La confirmación de que Federico Gutiérrez tendrá partido propio para competir en las elecciones regionales –lo que le permitirá dar avales y adherir a coaliciones–, es otra de las muestras del boom de nuevos movimientos que se sigue acentuando con miras a octubre próximo. Se trata de un fenómeno que ocurre justo en paralelo con una silenciosa feria: la desbordada inscripción de comités de recolección de firmas.
Si bien fue la Constitución del 91 la que abrió la puerta a un espectro cada vez más amplio y diverso de partidos y movimientos políticos (buscando ponerle fin al bipartidismo imperante del siglo XX), lo que se vive hoy –lejos de favorecer la democracia–, podría tener serias implicaciones para el futuro de organizaciones políticas, en detrimento además de los intereses de la ciudadanía. ¿Por qué?
Hace menos de una semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio personería jurídica –es decir, reconocimiento político para avalar candidatos y recibir financiación estatal– al movimiento “Creemos” de Fico Gutiérrez, quien hoy se debate entre volver a la Alcaldía de Medellín o dar el salto a la Gobernación de Antioquia.
Detrás del reconocimiento estuvieron las firmas que no solo recolectó para lanzarse a la Alcaldía en 2015, sino las que le permitieron competir por la Presidencia en 2022. Solo en este último certamen se hizo a 5 millones de votos.
Lo propio hizo la autoridad electoral con el movimiento “Todos Somos Colombia”, de la exministra y ahora senadora Clara López, quien suma una nueva personería jurídica para el Pacto Histórico.
Con estos reconocimientos –que se suman a las personerías jurídicas otorgadas a partidos del alcalde Daniel Quintero, el expresidente Andrés Pastrana o el senador Roy Barreras–, el número de partidos hoy (cuando se estudian más solicitudes) asciende a 33 organizaciones políticas. Se trata de más del doble de partidos reconocidos hace cuatro años (ver infografía).
Y más allá del altruista gesto del apoyo popular y la recolección de votos –que, por supuesto, se traduce en poder regional–, acá hay otro factor en juego: el billete. Por cada voto que logren estos partidos para gobernaciones y asambleas, el CNE les reconoce $4.590, mientras que cada sufragio para alcaldías y concejos les representa $2.766.
Frmas: el otro boom
Una explosión similar se vive con los comités de recolección de firmas, conocidos formalmente como Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), ideados precisamente para que movimientos sin cabida en partidos políticos pueden avalar candidatos a través de rúbricas. En la última década estos grupos han tenido un crecimiento desmedido y los comicios de octubre próximo no son la excepción.
En apenas cuatro meses –entre el 29 de octubre, día en que arrancó el calendario electoral, y el 3 de marzo– el número de comités inscritos es de 803. Es decir, en promedio, uno cada 4 horas.
En el caso de los GSC, el CNE determinó que el valor de reposición por cada voto válido que logren será de $2.223 a nivel nacional, departamental o distrital, mientras que a nivel local o municipal será de $1.265.
Los riesgos
El desmedido crecimiento tanto de partidos como de comités de recolección de firmas no deja de generar preocupación. El senador y constituyente Humberto de La Calle (Coalición Verde Centro Esperanza), llamó la atención por el boom y dijo que, con miras a la próxima reforma política que presente el Gobierno, se debe centrar el foco en su aumento.
“Nos estamos encasillando en la discusión que no es. Si no tocamos el problema de los movimientos por firmas y su comportamiento tendremos una sangría que probablemente no advertiremos de manera oportuna”.
Un llamado similar desde la sociedad civil ha planteado la Misión de Observación Electoral (MOE). Según el organismo, la proliferación de GSC y movimiento debilita la existencia de un sistema de partidos programáticos, nacionales y organizados, pues le dificulta al votante identificar las organizaciones políticas, además de enredar el control por parte de las autoridades electorales dado el significativo número de movimientos.
“La multiplicación de organizaciones políticas, tanto de GSC como de partidos, tiene la consecuencia de erosionar el sistema de partidos de forma que a la ciudadanía le cuesta identificar las organizaciones en competencia y aún más su postura ideológica. Por lo tanto, se afecta la función de representatividad. Adicionalmente, el mayor número genera una atomización de liderazgos, y afecta la disciplina y cohesión al interior de las organizaciones políticas. Esta atomización puede ser aprovechada por clanes políticos locales ya que no dependen de una organización política nacional con estatutos, mecanismos de selección y controles que no sea manejada por ellos”, concluyó la MOE.
