era una versión final, no conocía el borrador. No dudo que el mismo me hubiera sido presentado cuando existiera un documento consolidado final para aportar a la discusión nacional”.

¿La elaboración de ese borrador desde la Secretaría de Seguridad se hizo a sus espaldas?
“Como ya he expuesto tuve conocimiento de la iniciativa de aportar en la construcción académica que como cuidad realizarían diversos sectores sociales e institucionales en desarrollo del punto 3.4.13 del Acuerdo de Paz y que consagraba el trámite de una ley para el acogimiento y sometimiento de organizaciones criminales”.

Usted ha dicho que conoció ese borrador a través de El Colombiano. ¿Qué opinión le merece tal proyecto?
“Como ya lo mencioné, aún no era una versión final, según me lo han informado. No dudo que el mismo se me presentaría cuando existiera un documento consolidado. Pienso que como el Gobierno Nacional tiene que presentar un proyecto de Ley en desarrollo del punto 3.4.13 del Acuerdo de Paz, el borrador publicado puede contribuir en la discusión, como espero lo hagan muchos otros documentos que provengan de diferentes sectores del país”.

¿Qué ha clarificado frente al papel que jugó Arnulfo Serna en las conversaciones con “la Oficina” y en lo que él, en lo que va de su Administración, alcanzó a trabajar hasta la semana pasada?
“Arnulfo Serna viene de la Administración anterior, es una persona que viene de trabajar además en la Fiscalía, fue fiscal, entiende y conoce la realidad de la ciudad y por eso tomé la decisión de que continuara ejerciendo su trabajo dentro de la Alcaldía de Medellín. Arnulfo Serna vino desarrollando su trabajo con normalidad, hasta la semana pasada, cuando renuncia irrevocablemente por amenazas en contra de su vida y la de su familia. Inmediatamente hablé con la fiscal de Medellín, con el general Gómez de la Policía, y les pedí que se protegieran la vida de Arnulfo y su familia, que es lo más importante”.

¿Y qué había tan delicado en las funciones que él hacía, que llevara a esas amenazas?
“Cuando aquí se decide luchar contra estas estructuras criminales, representa unos riesgos desde la institucionalidad y quienes hacemos parte de ella. Ya son investigaciones que tiene que manejar la Policía y la Fiscalía”.

¿Es cierto que él manejaba el tema de recompensas?
“No, eso se manejaba directamente desde la Secretaría de Seguridad y para eso había un comité. Es más, aquí se frenó durante un tiempo el pago de recompensas”.

¿Y por qué lo frenaron?
“Existían dudas frente a unas reclamaciones de recompensas y justamente Gustavo Villegas, como secretario de Seguridad, envió unas comunicaciones a Policía y Fiscalía, pidiendo que se investigaran esos temas y se paró el pago de recompensas”.

¿A qué se debió la salida de la asesora Yolanda Serna?
“Yolanda también renunció de manera voluntaria, hacía parte del equipo liderado por Gustavo. Cuando pasa esta situación (la captura de Villegas), Yolanda también renuncia inmediatamente”.

¿Y Jorge Gaviria? ¿Él ha tenido la oportunidad de explicarle las cosas a usted?
“No, yo con él no he hablado ni una sola palabra y nunca llegué a hablar de este tema con él, y eso sólo lo podrá decir él; después él toma la decisión también de renunciar y seguir con sus actividades privadas. Él no estaba vinculado a la Alcaldía, sino como contratista y asesor”.

¿Usted sabía puntualmente el papel que jugaba Julio Perdomo en este proceso de negociar un sometimiento?
“De ninguna manera. Es más, Julio Perdomo fue capturado, era una de las personas que yo había pedido que se investigara bien sobre él, y cuando fue su captura yo mismo le solicité a la comunidad que aporte más pruebas para su judicialización”.

¿Es decir que mientras usted pedía la captura de Julio Perdomo, su secretario Gustavo Villegas se reunía con él para negociar el proyecto de sometimiento?
“Eso solo lo puede responder Gustavo Villegas, la explicación que dio luego sobre ese encuentro es que se reunió con él que porque lo tenía amenazado de muerte”.

Ver la NOTA RELACIONADA: Julio Perdomo será recluido en la cárcel de Cómbita.

SIN AVANCES EN AMENAZAS

Usted dice que la idea del sometimiento parte de la carta que “la Oficina” envía al presidente Santos (noviembre de 2016), diciendo que por la coyuntura del país era buen momento para adelantar conversaciones. ¿Usted cree en la voluntad de paz de “la Oficina”?
“La tienen que demostrar. Yo creo es en mi convicción de que a las bandas hay que seguirlas apretando, darles golpes duros y lograr que la gente en todos nuestros barrios viva tranquila. No hay derecho a que insistan en irrespetar la vida, a que sigan con ese proceder donde le hacen daño a tanta gente. En todas las comunas de Medellín no hay sino gente buena, y son poquitos los que hacen daño y han logrado penetrar. Aquí venimos dando golpes fuertes y vamos a seguir haciéndolo. Lo que yo sí creo es que esto no puede ser una espiral sin fin. Tiene que llegar un punto de inflexión en el que cese tanta violencia e irracionalidad, donde pasemos de la cultura de ilegalidad a una de legalidad, donde quienes tengan que pagar por tanto crimen vayan a la cárcel. Es que lo que yo estoy pidiendo es sometimiento, o sea ir a la cárcel, obtener información real de quiénes hacen parte de las estructuras criminales. La pregunta mía es: ¿a quién le estorba un sometimiento? ¿A quién le estoy estorbando? Aquí desde diferentes puntos de vista han tratado de menguar esta lucha contra las estructuras criminales, primero bajo amenazas, y yo también quisiera saber: muéstreme un solo avance de parte de la Institucionalidad sobre los planes de atentados en mi contra”.

¿Cuántas amenazas y atentados?
“Pregúntele eso a la Fiscalía”.

Pero de los que usted tenga conocimiento.
“De forma pública, se supo de uno el año pasado, en febrero (el caso ‘Pedro Pistolas’). Y aquí llegaron con muchas informaciones, a decir que él es, que no es, que hay otro ‘Pedro Pistolas’, que son dos identificados. Y yo les dije: ‘¿los dos son peligrosos?’ Y dijeron ‘sí’. Entonces cójalos a los dos. Aquí en esta oficina han venido tanto de Fiscalía como de Policía en varias oportunidades a decirme que hay planes de atentados en mi contra, en los cuales no hay avance alguno en las investigaciones. Y que justamente uno de esos no lo podían comunicar a nivel interno en la Fiscalía de Medellín por los riesgos de corrupción que había en la Fiscalía. ¿Entonces dónde queda uno como alcalde?”.

Ver la NOTA RELACIONADA: “Pedro Pistolas” dice que se presenta, el alcalde lo quiere capturado.

Dijo que “la Oficina” tenía que demostrar voluntad de paz. ¿Las entregas de delincuentes que ellos hicieron en la Secretaría de Seguridad no son para usted un gesto de paz?
“Creo que no solo para mí, sino para cualquier ciudadano, el hecho de que un cabecilla de una estructura criminal se entregue, es importante. Ya está en manos de la Fiscalía si da o no rebaja de penas, eso no está en manos nuestras”.

