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La telaraña de Odebrecht y su poder oculto en Colombia
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FOTO REUTERS
27 de noviembre de 2018
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Sobre la trama de Odebrecht en Colombia solo se conoce la punta del iceberg. Pues lo que se inició como una sospecha de 11 millones de dólares en sobornos ahora completa 28 millones de dólares en coimas pagadas para lograr contratos en el país y que involucra a personas del más alto perfil.
El caso vuelve a resonar luego de las grabaciones reveladas por los medios en los que Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.), exauditor de la firma Corficolombiana, alerta sobre las irregularidades de la empresa brasileña en el proyecto de la Ruta del Sol 2 al ahora fiscal Néstor Humberto Martínez, exabogado en su momento del Grupo Aval, emporio del que hace parte Corficolombiana, la sociedad que se alió con Odebrecht para hacerse a los contratos de esta vía.
Lea: Las 14 preguntas para entender el caso del fiscal y Odebrecht
Pero Ruta del Sol 2 esa apenas una de las 26 líneas de investigación abiertas por la Fiscalía, las cuales han arrojado hasta el momento 4 condenas y más de 60 personas involucradas en una red sin precedentes en la historia del país y que tiene también en el ojo del huracán a esta empresa en todo América Latina donde se pagaron coimas por 788 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esos sobornos pudieron representar beneficios a Odebrecht por 3.000 millones de dólares en los últimos quince años en la licitación de un sin número de proyectos viales y de infraestructura.
Y aunque en otros países las investigaciones avanzan contra presidentes y expresidentes, la telaraña de Odebrecht todavía no se desenreda del todo en Colombia y de esa madeja de sobornos solo se ha logrado desentrañar algunas de las rutas del dinero.
De la marea de informaciones sobre el caso Odebrecht, solo se ha conseguido hacer efectivas dos capturas de senadores y cuatro altos funcionarios del Estado. Y se ha dejado una estela de señalados entre los que están el expresidente Juan Manuel Santos, candidatos presidenciales como Óscar Iván Zuluaga, exalcaldes como Samuel Moreno, además de numerosos congresistas como los conocidos “Bulldozer”, empresarios de la construcción y las más altas figuras de la elite colombiana.
De la misma madeja, la Fiscalía ha hecho 13 compulsas de copias y ha adelantado 10 acusaciones, además de tener en la mira a 26 indiciados y 7 indagaciones en curso en los que aportan su colaboración los más altos empleados de la multinacional brasileña y personajes que sirvieron de conexión para el pago de las coimas.
El entramado de corrupción no para y cada cierto tiempo revienta con un escándalo diferente. Esta vez le tocó al fiscal general Néstor Humberto Martínez y que ha sido señalado en variadas ocasiones por su aparente conflicto interés cuando era abogado del Grupo Aval y Corficolombiana.
Jorge Enrique Robledo, senador de la República, ha sido uno de los que le ha recordado al fiscal algunos de estos episodios. Además de ser el primero que puso el grito en el cielo cuando se designó a Martínez como fiscal general en 2016, Robledo señala que mediante la firma de abogados Martínez Neira se llevaron procesos relacionados con Navelena, Ocaña- Gamarra y la Ruta del Sol 2, señalamientos que han sido desmentidos por el fiscal.
Por todo esto, hoy se debate si es necesario designar un fiscal ad hoc para este caso para que no haya conflicto de intereses en la investigación. Este jueves la Corte Suprema de Justicia deberá decidir qué hacer con la cabeza de la Fiscalía para abordar los procesos de la multinacional brasileña.
Del mismo modo, el Gobierno solicitó a la Superintendencia de Sociedades adelantar las investigaciones contra Odebrecht y evitar que esta vuelva a contratar con el Estado durante 20 años. Del mismo modo, la empresa le pidió al Gobierno Nacional un acuerdo de reparación integral de 96.000 millones de pesos para remediar el daño ocasionado y así suspender las acciones legales en su contra, según comentó la vicepresidente Marta Lucía Ramírez.
Ramírez agregó que el Gobierno quiere invocar una convención internacional contra el soborno, para pedirles a todos los países de Iberoamérica que saquen adelante una lista de empresas que han sido condenadas por casos de corrupción, para evitar que vuelvan a contratar con los estados de la región.
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