Funcionarios identificados con chalecos y gorras del Hospital de Nazareth en La Guajira —intervenido por el gobierno de Gustavo Petro desde enero de 2025 a través de la Superintendencia de Salud– visitaron en días recientes las rancherías de la zona rural de ese municipio para hacerle campaña abiertamente al candidato Iván Cepeda.
Así queda expuesto en videos e imágenes reveladas por EL COLOMBIANO. Las personas tienen tarjetón en mano y publicidad del Pacto Histórico para hacer pedagogía de cómo votar por el candidato petrista. En uno de los videos, una funcionaria que habla en wayuunaiki —la lengua materna del pueblo indígena wayuu—, les pregunta: “¿Cuál es nuestro gallo? (sic)” y la gente, al unísono, contesta: “Cepeda”, según la traducción de una fuente de la región.
Otro de los funcionarios tiene una especie de talonario en las manos donde hay tarjetones, pero también la publicidad de Cepeda y Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial que pertenece a la comunidad nasa del Cauca.
“En vez de estar atendiendo a la gente que se muere en La Guajira, los equipos básicos llevan semanas haciéndole campaña a Cepeda con plata pública”, le dijo a este diario una fuente de ese departamento que visita con frecuencia las rancherías.
El Hospital de Nazareth presta servicios médicos a toda la parte norte de la península en jurisdicción del municipio de Uribia. “El presidente Petro intervino el hospital de Nazaret en la Alta Guajira acusando corrupción de los políticos locales, sin embargo, le hizo un favor a Larry Laza, el interventor del hospital de Maicao y Nazareth”, agrega la fuente.
Se refiere al agente interventor que hace unos meses estuvo metido en otro escándalo por la compra de dos ambulancias marítimas y su dotación completa, con un costo que asciende a los $1.680 millones, aprobados por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el arquitecto de los Equipos Básicos de Salud (EBS).
Antes de explicar qué son los EBS y los enormes líos que tienen, es importante añadir que Laza tiene más cuestionamientos.
Desde hace tres años se le conoce como “el zar de la contratación directa” y la W Radio reveló en 2024 que siendo agente interventor del Hospital de Maicao firmó un convenio interadministrativo por $15.000 millones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El modelo resultó un fracaso y fue calificado como “fantasma” sin que a la fecha haya trazabilidad sobre el dinero destinado para combatir el hambre de los niños y niñas que mueren, literalmente, por desnutrición. Solo sabe que terminaron subcontratando a Confaguajira para materializar el programa, pero nunca ocurrió.
“El hospital de Maicao se convirtió en el ‘contratadero’ más grande del Caribe. Hoy el poder de Laza es más amplio dado que llega a los 6.000 km2 de desierto que contempla el radio de acción del hospital de Nazaret”, explica otra fuente bajo reserva. Ese centro de salud cubre una población de más de 120.000 habitantes.
Ese es el contexto que rodea a los funcionarios de las brigadas de salud, al mando del interventor Laza, ficha de Jaramillo y cercana a la senadora Martha Peralta, que está salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que nació en La Guajira. Ahora esas brigadas están haciendo campaña en todo el departamento por Cepeda, pagados con recursos públicos.
Líos de los Equipos Básicos de Salud
Las brigadas de salud, conocidas como EBS, son un modelo que Petro trae desde que fue alcalde de Bogotá con bajos resultados tanto en esa época como durante este Gobierno. Están pensados en el papel para prevenir enfermedades, pero en la práctica andan a ciegas en cuanto a su ejecución. Las cifras disponibles para analizarla podrían estar mal contabilizadas y aún no hay material para revisar su implementación, mientras que la página web del ministerio desactivó los tableros que permitía ver las zonas en que se estaban ubicando esos equipos.
Le cuestan al país $4,2 billones; cada uno vale $51’738.430 al mes. Los lineamientos para su organización y operación —consignadas por esa entidad en la Resolución 2788 de 2022— detalla que el costo de las ocho personas que los integran suma $34,4 millones, a lo que se le suma $10,5 millones de transporte y $6,7 millones en gastos de operación (papelería, carnetización, impresos, llamadas y servicios públicos, entre otros). Sin embargo, con el valor del peso actual (actualizado con la inflación de los últimos tres años) costarían realmente $65’832.729.
Estas brigadas de salud están compuestas por ocho profesionales de salud: cuatro auxiliares de enfermería, un líder comunitario, un médico, una enfermera y una persona psicóloga, odontóloga o trabajadora social, según la necesidad del territorio.
Los EBS así concebidos están reglamentados por el Gobierno Petro desde finales de 2022 con dos resoluciones que dieron lineamientos para su operación y financiación. Se pagan con plata de la Administradora de Recursos de la Salud (Adres), del Presupuesto General de la Nación o de “cualquier otra fuente que se determine”; esto último deja una zona gris sobre el origen de sus recursos y da flexibilidad contractual según cada departamento.
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Lo cierto es que los Equipos Básicos de Salud se usan para hacer política no solo en La Guajira sino en otras zonas del país. La Silla Vacía reveló hace unos meses cómo se utilizan para aceitar la maquinaria del polémico ministro Jaramillo en Tolima y sus alrededores. Ese medio encontró al menos 12 políticos regionales que fueron contratados por el Ministerio de Salud como enlaces territoriales, entre otras cosas, para el programa de EBS y que hacían campaña para candidatos del Pacto Histórico en las pasadas elecciones legislativas de marzo.