¿Pero usted lo veía como un gesto de buena voluntad de “la Oficina”?
“Yo lo que he palpado es que las estructuras criminales también han sentido la presión, y créame que para cualquiera sería importante pensar que si realmente la Dirección Colegiada de ‘la Oficina’, como ellos dicen, quieren contribuir realmente a la tranquilidad de la gente de Medellín, y están dispuestos a un sometimiento, el Gobierno Nacional de inmediato debería liderar este tema y lograr la desarticulación total de las estructuras criminales. Y no solo hablo de los cabecillas. El país tiene que saber quiénes dentro de la institucionalidad se han dejado permear de esas estructuras, dónde está la corrupción en la Policía y en la Fiscalía, que es la batalla que viene dando el fiscal General (Néstor Humberto Martínez). ¿Quiénes son los que posan de empresarios dignos y lavan la plata de las estructuras criminales? Ahí es donde yo hago la pregunta de fondo: ¿a quién le estorba un sometimiento? Eso le estorba a todo ese entramado de corrupción que soporta a las estructuras criminales, a los que no les conviene que se muestre cómo es la cadena y cómo opera, a quien no le conviene que se den los nombres de los que durante tantos años han lavado la plata, y seguramente esto que les digo públicamente me va a generar más problemas, y vamos a recibir más ataques, porque estamos diciendo lo que todo el mundo sabe, pero que pocas veces se dice. Quiero hacer un llamado para que esto sea de todos. Como alcalde tengo una responsabilidad con mi ciudad, pero este combate debe ser de todos, unidos. Hablamos de estructuras peligrosas, que han sobrevivido a lo largo de los años. Yo dejaré de ser alcalde el 31 d diciembre de 2019 y por eso creo que tenemos que aprovechar el impulso y que esto se vuelva de carácter nacional”.

Hay analistas que dicen que a los alcaldes de Colombia, más que gobernar, les toca cogobernar con las bandas. ¿A usted le ha tocado cogobernar con “la Oficina”?
“Yo les he dado es la pelea, por eso yo mismo hago presencia en cada barrio donde me dicen que hay una dificultad. Voy y hablo con la comunidad y los acompaño. Por eso yo mismo he sido quien los he mostrado, con nombre y alias y ofreciendo recompensas. Aquí no he hablado en términos generales de las estructuras criminales. Yo aquí llegué fue a tocar callos y a mostrar quiénes eran, a ponerles rostro, porque es la única forma de visibilizarlos y que el combate sea efectivo. Pero cada entidad tiene unas competencias. Yo de pronto he liderado más allá de lo que le corresponde a un alcalde, en el sentido de decir que la Policía tiene unas responsabilidades, la Fiscalía otras, y muchas veces le dicen a los alcaldes: ‘no se meta en ese tema, que es muy difícil y lo primero que va a recibir son amenazas’. Recuerdo que antes de entrar a la Alcaldía, cuando ganamos la elección, tanta gente que conoce esta ciudad, se le acercan a uno y le dicen: ‘no hable mucho de ese tema, que eso poco va a cambiar, las estructuras criminales son demasiado fuertes y la corrupción es inmensa’. Y yo dije: ‘de qué vale la pena ser alcalde si no es para meterme en los temas duros de ciudad’. Y me metí acá, y me estoy dando la pela, y no nos les vamos a arrugar a las bandas”.

¿A usted las bandas le han hecho ofrecimientos o intentos de soborno?
“Lo único que he recibido de estos tipos son amenazas. Y es lo único que voy a seguir recibiendo, porque ellos saben que yo no voy a parar. Ellos saben que no tengo precio y creyeron que ante la primera amenaza yo me iba a asustar y a dejar de combatirlos. Al contrario, yo estoy representando una ciudad digna, que quiere dejar atrás esos fenómenos de narcotráfico y violencia, que tiene que pasar de la ilegalidad a la legalidad, yo quiero que cada vez se genere más confianza ciudadana”.

Una vez que capturen a alias “Tom”, ¿cuáles son los siguientes objetivos estratégicos?
“Una vez se capture, hay que seguir, insisto que no basta con la captura, lo importante es llegar a la lucha contra el lavado de activos, aplicar la extinción de dominio, que se sepa quiénes son aquellas personas que durante tantos años han hecho parte de ese entramado de ilegalidad, porque de lo contrario damos los golpes, pero la culebra sigue viva, y es muy poderosa”.

Sobre “la Oficina”, se ha dicho que obedece a una supraestructura, a un consejo directivo en el que hay empresarios e institucionalidad corrupta. ¿Usted ha sentido el influjo de ese poder invisible?
“Yo no los llamaría empresarios, porque aquí el empresario es emprendedor desde la legalidad. Esos tipos son es mafiosos”.

¿Pero ese consejo directivo sí existe, según sus análisis?
“Yo no hago Inteligencia, eso lo hacen los organismos del Estado, y justamente quien tiene la capacidad de hacer esto son los que están llamados a dar los golpes contra esas estructuras. La pregunta la tienen que responder la Fiscalía y la Policía”.

Pero si la misma Policía dice que “la Oficina” no existe…
“Yo insisto: ¿a quién le estorba un sometimiento? Siempre aparecen las cabezas, que son los que han estado en esa ala militar de las estructuras criminales, y cuando muchos sectores poderosos empiezan a ver que algunas de esas cabezas están pensando en someterse a la justicia y entregar información de cómo opera toda la estructura… El gran peligro de esto no son solo ‘Tom’, ‘Soto’, ‘Diego Chamizo’, ‘Reblujo’ o ‘Tombolín’. Ellos trabajan para alguien. Acá se tiene que tener claro es quiénes los ayudan, quiénes lavan sus fortunas. Y bueno, nos merecemos una ciudad en paz, donde no se sufra más tanta violencia. Y hay que seguir la lucha”.

NOTA RELACIONADA: Las reuniones que enredaron al secretario Villegas.

El Inspector.

Fuentes judiciales informaron que la orden de captura fue proferida por el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, que requiere al político para que responda en el estrado por cargos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso y falso testimonio.

Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

César Suárez Mira, alcalde del municipio de Bello, Antioquia. Foto de Archivo.

La captura le fue notificada al mandatario en su propio despacho, por parte de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos se desprenden de la supuesta falsificación de su título de bachiller, lo que habría provocado aparentes fraudes procesales por parte de César Suárez, los cuales afectaron diligencias ante el Concejo de Bello, el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría Departamental de Antioquia.

El expediente comenzó con una denuncia del exconcejal León Fredy Muñoz, quien en las pasadas elecciones aspiró al primer cargo municipal y perdió con Suárez.

Muñoz señaló que, tras la captura de su contendor político, teme por su vida. “Si a mí me pasa algo, tienen que investigar a esa familia”, ha dicho, refiriéndose a los Suárez Mira.

El pasado 25 de septiembre fue víctima de un atentado por parte de sicarios a bordo de motocicletas. Se desplazaba en una camioneta blindada por una vía de Bello, cuando le dispararon. Por suerte, el blindaje detuvo las balas.

En la audiencia de control de garantías en el Palacio de Justicia de Medellín, un juez legalizó la captura de Suárez, quedando pendiente la imputación de cargos y la medida de aseguramiento.

El alcalde hace parte de uno de los clanes políticos más poderosos de Antioquia, junto a la actual senadora Olga Suárez Mira y el excongresista Óscar Suárez Mira, quien pagó una condena por parapolítica y en la actualidad es buscado por la Corte Suprema de Justicia para que responda por el delito de de enriquecimiento ilícito.

NOTA RELACIONADA: Óscar Suárez Mira lleva una semana evadiendo a la justicia.

El Inspector.

Los protagonistas de esos pleitos son combos que existen hace dos décadas y que, pese a los operativos de las autoridades, continúan perturbando la tranquilidad en las comunas de Robledo, Castilla, San Javier y Villa Hermosa.

Esta es un reportaje del periódico El Colombiano, realizado con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En una de las fronteras invisibles del sector El Hueco de la Candelaria, en el noroccidente de Medellín, debe permanecer una patrulla policial fija. La gente teme que se vaya. Foto: Donaldo Zuluaga.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), de la Secretaría de Seguridad, en lo que va de 2016 se han perpetrado 281 asesinatos, 30 más que en el mismo período de 2015, lo que implica un aumento del 12% en este índice.

