La situación jurídica de Augusto Rodríguez sigue lejos de aclararse del todo. Aunque la Fiscalía dio marcha atrás en la imputación de cargos que había anunciado en su contra por el magnicidio de Miguel Uribe, el episodio abrió un nuevo frente de controversia dentro del ente investigador.
Todo ocurrió en cuestión de horas. Primero, la Fiscalía informó que imputaría a Rodríguez el delito de prevaricato por omisión, una decisión que sacudió el caso por la gravedad del señalamiento. Antes de su asesinato, Miguel Uribe en al menos en 23 oportunidades solicitó a la Unidad de Protección que reforzara su esquema de seguridad.
Frente al detalle de las solicitudes sin atender, Rodríguez aclaró que estas no constituían pedidos formales de ampliación del esquema de seguridad, sino solicitudes logísticas para desplazamientos que la UNP no podía cubrir por falta de contrato.
“Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema”, argumentó Rodríguez, y añadió que esas peticiones debían tramitarse con la Policía Nacional o la unidad administrativa del Congreso.
El funcionario insistió en que revisaron los archivos y concluyó que “no hay ni una sola solicitud” de refuerzo de seguridad radicada formalmente ante su despacho, desmintiendo así las versiones sobre una supuesta negligencia deliberada de la entidad.
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Con base esas actuaciones se radicó la solicitud de imputación en su contra. Sin embargo, no se consumó. Poco después de conocerse la noticia, la misma entidad se retractó. La fiscal que había radicado la solicitud no tenía competencia para hacerlo. El error obligó a frenar el trámite y a dejar sin efecto, al menos por ahora, la imputación anunciada.
Frente a ese escenario, fuentes de la Fiscalía aclararon que este paso atrás no significa un cierre definitivo del camino penal contra Rodríguez. Por el contrario, explicaron que la posibilidad de imputar deberá ser evaluada por un Grupo de Trabajo especial, creado específicamente para asumir el caso y revisar las actuaciones previas.
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Es decir, en cualquier momento, si así lo determina el Grupo Especial, Rodríguez podría ser imputado dentro de ese expediente. De ocurrir, se convertiría en el primer funcionario de alto rango judicializado por el magnicidio y en la décima persona vinculada formalmente al proceso.
En medio del revuelo, el propio Augusto Rodríguez elevó el tono del debate. Señaló directamente al ministro de Justicia Andrés Idárraga y sugirió que podría estar detrás del intento de imputación, presuntamente influyendo en su esposa, Andrea del Pilar Verdugo, quien hasta este martes fue funcionaria del ente investigador.
Entre ambos funcionarios del Gobierno Petro hay una pelea casada. Idárraga afirma que Rodríguez lo intercepta ilegalmente.
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“Jamás pasa por mi cabeza hacerle escuchas a nadie, y menos en mi posición, soy el encargado de proteger a opositores, líderes sociales, magistrados y periodistas, tengo que ser impoluto”, dijo el director de la UNP.
Además, Rodríguez cuestionó las actuaciones de Idárraga frente a otras entidades, como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y consideró que la gestión del Ministro debería ser objeto de escrutinio. “He conocido cosas que me hacen pensar que no están en la línea ética correcta”, comentó.
Por su parte, Alejandro Carranza, defensor de Rodríguez, sostuvo que lo ocurrido confirma lo que advirtió desde el primer momento. Según explicó, alertó a la fiscal de la Unidad de Administración Pública que no estaba facultada para adelantar la imputación, una advertencia que, a su juicio, fue ignorada hasta que la Fiscalía tuvo que reconocer el error.
Así las cosas, la no imputación de Augusto Rodríguez no puede leerse como un punto final. El caso sigue abierto, bajo revisión interna y en manos de un nuevo equipo, mientras persisten las tensiones, los señalamientos cruzados y la expectativa sobre si la Fiscalía volverá —o no— a intentar llevarlo formalmente ante un juez.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿La Fiscalía cerró el caso contra Augusto Rodríguez?
- No. La imputación se retiró por un error procedimental, pero la investigación continúa.
- ¿Por qué se habló de prevaricato por omisión?
- Porque se cuestiona si la UNP omitió reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe pese a múltiples solicitudes previas.
- ¿Rodríguez puede ser imputado nuevamente?
- Sí. Un Grupo Especial de la Fiscalía revisa el expediente y puede reactivar la imputación.
- ¿Qué papel juega el ministro Andrés Idárraga?
- Rodríguez sugiere que Idárraga habría influido en el proceso, en medio de una disputa personal y política entre ambos.
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