La Policía lo capturó en un apartamento de la urbanización residencial Cacique Niquía, en el municipio de Bello, para que empezara a cumplir esa pena pendiente. ¿Pero cuál es la historia detrás de esa severa sentencia?

Ricardo Abel Palacio Herrera, alias “Richard” o “Rayo”, capturado en Bello el 9 de julio de 2025. Foto cortesía de Policía.

Los hechos datan del 10 de noviembre de 2014 en Medellín, cuando fue secuestrado el narcotraficante Eladio de Jesús Correa Villegas, alias “Ramón”.

De acuerdo con el expediente, conocido por Revelaciones del Bajo Mundo, la banda “la Terraza” lo citó a una reunión para que presentara sus descargos por dos acusaciones: vender drogas en su territorio del Centro sin su autorización, y por el homicidio de un hombre en un bar conocido como El Borrachito, ubicado en inmediaciones de la Placita de Flórez.

Según el testimonio de “Ramón”, tal cual consta en el documento: “En noviembre de 2014 me llevaron para la zona de Manrique parte alta, allá me tuvieron retenido y me quitaron unas cosas, a mí me llevaron a una casa de tres pisos y allá había un señor que le decían ‘Rayo‘. A mí me llaman a Manrique, voy subiendo en un Clío y ahí me abordan y me llevan a una parte más alta, y allá me retuvieron, porque me estaban hablando como de un homicidio, yo no tenía nada que ver en ese homicidio; y sobre el trabajo, porque yo trabajaba sin permiso”.

Y continuó: “En la casa habían tres personas, estaba el señor ‘Rayo’ o ‘Richard’, y los otros dos que no sé quiénes eran, nunca los volví a ver. Yo no conocía a ‘Richard’ o ‘Rayo’, primera vez que lo veía, así le decían. Esa retención duró como de dos a tres horas”.

En aquel entonces, “Ramón” trabajaba para William Andrés Moscoso Monsalve (“el Chivo”), otro cabecilla de “la Terraza”, que a su vez es sobrino del máximo jefe de la banda, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). El hecho de que sus colegas hubieran secuestrado a su traficante de confianza, es el reflejo de cómo está conformada esa organización: como una especie de cartel, en la cual hay varias líneas de mando confederadas, que a veces riñen entre sí por los negocios.

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“El Chivo” intercedió con los secuestradores para que no mataran a Correa. Explicó que este era útil a la organización por sus contactos en el departamento del Cauca, de donde traía marihuana de variedad cripa para las plazas de vicio de Medellín.

A las tres horas lo liberaron, pero antes le exigieron el pago de $300 millones de pesos. El cobro se prolongó por 11 días, hasta que el 21 de noviembre de 2024 “Ramón” terminó de entregar $200 millones, un taxi de marca Kia Picanto y una camioneta Toyota Fortuner.

Eladio Correa Villegas, alias “Ramón”. Cortesía.

La persona que le hizo el favor de entregar este último vehículo, su amigo Wilmar Arboleda, fue víctima de un atentado sicarial posteriormente, que lo dejó cuadripléjico.

Por el secuestro extorsivo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a “Richard” a 37 años de cárcel, el 4 de octubre de 2024. La defensa del sentenciado apeló la decisión, alegando que a su representado le violaron los derechos durante el juicio.

Tal cual ha reportado Revelaciones del Bajo Mundo anteriormente, una de las estrategias que utiliza este cabecilla para evadir la justicia es el uso de múltiples identidades. Su nombre original es Jhon Ricardo Palacio Adarve (con el cual figura en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), pero se lo cambió a Ricardo Abel Palacio Herrera; también ha usado la identidad de Ricardo Escobar Botero, para confundir a los enemigos y los investigadores judiciales.

Aunque siempre le han dicho “Richard” en el bajo mundo, también adoptó el apoyo de “Rayo”. Este alias es usado al mismo tiempo por otro líder de la banda, Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín (capturado recientemente), lo que creaba un embrollo que le permitía subsistir con impunidad.

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Por esas irregularidades, el personaje fue capturado en 2018 y condenado en 2020 a dos años de cárcel por falsedad material en documento público (tres cédulas originales con distintos nombres). El expediente por el secuestro extorsivo se alargó, por lo que obtuvo su libertad por vencimiento de términos, mientras se producía el veredicto.

Fue precisamente en el proceso de apelación de este cargo, que su defensa trató de argumentar que la Fiscalía no logró demostrar la plena identidad del acusado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín dejó al desnudo este truco en su fallo, indicando:

“Desde la audiencia de legalización de captura, el procesado, al momento de presentarse, se identificó como RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, no obstante, fue clara su intención de confundir a la Fiscalía y a la Judicatura desde aquella oportunidad, pues informó dos nombres diferentes al momento de su presentación, y no aclaró cuál era el correcto, cuando se le solicitó presentarse con su identificación. Al respecto indicó en la audiencia:

- Juez: El indiciado tan amable, por favor me da nombres completos y número de documento de identificación”.

- Procesado: Mi nombre es Jhon Ricardo Palacio Adarve, cédula 70.697.538.

- Juez: ¿Jhon Ricardo qué? Nombre completo.

- Procesado: RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, cédula 71.671.115.

Y aunque la defensa, desde la audiencia de legalización de captura le informó a la Judicatura que el procesado en la entrevista manifestó que se llamaba RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, con cédula 71.671.115, no desplegó mayores actos para que se aclarara el error, porque, incluso, al momento de su captura se identificó como Ricardo Escobar Botero”.

El Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena el 8 de abril de 2025, con lo que se reactivó la orden de captura contra “Richard”, la cual se materializó en Bello el siguiente 9 de julio.

En el allanamiento, la Policía le encontró una pistola traumática y “un libro con registros contables por más de 1.000 millones de pesos”, informó el director de la Institución, general Carlos Triana Beltrán.

Ahora “Richard” quedó en poder del Juzgado 11 de Ejecución de Penas de Medellín, para comenzar a purgar sus más de tres décadas de prisión.

En cuanto a alias “Ramón”, fuentes judiciales recordaron que está pagando una pena de 20 años de cárcel por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de drogas. En varias oportunidades han tratado de matarlo en los pabellones y seis de sus trabajadores más cercanos han sido desaparecidos.

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El Inspector.

El pasado 29 de febrero se produjo la captura de Wilmar Alexánder Mejía Panesso (“Dólar”) en una casa de la carrera 75A con la calle 97 del barrio Castilla, que al parecer funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas.

Alias “Veneno” y “Dólar” (en el recuadro), presuntos miembros de “los Machacos” capturados en una casa que funcionaba como centro de acopio de drogas, en Medellín. Fotos cortesía de la Policía.

Cuando la Sijín de la Policía la allanó de sorpresa, el cabecilla estaba acompañado de dos compinches, al parecer dedicados a empacar dosis de marihuana y cocaína: José Yesid Espinoza (“Veneno”) y Eduar Andrés Urán. Este último se resistió al arresto y terminó con un balazo en la pierna derecha.

En el registro a la vivienda, los uniformados encontraron 10 municiones de fusil calibre 5.56, una chaqueta y dos chalecos reflectivos oficiales de la Policía Nacional, así como un kilo de marihuana y 300 gramos de cocaína.

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A Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”) le incautaron un arma de fuego, dos celulares y 8 millones de pesos. Foto cortesía de la Policía.

“Dólar” fue llevado ante el juez de control de garantías para responder por los cargos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso ilegal de uniformes de la Fuerza Pública y porte ilegal de municiones.

No es la primera vez que cae a la cárcel, pues tiene antecedentes penales por homicidio y porte ilegal de armas. En el pasado fue uno de los lugartenientes del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), líder de “la Oficina”, y le manejó varios negocios de narcotráfico en la Costa Atlántica y San Andrés.

El 11 de febrero de 2024 fue había sido capturado el segundo al mando de “los Machacos”, James Bresney Zea González (“James”), de 44 años, quien fue sorprendido en una vía pública de la ciudad de Neiva (Huila).

James Zea, presunto cabecilla de la banda “los Machacos”. Cortesía.

Ese mismo día también fue detenido en una finca del municipio antioqueño de Porce, celebrando su cumpleaños, otro de los presuntos coordinadores de la organización, Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”), de 40 años, quien al parecer se encargaba del manejo de los dineros de las extorsiones y el tráfico de drogas.

El 28 de septiembre de 2023, en los barrios Castilla y San Martín de Porres, fueron detenidos otros nueve integrantes del grupo, en el marco de la misma investigación de la Fiscalía.

NO ACEPTARON LOS CARGOS

En las audiencias, tanto “Dólar” como “James” y “Polo” se declararon inocentes, pero un juez los envió a la cárcel de manera preventiva, mientras el proceso penal sigue su curso.

A “James” le imputaron la presunta participación en el asesinato de Ómar de Jesús Guiral Zapata (3 de octubre de 2021), un conductor de aplicaciones móviles de 50 años, acribillado por sicarios en un billar del barrio Pedregal.

De igual manera, la Fiscalía le endilgo un doble homicidio perpetrado el 13 de febrero de 2023 en el barrio Brasilia, de la comuna de Aranjuez. Allí sus matones le dispararon al comerciante  Jorge Albeiro Rojas Gaviria, quien al parecer estaba amenazado por no pagar una extorsión de $20 millones y tuvo que huir de Castilla un mes antes; en el hecho también murió el barbero Rodrigo Alberto Martínez Valencia, quien trató de defenderlo.

La organización delincuencial se dedica al sicariato, extorsiones, secuestros, narcotráfico, cobro de deudas mafiosas, amenazas y desplazamientos forzados, entre otros negocios clandestinos.

Luego de estas detenciones, las autoridades indicaron que “los Machacos” quedaron al mando de otro cabecilla apodado “Morocho”, quien de paso se convirtió en el próximo objetivo a capturar.

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El Inspector.

El cabecilla y 13 de sus subalternos fueron capturados a principios de julio de 2023 por el Gaula de la Policía y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Elkin Mesa Vallejo, alias “Elkin Chata”, líder de la organización criminal “los Chatas”. Foto cortesía de la Fiscalía.

A todos los señalaron de integrar la banda “los Chatas”, originaria de Bello, pero con tentáculos en otros lugares del Valle de Aburrá, Oriente, Bajo Cauca y Norte de Antioquia.

El grupo se dedica, desde los años 90, al narcotráfico, sicariato, extorsiones, hurto, minería ilegal, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otros delitos.

En el caso puntual de “Elkin Chata”, las autoridades indicaron que asumió el control de la organización desde mayo de 2020, cuando salió de la cárcel con libertad condicional, luego de haber estado apenas tres años es prisión por concierto para delinquir.

En la primera semana de julio de 2023 fueron capturados por el Gaula 14 miembros de “los Chatas”. Foto cortesía de Fiscalía.

Ricardo Romero, delegado de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, explicó que Mesa Vallejo y sus hombres le estaban cobrando el llamado “impuesto de vigilancia” a los residentes de varios barrios de Bello.

A un habitante del barrio El Rosario le cobraron $8 millones, de los cuales solo alcanzó a pagar una parte. Como castigo, el pasado 19 de febrero fue secuestrado y retenido durante cuatro horas en una finca de la vereda Hato Viejo.

“Los Chatas” le exigieron a su familia $50 millones por la liberación, pero cuando los seres queridos tampoco pudieron reunir esa suma, los expulsaron a todos del vecindario, generando un desplazamiento forzado.

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En la audiencia de control de garantías, a “Elkin Chata” le imputaron los cargos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y desplazamiento forzado. Aunque se declaró inocente, el juez lo envió a la cárcel como medida preventiva.

A los otros 13 miembros de la banda le imputaron cargos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, extorsión agravada, uso de menores de edad en la comisión de delitos, hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Entre los detenidos también se destacan Norbey Sánchez Layo (“Pepe”), presunto coordinador de extorsiones y venta de drogas en el municipio de Girardota, según la Fiscalía; Dúver Alberto García Tejada (“Rosadito”) y John Jairo Bedoya García (“Jairito”), supuestos coordinadores del grupo en los barrios bellanitas de El Mirador, Santa Ana, Pérez y Espíritu Santo.

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“Elkin Chata” es hermano de Juan Carlos Mesa Vallejo, apodado “Tom” o “Carlos Chata”, quien no solo es líder de “los Chatas”, sino también de “la Oficina”, la confederación que reúne a las bandas más importantes del Valle de Aburrá.

Actualmente está recluido en la cárcel de Itagüí y actúa como vocero en la mesa de paz de los grupos ilegales del área metropolitana con el Gobierno Nacional.

El Inspector.

Así lo informó la Fiscalía este 26 de marzo, anunciando que intervino la mina a cielo abierto conocida como Cañada Negra, en el sector del mismo nombre, a la cual se puede acceder desde el barrio Santo Domingo Savio N°2 de Medellín, o por la vereda Granizal de Bello. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Fiscalía inició otra investigación paralela con fines de extinción de dominio contra la cantera y las máquinas incautadas. Foto cortesía de Fiscalía.

Deicy Jaramillo, directora contra las Violaciones a los DD.HH. en el ente acusador, explicó que la banda delincuencial tenía maquinaria pesada en el sitio, para explotar directamente el yacimiento, pero que también extorsionaba a terceros que lo usaban.

A cada conductor de volqueta le cobraban $40.000 para autorizarle la entrada a la cantera, y una vez este vehículo era llenado de material (arena, gravilla, roca u otros elementos), le cobraban de $400.000 a $500.000 a la persona que contrató ese viaje, para permitirle sacar los minerales.

Durante el operativo, en el que participaron miembros del CTI, el Ejército y la Policía, fueron capturados el administrador de la cantera y dos trabajadores, que registran antecedentes judiciales por terrorismo, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, lesiones personales culposas, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas de fuego.

“Serán imputados por los delitos de daño a los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos, y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales”, indicó la fiscal.

La montaña ha sido tan socavada, que hay peligro de deslizamiento y de afectaciones a los vecindarios cercanos. Foto cortesía de Fiscalía.

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También fueron incautadas tres máquinas, una volqueta y un automóvil, y fueron destruidas tres retroexcavadoras, cuyo valor aproximado era de $3.000 millones.