En su más reciente informe de “Indicadores de Seguridad y Convivencia en Medellín” para el primer semestre del año, el ente señaló que el 45% de los homicidios tienen como móvil las actuaciones del crimen organizado; le siguen los episodios ligados a la mala convivencia, con un 18%.

Con razón el alcalde Federico Gutiérrez, al presentar un balance de la situación hace 12 días, manifestó:“cuando la ciudadanía reclama es porque tiene la razón, no vamos a negar que sí hay criminalidad en Medellín. De parte nuestra, está la decisión de luchar contra el crimen organizado”.

CHOQUE DE COMBOS
En el último mes, los tiroteos han revivido los temores de muchos habitantes de la comuna 13 (San Javier), tristemente acostumbrados a escuchar el eco del balazo, seguido del alarido de dolor.

A la fecha, las muertes violentas se incrementaron un 100% con relación al mismo lapso de 2o15, al pasar de 11 víctimas a 22. Una de las principales causas parece ser una rencilla interna en “la Agonía”, una de las bandas más activas en la zona, con influencia en los barrios Antonio Nariño, El Socorro, San Javier N°1 y 2, El Salado y La Pradera.

El líder del grupo es Ronald Echavarría Arango, alias “Ronald”, quien está en la cárcel desde 2013. Según fuentes policiales, su poder comenzó a decaer cuando fueron capturados dos de sus mandos medios, “Pocho” y “Nías”, lo que produjo un reacomodo en los grupos ilegales del área (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Ronald”, el terror de la comuna 13).

Para el Sisc, las disputas han generado homicidios en vecindarios como El Salado, Las Independencias, Juan XXIIIy La Quiebra.

La segunda guerra en miniatura afecta a la comuna 8 (Villa Hermosa), en especial a los barrios La Libertad, Villatina y San Antonio. Allí hay un choque entre los combos “San Antonio” y “la Libertad”, que en el pasado han reñido por esquinas del territorio para instalar sus ventas de droga (ver la NOTA RELACIONADA: Condenado por el homicidio que provocó una guerra en Medellín).

Un informe de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado precisa que ambas facciones pertenecen a la confederación denominada “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico). Sus máximos líderes serían Diego Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), a quien el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en la Lista Clinton por su presunta relación con la organización mafiosa “la Oficina”; y Rubén Darío Ramírez Giraldo (“Monín”), detenido el pasado 30 de marzo (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Monín”, presunto enlace internacional de “la Oficina”).

Los motivos por los que los de “San Antonio”y “la Libertad” están enfrentados, pese a integrar la misma agrupación, tendrían que ver con el control del tráfico de estupefacientes, lo que provocó algunos asesinatos en mayo.
Si bien esto genera zozobra, a nivel global la comuna no tiene un índice de muertes tan elevado. Van 11 casos.

Las otras dos disputas entre bandas ocurren en un cuadrante de apenas siete manzanas, en la frontera de las comunas de Robledo y Castilla, lo que ha convertido al sector El Hueco de la Candelaria en la zona más roja en términos de violencia homicida (ver el mapa).

UN HORROR QUE REAPARECE

Mientras camina entre un mar de niños curiosos, apartándolos con cariño para no pisarlos, la madre comunitaria enseña las cicatrices que los combos han dejado en su hogar infantil. “Desde hace un año, cada que había enfrentamientos las balas atravesaban las paredes de la casa. Por esa situación, algunas mamás dejaron de traer a sus hijos. Entonces me tocó reforzar el muro trasero”, señala la propietaria de la vivienda “blindada”, en un callejón de El Hueco de la Candelaria.

Este territorio, ubicado en la parte trasera del Cementerio Universal, está en el centro de una batalla a sangre y fuego entre criminales.

Además de este sitio, la crisis de seguridad afecta a los barrios y sectores vecinos, como Córdoba, López de Mesa, Altamira, Progreso, Nuevo México, Ciudad Central, Candelaria y la Quintana.

EL COLOMBIANO recorrió sus caminos, siendo informado por la comunidad de que cada uno de esos lugares está dividido por una frontera invisible. “Amí y a mi familia nos toca hacer un desvío de cuatro cuadras para coger el bus, porque no podemos salir de dos manzanas. Arriba están los de ‘la Matecaña’ y abajo los de ‘Córdoba’”, cuenta un residente de Nuevo México.

Las balaceras perturban a los lugareños desde los años 90, cuando fueron invadidos por un grupo de milicias; después sufrieron el rigor de los paramilitares (2000-2002), la batalla entre combos de “la Oficina” (2008-2011) y constantes retaliaciones por los odios que dejaron aquellas contiendas. “Llevo 40 años aquí y puedo contar más de 200 muertos”, reflexiona un vecino, y añade que hace meses tuvo que sacar del país a su hijo adolescente, porque un combo “lo tenía de esclavo cobrando ‘vacunas’”.

Un nuevo conflicto estalló a principios del año, teniendo como rivales a las bandas de “la Matecaña” y “Nuevo México” (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Cepillo”, líder del combo “la Metacaña”). El 14 de enero la vecindad sintió el primer round, cuando protagonizaron un tiroteo en la carrera 71 con calle 85A. Un proyectil sin rumbo atravesó una puerta y dejó herida a una niña de 7 años.

El hecho conmovió al alcalde Gutiérrez, quien la visitó en el hospital y escribió en su cuenta de Twitter:“Indignación es lo que siento. Acabo de visitar a Sofía y le pedí perdón en nombre de la ciudad”.

Aunque la Alcaldía y la Policía prometieron en ese entonces una intervención integral en el área, el problema empeoró, pues ahora no solo pelean “la Matecaña” y “Nuevo México”, sino que a una cuadra de distancia se desató un pleito diferente.

Los analistas de Inteligencia coinciden con la comunidad en la causa: hasta mayo, el dominio territorial lo ejercía la “Odín Robledo”, en cabeza de su coordinador de zona, alias “el Diablo”; no obstante, un grupo del barrio Córdoba se reveló a sus mandatos, lo que desató una oleada de asesinatos selectivos. La rebelión está encabezada por un comerciante informal, apodado “Gordo Arepas”.

Los vecindarios afectados son de estratos dos y tres, donde el bienestar y el empleo escasean; mas las bandas defienden a muerte cada esquina, ya que por encima del control territorial les representa lucrativos ingresos por el tráfico de narcóticos y el cobro de “vacunas” extorsivas.

Los pobladores denunciaron que los locales comerciales pagan de $10.000 a $30.000 semanales; a los carros particulares y “chiveros” les cobran $30.000 por el derecho a parquear en las calles, y $40.000 a los buses y camiones. El botín mayor son los parqueaderos públicos, que pagan hasta $270.000.

Fueron las diferencias de criterio sobre esos cobros las que provocaron que “Gordo Arepas” y sus seguidores renegaran de “el Diablo”.

JÓVENES ARMADOS
“Yo quiero mi vida, no me quiero morir. Por eso vendimos unas motos y unos carros viejos para comprar pistolas”, comentan dos jóvenes, con cara infantil y cansada, en una acera del barrio Córdoba.

Se identifican como miembros del grupo de “Córdoba”, disidentes de la banda de “el Diablo”. Según su versión, “Gordo Arepas” se cansó de la excesiva “vacuna” impuesta por el cabecilla, quien pretendía duplicar las tarifas. Incluso él debía pagarle un porcentaje de las ganancias de su negocio particular de arepas y quesitos, indicaron los “pelaos”.

“‘Gordo Arepas’ se cansó de eso, y a mí me mataron un hermano porque no quería trabajar con ellos, ¡entonces nos paramos!”, explica uno, agregando que son 25 disidentes, de 18 a 30 años de edad.

