El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo este viernes que el audio que circuló esta semana, de un supuesto disidente de las Farc hablando de “apoyos” a la campaña de Iván Cepeda, es en realidad la voz de alias Rogelio Benavides, un extorsionista recluido en la cárcel de Picaleña, Tolima.
Sánchez aseguró que las investigaciones preliminares de la Policía permitieron establecer que quien aparece en los audios sería realmente un extorsionista recluido en el Patio 10 de la cárcel La Picaleña, en Tolima.
“Quiero hacer referencia frente a un audio que se conoció, en el cual vincularían a un criminal, ‘Rogelio Benavides’, que sería un supuesto cabecilla de unas disidencias y que estaría diciendo que ojalá ganara un candidato presidencial”, afirmó el ministro.
Sánchez indicó que el material habría sido grabado días atrás, sin relación con estructuras criminales asociadas a ‘Calarcá’, alias Mordisco o cualquier otro grupo armado organizado.
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Pedro Sánchez señaló también que los audios harían parte de dinámicas de extorsión carcelaria que, al parecer, vienen siendo coordinadas desde hace aproximadamente tres meses desde el complejo penitenciario de Picaleña, en el Tolima.
Explicó que inicialmente este tipo de mensajes buscaba intimidar a sectores productivos del Huila, entre otros sectores. Asimismo, informó que, a partir de información obtenida el 28 de abril de 2026, se llevó a cabo un allanamiento en el patio 10 de la cárcel de Picaleña contra alias Sergio, quien habría intentado suplantar a grupos armados organizados, asegurando ser cabecilla de un frente guerrillero.
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El funcionario precisó que alias Sergio se encuentra privado de la libertad por los delitos de tráfico ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.
Durante el operativo, las autoridades incautaron un teléfono celular y varias libretas en las que figuraban listados de presuntas víctimas de extorsión.
Las dudas en las explicaciones del MinDefensa
Aunque el Ministro le salió al paso a la polémica por el audio, explicando que se trataría de un preso de la cárcel de Picaleña, en Tolima, siguen las dudas en otro aspecto que el criminal menciona en el audio y que tiene que ver con amenazas, cobros y una carnetización a los pobladores del Guaviare y otras zonas para poder transitar por las regiones.
Aunque el hombre asegura que “no viene a extorsionar a nadie”, en el mismo audio impone sanciones económicas a quienes no paguen o no porten el carné exigido por la organización. “El que no lo tenga paga $150.000 o $200.000, o si no se va del territorio”, afirma en la grabación.
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El material también contiene amenazas directas contra presidentes de junta y líderes comunales. “Los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas. Así me les toque vender las gallinas (...) para pagarme la multa”, se escucha en uno de los fragmentos.
En otro apartado del audio, el hombre incluso menciona la posibilidad de cometer homicidios para infundir temor entre las comunidades rurales del Guaviare.
Riesgos de seguridad para votaciones
A solo 15 días de las elecciones, el registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en la necesidad de asegurar varias zonas del país donde persisten las dificultades de seguridad y advirtió que aún hay más de un centenar de municipios con riesgo alto por la presencia de grupos armados ilegales.
Penagos aseguró que las autoridades deben redoblar esfuerzos para garantizar la instalación de las mesas de votación y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manera libre y sin presiones.
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“Por eso se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar las zonas y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, afirmó el registrador.
El funcionario insistió en que la preocupación es que no haya inconvenientes con toda la logística electoral y que existan garantías democráticas para los votantes en territorios afectados por la violencia.
“No se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre”, señaló Penagos.
Pero no son las únicas regiones que preocupan al Estado. A más de 700 kilómetros al suroccidente, en el departamento del Cauca, la situación no es menos grave.
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En el corregimiento de El Plateado, perteneciente al municipio de Argelia, las disidencias de las FARC mantienen enfrentamientos casi permanentes con la Fuerza Pública.
López de Micay, municipio vecino y puerta de entrada al cañón del Micay, ha sufrido en paralelo una ola de desplazamientos y confinamientos por los combates.
Comunidades indígenas y afrodescendientes denuncian que la presencia estatal es intermitente y que la población civil queda en medio del fuego cruzado.
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