Según el informe del caso, “la agresiva labor de remoción que se realiza en el sitio ha incidido en la contaminación de la quebrada Cañada Negra y produjo un acelerado debilitamiento del suelo, al punto de que la montaña está en inminente riesgo de deslizamiento sobre varios asentamientos ubicados entre Medellín y Bello”.

Esta investigación comenzó luego de que el pasado 22 de febrero se presentara un enfrentamiento armado entre integrantes del combo “la Silla” y de “la Terraza”, al parecer por el control de las rentas derivadas de la mina. En su momento también se especuló que en el pleito participaron los combos de “el Pinar” y “la Torre”, apoyando a esos dos bandos.

Varios ciudadanos grabaron con sus celulares el tiroteo, lo que puso en la lupa de las autoridades a este sector. Incluso algunos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos al colegio durante esa semana, por temor al fuego cruzado.

La Policía inició una serie de operativos para contener la inseguridad, los cuales dejan a la fecha, incluyendo la intervención en la mina, 24 capturas por diferentes delitos, 12 allanamientos, 8.8 kilos de marihuana incautada y el decomiso de siete armas de fuego, una granada y municiones.

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El Inspector.

A pesar de las 66 capturas, la banda sigue afectando a los habitantes de los barrios Popular N°1 y Granizal, con un control social tan severo que pareciera querer reemplazar a las autoridades legítimas. Esta es la historia detrás de la última operación contra ese grupo, realizada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron algunos de los capturados en el más reciente operativo del Gaula de la Policía Metropolitana, del Gaula Militar Antioquia y del CTI de la Fiscalía, en contra de la banda La 38. Foto cortesía de la Fiscalía.

Decirles “no” a los miembros de la organización criminal La 38 significó firmar la sentencia de destierro para dos vendedores informales del nororiente de Medellín. “Nosotros somos los de la vuelta, y aquí todo el mundo tiene que hacer caso; si no, se van del barrio o los matamos”, advirtieron los delincuentes.

Así de simple y cruel. Los sueños de emprender con el negocio de venta callejera de ollas se esfumaron para el par de amigos, citados a rendir cuentas en una esquina del barrio Popular N°1, en la noche del pasado 8 de marzo.

Los bandidos les cobraron una extorsión por trabajar en los vecindarios controlados por ellos. “Les respondí que apenas estaba empezando y no tenía cómo pagarles, que lo que me ganaba era para el sustento de mi familia. Dijeron que no les importaba, que tenía que darles plata sí o sí”, relató una de las víctimas*.

Al vendedor lo obligaron a ir a su casa y recoger toda su mercancía para entregársela a la banda, como si se tratara de un decomiso. A su compañero le retuvieron la moto y le propinaron una brutal paliza.

En medio de la lluvia de puños y patadas, este logró lanzarse por un barranco y rodar hasta el borde de la ladera. Desde arriba le arrojaron rocas, que por centímetros alcanzó a esquivar, mientras le gritaban “¡te tenés que ir del barrio!”.

Los comerciantes salieron desplazados con sus familias, por temor a la muerte, pero ese hecho reactivó el interés de la Policía y la Fiscalía por atacar a este grupo ilegal.

En los últimos cinco años la Fuerza Pública ha ejecutado tres operaciones contra La 38, capturando a un total de 66 integrantes. A pesar de esto, residentes del área azotada le contaron El Colombiano que la zozobra no disminuye, y las “vacunas” tampoco.

Este diario tuvo acceso al expediente judicial de la tercera y más reciente operación, que entre el 16 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021 generó las capturas y encarcelamientos de 21 miembros de la facción. Las revelaciones de las víctimas, por lo menos las que se atrevieron a denunciar, son aterradoras.

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EMPRESA CRIMINAL
La 38 existe desde los años 90 y es una de las bandas más antiguas del nororiente de Medellín. En la actualidad, según el Gaula de la Policía, delinque en los barrios Popular N°1 y Granizal, y en los sectores conocidos como El Plan, El Filo, La Galera, Divina Providencia y Parque de los Lolos.

En ese territorio, de estratos socioeconómicos 1 y 2, el combo exprime la pobreza de sus habitantes cobrándoles extorsiones semanales. No se salva ningún comerciante, ni las tiendas, supermercados, barberías, carnicerías, vendedores ambulantes, bares, rutas de buses ni camiones distribuidores de alimentos.

Las “vacunas” van de $3.000 a $200.000 a la semana y, según los cálculos de los investigadores, les generan cerca de $60 millones mensuales. El tráfico local de estupefacientes y las otras rentas ilícitas producen ingresos de $240 millones al mes.

Estos negocios incluyen la administración de 13 plazas de vicio, el pagadiario y el monopolio de la distribución de productos de la canasta familiar, con precios que rayan en lo absurdo. “Una canasta de huevos de $12.000, ellos la distribuían en las tiendas a $20.000. Los tenderos no podían comprarles a otros proveedores, porque les imponían una exigencia económica o los desplazaban”, indicó un agente del Gaula.

Para mantener aceitada esta máquina de drenar dinero, a pesar de delinquir en barriadas con tantas penurias, La 38 ejerce un severo control social que, pese a la presencia institucional y los operativos, no se ha acabado.

Con frecuencia les repiten a los residentes que ellos son “la autoridad” en la zona y para sostener esa fama están dispuestos a derramar sangre.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Natalia Rendón, informó que La 38 es investigada por el asesinato de dos hermanos, “porque no quisieron trabajar para esa banda”.

El 3 de noviembre de 2019, cuando caminaba por una calle del Centro, sicarios motorizados acribillaron a Juan Diego Agudelo Ardila, de 23 años. Y el 12 de febrero de 2020 le hicieron lo mismo a su hermano Yoban Estiven, de 31 años, en una esquina del barrio Santa Cruz.

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“AUTORIDAD” ILEGÍTIMA
En los testimonios reunidos en el expediente, y presentados en la audiencia de control de garantías ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, se narraron ocho casos de desplazamiento forzado perpetrados entre 2019 y 2021. La mayoría fue por no pagar extorsiones, aunque se destaca uno derivado de vejámenes sexuales contra una niña de 12 años.

En noviembre de 2020 un secuaz de la banda abusó de la infante y la amenazó con matar a su familia si le contaba a alguien. Sin embargo, la madre la notó extraña y logró sacarle la verdad, después de lo cual formuló una denuncia en la Fiscalía.

Como consecuencia fue capturado el sospechoso de la violación, apodado “el Calvo”.

La retaliación de sus compinches no se hizo esperar. En junio de 2021 hirieron al padrastro de la niña, propinándole una golpiza y dos puñaladas en el hombro y el brazo derecho, a un costado de la estación Popular del metrocable.

Luego le insistieron que su mujer tenía que retirar la denuncia. “Usted vive con esa sapa y a los tres los vamos a desaparecer, ya les dijimos que no los queremos ver en el barrio”, le advirtieron. La familia tuvo que huir.

El reclutamiento de menores también hace parte de las conductas ilícitas de la organización. Un exintegrante, que fungió como testigo de la Fiscalía, recordó que “desde los 11 años empecé a trabajarle al combo, primero como campanero para que la Policía nos les cogiera las plazas de vicio; luego me pusieron a recoger la droga empacada para distribuirla en las plazas. Alos 15 años de edad traté de dejar eso, pero me dijeron que no me podía salir por tener mucha información, y que si lo hacía me asesinaban”.

Los adolescentes son usados igualmente para el cobro de las “vacunas”. Una tendera, a quien le exigían $200.000 semanales, afirmó que a su local siempre iba un joven diferente, de 16 a 17 años, todos los sábados.

En mayo de 2019 tuvo una caída en sus ingresos y ya no pudo seguir pagando la extorsión. “Les dije que no tenía más dinero para darles, porque las ventas estaban muy malas. El muchacho sacó un revólver, me lo puso en la cabeza y dijo que les tenía que pagar o que me fuera del barrio”, narró la afectada, quien huyó de la zona.

El reclutamiento ejercido por La 38 también se suma a las causas de desplazamiento, tal cual le ocurrió a una familia en julio de 2019. Según la denunciante, “un hombre me detuvo en la calle y me pidió que dejara a mi hijo hacerle un mandado. Le respondí que no, y él me dijo: ‘aténgase a las consecuencias’”.

Durante los dos días siguientes, hombres armados fueron de madrugada a golpear la puerta de su casa, llamándola por su nombre. Ella se encerró una semana, aunque fue tal el pánico, que emigró con sus seres queridos.

En algunas ocasiones los delincuentes desalojan a las víctimas sin motivo aparente, en particular a aquellas que pagan arriendo. Los investigadores creen que el interés es ocupar el inmueble con otro arrendatario cercano a ellos.

Así sucedió en octubre de 2020, cuando una mujer llegó de madrugada a la casa que arrendaba en el barrio Granizal, y encontró todos sus enseres en la calle. Trató de ingresar y no pudo, porque le habían puesto un candado a la reja.

En ese momento apareció un coordinador de la banda, aseverando: “A mí me pagaron para sacarla de la casa, y se abre del barrio, porque aquí mando yo”. Después agarró a la víctima a patadas.

Compungida, la señora pidió ayuda en la estación de Policía y regresó al lugar acompañada por unos patrulleros que detuvieron al sospechoso. “Dije que quería denunciarlo, y él delante de los policías repetía que yo me tenía que ir del barrio”, manifestó la desplazada.

Una situación similar acaeció en julio de 2019, en el mismo vecindario, que motivó el destierro de otra familia.

“Un día llegó un muchacho y me dijo que necesitaba que me fuera de la casa. Le pregunté las razones, porque yo estaba al día con el arriendo y con las ‘vacunas’, pero no me dio tiempo de nada. Dijo que la salida mía era inmediata y tuve que irme con lo que tenía puesto. Todas mis cosas quedaron allá adentro, no volví, y luego supe que habían ocupado la casa”, expresó la perjudicada.

En las audiencias de garantías, los 21 capturados se declararon inocentes por cargos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y tráfico de drogas, entre otros.

En los allanamientos, los agentes del Gaula les encontraron una granada de aturdimiento, municiones y 13,6 kilos de marihuana. El juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal a 20 de ellos, y uno más obtuvo la detención domiciliaria.

La noticia causó tranquilidad en algunos sectores de la comuna 1 (Popular), pero sin celebraciones ruidosas, porque otros miembros de La 38 siguen patrullando las calles, cobrando la extorsión e insistiendo en que ellos, como si fueran la autoridad, “son los que mandan”.
*Identidades reservadas por seguridad.

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ANEXO: LA LISTA DE LOS DETENIDOS

En el operativo de noviembre de 2021 contra la banda La 38, fueron capturadas las siguientes personas: los presuntos cabecillas Johany Santa Franco (alias “Santa”) y Miguel Ángel Mejía Ríos (“Pepo”); y los supuestos integrantes Juan Camilo Henao Jiménez (“Camilito”), Cristian David Marín Palacio (“Berruga”), Ánderson Misas Londoño (“Misas”), Jhon Fredy Contreras Cossio, Francisco David Tamayo Londoño (“El Joe”), Katherin Yulieth Arboleda Castaño (“la Flaca” o “Katy”), Jéferson Andrés López Monsalve (“Chichi”) y Jhojan Stiven Arango Duque (“el Enano”).

La lista sigue con Cristian Camilo Restrepo Botero (“la Guagua”) y su hermano Róbinson Esteban Restrepo Botero (“la Guagua Pequeña”), Wilder Yesid González (“el Calvo”), Diego Andrés Restrepo Rúa (“Godines” o “Gorrión”), Juan Esteban Ceballos Ortiz (“Mañez”), Wilson Ferney Acevedo García (“Tetas”), Jorman Ospina Jiménez (“Calvin” o “Mi Niño”), Adriana María García Pulgarín (“la Mona”), Naren Stic Granada Palacio, Jorman Andrés Rodríguez Varela (“Toto”) y Róbinson Estiven Cardona Vergara.

El Inspector.

La causa de la zozobra, que provocó esta congregación en la noche del pasado lunes 13 de diciembre, es una pugna interna en la banda delincuencial “los Violeteros” o “las Violetas”, que controla el bajo mundo de este popular vecindario de la parte alta de Belén, en el suroccidente de Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cerca de 60 personas participaron en la oración, en un sector de Las Violetas afectado por la inseguridad. Foto de Carlos Velásquez.

Para comprender la situación actual hay que partir de un antecedente de octubre de 2019, cuando en una hostería del municipio antioqueño de San Jerónimo fue capturado el jefe de la organización, Marlon Cardona Salazar, alias “Marlon”. Un juez le dictó medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado y lo envió a la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

En su ausencia, el grupo quedó al mando de dos cabecillas: “Tulio” y “Almadana”, los cuales con el tiempo tuvieron desacuerdos por el manejo de los negocios ilícitos.

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“Los Violeteros”, según las investigaciones de la Fiscalía, se dedican al tráfico de narcóticos, el sicariato, las extorsiones, el control social y el monopolio de la venta de algunos productos de la canasta familiar, como huevos y arepas.

Su base de operaciones es Las Violetas, pero de allí extienden su influencia a barrios vecinos como Las Mercedes y Miravalle, y al sector El Hueco de San Pablo, en la frontera con la vereda Aguasfrías.

Sus principales rentas provienen de las plazas de vicio y las extorsiones a los propietarios de ladrilleras y de buses de servicio público.

De acuerdo con información de Inteligencia y fuentes de la zona, las diferencias entre “Tulio” y “Almadana” iniciaron durante la pandemia, por el monopolio de la venta de arepas y huevos. El primero, al parecer, quería imponerles a las tiendas de la jurisdicción los productos distribuidos por una microempresa familiar, situación que no compartía el segundo; luego, estas discrepancias se trasladaron a los precios que debían cobrarse en las extorsiones.

En diciembre de este año se agudizaron esos problemas, cuando algunos miembros de la banda cercanos a “Tulio” empezaron a exigir una cuota a los comerciantes para costear las novenas, las parrandas de Navidad y Año Nuevo, y enviarles dinero a los otros integrantes del grupo que están encarcelados.