La reacción de su antiguo socio fue amenazarlos de muerte y con la quema de los locales. Para que quedara claro que hablaba en serio, al parecer mandó a incendiar una fábrica de icopor el 29 de junio, en la calle 71 con la carrera 65.

Y sus sicarios, venidos del combo “la Iguaná”, empezaron a ejecutar a los traidores. Los muchachos dicen que les han matado a nueve integrantes y hacen la cuenta: “la Lora”, “la Chinga”, “Cheroqui”, “Manta”, “Wimi”, “Roger”, “el Gordito”…

Ellos también han derramado sangre. “No vamos a mentir, si toca dar a uno de baja lo hacemos. Matamos a un pelao de allá, le decían ‘Lángara’, le disparamos en el barrio Caribe porque estaba cobrando ‘vacuna’ (julio 9)”, confesaron.
– “¿ Y quién los entrenó?”, les pregunto.

– “Muchos de nosotros prestamos el servicio militar. Matar es fácil, simplemente hay que tener el corazón frío para hacerlo”, asevera el más adulto.

La conversación es tensa. Ellos dudan de cada ruido, pues afirman que de vez en cuando pasan los mercenarios de “el Diablo”en una moto Yamaha DT.

– “¿Son conscientes de que la Policía los va a perseguir?”.

– “Mi mamá llora todos los días, pero yo prefiero estar en la cárcel a estar muerto”.

Desde que comenzó esta matanza en junio, “Gordo Arepas” desapareció. Unos dicen que está escondido y otros que lo mataron.

La disputa en esta franja limítrofe disparó los homicidios en las dos comunas: Robledo ajusta 33 casos y Castilla 31. Son los registros más elevados después del centro de Medellín (comuna 1o), donde han matado a 52 personas por motivos diferentes (ver ANEXO 1).

Un miembro del grupo disidente de Córdoba esgrime un arma en el sector Ciudad Central, una de las zonas afectadas por el conflicto de combos. FOTO: Donaldo Zuluaga.

LUCHA INCANSABLE
El alcalde Gutiérrez ha visitado dos veces El Hueco de la Candelaria, con su gabinete y comandantes de la Fuerza Pública. Hay refuerzos policiales y promesas de inversión social. “La estrategia es desarticular organizaciones, no solo capturar a un cabecilla. Y hay que evitar que otras estructuras lleguen al territorio recuperado, por eso es importante el trabajo de consolidación. No es solo llegar con la fuerza, sino con toda la oferta institucional, educación, recreación, empleo”, ha dicho.

El concejal del Centro Democrático, Simón Molina, cree que una de las causas de las disputas de los combos es la decisión de las autoridades de intervenir esos sitios problemáticos, y que los resultados se verán a largo plazo. “Los problemas se dan en la judicialización de los delincuentes. La extorsión evolucionó, no es la misma de hace 20 años, y es difícil de tipificar porque se necesita un denunciante, y como la gente teme denunciar, al juez no le queda otra que dejar libre a un cobrador de ‘vacuna’”, comenta.

Jesús Aníbal Echeverri, concejal del partido de la U., opina que la estrategia de seguridad no solo debe valorarse por el índice de homicidios, sino en el combate de otros factores, como la extorsión, “porque al fin de cuentas esas disputas entre bandas son para controlar los territorios donde se cobra la ‘vacuna’”.

El corporado cree que el Estado debe romper esa tendencia, según la cual la disminución o incremento de los asesinatos la deciden los criminales. “Si están bien entre ellos, hacen pactos y no pasa nada, pero si pelean, se disparan los homicidios. Eso no puede ser así”, anota (ver la NOTA RELACIONADA: Se están matando “entre ellos mismos”).

En el Valle de Aburrá está vigente el pacto de no agresión entre “la Oficina”y “los Urabeños”, las macroestructuras que agrupan al 90% de los combos de la subregión. Este acuerdo clandestino produjo una reducción general de los homicidios desde 2013 (ver la NOTA RELACIONADA: En cumbre mafiosa se pactó una tregua de combos).

Sin embargo, eso no ha evitado el brote esporádico de pleitos intestinos, de esas guerras en miniatura que no dejan dormir a muchos medellinenses que, como afirma un residente del barrio Córdoba, “no hacemos sino esperar un ataque, porque ya nos dijeron que se iban a meter los del otro lado a tirarnos granadas”.
*Las identidades de los residentes se reservan por seguridad.

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ANEXO 1: ALERTA EN EL CENTRO Y CON LOS MENDIGOS
- La Candelaria o el Centro (comuna 10) es la zona con más homicidios. Según el Sisc, este año van 52 casos, 5 más que en 2015. Los móviles son diferentes a los de Robledo, Castilla y San Javier, donde los pleitos de combos tienen un lugar preponderante. En el Centro hay mayor causalidad asociada a problemas de convivencia, riñas, hurtos fatales y violencia sexual.
– En el primer semestre de 2016 mataron a 13 habitantes de calle (12 apuñalados y uno a bala). La mayoría (5) fueron en el Centro, después en Laureles (2) y Guayabal (2), afectando más a hombres en el rango de 30 a 40 años. Aunque se creía que las muertes se explicaban por riñas entre mendigos, los investigadores no descartan un móvil de “limpieza social”, en el que los agresores usen cuchillos para disfrazar los verdaderos motivos del crimen. La hipótesis apenas está en estudio (ver la NOTA RELACIONADA: Jóvenes atacan a dos habitantes de calle del Centro).

ANEXO 2: CADÁVERES ENVUELTOS Y DESMEMBRADOS
– En 2016, según el Sisc, van 11 casos en los que las víctimas son “embolsadas”, “enmaletadas”, envueltas en sábanas o “encostaladas” por los victimarios, que las arrojan en diferentes puntos de la ciudad. Detrás de estas modalidades está el crimen organizado, mandando un mensaje de terror a una comunidad o grupo rival. De los 11 casos, hubo tres en La América y dos en Castilla (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinos envolvieron a dos víctimas y las botaron a la calle).
– Además de esos episodios, se han registrados dos hechos de desmembramiento. Uno fue en la comuna de Belén (05/2/16), cuando un mendigo encontró una maleta negra en una acera, dentro de la cual había un joven de 21 años mutilado, cuyos restos habían envuelto en una sábana. El otro caso se presentó en zona boscosa del corregimiento de Palmitas (15/4/16), donde hallaron un cuerpo desmembrado en cuatro bolsas plásticas.

ANEXO 3: BARRIOS VULNERABLES EN SEGURIDAD
Analizando las dinámicas homicidas, el Sisc realizó un listado de los barrios en los cuales se debe tener una vigilancia especial, debido a su vulnerabilidad en cuestiones de seguridad. Esos sitios son:
– La Candelaria: barrios Jesús Nazareno y El Chagualo.
– Castilla:Progreso, Caribe y Girardot.
– San Javier:Blanquizal, La Pradera y San Javier N°2.
– Robledo:Aures N°2, El Diamante, Altamira, Córdoba, Olaya Herrera y El Volador.
– Aranjuez:Bermejal Los Alámos, San Pedro y Manrique Central N°1.
– Belén: Las Violetas, Las Palmas y Los Alpes.
– Guayabal:La Colina y Cristo Rey.
– Doce de Octubre:La Esperanza y El Triunfo.
– El Poblado: Las Lomas N°1.
– Altavista: El Corazón.
– Laureles:Las Acacias.
– La América: Danubio.
– Santa Cruz: Santa Cruz.

El Inspector.

En el vehículo se movilizaba Juan Guillermo Bolívar, alcalde del municipio antioqueño de Venecia, quien salió ileso por no estar presente en el momento de los hechos.

Esta es la camioneta que al parecer pretendían hurtar los atracadores. Cortesía.

