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¿Algunas propuestas de De la Espriella podrían afectar los derechos humanos? Esto dice organización de izquierda

El documento reúne cuestionamientos sobre el modelo de seguridad propuesto por el candidato, su postura frente al Acuerdo de Paz y varios señalamientos revelados por investigaciones periodísticas.

  • La organización señaló preocupaciones sobre propuestas en materia de seguridad, justicia transicional, relaciones internacionales y libertad de prensa planteadas por el candidato presidencial. FOTO: JULIO HERRERA.
    La organización señaló preocupaciones sobre propuestas en materia de seguridad, justicia transicional, relaciones internacionales y libertad de prensa planteadas por el candidato presidencial. FOTO: JULIO HERRERA.
18 de junio de 2026
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A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para el 21 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) publicó un pronunciamiento en el que expone una serie de preocupaciones sobre las propuestas y antecedentes del candidato Abelardo de la Espriella.

La organización sostuvo que algunas de las iniciativas planteadas por el aspirante presidencial podrían tener impactos sobre las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos en el país.

Megacárceles y proceso de paz

Uno de los puntos señalados por la FIDH se refiere a las propuestas de seguridad inspiradas en el llamado “modelo Bukele”.

Es importante recordar que De la Espriella ha dicho que las 10 megacárceles que planea construir serán “aisladas, sin señal de comunicaciones, diseñadas expresamente para impedir que desde ellas se siga extorsionando, coordinando delitos y gobernando redes criminales hacia afuera”.

Al respecto, la FIDH explicó que sus expertos han “documentado que ese modelo se traduce en detenciones arbitrarias de hombres jóvenes y pobres, en lugar de perseguir a los altos mandos responsables de la violencia. Esta selectividad no combate el crimen. Por el contrario, criminaliza la pobreza y vulnera el debido proceso al recaer sobre quienes son el último eslabón de las cadenas criminales”.

Ese registro no es solo de la FIDH. La directora jurídica de la ONG Socorro Jurídico Humanitario de El Salvador, Ingrid Escobar, explicó en entrevista con CNN que han registrado, por lo menos, 30.000 detenciones arbitrarias en el país. No es algo menor, pues el total de presos en el país es de 82.000.

Además, en febrero de 2025, Human Rights Watch denunció que Bukele había firmado una orden para trasladar a niños, niñas y adolescentes detenidas a cárceles para adultos. La directora de la organización, Juanita Goebertus, aseguró que aquella medida era un retroceso en los derechos de la niñez.

Y es que, desde 2022, más de 3.000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos. Según la ONG mencionada: “Las detenciones en muchos casos parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física. Algunos agentes de policía dijeron a Human Rights Watch que las autoridades los presionaban para arrestar diariamente a un número determinado de personas”.

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Además, el mismo informe detalló que varios menores de edad detenidos habían sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual.

La federación también expresó inquietud frente a la intención de reformar, desfinanciar o eliminar entidades creadas en el marco del Acuerdo de Paz.

Entre ellas, la FIDH mencionó la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Para la organización, “desmontar esta arquitectura implica abandonar el Acuerdo de Paz, desproteger a quienes ya están en riesgo y favorecer el crimen organizado”.

En materia de seguridad, la FIDH también cuestionó las propuestas de Abelardo de La Espriella relacionadas con operaciones militares y bombardeos, al advertir sobre eventuales consecuencias para la población civil, que usualmente queda en medio de los enfrentamientos y termina enfrentado heridas o la muerte.

Relaciones internacionales

En materia internacional, la FIDH cuestionó los planteamientos del candidato sobre una eventual salida de Colombia de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Ni la ONU ni la OEA me gustan. ¿Eso de qué ha servido a Colombia?”, señaló el candidato por el movimiento de Defensores de la Patria durante una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez. En particular, el candidato aseguró que revisaría la permanencia del país en algunos organismos multilaterales que, según su criterio, presentan grandes fallas dentro del ecosistema internacional.

“Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, aseguró.

Sin embargo, según la denuncia de la FIDH, una decisión de este tipo reduciría los mecanismos de protección disponibles para las víctimas y afectaría la capacidad de interlocución internacional del país.

La organización no ha sido la única en cuestionar esta propuesta. Vanessa Ramírez, miembro de la organización Corporación Justicia y Democracia publicó un análisis respecto a la propuesta.

”No es una simple propuesta de política exterior, es una iniciativa que cuestiona uno de los pilares fundamentales del orden constitucional colombiano: la incorporación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos como garantía frente a los abusos del poder”, dijo.