El cobro, en algunos casos de $100.000, provocó quejas de los residentes e incrementó las discusiones entre los dos cabecillas, porque eso podría atraer la atención de la Policía.

AJUSTE DE CUENTAS
La gota que rebosó el vaso fue un incidente ocurrido en la noche del sábado 4 de diciembre, cuando se celebraba una fiesta en la entrada de una casa, a un costado del colegio República de Venezuela.

Un allegado de “Tulio”, borracho, les dijo a los presentes que no tenían autorización para hacer la rumba e hizo varios disparos. Un proyectil hirió en la pierna a un asistente, según testigos.

La presión estalló dentro de “los Violeteros” y comenzaron las retaliaciones entre sus propios miembros. A las 4:45 p.m. del jueves 9 de diciembre acribillaron a “la Chinga”, en la calle 30A con la carrera 89EA. Los vecinos lo encontraron gravemente herido en un baño y trataron de socorrerlo, pero falleció.

Doce horas después, a las 4:00 de la madrugada del 10 de diciembre, en la entrada de una casa de la carrera 89E con la calle 30C mataron a “el Mono”, con un tiro de fusil en el pecho.

El clima de violencia puso en alerta roja a los delincuentes, que a las 8:30 p.m. de ese mismo viernes protagonizaron una balacera junto a una plaza de vicio del sector La Pradera, tal cual quedó registrado en varios videos grabados por la comunidad.

Cuando llegó la Policía a conjurar el peligro, se produjo una persecución por varios callejones, por los que se propagaron los disparos. Un patrullero quedó herido y dos sospechosos fueron detenidos.

Después de eso, los habitantes han denunciado tiroteos en las madrugadas, que se confunden con la quema de pólvora en las laderas del suroccidente de Medellín.

La conflagración generó que varios habitantes comenzaran a encerrarse más temprano, por miedo a ser víctimas de una bala perdida, y opacó el clima festivo propio de diciembre.

“En el barrio estamos haciendo un concurso de pesebres por cuadras, y queremos hacer las novenas en la calle, pero a muchos ya les da un poquito de susto salir a mirarlos”, contó una residente.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, confirmó la hipótesis del conflicto: “Tenemos allá una situación con un grupo delincuencial, cuyos miembros pretenden enfrentarse internamente por el control territorial. Como consecuencia de eso, han asesinado a dos personas, pero allá también hemos dado resultados importantes, capturamos a varias personas e incautamos seis armas de fuego”, declaró.

El oficial agregó que “vamos a seguir interviniendo allí de manera contundente. No permitiremos que estos delincuentes vengan a generarnos violencia”.

Durante la oración colectiva del lunes, en las esquinas corrió el rumor de que “los Violeteros” estaban reunidos para pactar una tregua. “Ojalá sea así -expresó un vecino-, porque por aquí las navidades siempre han sido muy alegres”.

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El Inspector.

La acción policial, que incluyó ocho meses de investigaciones, terminó con la judicialización de 20 presuntos integrantes de ese grupo, que delinquían en los barrios Naranjal, San Joaquín y Laureles, en el sector Arrabal y el corredor turístico de la carrera 70.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron los capturados en la Operación Maremoto del Gaula de la Policía. Son señalados de trabajar para “la Terraza”. Foto cortesía del Gaula.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, explicó que en ese tiempo se conocieron 70 víctimas, de las cuales 18 denunciaron las extorsiones y la venta de drogas promovida por los delincuentes.

Los cobros por la supuesta “vigilancia” se hacían de manera semanal, afectando “a 40 locales comerciales, entre discotecas, fondas, colchonerías y restaurantes”, según el informe oficial del caso. Los delincuentes “realizaban un estudio de la productividad del establecimiento, exigiendo sumas semanales que oscilaban entre $80.000 y $200.000, dando un ingreso al grupo delincuencial aproximado de $288.000.000 anuales”.

El general Martín detalló que también extorsionaban a 30 vendedores ambulantes, pidiéndoles $20.000 semanales, recaudando por este concepto $28’800.000 anuales.

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HABLAN LAS VÍCTIMAS
La información fue confirmada por varios comerciantes de la comuna, que conversaron con El Colombiano bajo reserva de identidad. “Antes de la pandemia había extorsiones esporádicas. A partir del 2020 esto se volvió una cosa impresionante, nos inundamos de extorsionistas, sobre todo en el primer y segundo parque de Laureles, y en el corredor de La 70, entre la U.P.B. y la estación Estadio del metro”, relató un afectado.

Otro de los perjudicados explicó que los delincuentes llegaron ofreciendo un servicio de “vigilancia privada”. “Desde el año pasado se dispararon los robos en Laureles, en parte por causa de migrantes venezolanos y por el desempleo que dejaron las cuarentenas. Entonces aparecieron estos muchachos, diciendo que ellos iban a cuidar la zona de todos esos ladrones. Algunos comerciantes les pagaron porque ya estaban mamados de tantos robos, y otros lo hicieron por miedo”, señaló.

Para “ganarse” la confianza de algunos empresarios, “la banda hacía rebajas en las extorsiones. En los meses más difíciles de la pandemia, pedían $40.000 semanales de ‘vacuna’, en vez de los $80.000 de siempre”, narró otro comerciante.

La supuesta vigilancia de “la Terraza” no redujo los hurtos, sino que aumentaron y, para rematar, varios fueron cometidos por sus integrantes, según la investigación. La estadística del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) señala que en 2020 se registraron 1.318 hurtos a personas en esa comuna (con corte al 22 de octubre), mientras que en ese lapso de tiempo de 2021 sucedieron 1.825.

“Ellos eran los mismos campaneros para los robos. Se paraban afuera de los restaurantes u hoteles, seleccionaban a las víctimas, y después llegaban otros en moto a atracarlas”, precisó un trabajador.

Los criminales también se dedicaron a la venta de droga, sobre todo en Naranjal, donde emplearon a menores de edad para la distribución.

Todos estos problemas cansaron a la comunidad y a los comerciantes. “Decidimos unirnos, hablamos con el Gaula, invertimos en cámaras de seguridad y luego nos llenamos de paciencia, mientras los policías hacían su trabajo de inteligencia. Esa operación Maremoto fue un esfuerzo de todos”, concluyó una víctima.

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REDES CRIMINALES
El fortín histórico de “la Terraza” está en las comunas de Manrique y Aranjuez, donde surgió en los 80, recluta a la mayoría de sus integrantes y viven sus familiares.

Desde 2013 inició una paulatina expansión en otras comunas, como Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, por medio de sociedades con combos de esas zonas, como “Toscana”, “la Matecaña”, “13 de Noviembre” y los “convivires” del Centro.

La extensión de sus redes en Laureles fue detectada en 2017 por la Dijín y la Fiscalía. “La Terraza” estableció una alianza con un grupo denominado “la Oficina de Laureles”, dedicado al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas en los barrios Lorena y Laureles.

En 2018 y 2019 fueron detenidos más de 10 de sus integrantes, incluyendo a los cabecillas, lo que diezmó su participación en el mercado criminal. Sin embargo, los intereses de “la Terraza” en la segunda comuna con más ingresos per cápita de Medellín continuaron y, tal cual informaron los comerciantes, se consolidaron durante la pandemia.

Fuentes de Inteligencia relataron que la organización ya tenía control de la frontera de La Candelaria con Laureles, gracias a sus alianzas con los “convivires” de los barrios El Chagualo, San Benito y Corazón de Jesús. “Para ellos fue tan simple como cruzar el río Medellín, porque Naranjal les queda al frente, y ahí no había otra banda que se les opusiera”, dijo un agente judicial.

Según el Gaula, las actividades ilícitas en Laureles eran coordinadas desde Manrique por alias “el Gordo”, un mando medio de “la Terraza”, quien también fue detenido en la operación “Maremoto”. Con él cayeron sus dos hombres de confianza, “el Mono” y “el Oso”, además de cinco coordinadores de barrio y 12 cobradores de “vacunas” y jíbaros.

“Después de esas capturas se redujo la extorsión. La esperanza que tenemos es que el juez los mande a la cárcel un buen tiempo, y que ojalá no los reemplacen otros extorsionistas”, rogó un comerciante.

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ANEXO: YA SE FUGÓ UNO DE LOS IMPLICADOS
Dentro de las 20 personas judicializadas en la operación Maremoto había un presunto cobrador de extorsiones, apodado “Cala”. Este hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista, en el centro de Medellín, y junto a otros dos internos se fugó el pasado 2 de noviembre. Según la información preliminar, usaron un cuchillo para romper algunos ladrillos durante varios días, hasta que lograron abrir un hueco. La fuga de “Cala” generó inquietud en los comerciantes de Naranjal, a quienes atormentaba con sus cobros.

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El Inspector.

La banda fue atacada por la Fiscalía, el Gaula y Unipol el pasado 2 de septiembre, mediante 42 allanamientos en Bello y Medellín, de acuerdo con las autoridades. Aunque el propósito era arrestar a 26 personas, los uniformados solo detuvieron a 10 por orden de captura y uno más en flagrancia, por lo que se investiga si hubo filtraciones de información momentos antes del operativo.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son algunos de los capturados de “Pachelly”, en la denominada Operación Avalancha. Foto cortesía de la Policía.

En la diligencia se destaca la captura de tres miembros del clan Henao, que al parecer integran la cúpula de la organización: los hermanos Rodrigo y Nelson de Jesús Henao Acevedo, alias “Perica” y “Empanada”, respectivamente; y Yeison Alexánder Henao Zárate (“Yandel”), hijo del primero, y quien tenía en su poder marihuana y una agenda con supuestas anotaciones de venta de droga.

Estas personas son familiares de Albert Antonio Henao Acevedo (“Alber”), uno de los máximos líderes de “Pachelly”, quien fue arrestado por segunda vez en agosto de 2020 y continúa en prisión.

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Fuentes cercanas al operativo relataron que las detenciones de “Perica” y “Empanada” no fueron sencillas, pues ambos, en distintos apartamentos del municipio de Bello, se tiraron por la ventana. Uno fue apresado en una casa contigua y el otro en un parqueadero.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Carlos Rodríguez, contó que dentro de las evidencias recolectadas hay testimonios de ciudadanos que fueron extorsionados por dejar sus vehículos estacionados en vías de los barrios Araucarias, Pachelly y Villa Linda; y también por realizar reformas estructurales a sus viviendas.

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Otros detenidos fueron “Toro”, “Ternera”, “Chinchán”, “Chicunguña”, “el Ñato”, “Zasa”, “Sebastián” y “Orejas”, a quienes les incautaron un revólver, un kilo de marihuana y $11’400.000, según el reporte policial.

Las audiencias de control de garantías comenzaron el pasado viernes, ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín. Las capturas fueron legalizadas y la Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, secuestro simple, hurto calificado y agravado, entre otros delitos cometidos entre 2019 y 2021. Todos los procesados se declararon inocentes.

Entre los casos expuestos en el estrado, está el de un domiciliario de Rappi, que en febrero del presente año fue interceptado por integrantes de la banda en cercanías al CAI Valadares, en Bello. El muchacho fue intimidado, le dijeron que tenía que pagar “vacuna” para poder trabajar en la zona, y le robaron $180.000 que llevaba en la billetera.

Después le retuvieron la motocicleta en la que laboraba, y le ordenaron que buscara más dinero para devolvérsela. La madre de la víctima le transfirió $300.000, que el domiciliario les entregó a los bandidos para recuperar su moto.

Un hecho similar se repitió en marzo, también en Bello, cuando el afectado fue un taxista. Los miembros de “Pachelly” lo bajaron del taxi, le quitaron $70.000 y se llevaron el vehículo, con el propósito de cobrarle también para recuperarlo.

Al conductor lo obligaron a abordar una moto, para trasladarlo a un lugar clandestino y presionar el pago, pero la víctima se armó de valor y a las cinco cuadras de recorrido se tiró del vehículo y logró escapar.

“Pachelly” es una de las estructuras de crimen organizado más antiguas del Valle de Aburrá y está activa desde los 90. Aunque sus acciones se concentran en Bello, sus redes se extienden al Oriente antioqueño, el Nordeste y Bajo Cauca, donde administra plazas de vicio y coordina diversos crímenes, como secuestros, extorsiones, desapariciones y sicariato. En algunos de esos sectores tienen alianzas con el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

“Es una de las bandas delincuenciales que más daños produce en nuestra ciudad, sobre todo por los desplazamientos intraurbanos, venta ilegal de lotes y urbanización ilegal”, indicó la secretaria de Seguridad de Bello, Daniela Ortega.

Este miércoles 8 de septiembre terminaron las audiencias en el Juzgado 41. A todos les dictaron medida de aseguramiento en la cárcel, menos a “Yandel”, quien fue favorecido con la detención domiciliaria.

Las autoridades indicaron que las operaciones para detener al resto de sus integrantes no se detendrán.

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El Inspector.

Esta banda, que delinque hace tres décadas en las comunas 1 y 2 de la ciudad, se dedica, además de las extorsiones, al tráfico de drogas, sicariato, control social y del mercado de canasta familiar, entre otros delitos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los presuntos miembros de “la 38″ capturados en la Operación Hércules, del Gaula. Foto cortesía de la Policía.

En la mañana del jueves 27 de agosto, la Policía y la Alcaldía anunciaron el operativo en su contra, que incluyó 42 allanamientos y 27 capturas, por cargos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y porte ilegal de armas y de estupefacientes. De este grupo, 18 tenían órdenes de captura pendientes, y otros nueve cayeron en flagrancia. En las acciones incautaron cinco armas de fuego, 1.800 dosis de basuco y 8 kilos de marihuana.

El operativo comenzó en la mañana del pasado martes 25 de agosto, cuando decenas de uniformados rodearon varias manzanas en la zona nororiental, en los barrios Popular N°1 y N°2, Granizal y Santa Cruz. Varios integrantes de la comunidad los recibieron a golpes y trataron de armar asonada, para evitar que se llevaran a los integrantes de “la 38”.