De acuerdo con la información preliminar, en la tarde de este miércoles 11 de noviembre, el mandatario, una de sus subalternas de la Secretaría de Planeación, el escolta policial y el conductor de su camioneta SsangYong Rexton gris arribaron al barrio San Diego. El automotor quedó estacionado sobre la avenida El Poblado, al frente del Centro Comercial Almacentro, mientras el alcalde realizaba una diligencia con la funcionaria.

De repente aparecieron por lo menos dos supuestos ladrones armados, con la intención de llevarse la camioneta. El escolta Hernán Darío Agudelo reaccionó y dio de baja a uno de ellos, quien quedó tendido boca abajo en la calle.

El supuesto atracador falleció en el lugar de los hechos. Cortesía.

Otro de los atracadores le disparó en la cabeza al policía, antes de huir. Agudelo fue trasladado a un centro médico, donde falleció.

El alcalde Bolívar descartó que detrás de esta acción hubiera un atentado en su contra. Contó que los dos agresores llegaron en una motocicleta, y que no sabía si otros habían participado también. Envió un mensaje de solidaridad a la esposa y la madre de su escolta.

NOTA RELACIONADA: Víctima y victimario mueren en un atraco en El Poblado.

El Inspector.

Este martes (octubre 21) inició el despliegue de uniformados, liderados por la Fiscalía 27 de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado y la Sijín, con 42 allanamientos en los barrios La Unión, El Rosario, Olivares, La Cruz, Santamaría, Artex y Playa Rica de Itagüí; así como en el barrio Aranjuez de Medellín, Envigado y Sabaneta. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alcalde Carlos Trujillo. Al lado, el bastón-revólver incautado en el operativo. Cortesía.

El resultado es de 21 presuntos integrantes capturados, entre ellos Humberto Bedoya Robledo, en cuya casa encontraron una pistola y un artefacto que llamó la atención de los agentes: un bastón, con una adaptación para disparar una bala de calibre 38.

De acuerdo con la Fiscalía, esta arma fue fabricada con un objetivo: asesinar al Alcalde. El atentado, explicaron fuentes judiciales, pensaban ejecutarlo en un acto público en favor de la tercera edad, de los que normalmente organiza la Primera Dama del municipio, para lo cual ya tenían estudiado al anciano que usarían como asesino con bastón.

Otro de los objetivos de esta operación fue Leidy Marcela Moreno Viana, apodada “la Cucha”, detenida en un inmueble de Aranjuez.
Según la Fiscalía, es compañera sentimental de Wálter Román Jiménez, alias “el Tigre” o “Ramón Chaqueta”, uno de los máximos líderes de “la Unión”. Este hombre se encuentra en la cárcel desde el año pasado, por concierto para delinquir (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades enjaularon a “El Tigre” de Itagüí).

Leidy Moreno Viana, alias “la Cucha”. Cortesía.

El Director Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado, Álvaro Sarmiento, declaró que “el Tigre” continuaba dirigiendo la organización desde la cárcel El Pedregal de Medellín.

El balance de la acción judicial contempla la incautación de $86 millones, 4 kilos de marihuana, una libra de cocaína, dos pistolas, munición para pistola y fusil, equipos de cómputo, listados con la contabilidad y los miembros de la banda, y 6 vehículos que figuraban a nombre de testaferros.

En las próximas horas se realizarán las audiencias de control de garantías, en las que la Fiscalía estudia la imputación de conductas como concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, extorsión y lavado de activos.

Uno de los logros de Trujillo en seguridad fue conseguir que el Gaula Antioquia montara su sede en Itagüí. A cambio de un edificio dotado y recursos para operar, este grupo especializado contra el secuestro y la extorsión ha atacado a varias organizaciones criminales de la localidad, como “la María”, “el Ajizal”, “Calatrava”, “la Raya” y “la Unión”.

Otros golpes contundentes han sido propinados por la Dirección Antinarcóticos (Dirán) y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), que en los últimos dos años capturaron a los máximos jefes de “la Unión”: Carlos Correa (“don Pepe”), Didier Ríos (“Tuto”) y “el Tigre”.

En la mañana de hoy (22 de octubre), el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, sorprendió a la opinión pública diciendo que no era cierto que se hubiese detectado un atentado contra el Alcalde. Horas antes, el fiscal Sarmiento había dicho que sí, gracias a informaciones de fuente humana e interceptaciones telefónicas. Mientras la Policía y la Fiscalía debaten la situación, Trujillo guarda silencio.

El Inspector.

En un recorrido por este sector del oriente de la ciudad, encontramos varios habitantes de los barrios Villatina, Caicedo, San Antonio y Villa Turbay que le piden a las autoridades que no reduzcan la vigilancia todavía, porque la crisis continúa.

La casa donde desmembraron a las víctimas estaba abandonada, porque el dueño fue desplazado por una banda, que al parecer se tomó el recinto como base de operaciones. Foto de Mauricio Palacio.

Como se recordará, la guerra entre las bandas de dicha comuna se agudizó el pasado 6 de mayo, cuando el asesinato de un cabecilla delincuencial (alias ‘El Mellizo’) desató una pugna interna en la organización de ‘Caicedo’.

En consecuencia, comenzaron los tiroteos diarios y el sufrimiento de una comunidad que tiene que encerrarse a tempranas horas y no se puede movilizar con tranquilidad por las fronteras del vecindario.

La Alcaldía lideró un consejo de seguridad en el barrio La Sierra, el 20 de junio, donde se anunciaron los refuerzos del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, se repartieron carteles de los más buscados y se asignaron recompensas por información efectiva. Tanto el cuerpo de oficiales como el burgomaestre prometieron que estarían en la zona hasta cuando se recuperara el orden público, cuestión que no se ha logrado, en tanto que los uniformados se han ido reduciendo.

El hecho más reciente, que volvió a ponerle la lupa a esta problemática, sucedió el anterior fin de semana. Un grupo de criminales raptó el sábado 29 de septiembre a dos estudiantes de 15 y 16 años, cuando estaban en la cancha del barrio Villatina participando de una actividad lúdica como recreacionistas.

Al día siguiente, los vecinos del barrio Villa Liliam encontraron los cadáveres desmembrados. Según la información preliminar, los asesinos mutilaron los cuerpos en una casucha abandonada, utilizando cuchillos, martillo, cincel y seguetas encima de un mesón de piedra. Empacaron las partes en bolsas y costales y las arrojaron a una quebrada aledaña.

La teoría policial es que el combo ‘Los Negritos’ estaría implicado en el doble homicidio; se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por datos concretos sobre los responsables.

NOTA RELACIONADA: Guerra de bandas enciende dos puntos de Medellín.

El Inspector.

Desde el pasado diciembre no se atacaban entre sí, en el primer semestre del 2012 ocurrieron 44 homicidios, una gran reducción comparando con los 120 del 2011. Pese a que no había tantas muertes, la paz era lejana, las autoridades no lograron golpear con contundencia a la criminalidad, los combos seguían ahí, y esa bomba de tiempo estalló en pleno partido de fútbol.

Esta es la cancha donde se presentó el crimen. Todas las víctimas fueron llevadas a hospitales, donde cinco murieron. Foto de Róbinson Sáenz.

En la mañana del pasado jueves 26 de julio, de acuerdo con las indagaciones preliminares, varios miembros del clan ‘Los Bananeros’ le dieron una golpiza con un bate a uno de ‘Los Cachorros’, una facción asociada a la agrupación ‘Los Machacos’. El motivo de la denominada ‘pela’ no se ha esclarecido, lo cierto es que provocó la furia de los compinches del golpeado.

El escenario de la revancha fue la popular cancha La Maracaná, ubicada en la frontera de los barrios La Esperanza (comuna 6) y Castilla (comuna 5), o en términos de la guerra, entre los territorios de ‘Los Bananeros’ y ‘Los Machacos’.

