Una vez la Cámara Baja se pronunció este domingo a favor del juicio político para la destituir a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, la palabra pasa al Senado, que en unos veinte días decidirá si instaura un juicio político que la separaría del cargo durante seis meses, tiempo estimado en que puede durar el proceso.
Los adversarios de Rousseff de la Capamara Baja superaron los 350 votos, cuando les bastaban 342 para que el proceso continúe.
Según los plazos constitucionales, el Senado deberá conformar entre los próximos martes y miércoles una comisión especial de 21 miembros, que elaborará un informe sobre el caso en un plazo de diez días útiles.
El informe será remitido entonces al pleno del Senado, que por mayoría simple entre sus 81 legisladores decidirá si se instaura el juicio político contra Rousseff, lo que pudiera ocurrir alrededor del 10 de mayo.
Si se llega a ese punto, Rousseff será inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que el Senado tendrá para realizar el juicio y deberá ser sustituida en ese período por el vicepresidente Michel Temer.
Durante el proceso, la comisión escuchará a la defensa de la mandataria, a la parte acusadora y a otros testigos que pueda citar, y debatirá el caso a la luz de las acusaciones, que se limitan a una serie de irregularidades fiscales en las que incurrió el Gobierno en los dos últimos años.
Si una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) hallase a la presidenta culpable, entonces Rousseff será destituida, perderá sus derechos políticos por ocho años y Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
No obstante, si el Senado se inclina por la absolución, Rousseff volverá a ocupar el cargo para completar el período constitucional que le adjudicaron las urnas en las elecciones de 2014.
Rousseff ha sido acusada de incurrir en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
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