El secretario de Seguridad de Medellín, general (r) José Acevedo, indicó que entre los capturados hay dos cabecillas, alias “Pony” y “Choco”, y tres coordinadores de zona: “Ruso” (coordinaba acciones en Santa Cruz), “Chinga” (Popular N°1) y “Pez” (Granizal).

Con estos resultados, las autoridades aseguraron que se lograron esclarecer 16 casos de extorsión en dichos vecindarios, en los que “la 38” cobraba entre $10.000 y $40.000 semanales a los establecimientos comerciales, los vehículos repartidores, el transporte informal y las rutas de buses.

“Se evitó el pago de $87 millones mensuales aproximadamente, que hacen parte de las rentas ilícitas del grupo delincuencial”, informó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

La Policía agregó que en lo corrido de este año han sido capturadas 123 personas por casos de extorsión en el Valle de Aburrá, de las cuales 85 fueron solo en Medellín.

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El Inspector.

El Colombiano tuvo acceso a la información de este caso, que la Policía y la Fiscalía reactivaron en 2020, en contra de una de las estructuras más antiguas del Valle de Aburrá. Este es el informe periodístico, realizado con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los alimentos son transportados en carros viejos, sin respetar la cadena de frío reglamentaria. Fotos de cortesía.

El fenómeno ocurre hace una década, pero en los últimos tiempos se perfeccionó y durante la pandemia por la covid-19 se afianzó, pues no todas las tiendas de la zona tienen capacidad para hacer domicilios. Ese vacío lo aprovecharon los ilegales.

Según las fuentes de Inteligencia, y habitantes de Santa Cruz que conversaron con este diario bajo reserva de identidad, la red de distribución de “los Triana” funciona así: adquieren los productos en las centrales de abasto o los traen de pueblo cercanos del Oriente y Suroeste de Antioquia.

Su catálogo incluye derivados lácteos (yogur, queso y leche), carnes frías (mortadela, jamón, chorizo, salchichas, costillas de cerdo y carne condimentada empacada al vacío) y productos de limpieza de distintas marcas. “También están ofreciendo fresas, mangos y uvas, que traen en baldes”, anotó un residente.

La mercancía es almacenada en dos casas, una del barrio El Playón de Los Comuneros (Santa Cruz); y otra en el sector La Gabriela, en Bello. Los alimentos se empacan en neveras portátiles de “icopor” o plástico, y repartidas en carros viejos, que también se emplean para el transporte informal de pasajeros.

Un informante narró a los policías que estos productos se venden entre el jueves y el domingo: “Usan ocho vendedores por barrio, son muchachos criados ahí mismo. Visitan a los clientes puerta a puerta y en promedio cada uno vende $180.000 diarios”.

El expediente judicial detalla que el surtido cobija los barrios El Playón, La Frontera, Pablo VI, La Isla, La Francia, Andalucía, Villa Niza, Villa del Socorro, Santa Cruz, La Rosa y Moscú N°1 (comuna 2); también Popular, Moscú N°2 y Villa Guadalupe (comuna 1); así como Zamora, Santa Rita y La Gabriela (Bello). “Y ya empezaron con el negocio en el barrio Limonar N°2, en el corregimiento San Antonio de Prado, donde la banda también tiene influencia”, indicó un agente.

Los vendedores son coordinados por alias “Naranjo”, un presunto cabecilla financiero. El cálculo preliminar es que la estructura obtiene un promedio de ingresos semanal de $26 a $40 millones.

En el seguimiento a “los Triana”, agentes de Inteligencia fotografiaron los sitios de acopio de los alimentos. Foto de cortesía.

PELIGRA LA COMPETENCIA
Este problema sucede en más comunas y con otros combos, según la Fiscalía, pero en el área de “los Triana” parece estar más enraizado. Una de las razones son las ventas a crédito, sin intereses, con los que la banda compite contra las tiendas y supermercados.

“Los vendedores insisten demasiado, convencen a la gente de que se quede con la mercancía y la pagan a los ocho días o cuando puedan; y cuando van a cobrar después, les ofrecen más cosas fiadas, y así mantienen una deuda constante”, dijo un poblador.

Agregó que para esos créditos, los “muchachos” toman los datos del cliente (nombres, teléfonos, dirección, etc.), con lo que podrían tener “el censo más exacto que el del Dane”.

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Los entrevistados afirmaron que no conocen casos en los que “los Triana” obliguen a los ciudadanos a comprar, aunque su histórica presencia es intimidante. Contra los competidores sí hay una amenaza. “El año pasado les dieron la orden a los tenderos de que no podían vender los huevos más barato que ellos”, prosiguió el residente. También se han presentado extorsiones a empresas que reparten sus alimentos en esa jurisdicción.

La Fiscalía ha documentado dos asesinatos de competidores. El 25 de enero de 2017, el distribuidor de productos lácteos Víctor Hoyos Mazo, de 36 años, fue tiroteado por sicarios en el barrio Aranjuez. Y el 26 de abril del mismo año le dispararon a Gustavo Restrepo Ruiz en el barrio Caribe, y a los dos días falleció en Policlínica; fue empleado de Colanta en el pasado, y tras retirarse montó su propia ruta de distribución.

A los dos, “los Triana” los habían golpeado y les botaron su mercancía al suelo para que huyeran del sector, pero ellos insistían en regresar. La relación de las muertes con las amenazas está en indagación.

En estas neveras portátiles, los vendedores reparten los productos puerta a puerta, sin medidas sanitarias. Foto de cortesía.

OPCIONES DE INTERVENCIÓN
Jorge Giraldo, docente e investigador de Eafit, coordinó en 2014 el estudio titulado Nuevas modalidades de captación de rentas ilegales en Medellín. En su criterio, “las bandas se están involucrando cada vez más con mercancías legales, como arepas, huevos y licores, lo que las convierte en una especie de empresa con ingresos mixtos (lícitos e ilícitos)”.

Aunque eso dificulta su persecución, es claro que las ganancias fortalecen a una organización dedicada al sicariato, el narcotráfico y la extorsión, entre otras atrocidades.

El antecedente más cercano de una intervención contra su monopolio, sucedió en junio de 2018, cuando el Gaula arrestó a ocho integrantes y allanó una fábrica de arepas en el Popular, propiedad de “Asdrúbal”, un presunto colaborador. “La organización controlaba la venta de arepas en la zona, obligaba a los tenderos a comprarle este producto solo a ‘Asdrúbal’”, informó la Fiscalía en ese entonces.

Giraldo sugirió que, para frenar esta dinámica, las autoridades deben continuar los esfuerzos por desmantelar a la banda, consolidar una oferta institucional permanente y hacer controles con la normatividad vigente sobre transporte de alimentos, registro Invima y medidas sanitarias de almacenamiento. “La Policía podría detener esos carros y preguntarles si tienen los permisos legales”, manifestó.

Las fuentes de Inteligencia aseveraron que los implicados no cumplen ninguna de esas reglas, que el Código de Policía permite expedir comparendos y que en conjunto con las autoridades civiles podrían hacerse operativos sanitarios, pero que esto casi nunca ocurre en el área.

Consultamos la opinión de la Alcaldía de Medellín, pero al cierre de esta edición no había llegado su respuesta. El mayor Óscar Mejía, comandante del Gaula Metropolitano, advirtió que no hay denuncias formales sobre este fenómeno. “Instamos a la comunidad a informarnos de estos hechos, para iniciar las investigaciones oficialmente”, dijo.

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ANEXO: RECOMENDACIONES DEL GAULA

El mayor Óscar Mejía, comandante del Gaula Metropolitano de la Policía, invitó a los ciudadanos y comerciantes a denunciar estas situaciones a la línea de emergencia 165. “Si es víctima de extorsión, avísenos de inmediato y trate de dilatar la entrega del dinero, para que podamos actuar”, sugirió. Otra de sus recomendaciones es instalar en el celular una aplicación que permita grabar las llamadas extorsivas, para recaudar evidencia contra los delincuentes. En lo que va de 2020 se presentaron 10 homicidios en Santa Cruz, tres más en ese lapso del año pasado.

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El Inspector.

En esta zona, ubicada en el norte de la localidad, los habitantes se han quejado históricamente por la falta de rutas de buses y un servicio de transporte eficiente que alcance a cubrir toda la demanda. El vacío ha sido llenado por los “chiveros”, conductores particulares que llevan a los ciudadanos desde el centro hasta los vecindarios semirrurales. Las personas, dependiendo de la distancia, pagan entre $2.000 y $3.000 por el pasaje.

Esta actividad, que no está legalizada, es explotada por la banda “el Ajizal”, que delinque hace más de 10 años y exprime los bolsillos de los choferes para aumentar sus rentas ilegales. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Escena del crimen en la vereda El Ajizal de Itagüí, donde el 19 de mayo de 2020 mataron al “chivero” José Daniel Montoya Arcila. Foto de Carlos Velásquez.

Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, le contó a El Colombiano que, de acuerdo con las investigaciones judiciales, cada “chivero” debe pagar una cuota de $4 a $5 millones de pesos, por el “derecho” a poder transportar personas en la ruta controlada por la facción.

Adicionalmente, por cada día de trabajo deben cancelar entre $25.000 y $30.000, según la cantidad de viajes que hayan hecho. Según las autoridades, son cerca de 18 vehículos los que pagan esta extorsión, con excepción de los automotores de la propia banda, que también incursionó en el negocio.

Datos del Gaula Metropolitano indican que “el Ajizal”, además de actuar en la zona del mismo nombre, extiende sus tentáculos a las veredas Los Gómez y El Porvenir, y a los barrios San Pablo y La Hortensia. Su prontuario incluye narcotráfico, sicariato, extorsiones, pagadiario, desplazamiento forzado y loteo ilegal de predios, en particular en áreas de invasión.

Su dominio sobre “los chiveros” empezó a ser competido por clanes familiares de El Ajizal, lo que provocó las violentas disputas que hoy tienen en ascuas a la población.

LA VIOLENCIA
El primer round de esta pugna se conoció el 14 de marzo de 2019, cuando cinco pistoleros interceptaron al conductor de un Renault Logan, Wilson Vásquez Olaya, en una carretera de El Ajizal, lo golpearon, le hicieron disparos al carro y le prendieron fuego. Para remarcar su acción terrorista, grabaron el ataque y lo difundieron por redes sociales.

El chofer, de 29 años, los denunció por lo sucedido y las retaliaciones no se hicieron esperar. El 1 de enero de 2020 le hicieron otro atentado, al cual sobrevivió, hasta que el siguiente 15 de enero fue acribillado por un sicario que simuló ser un pasajero, en la parte alta de la vereda.

Un segundo asesinato se produjo el 19 de mayo, detrás de la parroquia Ermita de la Santa Cruz. Allí citaron al “chivero” José Daniel Montoya Arcila, de 28 años, y le dispararon a sangre fría.

Habitantes del sector informaron que la situación de violencia disminuyó la afluencia de estos vehículos, perjudicando la movilidad de la zona. Varios taxis de servicio público aprovecharon para ofrecerse como colectivos y, de manera irregular, transportar a la gente.

Boris Castaño, analista del conflicto urbano y miembro de la Corporación Innova, Idea, Estrategia (I2E), narró que el aprovechamiento del fenómeno de los “chiveros” por parte de los combos en el Valle de Aburrá va mucho más allá de la extorsión.

“A los miembros de ese gremio los presionan para que se conviertan en informantes y alerten sobre movimientos de la Fuerza Pública y personas extrañas; para transportar armas, drogas y delincuentes de un lado a otro; y para que se conviertan en clientes del pagadiario de las bandas”, comentó.

Frente a esta instrumentalización, los choferes suelen guardar silencio por miedo y porque “su misma informalidad los expone a que no puedan realizar una denuncia penal, porque ellos mismos están por fuera de la norma, eso los hace más susceptibles a la influencia de los grupos delincuenciales”, opinó el experto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
El secretario Otálvaro señaló que la Fuerza Pública y el aparato judicial están concentrados en atacar esa problemática, y resaltó que del combo “el Ajizal” ya han sido capturados varios integrantes de relevancia, como alias “Sony”, “Máquina”, “Páncreas” y “el Diablo”, involucrados en los crímenes reseñados.

Los investigadores están tras la pista de “Chivú”, el cabecilla del grupo, quien habría salido huyendo de la ciudad. Por información que lleve a su arresto hay $10 millones de recompensa.

La persecución contra el crimen organizado en la vereda se complementa con vigilancia de drones, patrullajes del Ejército en la parte alta, guías caninos para ubicar a los traficantes de droga y un grupo de reacción policial de 22 efectivos, con motos de alto cilindraje.

“Tenemos el proyecto de construir una nueva sede para el Gaula, lo que va a mejorar nuestras capacidades”, dijo Otálvaro, quien en su pasado fue suboficial de la Sijín.

A la fecha se han presentado 24 homicidios en Itagüí y 11 personas han sido capturadas en flagrancia por ese delito.

Frente a los “chiveros”, cinco de sus vehículos han sido inmovilizados por tener placas adulteradas o incumplir con la revisión técnico mecánica.

La solución al problema de El Ajizal también pasa por resolver el vacío en la movilidad. “Las informalidades surgen de las necesidades, aquí hay una cobertura insuficiente del transporte público, lo que podría resolverse gestionando rutas formales. No hay que olvidar la necesidad de la ciudadanía”, precisó Castaño.

Al respecto, Otálvaro manifestó que no puede dar fe de que vaya a haber una ruta de buses para la zona en el corto plazo, pero dijo que el alcalde José Fernando Escobar ya está gestionando soluciones de transporte legal.

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El Inspector.

Al analizar la estadística oficial confirmamos que, comparando los registros de enero de 2020 con los de enero de 2019, hay un aumento en los delitos contra el patrimonio en esta área, donde las bandas ejercen un control de las actividades ilícitas. Esta es la reseña del tema elaborada por El Colombiano, con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En el centro de Medellín, los barrios en los que confluye la influencia de varias bandas a la vez son: La Candelaria, Guayaquil, Colón y Villanueva. Foto de Julio César Herrera.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía, el mes pasado se denunciaron 827 robos, mientras que en el mismo lapso del año anterior hubo 710, lo que implica un incremento del 16,5%.