A las 8:30 p.m. del mismo día se disputaba un partido aficionado, con varias personas observando desde las tribunas, cuando un par de motocicletas irrumpieron. Los sicarios que transportaban dispararon de manera indiscriminada, configurando la primera masacre del año en el Valle de Aburrá: cinco muertos y seis heridos.

Los occisos, cuyos cuerpos trasladaron a centros médicos, fueron: David Alejandro García Sánchez, de 22 años; Juan Felipe Jaramillo Fernández, de 18; Javier Alonso Pérez Puello y dos adolescentes de 17 años.

El alcalde Aníbal Gaviria hizo presencia una hora más tarde en la cancha, y como en otras oportunidades prometió “fortalecer la vigilancia”. Eso sí, recordó que los homicidios venían a la baja en la zona.

Hoy, en una jornada por la vida en el sector, el burgomaestre regresó y expresó a la comunidad que su administración la acompañará en estos momentos.

Sobre lo sucedido, hay un contexto a nivel criminológico. Desde 2008, la bandas delincuenciales que operaban en la comuna 5 y algunas de la comuna 6 tenían un solo patrón: Carlos Esneider Quintero Galvis, alias ‘Esneider’, ‘Fercho’ o ‘El Gomelo’. Bajo esta sombrilla eran aliados ‘Los Mondongueros’, ‘Los Machacos’, ‘Los Bananeros’, ‘La Arboleda’, ‘Los Lecheros’ y otros.

A ‘Esneider’ lo mataron el pasado 6 de febrero en Venezuela (ver la NOTA RELACIONADA: A ‘Esneider’ le pusieron una cita con la muerte). El llamado a sucederlo y poner orden en la casa era ‘Chichón’, cabecilla de ‘Los Mondongueros’, pero todo indica que no se puso al frente de la situación en Medellín, sino que se quedó en la Costa Atlántica dedicado al narcotráfico.

Con el vacío de poder es inevitable el asedio de las estructuras enemigas ubicadas alrededor de la comuna, como ‘La Oficina del Doce’, ‘Los Matecaña’, ‘El Picacho’ y demás. También son inevitables las contiendas internas y con esta matanza queda claro que hay una fractura en la asociación ilegal.

El momento de inestabilidad de las bandas de la comuna 5 debió haber sido capitalizado por la Fuerza Pública mediante operativos. Quizá los esfuerzos estaban concentrados en otros sectores críticos como Villatina, Las Independencias o Altavista. En el Valle de Aburrá, donde 133 bandas están activas y armadas, un descuido puede acabar con una masacre igual a la de La Maracaná.

NOTA RELACIONADA: Balacera dejó cinco víctimas en un partido amistoso.

El Inspector.

El plan criminal contra su vida, denunciado ante los medios de comunicación por el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, despierta todo tipo de interrogantes.

Sergio Fajardo dijo que esta era la primera amenaza seria contra su vida. Foto cortesía de la Gobernación.

El mandatario explicó ayer en una rueda de prensa que Inteligencia Militar tenía información sobre personas que estarían fraguando un atentado, y que altos mandos militares y policiales le notificaron esa situación el sábado anterior.

El miércoles lo llamaron de nuevo, para que tuviera cuidado porque la acción ilegal se iba a ejecutar ese día. “Las autoridades me dijeron: ‘lo quieren asesinar’“, narró el funcionario. Pero no pasó nada, por fortuna.

Las medidas preventivas que se han tomado hasta ahora incluyen cambios en el personal que escolta a Fajardo, ajustes a su esquema de seguridad y al de la sede de la Gobernación en Medellín, donde los periodistas, por ejemplo, deben enviar todos sus datos de identificación con antelación para poder entrar. Pese a la alerta, el político aseguró que no modificará su agenda.

El Gobernador no dio los detalles del caso, aunque dijo que ya estaban en manos de la Fiscalía para iniciar la investigación. Sin embargo, en su discurso dio a entender que había pistas sobre los posibles autores materiales, mas no de los intelectuales, que son los que más le preocupan.

Según el funcionario, el problema “se podria relacionar con las denuncias contra la corrupción, que es una empresa criminal tan difícil de combatir como la guerrilla. En ese terreno se mueven muchos intereses, sé que estamos tocando fibras muy poderosas”.

Son múltiples las quejas que ha hecho sobre los corruptos, mas para nadie es un secreto que las más complejas y  sonadas han sido contra la anterior Gobernación (2008-2011), encabezada por Luis Alfredo Ramos. En febrero publicó el famoso Libro Blanco, señalando numerosas presuntas irregularidades de la administración pasada, varias de ellas retomadas por organismos de control como la Contraloría. Fajardo, no obstante, se ha cuidado de no acusar a nadie por la amenaza.

En el mundo político de Antioquia hay dos bandos bien diferenciados, de lado y lado van y vienen denuncias, contradenuncias e insultos maquillados entre las frases de cada discurso. Las diferencias de estos clanes han trascendido de lo político a lo legal, con investigaciones penales y disciplinarias de por medio para miembros de parte y parte.

Uno de esos grupos de pensamiento divergente lo integran el gobernador Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria y el exalcalde Alonso Salazar, además de los gabinetes y escuderos de cada cual. En la otra esquina están el exgobernador Luis Alfredo Ramos, el exalcalde Luis Pérez Gutiérrez y el excandidato a la Gobernación Álvaro Vásquez, con sus respectivos simpatizantes.

No es prudente, por la falta de pruebas, señalar a unos u otros por las amenazas, pero la denuncia de Fajardo arroja más sombras a una situación política ya muy tensionante en la región.

Este es el clima que favorece al crimen organizado, el de la inestabilidad, porque las bandas ilegales entran a patrocinar, favorecer u obstruir los intereses, y siempre encuentran a alguien dispuesto a “dejarse colaborar”. El supuesto plan contra Fajardo es lo que está por encima, ¿pero qué se estará cocinando por debajo?

El Inspector.

Y tarde o temprano, el que se mueve en ese mundo termina mal y a las 7:30 a.m. de hoy asesinaron a Efraín Maldonado Álvarez, en el barrio Buenos Aires.

Efraín Maldonado murió en la clínica Sagrado Corazón. Fotos de Stephen Arbolera y cortesía.

Un sicario lo sorprendió en plena vía pública y le disparó. El ciudadano que también era llamado ‘El Cabo’ o ‘El Viejo’, expiró finalmente en la clínica Sagrado Corazón.

Aunque figuraba en los registros de Inteligencia policial como un supuesto cabecilla, en su contra no había ningún requerimiento judicial. Era desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares) e integró en el pasado la Corporación Democracia, que agrupaba a cientos de reinsertados.

Durante mucho tiempo permaneció con un bajo perfil, aunque en las comunas 8 y 9 (Villa Hermosa y Buenos Aires) muchos lo consideraban un líder comunitario.

No obstante, su nombre salió a flote en la última campaña electoral por la Alcaldía de Medellín. El burgomaestre Alonso Salazar lo señaló de ser un cabecilla de bandas del oriente de la capital paisa, el cual estaría apoyando la aspiración del candidato Luis Pérez Gutiérrez, un severo opositor del actual Alcalde.

Tales señalamientos tienen a Salazar asistiendo a audiencias ante la Procuraduría, que le formuló cargos por su presunta participación en política, algo prohibido para los funcionarios públicos.

El asesinato de ‘Don Efra’ sin duda arroja sombras sobre esta situación, aunque es muy pronto para determinar los móviles del crimen. Lo cierto es que sucede durante una inestabilidad en el bajo mundo de las comunas 8 y 9, debido a la incursión de la estructura ilegal ‘Los Urabeños’.