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Y agregó: “Lejos de fortalecer al Estado, una decisión de esta naturaleza debilitaría los mecanismos de control democrático, aislaría internacionalmente al país y pondría en riesgo derechos y garantías fundamentales para millones de personas”.

La libertad de prensa

El pronunciamiento de la FIDH también hizo referencia a decisiones judiciales y controversias relacionadas con la prensa.

La organización recordó que un juzgado ordenó al candidato retractarse por comentarios dirigidos a la periodista Laura Rodríguez, al considerar que constituyeron violencia basada en género.

En concreto, las palabras de De la Espriella fueron: “Con esa foto me gané unos votos bien bacanos (...) Acércala y dime qué ves ahí. No seas tímida”. En otro momento agregó: “Estoy mal de culo, pero miren esta foto”.

Posteriormente, y antes de la orden judicial, el candidato pidió disculpas por lo dicho a través de su cuenta de X. Sin embargo, nunca se retractó, ni admitió a la opinión pública que las mujeres votan con inteligencia y criterio, como lo pidió el juzgado.

La FIDH también mencionó una demanda presentada por De la Espriella contra el periodista Daniel Coronell en 2018, quien investigaba procesos judiciales y negocios que comprometían al ahora candidato presidencial. La demanda posteriormente fue retirada.

A pesar del retiro de la acción judicial y las disculpas (sin retractación) de De la Espriella, la FIDH afirmó que “atacar a alguien por su género o demandar por ejercer su oficio son dos formas de silenciar la prensa libre”.

FIDH pide claridad sobre investigaciones que salpican a Abelardo de La Espriella

Otro de los apartados del documento recoge investigaciones periodísticas sobre presuntas relaciones comerciales y operaciones financieras irregulares asociadas al candidato.

La federación citó reportajes publicados por medios como Cambio y Vorágine sobre pagos recibidos de empresas vinculadas a Alex Saab.

Por ejemplo, en la más reciente, publicada por cambio evidenciaron que entre 2014 y 2015, De la Espriella se benefició de transferencias bancarias superiores a los 370.000 dólares provenientes de dos empresas vinculadas directamente a Alex Saab, el empresario barranquillero señalado como presunto testaferro del régimen venezolano y declarado “amigo” del abogado que hoy aspira a la Casa de Nariño.

Entre las empresas se encuentran Group Grand Limited, fundada en Hong Kong y Consorcio Estructuras Metálicas, empresa vinculada al Fondo Global de Construcción, fue una de las compañías mediante las cuales Alex Saab y su socio Álvaro Pulido recibieron alrededor de 700 millones de dólares en contratos para la construcción de viviendas de interés social en Venezuela.

En otra investigación de Cambio, se reveló que una empresa que permaneció en proceso de liquidación durante tres años y fue reactivada apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales recibió $1.299 millones de la campaña de Abelardo De la Espriella por conceptos relacionados con transporte y logística.

El dueño de la empresa sería un estudiante universitario de Ciencias Sociales, que además figura en condición de vulnerabilidad en el Sisbén; y recibe una beca para su estudio y un bono universitario.

Por el momento, ni Abelardo de La Espriella ni su campaña se han referido específicamente a las denuncias mencionadas.

Pese a las críticas en este ámbito, la Federación Internacional de los Derechos Humanos también fue enfática en señalar que rige la presunción de inocencia y recordó que los abogados no pueden ser identificados con las actuaciones o intereses de sus clientes. Aun así, sostuvo que la acumulación de cuestionamientos “exige explicaciones claras y públicas de quien aspira a la Presidencia de la República”.

¿Qué es la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)?

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) es una organización no gubernamental internacional dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Fue fundada en 1922 en París, Francia, y es una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas del mundo.

La FIDH funciona como una red que agrupa a cerca de 200 organizaciones nacionales de derechos humanos en más de 100 países. Entre los temas que trabaja se encuentran la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, la protección de personas defensoras de derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la justicia transicional.

Aunque la organización se presenta como independiente y por fuera de las lógicas de partidos políticos, varios expertos y parte de la opinión pública la han relacionado con ideologías y orientación progresista-izquierdista.

Recibe fondos de Open Society Foundations (George Soros), Sigrid Rausing Trust y la Ford Foundation, organizaciones también relacionadas con el progresismo en occidente.

Entre las polémicas que la rodean se encuentra su apoyo a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel y ha impulsado iniciativas relacionadas con la rendición de cuentas por el conflicto palestino-israelí.

En 2015 presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre la situación en Gaza que fue cuestionado por algunos sectores, los cuales señalaron que no reflejaba adecuadamente los ataques con cohetes lanzados por Hamás contra población civil israelí.

Lea además: Las 5 propuestas más disruptivas o polémicas de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda

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