El aumento se observó en todas las modalidades de hurto (a personas, residencias y vehículos), con excepción de los atracos a establecimientos comerciales (ver infografía).

Algunos guías turísticos se quejaron por la mala impresión que se estaban llevando los extranjeros, debido a los frecuentes robos y hasta agresiones por parte de mendigos en los recorridos por los sitios más representativos de la comuna 10 (La Candelaria).

No todos los asaltos están relacionados con habitantes de calle, pero la mayoría están insertados en las dinámicas del crimen organizado que controla, somete y explota la economía del Centro, tanto la legal como la ilícita.

¿Cuáles son las bandas que regentan el poder delincuencial en el territorio? Este diario consultó a investigadores e informes de Inteligencia policial para resolver la pregunta.

A CONTROL REMOTO

La delincuencia tiene varias facetas en el Centro: 1). Lavado de activos, contrabando y piratería, que se ocultan en su febril actividad comercial y financiera; 2). Las bandas de crimen organizado, que pilotean el narcotráfico, la extorsión, la vigilancia ilegal, el pagadiario y la prostitución; 3). La delincuencia común, enfatizada en los robos de menor cuantía y la violencia sexual; 4). Los fenómenos de intolerancia, mala convivencia y violencia intrafamiliar, que provocan riñas y ataques por discriminación de género.

En el campo de las bandas, hay que decir que la criminalidad del Centro se maneja desde afuera de la comuna, es decir, a control remoto.

De acuerdo con investigaciones policiales, ese control lo disputan “la Terraza”, una estructura con base de operaciones en Manrique (comuna 3); y “Caicedo”, originaria de Buenos Aires (comuna 9).

En La Candelaria actúan 16 grupos locales, autodenominados “convivires”, que se encargan de las tareas operativas: intimidaciones, vigilancia clandestina y recaudo de rentas ilícitas. Algunos están asociados con “la Terraza” y otros con “Caicedo”, lo que ha producido confrontaciones por las plazas de vicio desde 2017.

Entre los más conocidos están “la convivir del Bronx”, en el barrio San Benito; “la convivir de Boston”, en Boston y Bomboná; y “la convivir de la Aurora” o “los Caravanudos”, en los sectores El Hueco y Los Puentes.

El botín es bastante lucrativo en términos de drogas: según datos de la Sijín, hay cerca de 220 plazas en el Valle de Aburrá, de las cuales 180 se concentran en el Centro de Medellín. De esas, las principales están en los alrededores de la Plaza Minorista, el antiguo Bazar de los Puentes, el sector El Bronx (Av. De Greiff), el Parque del Periodista y Niquitao.

Al resaltar estos puntos en un mapa, se ve que coinciden con las concentraciones de habitantes de calle, que en varios casos son instrumentalizados para el transporte y expendio de las dosis (ver la infografía).

Otra banda que las autoridades consideran importante en el escenario es “los Cocuelos” o “los Intocables”, conformada principalmente por migrantes de Urabá y especializada en robos a personas. Aunque es independiente, debe rendir cuentas de sus ganancias a los grupos de “convivir” que operan alrededor de los parques de Berrío y San Antonio.

Según los investigadores, los vecindarios en los cuales confluyen las operaciones ilícitas de “la Terraza”, “Caicedo” y “los Cocuelos”, suelen ser los más complejos en materia de atracos, extorsiones y venta de droga. Estos son: Guayaquil, Colón, La Candelaria y Villanueva.

ENFRENTANDO EL DELITO

La Fuerza Pública está haciendo su trabajo. El Sisc detalló que en enero fueron capturados 465 presuntos delincuentes en el Centro, 102 más que en enero de 2019 (363). También decomisaron siete armas de fuego y 52.971 gramos de estupefacientes.

Los resultados, sin embargo, no alcanzan todavía para transmitirle una sensación de plena seguridad a la población flotante de 1,2 millones de personas que a diario visitan el Centro, un área vital que concentra 19.911 empresas con 265.000 empleados formales, y 58 instituciones educativas con 200.000 estudiantes, según datos de Proantioquia.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, contó que este año comenzaron a implementarse unas mesas de trabajo interinstitucionales, con delegados de Espacio Público, la Personería, Secretaría de Seguridad y demás entidades involucradas en las dinámicas de la comuna 10.

“La idea es hacer un trabajo microgerencial y entre todos diseñar operaciones semanales de prevención del delito. Y no solo para temas de seguridad, sino para atender mejor las problemáticas que se vayan presentando en relación con el espacio público y demás”, dijo el oficial.

Y añadió: “De forma periódica vamos a evaluar la estrategia, para focalizarla en los puntos en los que esté ocurriendo el problema, por si se traslada de sector, y así brindar un mejor servicio”.

NOTA RELACIONADA: Capturaron y liberaron a “Pedro Pistolas”, el presunto cabecilla del Centro.

El Inspector.

Según la información preliminar, los delincuentes llegaron en una motocicleta, a las 4:00 p.m. de este jueves 26 de abril, e interceptaron un vehículo de la empresa Coonatra, a la altura del barrio Calasanz.

Así quedó el bus de la empresa Coonatra, en una calle del barrio Calasanz. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

Hicieron descender a los pasajeros y al conductor, y después incineraron el bus ante la mirada atónita de los transeúntes.

Este hecho está relacionado con la crisis de seguridad que afecta a varios barrios de las comunas 7, 12  y 13 (Robledo, La América y San Javier) desde el pasado domingo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró que se trata de un plan de las bandas criminales para desestabilizar el orden público de la ciudad, en respuesta a los operativos de las autoridades.

Ningún pasajero resultó herido en el incidente. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

Indicó que alias “Juancito”, cabecilla del combo de “Betania”, fue quien generó un paro de buses en San Javier el pasado lunes, tras intimidar a los conductores de cinco rutas. La Alcaldía ofreció 20 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

Para conocer más sobre esta reciente crisis de seguridad, lea la siguiente NOTA RELACIONADA: ¿Captura de “Sombra” causó las balaceras en San Javier y Robledo?

El Inspector.

El hecho más reciente fue un doble homicidio, que incrementó la zozobra de la comunidad porque los escenarios de muerte fueron dos buses de servicio público.

En este bus fue asesinado el adolescente de 17 años, en cercanías al parque de San Cristóbal. Foto de Róbinson Sáenz.

De acuerdo con la información preliminar recolectada por las autoridades, en la mañana de este jueves 15 de junio la comunidad vio juntos a Johan Andrés Galeano Cuartas y Alejandro Martínez Barrientos, de 22 y 17 años, respectivamente.

Algunas personas los señalaron de estar cobrando extorsiones (“vacunas”) a los buses y a locales comerciales del parque de San Cristóbal, y al parecer le avisaron a la banda del sector, que comenzó la cacería.

Cada uno de los muchachos abordó un bus diferente, para salir de la zona, sin percatarse de que los seguían.

El primer ataque sucedió a las 2:20 p.m. en el bus en que viajaba Johan Galeano, justo cuando transitaba por la vereda La Loma. Según la narración de los testigos a la Policía, dos hombres tocaron el timbre para bajarse por la puerta trasera. Cuando el conductor detuvo la marcha, uno de ellos le acertó un disparo en la cabeza al joven.

Luego huyeron con rumbo desconocido, mientras el busero se dirigía a la Unidad Intermedia de San Javier, adonde el pasajero llegó sin signos vitales.

Quince minutos después ocurrió el segundo incidente, en la cabecera corregimental. El informe inicial de la Secretaría de Seguridad precisa que el adolescente Martínez al parecer le estaba cobrando la “vacuna” al conductor, y en ese instante subió un asesino. Obligó a los pasajeros a descender del vehículo, condujo a la víctima hasta la silla trasera y allí le disparó tres veces.

Por el momento no se ha establecido cuál banda delincuencial perpetró los homicidios.

NOTA RELACIONADA: Muerte de cabecilla y sicariato afectan a Robledo y San Cristóbal.

El Inspector.

Fueron 16 los presuntos integrantes de esta organización criminal los capturados este miércoles (6 de julio), de acuerdo con la información policial.

Este es el organigrama de los capturados del combo de “San Francisco” (no aparecen los menores de edad apresados). Cortesía Policía.

El operativo fue ejecutado por el Gaula Antioquia de la Policía, cuyos efectivos realizaron 17 allanamientos en el barrio San Francisco de Itagüí, el vecino corregimiento San Antonio de Prado (Medellín) y el municipio antioqueño de Angostura.

Según el informe policial, la banda de “San Francisco” se dedica a la extorsión, el tráfico de estupefacientes y el desplazamiento forzado, en la frontera de Medellín e Itagüí, perjudicando a los residentes en los barrios San Francisco, Bariloche, Ditaires y El Limonar.

En la actualidad este grupo es apadrinado por la “Odín los Triana” (organización delincuencial integrada al narcotráfico), que desde su base en la comuna 2 de Medellín ha extendido redes a otros municipios en los últimos años, como Itagüí, Bello y Caldas (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades van tras el bolsillo de “los Triana”).

Durante esta investigación de dos años, los agentes determinaron que por lo menos 150 personas eran extorsionadas frecuentemente, entre ellas los conductores de servicio público, los comerciantes y residentes de los barrios afectados. Esta actividad le generaba ingresos mensuales cercanos a los 10 millones de pesos, que se sumaban a las ganancias de usura por los préstamos ilegales de “gota-gota” o “paga diario”.

“Al igual que con la banda ‘El Pedregal’ y ‘San Gabriel’, hoy desmantelamos una de las organizaciones criminales con mayor injerencia en el sur de nuestra ciudad”, celebró Juan Carlos Zapata Pimienta, secretario de Gobierno de Itagüí.

En los capturados están tres miembros de su cúpula: “el Zurdo” o “Dani”, de 29 años y presunto líder de la facción; “Coca”, de 27 y presunto administrador de las finanzas ilícitas; “Tocineto” u “Oconer”, de 25 y supuesto coordinador de plazas de vicio y extorsiones del grupo en San Francisco y Bariloche.

Junto a ellos cayeron “el Zarco”, “Casifu”, “Carepapa”, “la Pecosa”, “Steven”, “Luisca”, “Lucía”, “Chanci” y “Jaminton”, así como cuatro adolescentes apodados “Mateito”, “Brayan”, “Peludo” y “Marimon” o “el Animal”.

En los allanamientos apenas les incautaron dos celulares, un arma cortopunzante, y una mata y 250 gramos de marihuana. Serán procesados por cargos de concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico de estupefacientes.

NOTA RELACIONADA: Cárcel para “Bambaramba” y gente de tres bandas más.

El Inspector.

Entre los apresados está uno de los máximos cabecillas, Nelson Jaime Correa Henao, alias “Bolillo”, cuya detención se logró en un apartamento del municipio de La Estrella, Antioquia, donde le incautaron $14’958.700 en efectivo.

Esta es la reseña del caso, elaborada en equipo por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Nelson Correa, alias “Bolillo”, había sido capturado en diciembre de 2010. Cortesía Policía Metropolitana.

Fuentes judiciales indicaron que la Operación Troya, con 26 allanamientos, inició en la mañana de este jueves 2 de junio, concentrándose en los barrios Popular 1 de Medellín, y Zamora y Santa Rita, de Bello, así como en los municipios de Girardota y Guatapé. En estos lugares cayeron 12 supuestos miembros de la facción, tres de ellos en flagrancia por posesión de estupefacientes, licor adulterado y municiones.

Los demás tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, de acuerdo con la investigación de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado y la Sijín de la Policía Metropolitana.

Según el informe oficial del caso, entre los detenidos están:  el cabecilla alias “Cheroky”, de 32 años y encargado de dirigir a los coordinadores de zonas; “Changua”, de 33, coordinador del barrio Andalucía y los sectores La Ranchería y La 107; “el Diablo”, de 32 y coordinador en los barrios El Playón y Acevedo; “el Zarco”, de 30 y también coordinador en El Playón; “el Zurdo”, quien tiene 31 años y se desplaza en silla de ruedas porque padece movilidad reducida, coordina el barrio Santa Cruz La Rosa; “Casco”, de 35 y coordinador de plazas de vicio y cobro de extorsiones; esa misma función la cumplen “Canecas”, “Chapeto” y “Bigorra”, de 26, 31 y 36 años respectivamente.

“Bolillo”, de 40 años, había sido capturado en diciembre de 2010 por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), pero regresó a la libertad el 17 de enero de 2012, tras cumplir las tres cuartas partes de una pena por concierto para delinquir. En sus antecedentes también figuran arrestos en 1997, 1998 y 2008; ahora volverá a prisión por nuevos delitos.

La banda “los Triana” es una de las principales Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odín) que actúan en el Valle de Aburrá. Su base de operaciones es la comuna 2 de Medellín (Santa Cruz), mas sus redes se extienden a las comunas 1 y 7 (Santo Domingo y Robledo) y el corregimiento San Antonio de Prado, al igual que en los vecinos municipios de Bello, Itagüí y Caldas. En estos sectores se dedica al sicariato, narcotráfico, desplazamiento forzado, amenazas, extorsiones, desapariciones y usurpación de lotes, entre otras conductas ilegales.

El general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, recordó que los orígenes de este grupo se remontan a la época final del cartel de Medellín, y que esta es la quinta operación estructural que les hacen en contra. Pese a esto, ha seguido activa por tres décadas.

Durante la investigación (que inició en marzo de 2014), los agentes de la Sijín descubrieron que la estructura delincuencial podía obtener ganancias cercanas a los $300 millones de pesos semanales, dinero que provenía de rentas como la administración de 28 plazas de vicio fijas y móviles, lo cual les dejaba al menos $264 millones. Los otros ingresos venían de las extorsiones a los establecimientos comerciales ($18 millones semanales), las rutas de buses ($6 millones), máquinas tragamonedas ($4’500.000), las viviendas ($2 millones) y el transporte informal ($1 millón).