Esta organización, a través del patrocinio a la banda local ‘La Sierra’, está tratando de copar todo el oriente de la ciudad, y en el proceso choca contra otras agrupaciones ilícitas aliadas a ‘La Oficina’. Esta disputa viene acompañada del ultimatum para muchas personas inmersas o no en el conflicto: “o se unen a nosotros, o se mueren”, les dicen.

NOTA RELACIONADA: De líderes comunales a cabecillas (¡y viceversa!).

El Inspector.

El procesado se llama Ómar Alejandro Montoya Holguín, alias ‘Simpson’ y presunto integrante del combo ‘La Platanera’, el cual funciona como una sucursal de la organización criminal ‘La Oficina del Doce’.

El momento en el que Montoya Holguín es llevado por un pasillo del hospital de Bello. Foto cortesía de la Policía.

Hoy se realizó la audiencia preliminar en el Juzgado Segundo Penal de Medellín con funciones de control de garantías. La Fiscalía le imputó al joven los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. A su turno el imputado aceptó los cargos, por lo cual recibirá una rebaja del 50 por ciento de la condena que le imponga la justicia.

El ataque ocurrió en la tarde del pasado 6 de enero, cuando el mandatario llegó en un campero a la casa de su madre en el barrio Los Colores. Apenas se bajó fue encendido a tiros por dos sujetos en motocicleta que al parecer lo estaban esperando.

Un patrullero de la Policía que lo escoltaba reaccionó y disparó contra los agresores. El uniformado y el burgomaestre quedaron heridos, al igual que uno de los atacantes, quien logró escapar del sitio. Sánchez, de 43 años, murió luego en el hospital Pablo Tobón Uribe.

Hoy las autoridades dieron nuevos detalles sobre la investigación que llevó a la detención de ‘Simpson’. Resulta que a los 40 minutos del tiroteo, un sujeto ingresó al hospital Marco Fidel Suárez de Bello. Solo vestía un calzoncillo tipo bóxer y tenía dos heridas de bala en el abdomen.

Al alcalde Jaime Sánchez no alcanzaron a robarle la plata. Fue sepultado en Medellín.

El paciente venía remitido de la unidad intermedia del Doce de Octubre, al noroccidente de Medellín, donde acaeció algo inusual. Montoya arribó con unos 14 o 15 compinches en actitud amenazante, los cuales presionaron a los médicos para que lo atendieran con rapidez y no reportaran la situación a la Policía.

Por ser un establecimiento de atención intermedia, no había recursos para tratarle la herida de bala y tocó remitirlo a Bello. Antes de hacerlo, los acompañantes le quitaron la ropa ensangrentada y lo dejaron en bóxer (las prendas aparecerían luego en su casa del barrio Doce de Octubre y coincidían con la descripción del escolta del Alcalde).

A esa altura la Policía estaba pendiente de cada hospital del Área Metropolitana, aguardando a ver si llegaba el asaltante herido. Por eso cuando ‘Simpson’ apareció en el Marco Fidel los uniformados no tardaron en caerle.

El interrogado explicó que un tipo le había disparado en una cancha del barrio Pedregal, pero no le creyeron porque no había ningún registro de incidentes semejantes en ese sitio. Luego, con la recompensa ofrecida de 50 millones de pesos, varias personas señalaron a Montoya, atando los cabos sueltos.

La captura fue anoche y en plena habitación del hospital, justo después que los doctores lo dieron de alta. En la audiencia, la Fiscalía reiteró que la hipótesis más fuerte sobre el caso es un intento de fleteo (atraco) al Alcalde, ya que este acababa de retirar 40 millones de pesos de un banco antes de la agresión. No obstante, aún no se ha dicho la última palabra sobre el móvil porque falta gente por capturar.

La organización delincuencial ‘La Oficina del Doce’ delinque hace más de 10 años en el noroccidente de Medellín, dedicada al sicariato, el fleteo, la extorsión y el tráfico de drogas, entre otros crímenes.

Lee la primera noticia sobre el homicidio en la NOTA RELACIONADA: ALCALDE DE SANTO DOMINGO asesinado en Medellín.

El Inspector.

Jaime Humberto Sánchez Velásquez, conservador de 43 años, al parecer estaba visitando a un familiar en el barrio Los Colores, cuando fue sorprendido por dos criminales en motocicleta.

En esta calle fue perpetrada la agresión contra el alcalde y su escolta. Foto de Edwin Bustamante.

La agresión ocurrió antes de las 5:00 p.m., justo cuando el burgomaestre se bajaba de un vehículo. Los agresores le dispararon y el escolta reaccionó, hiriendo a uno de ellos. En el tiroteo las balas también alcanzaron al guardaespaldas, quien es policía.

Jaime Sánchez. Foto tomada del website de la Alcaldía.

Los malandros se evadieron de la escena, mientras que el alcalde y su escolta fueron llevados al hospital Pablo Tobón Uribe, donde murió Sánchez Velásquez.

Al centro médico llegó Andrés Julián Rendón, secretario de Gobierno de Antioquia, y declaró que una de las primeras hipótesis que se manejan es que el funcionario fue víctima de un fleteo. Tal parece que antes del ataque había realizado una transacción monetaria, pero en principio no se sabe si lograron  robarle.

Otra de las hipótesis es que se trató de un acto directo de sicariato. Por información para hallar a los responsables hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Sánchez , quien solo estudió hasta el bachillerato, se había posesionado el 1 de enero de 2008. Era oriundo del municipio de Tarso, Antioquia, y llevaba una década vinculado al sector público, según los registros de la Alcaldía de Santo Domingo.

El Inspector.

El preludio de la estruendosa balacera se registró a la 1:15 a.m. de hoy, cuando dos bandas criminales se enfrentaron a plomo en el barrio Juan XXIII.

Estos son varios de los muchachos detenidos durante la redada policial, posterior al tiroteo. Foto de Jaime Pérez.

Proyectiles de fusil y armas cortas surcaron por las calles de sectores como El Mirador, La Divisa, La Quiebra y el Alto de la Virgen, ante la zozobra e impotencia de los ciudadanos.

Varias balas penetraron las paredes de tabla de un rancho en El Mirador, en el cual dormía una mujer con sus hijos de 12, 10 , cinco y dos añitos.

Un tiro impactó al niño de cinco abriles, entró por su costado derecho y salió por el abdomen, comprometiendo un pulmón, el hígado y el diafragma, según el posterior parte médico. El pequeño está en cuidados intensivos.

El de la derecha es el niño herido en El Mirador, abrazando a su hermanito de dos años.

En el resto de la mañana hubo una tensa calma, que se rasgó otra vez a la 1:00 p.m. Según las versiones de la comunidad, un comando armado de más de 20 muchachos incursionó en los alrededores de la estación Juan XXIII del Metrocable.

Patearon las puertas, saquearon los locales comerciales, destruyeron fachadas y obligaron a los vecinos a encerrarse, al parecer tratando de tomarse el territorio.

El acto fue respondido a bala por los criminales del bando enemigo y el intercambio de disparos se prolongó por más de dos horas. El transporte público se paralizó, incluyendo el Metrocable, donde dos cabinas fueron perforadas por los tiros.

El comercio cerró sus negocios y los estudiantes de dos colegios tuvieron que permanecer en su interior pese a haber terminado la jornada académica. Después fueron sacados en buses de la Alcaldía y con escolta de la Fuerza Pública.

En la Comuna 13 hay cuatro pequeñas bases de la Cuarta Brigada, ubicadas en casas adaptadas. No son suficientes para contener a los criminales.

Cientos de militares y policías se dispersaron por los callejones, deteniendo a cuanto pelao vieron por ahí mal parqueado. Unos 50 jóvenes fueron metidos a un camión y extraídos de la zona, para su individualización. En principio, no se reportaron armas incautadas.

