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Procuraduría suspendió a otros dos alcaldes por presunta participación en política

Se trata de los mandatarios de Nepomuceno, Bolívar y Timaná, Huila.

  • Ministerio Público también abrió investigación disciplinaria contra los mandatarios de 5 municipios de Bolívar. FOTO COLPRENSA/Sergio Acero
    Ministerio Público también abrió investigación disciplinaria contra los mandatarios de 5 municipios de Bolívar. FOTO COLPRENSA/Sergio Acero
COLPRENSA | Publicado el 19 de mayo de 2022

La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves nuevas medidas frente a los posibles casos de participación en política de los funcionarios públicos, al abrir investigación disciplinaria a siete alcaldes del país y suspender a dos de ellos por tres meses.

Se trata de los alcaldes de Nepomuceno (Bolívar), Wilfrido Alfonso Romero Vergara, y de Timaná (Huila), Marco Adrián Artunduaga, quienes habrían apoyado al candidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, en un evento de la Federación Nacional de Municipios el pasado 7 de abril en Cartagena.

Según el Ministerio Público, el alcalde Romero Vergara habría ofrecido presuntamente 40.000 votos a favor de un candidato presidencial, mientras que Marco Adrián Artunduaga había hecho público su apoyo al mismo candidato.

De esta manera, según la Procuraduría, esta suspensión provisional de los dos alcaldes evita una posible reiteración de la falta, pues se conoce de videos donde, al parecer, los funcionarios públicos están participando en actividades de los partidos o movimientos políticos.

“Comportamiento que está prohibido dada su condición de servidores públicos, y con ello pudieron quebrantar los principios de igualdad y transparencia que sustentan los comicios”, señala el comunicado enviado por la Procuraduría.

Por la misma conducta se abrió investigación disciplinaria contra los mandatarios de cinco municipios de Bolívar: Raquel Victoria Sierra, alcaldesa de María La Baja; José Nicolás Ramos, de Cicuco; Mario José Rodríguez, de Santa Rosa de Lima; Edwin Puerta Orozco, de Villanueva; y Eugenio Lobo Quiñónez, de Arenal.

El órgano de control ordenó la práctica de pruebas, con el fin de verificar si realmente estas irregularidades presentadas por los funcionarios determinan una presunta participación en política en la contienda electoral, y mencionó que evaluarán los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado a la administración pública.

Finalmente, la procuradora Margarita Cabello sostuvo que “los mandatarios locales tienen que entender, y no pueden desconocer, que ya no están mandando para su partido o movimiento político, sino que están al servicio de la ciudadanía”.


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