Tal cual lo había informado Revelaciones del Bajo Mundo en reportajes pasados, la Policía señaló que “los Triana” invierten parte de esas ganancias en negocios legales, como la compra de buses de servicio público para la zona nororiental de Medellín y mueblerías de lujo en El Poblado. Y en sus vecindarios de influencia controlan el comercio de productos de la canasta familiar, entre ellos los huevos, la leche y las arepas.

NOTA RELACIONADA: Los cogen por peligrosos, los sueltan por buena conducta.

El Inspector.

Se trata del hombre que, según la Policía, coordina el cobro de extorsiones a los locales comerciales y vendedores ambulantes de los sectores La Bayadera, Niquitao, San Diego, Villanueva, Guayaquil, Prado Centro, La Veracruz, Estación Villa, Barrio Colón, Los Ángeles, La Candelaria, El Chagualo y Sagrado Corazón de Jesús; también en el Parque Lleras, de El Poblado.

Estos son alias “Carnero” (de barba) y “Gafas”, capturados por el Gaula Metropolitano. Cortesía.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Gaula Metropolitano, “Carnero” había asumido las riendas de los combos que actúan en estos sitios, luego de la captura de su exsocio alias “Diadema” el año pasado (ver la NOTA RELACIONADA: Cae “Diadema”, presunto cabecilla de combos del Centro).

Con ese cambio en la línea de mando, el dinero de los territorios extorsionados dejó de llegar a la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), cuya base de operaciones está en el noroccidente de la ciudad, y pasó a las arcas de la “Odín Caicedo”, de la zona oriental.

Este jueves 28 de abril, los policías del Gaula lograron la captura de Martínez Solórzano en el barrio El Salvador. Junto a él cayó un supuesto secuaz, apodado “Gafas” o “Pocholo”, de 36 años, al igual que un tercer hombre de 34, cuya identidad reservaron las autoridades. Les decomisaron un automóvil Mercedes Benz último modelo, un revólver calibre 22, 312 municiones de distintos calibres, 86 dosis de marihuana y cocaína, 12 celulares, un computador y medios de almacenamiento. También tenían un talonario manuscrito con la contabilidad de las extorsiones y datos de las víctimas.

El general José Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que “Carnero” usaba una cédula de su hermano, pero adulterada con la foto de él; en cuanto a “Gafas”, portaba el documento de identidad de una víctima de hurto.

El cabecilla de 32 años había sido detenido en junio de 2015, también por el Gaula, en el marco de la Operación Pandora. En esa oportunidad hubo ocho capturados de “las Convivir”, implicados en el cobro de vacunas extorsivas a 150 negocios comerciales de los barrios Naranjal, Conquistadores, Florida Nueva y del sector turístico de la calle San Juan con la carrera 70, en Laureles.

Lo procesaron por concierto para delinquir con fines de extorsión, pero se las arregló para regresar a la calle.

Por si fuera poco, actualmente está pagando una pena de seis años por tentativa de homicidio, por la cual había recibido el beneficio de la detención domiciliaria.

Tras su último arresto, la Fiscalía le imputó nuevos cargos por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y uso de documento público falso. Según el informe del ente acusador, el imputado “coordina las extorsiones a las denominadas grandes superficies del Centro de Medellín y a los vendedores ambulantes y estacionarios que trabajan en el sector. Además ordena la comisión de homicidios selectivos y maneja la distribución de estupefacientes”.

“Carnero” no aceptó ninguno de los cargos y el Juzgado Cuarto Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

El Inspector.

De acuerdo con el registro oficial, los detenidos son John Fredy Tejada (alias “el Muerto”), Julián David Betancur Marín (“Gordo”), Andrés Mauricio Hincapié Vargas (“Hincapié”), John Faber Mantilla Rincón (“Hikler”) y Juan Fernando Gallego Flórez (“el Calvo” o “Juanito”).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los presuntos miembros de la “Convivir Carabobo” capturados. Cortesía.

Según la investigación liderada por la Fiscalía 27 adscrita a la Dirección contra el Crimen Organizado, la estructura delincuencial les cobraba entre $3.000 y $5.000 pesos semanales a los vendedores ambulantes, y $22.000 a los almacenes, con el pretexto de brindar “vigilancia” o como chantaje para no desplazarlos de la zona.

Las víctimas trabajan en el sector comprendido entre las calles 50 (Colombia) y 44 (San Juan) y entre las carreras 51 (Bolívar) y 44 (Niquitao).

Algunos de los cinco sospechosos fueron arrestados en la noche del miércoles y otros en la mañana de este jueves (febrero 11), y serán presentados ante un juzgado de control de garantías para que respondan por el cargo de concierto para delinquir con fines de extorsión y desplazamiento forzado.

Este es uno de los cerca de 20 combos que operan en el Centro de la capital antioqueña (comuna 10), que se autodenominan “convivires” y se dividen el área por cuadras. La “Convivir de Carabobo”, según la investigación preliminar, hace parte de la red criminal de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la cual agrupa bandas de las comunas 8, 9 y 10.

NOTA RELACIONADA: Cae “Diadema”, presunto cabecilla de combos del Centro.

El Inspector.

Se trata de Gabriel Jaime Ortega Marín, alias “el Gordo”, y Reinaldo León Tobón Osorio, conocido como “Lancha”, quienes junto a Yéferson Darío Álvarez Montoya fueron procesados por secuestro extorsivo, extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

De izquierda a derecha: alias “el Gordo”, “Lancha” y Yéferson Álvarez. Cortesía Fiscalía.

Tanto “Lancha” como “el Gordo” habían sido detenidos en septiembre de 2011, cuando la Policía allanó la casa en la cual permanecían con otro cabecilla del grupo, alias “Albert”.

Los condenaron a cuatro años y cuatro meses por concierto para delinquir, y tras cumplir el 75% de la pena regresaron a la calle.

Según el informe de la Fiscalía, “Lancha” y “el Gordo” volvieron a delinquir y fueron sorprendidos participando en un cobro extorsivo. De acuerdo con el ente judicial, la víctima fue un transportador del municipio de Bello, donde opera la banda “Pachelly”.

La intimidación comenzó el pasado 9 de diciembre, cuando al apartamento del ciudadano llegaron dos tipos armados. Le dijeron que los tenía que acompañar, “porque le debía una plata al patrón Mauricio”.

Lo obligaron a subir a una moto. en la cual lo llevaron a un callejón cercano, donde fue rodeado por una decena de hombres, incluyendo a “Lancha” y “el Gordo”. Le dieron una paliza y le ordenaron que tenía que pagar 30 millones de pesos. El torturado aceptó pagar en dos contados, así como entregar un vehículo que conducía, y fue liberado una hora después.

La pesadilla no terminó al regresar a su apartamento, puesto la banda le hacía vigilancia constante e intimidatoria en la urbanización residencial. Pese a esto, logró interponer la denuncia en el Gaula Militar. Los investigadores del CTI y los soldados de la Cuarta Brigada adscritos a ese organismo iniciaron las pesquisas.

Para el 23 de diciembre fue pactado el primer pago, de $15 millones. Yéferson Álvarez llegó a recoger el paquete y en el acto fue capturado por los uniformados.

A los pocos minutos, los soldados interceptaron un automóvil Renault Clio blindado, en el cual se transportaban “Lancha” y “el Gordo”, junto a otros dos hombres que posteriormente fueron dejados en libertad.

En la audiencia de control de garantías, los tres arrestados negaron los cargos imputados por la Fiscalía. El Juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

NOTA RELACIONADA: Bofetada de la Fuerza Pública al crimen organizado.

El Inspector.

Por considerarlo de interés para sus lectores, Revelaciones del Bajo Mundo reproduce una investigación periodística de El Colombiano, que expone esta problemática, la cual lleva por título “La mafia del ladrillo azota a las construcciones de Bello”.

El Cerro Quitasol da sombra al área urbana de Bello. Foto de Esteban Vanegas.

Los “patrones” del cemento
Los nuevos “señores” de la propiedad raíz en Bello tienen las manos teñidas de sangre. Son personajes graduados en atracos y balaceras, que ahora poseen lotes y apartamentos y patrocinan construcciones que de a poco se devoran las laderas de la ciudad.

Su gremio es una mafia del ladrillo, porque cada vez que la tierra es removida para edificar en los barrios que dominan, ellos aparecen para cobrar la cuota. Es una norma que han impuesto a punta de terror.

“Cualquier constructor que haya trabajado en Bello ha sido víctima de las vacunas”, dice el arquitecto Waldir N*. con el tono de quien pronuncia algo por muchos sufrido, pero callado. Por eso, segundos después se apresura a insistir en que su nombre no puede aparecer en ningún lado, “porque sino los de la moto llegan a visitarme a la oficina”.

En los últimos cuatro años ha participado en, al menos, seis proyectos de vivienda en esta localidad del norte del Valle de Aburrá, en la que cerca de 380.000 habitantes subsisten a la sombra del Quitasol, un imponente cerro de 2.880 metros de altura.

En esas obras, sin excepción, la mano del crimen organizado se posó sobre los adobes. “A nuestros inversionistas les tocaba ir a la cárcel Bellavista o enviar a un representante para negociar con los jefes de las bandas, para que les permitieran construir. Allá se pacta un pago para el inicio de la obra, es una especie de permiso que a uno le toca pagar para trabajar en sus territorios”, señala Waldir N.

El ingeniero Yorman Q.* laboró en unos edificios donde ese tributo ilegal fue de $50 millones. “Es que los jefes de la mafia son los dueños de muchos predios. Ellos dicen si se puede construir o no”.

La extorsión ligada a la construcción y a la compra, venta y usurpación de terrenos, es un rubro que está haciendo millonarios a los cabecillas de Bello, al punto que estos ingresos hoy riñen con los del tráfico de estupefacientes.

Las vacunas se clavan en cada esquina donde se aplique cemento, de cuenta de una bonanza a la cual los delincuentes se han pegado como garrapatas a un purasangre: el crecimiento urbanístico.

Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en el último año la construcción creció un 10 por ciento en la municipalidad, superando a su vecina Medellín en ese ámbito y en la expedición de licencias de obra.

El alcalde Carlos Muñoz ha dicho con orgullo que su ciudad “ya no es el patio trasero de Medellín” y que “los inversionistas miran a esta centralidad del norte, hay 80 proyectos urbanísticos que tienen licencia, planes parciales. Para Bello será la oportunidad de que lleguen no menos de 38.000 viviendas suntuarias, que superan los estratos 4, 5 y 6”.

Su última frase refleja una evolución en ese campo, pues hace dos años solo había proyectos para hogares de estratos medio y bajo, ahora la valorización y el crecimiento en el área, generado en parte por los altos precios del costado sur del Valle de Aburrá, atrajeron a inversionistas de mayor envergadura.

La situación, tan benéfica para la comunidad, tiene felices a los criminales, cuyas arcas aumentan con la llegada de nuevos proyectos. La problemática es tan grande, inocultable y silenciosa como el mismo Cerro Quitasol.

Las puertas son de “los Chatas”
“Lo que yo vi, es que ‘los Chatas’ son los dueños de la tierra en el barrio Pérez y del Parque Principal para arriba, hasta donde está el tanque de agua de las Empresas Públicas. Yo trabajé en un proyecto de apartamentos por allá”, cuenta Yorman Q.

Para edificar el recinto, los constructores le pagaron 50 millones de pesos a la organización criminal más poderosa de Bello, un clan liderado por alias “Tom” o “Carlos Chata”, “Camilo Chata” o “el Viejo” y “Elkin Chata”. (Ver la NOTA RELACIONADA: “Los Chatas”, dos décadas delinquiendo con impunidad).

Esta es una de las 13 estructuras de crimen organizado que la Fuerza Pública tiene identificadas en la ciudad cuna del presidente Marco Fidel Suárez. Las otras son “Pachelly”, “el Mesa”, “los Triana”, “la Camila”, “París”, “el Tapón”, “Playa Rica”, “el Congolo”, “la Meseta”, “el Mirador”, “los Peludos” y “Niquía Camacol” o “los Camacoleros”. Con ellas se articulan algunas pandillas menores, como “el Trapiche” y “las Granjas”.

Todas se reparten territorios estrictamente delimitados a lo largo de los 19,7 kilómetros cuadrados de suelo urbano, que incluye 10 comunas y 82 barrios.

Se dedican al sicariato, el desplazamiento forzado, las amenazas, hurtos, tráfico de drogas y armas, desaparición forzada, corrupción de empleados públicos y extorsión a las residencias, establecimientos comerciales, parqueaderos, vehículos de servicio público y obras civiles. Así consta en decenas de expedientes judiciales que la Fiscalía empezó a diligenciar desde 2009 y que han permitido el encarcelamiento de algunos miembros importantes del bajo mundo, como “Guayabo”, “Alber” y “el Calvo Ruiz”.

“Hay que reconocer que se han presentado hechos que afectan al pequeño comercio, representado en las tiendas de barrio de Bello. También proveedores, distribuidores y comercializadores de productos de consumo masivo, como alimentos, aseo y hogar, refrescos, licores, frutas, verduras, enlatados y cárnicos”, señala Sergio Ignacio Soto, director en Antioquia de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

La mafia bellanita está tan bien estructurada, que los clanes conviven en una aparente armonía que les permite reducir las confrontaciones internas y controlar la primera causa de asesinatos en el Valle de Aburrá: los ajustes de cuentas entre bandas. Basta recordar que de 2008 a 2011 hubo 6.932 homicidios en Medellín, la gran mayoría por culpa de un enfrentamiento de combos en el área metropolitana. Todos los grupos chocaron en una guerra urbana con sus vecinos de comuna, menos los de Bello. (Ver la NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?).

En 2013 apenas ocurrieron 52 homicidios en la localidad y en lo que va de 2014 (con corte al 15 de agosto), 60. Eso ayuda a que no se les “caliente” la zona, aunque las autoridades siempre atribuyen a sus operativos la escasez de muertes violentas.

El secretario de Gobierno de Bello, Édgar Callejas, asegura que el bajo índice de asesinatos se debe al trabajo interinstitucional con los organismos de seguridad y que la ciudad fue elegida en 2013 como la quinta más segura entre un grupo de 27 metrópolis colombianas con más de 100.000 habitantes, según un estudio de la Universidad Sergio Arboleda.