También hizo presencia el alcalde Alonso Salazar, el secretario de Gobierno Felipe Palau y la cúpula de la Policía Metropolitana. Explicaron que la disputa territorial fue entre las bandas de ‘La Agonía’ y ‘La Divisa’, que están en conflicto desde finales de 2009.

Cada una es patrocinada por facciones opuestas de la estructura mafiosa ‘La Oficina’, como sucede en las otras comunas de la ciudad: por un lado están los de alias ‘Valenciano’ (‘La Agonía’) y por el otro los de ‘Sebastián’ (‘La Divisa’).

Antes de caer la noche se normalizó la situación y se reportaron cuatro personas heridas, entre ellas un policía.

El burgomaestre Salazar pidió ayuda al nuevo presidente Juan Manuel Santos, para que a Medellín se le dé prioridad y se aplique una estrategia diferente, porque lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente para frenar el problema.

NOTA RELACIONADA: LOS DISPAROS ALCANZARON a dos menores  

El Inspector.

A mediados de agosto se instauraron en el Doce de Octubre (comuna 6) y Castilla (comuna 5) estas decisiones de la administración municipal. Las personas con menos de 18 años no podían circular por las calles entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.; y los establecimientos comerciales donde se vende y consume licor tendrían que cerrar a la medianoche.

Una panorámica de la escena del crimen, en el barrio Miranda.

Ambas zonas, ubicadas en el noroccidente de la ciudad, registraban los incrementos más peligrosos en cuestión de asesinatos, tiroteos y enfrentamientos entre combos delincuenciales. Pero en el primer fin de semana de aplicación de las restricciones, la violencia tuvo un descenso notable y solo ocurrieron dos homicidios.

Era apenas cuestión de tiempo para que estas ideas se aplicaran en otros lados, aunque una circunstancia especial aceleró las decisiones para las comunas 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez). En la mañana del pasado 26 de agosto, unos sicarios abordo de dos motos y un automóvil irrumpieron en un local de compraventa de motocicletas, en el barrio Miranda.

En este local fueron tiroteadas las cuatro personas.

Allí masacraron a balazos a cuatro personas: los hermanos Rodrigo de Jesús y Arley Morales Cardona, propietarios del establecimiento; Eduard Ferney Jaramillo Ramírez, comerciante de motos; y Yamil Edilson Arango Vera, un conductor que llegó al sitio en el momento equivocado, para cobrar un dinero.

Esta matanza no fue el único incidente criminal que ese miércoles sacudió al nororiente de Medellín. En la tarde, dos hombres fueron asesinados en casos aislados, pero en el mismo barrio: Santa Inés. Y en la noche, un atentado en vía pública de Manrique dejó a tres muchachos heridos a bala.

Dos días después, el alcalde Alonso Salazar anunció el toque de queda y el cierre temprano de establecimientos en Aranjuez y Manrique. A la vez, dijo que por el buen comportamiento de la gente en el Doce de Octubre, los comerciantes podrían abrir sus negocios hasta la 1:00 a.m.

Las medidas tienen puntos a favor y en contra, aquí están algunos de ellos, según las percepciones de la ciudadanía:

DEBILIDADES: a) El comercio sufre pérdidas millonarias. b) Varios habitantes dijeron que con estas medidas, se castiga a los ciudadanos de bien por lo que hacen unos violentos. c) La vida nocturna de los barrios desaparece.

FORTALEZAS: a) Se redujeron los asesinatos. b) Se incrementó la vigilancia policial. c) Se evita que los menores corran peligro en los parches nocturnos.

AMENAZAS: a) Por las pérdidas económicas, puede haber desempleo. b) Estigmatizar a la juventud. c) Como las medidas son focalizadas y no integran al Área Metropolitana, el problema puede mudarse a las comunas vecinas.

OPORTUNIDADES:  a) Los adolescentes pueden compartir más tiempo con sus familias. b) Una evaluación certera de esta experiencia, significará una aplicación con menos errores en otros lugares. c) Prevención de riñas y accidentes por exceso de licor y rumbas desaforadas.

¿Y ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con estas medidas?

El Inspector.

El hecho más reciente fue una horrible balacera que dejó cuatro personas muertas y seis heridas, situación que tiene acongojada a la comunidad sabaneteña.

Dos víctimas del ataque de Sabaneta murieron en el sitio, las otras en hospitales. Foto de Juan Diego Zapata.

El crimen ocurrió a la 1:30 p.m. de ayer en la calle 76Sur con la carrera 46B, sector de Calle Larga. Varias personas que acababan de participar en un torneo de fútbol aficionado y consumían cerveza en vía pública.

De la nada aparecieron los matones en un taxi y dos motocicletas, armados con fusiles y pistolas. Calle Larga se convirtió en un infierno de gritos y atronadores disparos. De los seis heridos, uno es una niña de seis años y otro un joven con síndrome de Down, es decir, personas que nada tenían qué ver con la supuesta retaliación de la mafia.

Por este crimen de Sabaneta no hay capturados.

Murieron Adrián Giraldo Velandia, de 38 años; William Alejandro Zapata Cano, de 35 y apodado ‘Alex Pesebre'; Ricardo León González Orozco, de 32; y Wálter Orlando Atehortúa Suárez, de 37. Los dos últimos eran funcionarios de la Alcaldía de Sabaneta, en el área de Catastro, y según las autoridades ajenos al conflicto.

El mismo día, otros tres hombres murieron abaleados en casos diferentes, ocurridos en el vecino municipio de Itagüí. El nivel de zozobra fue tan grande en dicha localidad este fin de semana, que incluso corrieron rumores sobre la muerte a tiros de su alcalde Gabriel Cadavid.

El propio burgomaestre desmintió el rumor, pero aceptó que el domingo anterior recibió cerca de 200 llamadas a su celular, de personas cercanas y autoridades que supieron de la nefasta información y querían oirlo vivo.

Este comentario, más allá del chisme banal, refleja la tensión que palpita en la calles de Itagüí desde el mes de marzo. Allí la problemática tiene nombres propios: la confrontación a sangre y fuego entre la banda ‘La Unión’ y el  combo de alias ’28’, un criminal que se reveló contra esa organización.

En Sabaneta el ambiente comenzó a calentarse luego de un triple homicidio cometido el 9 de mayo. Dos hombres y una mujer fueron acribillados en una urbanización dentro de un ascensor, en un hecho motivado también por las ‘vendettas’ de la mafia.

Una cosa es que los delincuentes se maten entre ellos mismos, y otra que en dichos atentados siga cayendo gente inocente. Eso, tristemente, es lo que está pasando. Ya los matones no solo van por su objetivo, sino que abalean a todos los que estén alrededor.

Este fue el homicidio que vio el menor en La Arenera, por el cual lo mataron.

En este punto quiero citar dos casos. El jueves pasado en el sector La Arenera, del barrio El Salado parte alta (occidente de Medellín), un niño de 13 años fue asesinado por los sicarios, cuando sin querer presenció el homicidio de otra persona, el picapedrero Gonzalo Mora Montoya. El pequeño se llamaba Uber Yesid Torres Pineda.

Y el 24 de abril en el barrio Olaya Herrera, un niño de dos meses murió por balas perdidas, cuando en un tiroteo fueron aniquilados dos sujetos (ver el artículo: PANDILLA DE SICARIOS mató a dos hombres y un bebé).

Como siempre, es importante no sembrar el pánico y pedirle a la ciudadanía que guarde la calma. Pero hay que insistirle a las autoridades en que busquen nuevas estrategias.

Las cifras demuestran que los homicidios no se han frenado desde que se incrementó el pie de fuerza, se prohibieron los parrilleros en moto, se restringieron los horarios del comercio y el porte de armas con salvoconducto.

El problema es sin duda más profundo. ¿Qué podemos hacer? Se reciben ideas.

El Inspector.