Participación en política del Gobierno
Hay otro vínculo de los EBS con la campaña de Cepeda. Hace algunas semanas el MinSalud hizo un evento en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con las brigadas de salud desplegadas en ese lugar formando en fila; las ambulancias de varias regiones llegaron a la capital y fueron parqueadas de espaldas a la Catedral Primada. Al día siguiente, en menos de 24 horas, fue el cierre de campaña del “Pacto Fest” de Iván Cepeda, que utilizó la misma tarima, sonido, luces y logística. El evento del MinSalud costó $1.036 millones según documentos revelados por el congresista Daniel Briceño (Centro Democrático).
Resulta que el evento del día siguiente, dijo la congresista petrista María Fernanda Carrascal, fue pagado con dinero en efectivo a una cooperativa. Pero hasta este momento no hay responsabilidad por parte del Pacto Histórico sobre el uso de la infraestructura pagada por el Ministerio de Salud.
En esa jornada, que era el cierre oficial de la campaña de las listas a Senado y Cámara, Cepeda dio un breve discurso leído en el que empezaba diciendo que lo más importante su eventual mandato sería hacer una “revolución ética”.
Sin embargo, la revelación de este periódico coincide con una serie de episodios en las últimas semanas en los que el Ejecutivo ha estado volcado a hacerle campaña al candidato de la continuidad, empezando por el propio presidente Petro que tiene 10 investigaciones por posible participación en política en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el órgano que tiene competencia para investigarlo.
Por otra parte, un tercio del gabinete de Petro está siendo investigado por la Procuraduría, también por participar en política. La ley prohíbe que funcionarios hagan campaña por un candidato porque podrían estar utilizando recursos del Estado para esos fines, como está sucediendo con los EBS. Podría decirse que eso ha sucedido con todos gobiernos, pero bajo el actual algunos sectores dicen que es “descarado” el uso de tarimas, eventos, buses y dinero para hacerle campaña a Cepeda.
En días recientes, el Gobierno decidió hacer eventos con el presidente Petro en ciudades del Caribe donde el candidato petrista estaría perdiendo el pulso contra Abelardo de la Espriella. Fuentes de Presidencia dicen que tenían lista la estrategia desde hace semanas, pero que al Presidente “le tocó salir a ayudarle a Cepeda porque él está muy confiado”. Por esa razón, el mandatario ha dado varias entrevistas y ha hecho videos con todo tipo de influencers.
Al cierre de esta edición, el candidato no había reaccionado a esta denuncia.
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Tras la revelación de EL COLOMBIANO este sábado, el Hospital Nazareth de La Guajira emitió un comunicado en el que rechazó las conductas presuntamente cometidas por funcionarios y otras personas vinculadas a la entidad.
“La E.S.E. Hospital Nazareth en Intervención (...) rechaza de manera categórica cualquier conducta realizada por personas vinculadas contractualmente con la entidad que, haciendo uso de uniformes, distintivos o elementos que identifiquen institucionalmente al Hospital, desarrollen actividades ajenas a la prestación de los servicios de salud o que puedan interpretarse como manifestaciones de proselitismo político”, dice el comunicado firmado por Larry Laza.
Además, indicó que “ninguna directiva, dependencia o funcionario autorizado del Hospital ha impartido instrucciones, autorizado o promovido actividades de carácter político-partidista utilizando la imagen institucional de la entidad o los elementos destinados al desarrollo de las actividades asistenciales y comunitarias en salud”.
A los funcionarios que aparecen en el video los investigarán, pero fuentes dicen que el interventor se está lavando las manos para no asumir su responsabilidad.
Reacciones
Una de las primeras reacciones provino de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), que calificó la situación como una denuncia de “extrema gravedad”.
La organización recordó que los Equipos Básicos de Salud son financiados con recursos públicos destinados exclusivamente a garantizar atención médica en los territorios y no para actividades de carácter electoral o político.
“Los Equipos Básicos de Salud se financian con recursos públicos para llevar atención médica a las comunidades, no para hacer política”, señaló la entidad en un mensaje público, en el que además cuestionó quién está vigilando estos recursos y dónde se encuentran los organismos de control encargados de supervisarlos.
La federación pidió la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 202 organizaciones en todo el país, también se pronunció tras conocerse la denuncia y recordó que los Equipos Básicos de Salud tienen funciones específicas relacionadas con la atención y prevención en salud.
A través de sus redes sociales, la organización sugirió que los hechos revelados podrían constituir presuntos actos de corrupción y pidió la actuación de organismos nacionales e internacionales.
Desde el Congreso también surgieron fuertes cuestionamientos. El senador del Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró que mientras miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos médicos, los Equipos Básicos de Salud estarían siendo utilizados para promover la candidatura de Cepeda.
El congresista criticó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y se preguntó si estas actuaciones hacen parte de la denominada “revolución ética” defendida por el Gobierno Nacional.
Asimismo, hizo referencia al superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Quintero, cuestionando su papel frente a las denuncias que involucran al sector.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez también reaccionó a la publicación y aseguró que el presidente Gustavo Petro ya había implementado estrategias similares durante su paso por la Alcaldía de Bogotá.
Según Uribe, el Gobierno ha expandido estos grupos a nivel nacional con fines políticos y electorales.
“Petro ensayó estos grupos en la Alcaldía de Bogotá para hacer política y ha llenado al país de los mismos para imponer a Cepeda en el proceso de hacer de Colombia una sucursal chavista”, comentó.
Las declaraciones del exmandatario elevaron aún más el tono del debate político alrededor de la investigación.
Las reacciones no se limitaron a dirigentes políticos y organizaciones. Diversos usuarios en redes sociales también expresaron preocupación por lo que consideran una creciente politización del sistema de salud.
Entre los comentarios más difundidos se encuentran críticas al Gobierno por, según los usuarios, abandonar la construcción de un sistema basado en criterios técnicos y científicos para privilegiar estructuras de clientelismo y propaganda política.
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