Mas otra parece ser la sensación que perciben los habitantes de los vecindarios colonizados por las bandas, donde la simple palabra de un malviviente, sin necesidad de mostrar armas, basta para doblegar las voluntades.

El debilitamiento de estructuras antes hegemónicas, como “Pachelly” y “Niquía”, facilitó el ascenso de “los Chatas”. Adicionalmente, conformaron una alianza con “los Urabeños”, la organización criminal más grande del país.

El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, les declaró la guerra el pasado 5 de enero, acusándolos de herir a balazos a dos de sus uniformados en el sector de Cotrafa. “Pues bien, nos han retado y aceptamos el reto: ¡vamos con toda contra ‘los Chatas’!”, declaró con vehemencia.

Nueve meses después, ningún jefe tiene orden de captura y los lugartenientes se pasean con relativa tranquilidad por sus zonas de influencia: el corregimiento San Félix, Las Cabañas, Espíritu Santo, entre otros.

Por eso la comunidad evita contrariar a la banda, que en grandes proyectos de construcción exige que mínimo tres de sus “empleados” participen en tareas de celador, ayudantes y operarios de máquina. Estos infiltrados controlan los movimientos en la edificación del lote y mantienen enterados a sus patrones de cualquier “novedad”.

“Después de entregar los $50 millones, pensábamos que se evitaría el pago semanal de la vacuna, pero no. Dejaron de cobrarle al constructor y comenzó la extorsión a los contratistas que llevaban el material para acabados, puertas, ventanería y plomería”, señala Yorman Q.

Idéntica situación se ha presentado en otras comunas, donde a los contratistas “les presionan para permitirles el acceso a sus trabajadores, la llegada de los materiales, de los equipos, y para que puedan seguir adelante con sus obras son intimidados y presionados violentamente”, cuenta el dirigente Soto, y añade que esta vacuna va de $100.000 a $1 millón semanales, por lo que esas rentas ilegales “se vuelven tan grandes como el tráfico de drogas ilícitas”.

En el caso puntual, algunos contratistas dejaron de ir por miedo, así que “los Chatas”, que habían vendido el lote a los inversionistas, pusieron las puertas y varios bultos de arena y cemento obtenidos de los depósitos de Bello. “No eran materiales de la mejor calidad, pero aún así tocó prometerles 10 apartamentos en compensación”, confiesa Yorman Q.

Esta es una modalidad que se extiende cada vez más, pues los constructores y socios capitalistas no solo pagan con billetes, sino en especie. Así, los cabecillas se transformaron en arrendatarios de muchas familias, o ceden los aposentos para sus parientes y matones de confianza, o para la venta y blanqueo de activos.

“He oído que en casi todos los barrios ocurre, principalmente en zonas de la periferia hacia la montaña”, añade el ingeniero.

No obstante, lo que parece sabido por todo el gremio, no tiene quejas formales ante las autoridades. El presidente del Concejo de Bello, Luis Carlos Hernández Giraldo, quedó sorprendido al ser preguntado por los hechos, pues al cabildo “no han llegado denuncias oficiales, solamente son comentarios que hemos escuchado”.

Venden el predio sin avisarle al dueño
Con ese tono de amenaza inconfundible, de falsa autoridad que los combos  ejercen en los barrios, dos delincuentes conversan de sus fechorías, sin saber que la línea es monitoreada por agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Uno de ellos le da instrucciones al secuaz para expulsar al tenedor de un predio.

– “Ese cucho de ese lote que pillamos ayer en Cinco (sector Cinco Estrellas), vaya hable con él y le dice: ‘viejo, es pa’ decirle que hace rato le dijeron que desocupara esa chimbada y nosotros ya vendimos eso mijo, entonces ya van a venir a ver eso güevón, entonces para ver cuándo lo tiene desocupado’. Si dice que no, usted le dice: ‘usted sabe muy bien mi viejo que me mandó el parcero, el que se sabe todos los rollos de esto por aquí. O sino mire cómo nos van a cuadrar a nosotros y lo dejamos ahí sano, dénos dos y medio (millones de pesos) y le dejamos eso sano’. O sino, que pa’ mañana se necesita eso desocupado”.
– “Todo bien, ¡de una!”, le responde el interlocutor.

La instrucción fue revelada en audiencias públicas por la Dirección de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, en el marco de una investigación contra “la Camila”, que ha dejado hasta ahora a 31 de sus integrantes condenados.

Sin dejar las atrocidades comunes que ejecutan las bandas, esta facción se dedica a la usurpación de propiedades y lotes, muchos de los cuales son vendidos a terceros antes de expulsar a la fuerza a sus dueños e inquilinos. Esta situación se viene presentando en los sectores La Camila, Machado, Cinco Estrellas, La Mina, Las Vegas y Los Ciruelos, según la Fiscalía. La misma práctica es cometida por “los Triana” en La Gabriela, Acevedo y Santa Rita.

Uno de los encargados de coordinar esa actividad era un desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas y cabecilla de “la Camila”, John Jairo Ruiz Muñetón, alias “el Calvo Ruiz”, quien fue detenido y condenado a ocho años de cárcel el pasado 22 de mayo. (Ver la NOTA RELACIONADA: Cae “el Gordo Ruiz”, cabecilla criminal de Bello).

En la sentencia con número interno 2014 127100 del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, se especifica uno de los usos que la banda les da a los predios usurpados: “En aras de que los cuerpos de las víctimas no fueran hallados, eran sepultados en la terraza de una vivienda sobre la cual tenían pleno control y dominio”.

En otro aparte, se indica que los líderes “tenían contactos con diferentes funcionarios públicos, quienes les facilitaban la ejecución de sus actividades delictivas”.

El poder del “Calvo Ruiz” era tal, que los demás delincuentes de su zona “le pedían permiso para ejecutar alguna acción y él comunicaba con cuáles personas del barrio no se podían meter”.

Un habitante de La Camila comenta que la situación es tan crítica en el vecindario, que “ya ni a la puerta de la casa se puede salir, porque lo único que se ven son delincuentes y droga, al comercio lo mantienen hostigado con la vacuna y al que no la paga le roban el negocio”.

Otro residente del sector El Trapiche, que igual que el anterior solicita la reserva de su identidad, cuenta que allá hay una pandilla, al parecer asociada con “los Chatas”, que se apodera de las zonas verdes y que las quejas en las inspecciones y curadurías son infructuosas. “Y si uno les dice algo a estos delincuentes, ellos dicen que no necesitan permisos (para construir), porque Dios manda en el cielo y ellos en Bello”.

Agrega que los pandilleros se dedicaron a robar en las urbanizaciones, de donde “hicieron ir a los propietarios y vender por nada sus casas”.

El arquitecto Waldir N. afirma que en ocasiones las bandas aburren a los inquilinos que se niegan a vender, “no sé si en alianza con el constructor”. La manera de hacerlo es implantar una plaza de vicio al frente, “y la gente se cansa de ver a diario a unos muchachos tirando marihuana en su puerta, y se va”.

Al ser consultado sobre este fenómeno de usurpación de lotes y propiedades, Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz en Antioquia, lamenta la situación, pero asegura que “el gremio de las empresas inmobiliarias no ha recibido quejas formales sobre el tema”.

No se salvan ni los predios del Municipio
En un debate en el Concejo de Bello, el anterior 27 de agosto, el cabildante León Fredy Muñoz Lopera expuso otra forma de supuesta usurpación de lotes que  pertenecen al Municipio.

Señaló que la comunidad de la urbanización Los Búcaros se quejó porque hace unas semanas aparecieron personas desconocidas, midiendo un terreno aledaño a los edificios, con fines de construir allí un inmueble. Dicha zona verde es propiedad de la municipalidad.

El Concejo creó una comisión para indagar lo sucedido y Muñoz averiguó sobre el lote en las oficinas de Catastro Departamental y Catastro Municipal. Allí aparecía la propiedad, en la carrera 40B con la calle 58, un lote de 9 x 8 metros, con cédula catastral asignada, mapa de localización, acta de compraventa por $10 millones y facturas de impuesto predial.

Entre los documentos recopilados hay un acta de visita de un contratista de una firma de ingeniería y consultoría, que presuntamente evaluó el inmueble porque se le incorporó una mejora. En su informe, el profesional redactó que “la construcción se está empezando a construir” y “le faltan servicios públicos”, e incluyó la foto de una fachada.

La sorpresa surgió cuando, en la tercera semana de agosto, el concejal visitó el sitio en compañía de dos empleados de Catastro Municipal y constató que la casa no existía, era un inmueble fantasma, solo visible en el papel. “Aquí se está fraguando un delito delicadísimo, es de esa manera como se están apropiando de los terrenos del Municipio. Aquí hay un presunto concierto para delinquir y una falsedad en documento público y privado, ojalá que los organismos de control lleguen al fondo de esto. Hay funcionarios públicos y contratistas involucrados”, dijo en la plenaria.

La hipótesis de este caso es, al parecer, que individuos inescrupulosos crearon un lote en los registros de Catastro, en terrenos públicos, para luego construir allí una edificación. Pero solo alcanzaron a medirlo, antes de que se descubriera el supuesto fraude.

El concejal Jean Lee Pavón Zapata declaró en la misma reunión que en Bello hay muchas construcciones informales y que el tema de la titulación de predios urbanos y rurales es una tarea pendiente de las alcaldías. “De cada 10 construcciones, solo una se está legalizando ante las curadurías”, y agregó que este problema se observa en los barrios El Pinal, La Sonora y Niquía hacia el costado del tanque de Empresas Públicas.

De las pruebas recaudadas, el Concejo enviará copias a la Personería, la Defensoría, Catastro Departamental, la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía.

En aquel debate, los miembros de la corporación expresaron sus preocupaciones e impotencia por la manera en que la ilegalidad se aferra a la cotidianidad bellanita. La concejala Nubia Valencia reflexionó que “hay una cosa gaseosa, extraña, que se genera en torno a los bienes del Municipio”.

Y Muñoz, el expositor de la denuncia sobre el supuesto modus operandi para usurpar terrenos, manifestó lo mismo que se susurra en cada esquina de la urbe del Quitasol: “Mucha gente me dijo que no denunciara esto porque iba a destapar una olla podrida y seguro me mataban. Pero no tengo miedo”.

La bomba dejó cabos sueltos
En 2009 llegó a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) una orden con carácter de urgencia, de la Presidencia de la República: atacar el fenómeno de la extorsión en Bello y a la banda “Pachelly”, que tenía azotados a los comerciantes.

Los investigadores de ese organismo de Inteligencia comenzaron las pesquisas y en dos años recopilaron más de 50.000 horas de interceptaciones telefónicas.

Las conversaciones que escucharon no solo ayudaron a identificar a los jefes de la banda, sino un podrido cordón umbilical con funcionarios de entidades gubernamentales. La conexión era tan explosiva que el DAS bautizó esta investigación con el nombre clave de Operación TNT.

La sigla, sin embargo, tenía un doble sentido. “No solo porque era una ‘bomba’, sino que había tanta corrupción, que teníamos que investigar a media ciudad, por eso la llamamos TNT, Toma del Norte”, recuerda Reinel Z.*, exdetective del DAS.

Las labores de espionaje develaron la forma en que la banda extendía sus redes en las actividades de construcción: a través de contactos en dependencias de la Alcaldía y trámites fraudulentos, les quitaban los predios a personas que tenían título de posesión, pero no escritura (en general los de estrato uno y dos); modificaban linderos, cédulas catastrales y especificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial para que terrenos no aptos para la construcción, fueran autorizados, o para que lotes que pertenecían al Municipio pasaran a manos de terceros; alteraban permisos de licencias y actas de Curaduría, para que infraestructuras que solo estaban autorizadas para ser de tres pisos, pudieran levantar cinco; y se legalizaban terrenos obtenidos de forma fraudulenta, con desplazamientos forzados, amenazas y homicidios.

“Les quitaban las casas a viejitos, a viudas, huérfanos, pura gente pobre”, expresa Damián T.*, otro exdetective. “Cuando tomaban posesión del bien, ponían a vivir ahí a gente cercana a la organización, o lo vendían para ser demolido y construir edificios”, agrega.

Reinel Z. comenta que la organización era contratada por ciudadanos inmorales que no tenían documentos en regla para hacer actos de compraventa, y estos se los conseguían con sus enlaces en las entidades públicas. “También buscaban a inversionistas y les ofrecían terrenos para construir apartamentos, después de desplazar a los habitantes”, dice el investigador.

En cuanto a las extorsiones, la cuota inicial para permitir el despegue de grandes proyectos podía alcanzar los $120 millones.
Con la información obtenida, la Fiscalía solicitó 60 órdenes de captura y el 25 de agosto de 2011, 100 detectives y 40 soldados de la Cuarta Brigada detonaron la Operación TNT. (Ver la NOTA RELACIONADA: Operativo contra “Pachelly” y cuatro presuntos corruptos).

No solo allanaron las casas de los integrantes de “Pachelly”, sino la Oficina de Catastro y la Alcaldía de Bello, decomisando documentos y archivos digitales. Aquel día y en la semana siguiente apresaron a 23 personas, a otras 15 les notificaron los nuevos cargos en las prisiones donde pernoctaban

El operativo, sin embargo, fue infiltrado. En seis celulares de los detenidos se encontraron mensajes de texto advirtiéndoles que escaparan porque la Fuerza Pública iba en camino. Así los cabecillas lograron huir.

La alerta al parecer no les llegó a tres policías corruptos ni a Luz Dary Rodríguez Sánchez, técnica operativa de Catastro Municipal, quienes fueron arrestados. Las autoridades no tuvieron más remedio que reconocer que estaban permeadas por la mafia, aunque esgrimieron aquel clásico discurso de que “por algunas manzanas podridas” no se puede juzgar a todos.

La operación, aunque en efecto fue una bomba, no alcanzó a detonar del todo. TNT coincidió con el proceso de liquidación del DAS, en medio de los escándalos por las “chuzadas” a opositores del Gobierno y filtración de información clasificada para los criminales.

