En el mundo educativo no se sabe en qué momento la Universidad Nacional —la pública más importante del país— pasó a ser más noticia por quién era el rector, por fallos judiciales y por la violación a la autonomía universitaria que por su producción académica. Sin embargo, los dineros y proyectos que quedaron en el aire después de una rectoría ilegal de año y medio podrían seguir poniendo a esa institución en un plano distante al educativo.
Entre junio de 2024 y noviembre de 2025, Leopoldo Múnera fue rector de esa universidad, luego de que el Consejo Superior Universitario (CSU) tumbara ilegalmente el nombramiento de José Ismael Peña, como lo sostuvieron dos fallos del Consejo de Estado. Esas decisiones judiciales anularon la designación de Múnera y confirmaron la legalidad de la de Peña, quien se posesionó el 19 de febrero pasado.
En los 17 meses que duró Múnera en el cargo devengó un salario de $32’930.521 mensuales; entre tanto, su equipo de trabajo directivo y el asesor tuvieron salarios de entre los $6 y $22 millones y entre los $7 y los $12 millones, respectivamente. Eso quiere decir que en ese tiempo, el anulado rector ganó casi $560 millones de un salario que no debió haber recibido, pues su Rectoría, según las sentencias judiciales mencionadas, fue ilegal y se dio después de que el CSU (órgano encargado de deisgnar rector) hiciera una maniobra “arbitraria e intempestiva”.
Sede de Tumaco siguió detenida
El grupo inversor del Gobierno de Países Bajos Invest International se salió definitivamente del proyecto para la construcción de la sede de la Nacional en Tumaco (Nariño) en octubre de 2024, cuatro meses después de que Leopoldo Múnera asumiera la Rectoría.
Invest International comunicó en una carta —dirigida al entonces rector y al ministro de Educación, Daniel Rojas— que el proyecto acumulaba “retrasos sustanciales desde que se firmó el Acuerdo de Donación en 2016”. Así mismo, que no hubo ninguna comunicación “sobre el estado del proyecto, a pesar de múltiples solicitudes de actualización”.
“Lamentablemente, a pesar de nuestros esfuerzos colectivos y de la amplia flexibilidad proporcionada, la universidad no logró cumplir con la fecha límite del 31 de julio de 2024 y las obligaciones en virtud del Acuerdo de Donación siguen sin cumplirse”, remataron.
Si bien ese proyecto no inició en la gestión de Múnera, una serie de comunicaciones entre profesores y directivos que tenían que ver con la sede de Tumaco muestran que algunas decisiones hicieron que el grupo inversor perdiera confianza en continuar, como lo consignaron en su misiva.
Entre los factores que terminaron minando las garantías para Invest se cuentan el cambio del equipo técnico responsable y la negativa del profesor Beethoven Zuleta a asumir la dirección de la sede alegando falta de planificación.
De hecho, ese docente le envío una carta el 11 de julio de 2024 al entonces director de esa sede, John Joseph Selvaraj, señalando que ese plan era “costoso, inseguro, insostenible y nada empático con la biodiversidad y los contextos demográficos y territoriales”.
El 17 de Diciembre de 2024 Invest International anunció el cierre definitivo del proyecto.
En respuesta a EL COLOMBIANO, Múnera argumentó que “se adelantaron las gestiones” con el Ministerio y la Gobernación “para asegurar los recursos que requiere la infraestructura de la sede”.
Facultad “exprés” en Manizales
El 8 de octubre de 2025, mes y medio antes del fallo del Consejo de Estado anulando la elección de Múnera, la institución presentó una iniciativa para hacer un fondo especial que creara la Facultad de Ciencias Humanas en la sede Manizales.
Fuentes de la Nacional explican que a la Administración se le explicó que no había estudios de mercado para crear esa sede y que la única carrera que estaban ofreciendo era gestión cultural, que tiene una demanda baja. Además, mencionaron que la Facultad se creó en ocho meses, cuando el tiempo común para hacerlo es de entre seis y 10 años.
En un comunicado del 1 de julio de ese año, las representantes profesorales de Manizales, Iveth Katherine Collazos y Victoria Eugenia Valencia, advirtieron inconsistencias en ese proyecto. Señalaron que enviaron tres derechos de petición solicitando que se les garantizara que había recursos suficientes para ello, pero que “las respuestas fueron siempre evasivas y nunca aportaron la certeza presupuestal requerida”.
No obstante, mencionaron que el Consejo Académico avaló continuar con la creación de la Facultad en contravía de lo que había acordado la asamblea profesoral de esa sede, que en febrero apoyó el proyecto con la condición de que la universidad recogiera y resolviera sus preocupaciones.
Así las cosas, hicieron un llamado a “la coherencia institucional”, pues el presupuesto presentado para ese proyecto representaba un “porcentaje importante” de todo el asignado a esa institución. De hecho, señalaron que la promesa de la adición 45 matrículas nuevas a la sede era “una inversión exagerada a todas luces”.
Múnera defendió que la Facultad está en proceso de estructuración. “Solo después de varias cohortes se podrá saber el número de estudiantes”.
Plata para la constituyente
Una de las banderas con las que Leopoldo Múnera aspiró sin éxito a la Rectoría fue la “constituyente universitaria”, que inició en abril de 2025. Se trata de un proceso orientado a hacer reformas en la conformación de los cuerpos colegiados y de los mecanismos para elegir autoridades académicas (como el rector), así como fortalecer la cultura política y reconocer a las organizaciones de la comunidad universitaria.
Para llevarlo a cabo, la universidad destinó $2.500 millones distribuidos entre 2025 y 2027. Para octubre del año pasado se habían destinado $261 millones para pagar tiquetes, transporte, viáticos, impresión de pendones, apoyos económicos a miembros del CSU, obras de teatro y grabaciones.
Sindicatos y escrache
Una grabación de la mesa de negociación sindical de agosto de 2024 muestra que la Nacional le entregó, cuando menos, 200 salarios mínimos ($260 millones) al Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales (Sintraunal) para su Congreso Nacional de Derechos Humanos y otros 100 salarios ($130 millones) para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El secretario general de ese sindicato, Juan Carlos Arango, dijo en esa reunión que necesitaban recursos para transportar a sus miembros “por todas las regiones del país”, como cuando hubo “una posible modificación de Ley 30 y de ley estatutaria de educación” en ese año. Arango es conocido por sus ataque virulentos a opositores a Múnera y al Gobierno Petro, medios y al Consejo de Estado, a quien tilda de “ser uribista”.
De acuerdo con Múnera, “no se le entregaron recursos a ningún sindicato, aparte de los que les corresponden por ley, convención o acuerdo sindical para sus actividades”.
La Rectoría de Múnera también será recordada por negarse a borrar grafitis del campus de Bogotá que decían “la Nacho no se empeña; Peña facho, fuera de la Nacho”, “Mantilla y Torres, fachos sin saberes” y “Diego Torres, facho traidor”.
En respuesta a un derecho de petición del Torres (entonces miembro del CSU), el retirado profesor dijo que no es posible afirmar que estos hicieran “parte de los discursos prohibidos”, pues no eran “de odio, discriminatorio, con apología al delito ni a la violencia, ni resulta un discurso que incite al terrorismo”.
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