El decreto que expidió el presidente Juan Manuel Santos para “poner en cintura” a las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro (ONG) no cayó nada bien en el sector de la contratación. Analistas consultados por EL COLOMBIANO coincidieron en que la norma, en lugar de evitar la corrupción, abre nuevas ventanas y “estigmatiza”a las ONG.
La primera voz que se alzó contra el decreto fue la de Liana Rodríguez Burgos, directora de Confederación Colombiana de ONG: “El decreto perjudica la imagen del sector. No todas las entidades sin ánimo de lucro son corruptas. Hay otros sectores donde se presentan altos índices de corrupción y el Gobierno no dice nada al respecto. Lo que están logrando es debilitar el trabajo de las organizaciones sociales”.
Con el decreto, el presidente Santos limita la contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro. Según él, éstas se han convertido en “una herramienta predilecta de los corruptos para esquilmar al Estado”.
De acuerdo con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, en las regiones se contratan alrededor de 1,2 billones de pesos con entidades sin ánimo de lucro, pues con esa figura se han evadido elementos de la contratación pública.
Carlos Andrés Monsalve, director de la Federación Antioqueña de ONG, señaló que la principal molestia es que el Gobierno no tuvo en cuenta sus propuestas para la elaboración del decreto: “Desde el año pasado presentamos un pliego que no fue tenido en cuenta. Vemos con sorpresa que en el decreto siguen validando señalamientos que lesionan al sector”.
Entre otras disposiciones, el decreto señala que en los convenios de asociación entre entidades privadas sin ánimo de lucro con entidades estatales, la ONG deberá presentar “recursos en dinero para la ejecución de las actividades en una proporción no inferior al 30 % del valor del convenio” si no quiere estar sujeta a competencia.
Para Mauricio Cadavid, asesor de la Corporación Futuro para la Niñez, este punto es riesgoso porque “muchas entidades sin ánimo de lucro no mantienen esos recursos económicos disponibles. El 30 % del convenio es un valor muy alto”.
En el decreto, según Cadavid, es positivo en algunos aspectos, como en la obligación de que las ONG se registren en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). No obstante, hay otros puntos que generan polémica: “Queda una ventana abierta para la corrupción porque los criterios de selección quedan en manos de las entidades estatales. No hay criterios universales, y eso permite que entren voluntades políticas”.