“Nosotros teníamos identificadas a 200 personas de la banda, y había más funcionarios ahí. No alcanzamos a judicializarlos a todos porque estábamos en liquidación y desde Bogotá nos dijeron ‘¡hagan esa operación ya, con lo que tengan!’”, se lamenta Reinel Z.

En las grabaciones interceptadas quedaron reseñados dos servidores públicos que dialogaban con gente de “Pachelly” y “Niquía Camacol”. A uno le decían “el Secre” y a otro “el Muchacho de Sistemas”, encargado de manipular las bases de datos para expedir certificados piratas.

“Cuando allanamos la Alcaldía, ‘el Secre’ se encerró a llorar en una oficina. Pensó que íbamos por él, pero no alcanzamos a sacarle la orden de captura”, precisa el agente.

Se habló de ejecutar una segunda fase de la Operación TNT, pero en 2012 se extinguió el DAS y las pruebas recaudadas quedaron archivadas en el trasteo a la Fiscalía, dejando a estos dos personajes como cabos sueltos y, hoy en día, libres.

La ley del silencio
El temor que ha manifestado el arquitecto Waldir N., a que le caigan “los de la moto a la oficina” si llega a denunciar el tema, nació en un episodio ocurrido en Niquía, la comuna que más creció en urbanismo y comercio, convirtiéndose en el nuevo centro de Bello y la joya de la corona para el hampa.

“En un proyecto de una torre de apartamentos había fines de semana en los que no se pagaba a tiempo la vacuna, que era de 30.000 pesos. Entonces, los del combo empezaron robándose una impresora, luego se desapareció el computador. El administrador instauró un denuncio en la Fiscalía, y no había pasado un día cuando llegaron los de la moto, con ese mismo denuncio en la mano, y lo golpearon para que lo retirara”.

Aunque maltrecho, este ciudadano sobrevivió. Otros denunciantes no corrieron con la misma suerte. El 4 de mayo de 2013 fue asesinado un líder del proceso de restitución de tierras, Iván Darío Restrepo García, por mercenarios disfrazados de policías que lo acribillaron a tiros en su casa del barrio La Gabriela. Llegaron a las 6:30 p.m., justo después de que partieran los escoltas que el Estado le había asignado por las amenazas.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) informó que el fallecido había denunciado a la organización “los Triana” por cuatro locales comerciales que le arrebataron. Además, “Restrepo se había empeñado en demostrar las alianzas entre la banda y agentes de la Policía”, según el comunicado de la ONG.

Su queja se enmarcaba en una problemática que padecen 50 familias de La Gabriela, en el costado suroriental de Bello, que fueron despojadas de sus casas.

El pasado 4 de julio, el Gaula Metropolitano capturó a 16 presuntos militantes de la agrupación en la Operación Vulcano, sospechosos de los desplazamientos forzados y la muerte de Restrepo. En el informe oficial, la Policía indicó que, tal cual hicieron con la esposa y los tres hijos del difunto, la banda suele desplazar a las personas “para quedarse con sus bienes”.

El 21 de febrero de 2014 mataron a balazos a Wilmar Ríos Gil, propietario de un depósito de materiales para la construcción que había denunciado las extorsiones que le imponía la banda “Niquía Camacol”, arrebatándole dinero e insumos para las obras en las que se involucraban.

Ese día salió en su volqueta a entregar un pedido de ladrillos, cuando los sicarios motorizados tirotearon el vehículo. También murió su escolta asignado, el patrullero Andrés Marín Acuña, y el ayudante Albeiro Arenillas; otros dos trabajadores, que iban en el volco, quedaron heridos.

Al alto grado de intimidación se suman episodios de corrupción, que terminan amordazando a los afectados. Yorman Q. relata que a una de las torres del centro de la ciudad “llegaba una patrulla cada semana y se quedaba conversando con los muchachos que la banda había puesto a trabajar en la construcción. Esos policías vacunaban a los que a su vez vacunaban la obra”.

Por nexos con “Pachelly” han sido arrestados, al menos, 10 policías en los últimos cuatro años, incluyendo al patrullero Robert Quintana Murcia, quien el pasado mes de junio fue sentenciado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín a la máxima pena contemplada en el Código Penal Colombiano: 60 años de cárcel. Según el reporte de la Fiscalía, este y otros uniformados “eran los encargados de montar retenes para verificar los contenidos de los automotores de carga y pasar la información al resto de la banda”, que luego asaltaba camiones y en algunos casos mataba a los choferes.

Y por trabajar para “los Triana”, el 9 de febrero de 2011 fueron capturados y luego condenados seis policías, incluyendo al teniente Johny Villegas, comandante de la estación del municipio de Caldas. (Ver la NOTA RELACIONADA: La justicia condenó a varios “trianas” y a sus corruptos).

El pasado 26 de agosto en una entrevista para El Colombiano, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, fue indagado sobre la corrupción en su institución. “Con frecuencia debemos capturar policías porque cedieron a tentaciones. Es una lucha que siempre debemos estar librando”, respondió.

La ciudadanía, en persona y a través de las redes sociales, tiende a justificar la ausencia de denuncias en la desconfianza a las autoridades. Es que a los episodios reseñados se suman las capturas en los últimos siete años de personas emblemáticas de Bello, por asociarse con el crimen organizado.

El caso más sonado es el del abogado Óscar Suárez Mira: bellanita de nacimiento, quien fue alcalde, congresista, empresario y el principal barón electoral de la zona, perteneciente a un clan familiar que posee decenas de propiedades, negocios y relaciones comerciales.

La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2013 a nueve años de cárcel por nexos con las Autodefensas, y en la misma sentencia (acta N°236) compulsó copias para que también se le investigue “por la probable comisión del delito de constreñimiento al sufragante y concierto para delinquir por acuerdos con bandas criminales”.

También fue condenado uno de los principales promotores de empleo: Hugo Albeiro Quintero, exgerente de la empresa Bellanita de Transportes, que cuenta con la flota de buses y taxis más grande del norte del Valle de Aburrá y genera unos 3.000 puestos de trabajo. La pena fue de siete años y medio de prisión por financiar grupos al margen de la ley y actualmente está en libertad condicional.

Después llegaron los arrestos de Luz Dary Rodríguez, la empleada de Catastro, y Adriana María Alzate Sierra (2011), coordinadora de la Casa de Justicia de Bello y precandidata a la Alcaldía de Amalfi, quien fue sentenciada a cuatro años de cárcel “por hacer parte de la banda ‘Niquía Camacol’”, según la Fiscalía.

También, por compartir información confidencial de procesos judiciales y asesorar a “los Triana”, condenaron a cinco años y 10 meses a Ílvar Alfonso Delgado Ruiz, fiscal 220 Seccional de Bello.

A juicio del secretario de Gobierno Municipal, Édgar Callejas, “cargamos con situaciones del pasado que ya son superadas. Esta administración tiene el compromiso de combatir los focos de corrupción que se puedan dar, estamos dispuestos a poner en la picota pública a estas personas”.

Los de la rosca no pagan
– “Vea, la solicitud sería la siguiente: estás haciendo una obra en el sector de nosotros, ¿cierto? Tenemos órdenes por la Alcaldía, por otras oficinas, por la Mesa de Trabajo, en que todas las obras que lleguen a hacer en el barrio, los pelados lleguen a cobrar su vigilancia. Diga si nos va a colaborar o dejamos la cosa así como está”.

La advertencia es proferida por alias “el Grande”, cabecilla de “Niquía Camacol”, al administrador de un proyecto de vivienda en su sector. El diálogo está en una grabación del 9 de febrero de 2011 y hace parte de la evidencia que la Dirección de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado ha recopilado contra esa estructura.

En otras interceptaciones (26/10/10 y 30/10/10), “el Grande” le reporta a su socio “Miguel” que están cobrando 50.000 pesos diarios de vigilancia por obra e instruye a un funcionario de las Empresas Públicas, que se aprestaba a tapar unos huecos, sobre cómo funcionan las cosas en su territorio: “En toda obra que hacen en los barrios deben colaborar los pelados de por ahí. Colabore con $25.000 o $30.000 por cada día que tengan eso ahí, porque barrio es barrio y en un barrio no se zafa el ladrón, y los pelaos le están poniendo cuidado a la herramienta, y ellos también necesitan con qué comer”.

En una grabación del 03/1/11, “Juan”, de “Niquía Camacol”, se enoja porque los de la banda de “el Mesa” se adelantaron en la extorsión a una obra de reforestación en las laderas de Bello, en la que cobraron $500.000 de cuota inicial. “Dígale a ‘el Montañero’ (cabecilla de ‘el Mesa’) que no puede disponer de eso, que nos dañó el flete, dígale a esa gonorrea, o que sino responde él”.

Sentado en una taberna, dándole sorbos a su tercer tinto de la tarde, el comerciante Emilio W*. susurra una máxima que refleja las imposiciones registradas en los audios. “En Bello se está haciendo popular que los contratistas, dentro del presupuesto de la licitación, incluyan secretamente el rubro de extorsión. Todo el pueblo está vacunado, ese es el corrillo callejero”.

Los únicos que se salvan de los pagos son los que están “en la rosca”, como él los llama. “¿Por qué hay gente que construye y se pavonea? ¡Porque está en la rosca! Y para estar ahí hay que ser amigo de los pillos y colaborarles de vez en cuando, entregándoles un apartamento o dos por edificio”.

El detective Reinel Z. acota que “los cabecillas pueden tener hasta 10 apartamentos a nombre de terceros”. Teniendo en cuenta que las viviendas de interés prioritario (VIP) tienen un valor máximo de $43 millones (decreto 0075 de 2013), el botín de inmuebles por cada patrón rondaría los $430 millones; y si se trata de viviendas de interés social (VIS), cuyo tope es de $83 millones, se acercaría a los $830 millones. Los que antes eran simples matones de barriada, hoy posan como “señores” de la propiedad raíz.

“Varios proyectos de interés social o prioritario, que son para la comunidad menos favorecida, están siendo flagelados. Es una queja que nos ha llegado de los gremios colegas y de promotores inmobiliarios”, recalca Soto.

En algunos sectores las bandas no solo son vacunadores sino inversionistas de las obras, al estilo de “los Chatas”. Sucede en Niquía y el Centro, donde según la Alcaldía el metro cuadrado oscila entre $1’800.000 y $2’000.000, así como en los barrios Pérez, San Martín, París, Espíritu Santo, Trapiche y la parte alta de Pachelly.

Las reuniones de quienes están en la rosca y los cabecillas se realizan en fincas de la vereda Primavera, el corregimiento San Félix y el área semirrural del barrio San Martín. “Allá no faltan las trabas con marihuana y las orgías. Lo que no se arregle por allá, es porque no quieren”, narra Emilio W.

Entre los personajes de la rosca que estarían aprovechando la bonanza constructora de la mano de los combos, están “el Señor Nando” y “Pollo”, un par de comerciantes veteranos y propietarios de locales y bienes raíces, que también fueron mencionados en las grabaciones de la Operación TNT.

Los que no están en la fraternidad de la mafia del ladrillo, padecen el azote de las vacunas, incluso la gente más pobre.

El maestro de obra Ferney D.*, sentado en el amplio mueble de su sala, relata que se quedó sin trabajo por culpa de los maleantes de “Niquía Camacol”. Fue contratado por una señora para “echarle plancha a la casa en el barrio La Cumbre, pensando en ponerle segundo piso más adelante”.

Un día llegó y vio a los muchachos de la moto estacionados frente a la fachada. “Ya no podés trabajar más aquí, la cucha no está dando la colaboración”, le dijeron los jóvenes. Con el rabo entre las patas y un bulto de cal, le tocó devolverse a su casa.

En zonas periféricas, en especial de las comunas 6 y 7 (Bellavista y Altos de Niquía), los antejardines son vendidos a terceros sin autorización de los dueños. En ese espacio llega un nuevo inquilino a construir su rancho, y punto.

El concejal Francisco Veléz opina que “en Bello la construcción se está desbordando, no sé quién está construyendo tanto, ni quién está comprando tanto, porque todo lo que se construye se vende”.

¿Los constructores no pierden?
El secretario de Gobierno de Bello, Édgar Callejas, se siente maniatado porque ni en su despacho, ni en la Fiscalía Seccional ni en el CTI hay denuncias formales sobre este asunto de la construcción. Entiende el temor de la población, pero sin esos registros, “para nosotros es imposible adelantar procesos, porque lo que puede pasar es que sea una cuestión que se esté manejando muy por debajo, y eso nos genera un impedimento para actuar”.

Las quejas al parecer se están entregando en niveles superiores del orden Departamental, porque el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, sí ha “recibido de ciudadanos y diputados información de ese tema. Lo hemos hablado con el general Mendoza de la Policía Metropolitana y con el Gaula. Es un tema que ya tiene una historia en Bello, pero el reto es confrontarla de manera rápida, hay un Gaula Metropolitano que debe asumir eso”.

Frente al auge de las extorsiones, cabe preguntarse: ¿por qué, en vez de decrecer, el fenómeno de la construcción sigue aumentando en Bello? ¿Por qué no se espantan los inversionistas?

El comerciante Emilio W. dice que “el negocio sigue siendo muy rentable, el margen de utilidad da con qué pagar la vacuna y sobra”.
Y el arquitecto Waldir N. concluye que “el afectado es el cliente final, porque el constructor no va a perder. Para él, el gasto de la extorsión se suma al presupuesto final y lo paga quien compra el apartamento, el constructor ajusta su plata con el bolsillo del cliente”.

El Colombiano quiso conocer la postura oficial de otros representantes del gremio de arquitectos, constructores e ingenieros sobre este punto. De nuevo apareció la ley del silencio, algunos dirigentes pidieron no ser citados, otros no quisieron, unos más dijeron no ser los más indicados para declarar y el último, mermando el volumen de su voz, hizo evidente el terror por los de la moto: “Si hablo de esto, me pongo una lápida en el cuello”.

*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
Esta investigación contó con el apoyo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (Fnpi).

NOTA RELACIONADA: Un temblor sacude a la mafia de Bello.

El Inspector.