La angustia que paralizó al municipio de Sevilla, Valle del Cauca, durante 12 días se disolvió en un suspiro de alivio colectivo, luego de que la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el pasado 14 de agosto junto a sus hijos, fue finalmente liberada.
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La noticia, confirmada durante la tarde noche de este martes 26 de agosto de 2025, puso fin a una incertidumbre que se extendió desde las calles del municipio hasta todas las redes hospitalarias del país en medio de su búsqueda.
El rapto de la doctora, que tuvo lugar a plena luz del día, mientras recogía a sus dos hijos, de 4 y 8 años, del colegio, conmocionó a la comunidad. Los criminales obligaron a la familia a subirse a otro vehículo.
Aunque los menores de edad fueron devueltos a un campesino horas más tarde, el paradero de la profesional de la salud se mantuvo en la oscuridad, desatando una búsqueda masiva y la indignación de la opinión pública.
Un secuestro que sigue exponiendo la inseguridad regional
La liberación fue confirmada a través de un comunicado oficial de la Personería Municipal de Sevilla. El personero, Jhon Osorio, agradeció a la comunidad por su apoyo incondicional y sus oraciones durante este tiempo.
“Queremos informarle a toda la comunidad que en este momento podemos confirmar, por fuente muy confiable, de que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad y se encuentra, afortunadamente, en este momento con su familia”, declaró Osorio.
Mientras el país celebró su regreso a casa, las autoridades se centran en los responsables. Las primeras investigaciones apuntaron al frente 57 de las disidencias de las Farc, una presencia que la Defensoría del Pueblo ya había advertido en su alerta de inminencia 025 - 2024.
La zona, que incluye a municipios como Andalucía, Bugalagrande y Tuluá, es un foco de riesgo constante. La operación del Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo en el mismo territorio incrementó la preocupación por la seguridad de sus habitantes.
El secuestro de la doctora Hernández no fue un hecho aislado, ya que fue el reflejo de la creciente ola de violencia que sacude a todo el departamento. La situación llegó a tal punto que las autoridades ofrecieron una recompensa de $50 millones para quien proporcionara información que ayudara a dar con el paradero de la profesional.
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