La suspensión de las órdenes de captura de 23 de los máximos cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá —quienes se encuentran participando en las conversaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro en la cárcel de Itagüí— generó controversia ayer, entre otras razones, porque se anunció a dos meses de las elecciones presidenciales.
Mientras el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que todo se trata de una excusa del Gobierno Nacional para obtener beneficios electorales, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció en la noche del martes, rodeado de los alcaldes metropolitanos, que demandarán la nulidad de la decisión.
La decisión se tomó mediante la resolución 00072 del 27 de marzo, firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, en la que se nombra a cada uno de los negociadores que se verían beneficiados por esta determinación, la cual no estaría vinculada a una posible excarcelación de cada uno de ellos. Esto teniendo en cuenta que en la actualidad 16 de los integrantes de esta mesa se encuentran detenidos en este centro penitenciario, mientras que otros siete fueron recobrando la libertad durante los dos últimos años mientras avanzaron los diálogos (ver Para saber más).
El principal argumento entregado por la Fiscalía para dar vía libre a esta resolución tiene que ver con la reducción de homicidios que se ha presentado en el Valle de Aburrá en los dos últimos años, periodo en el que se han llevado a cabo las conversaciones.
“La Oficina del Consejero Comisionado de Paz puso de presente la consolidación del Espacio de Conversación Sociojurídica (ECSJ) instalado en la Cárcel de Itagüí, destacando como logros verificables la reducción de homicidios, desapariciones y desplazamientos intraurbanos”, indicó uno de los apartes del documento.
Esta justificación fue refutada por el alcalde Gutiérrez, quien señaló que estos cabecillas, contrario a lo resaltado en la resolución, no han contribuido con la disminución de la criminalidad.
En el marco de esta resolución, la Fiscalía indicó que, siempre y cuando vayan a temas relacionados con la mesa de negociación, se verán beneficiados con la medida en Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Así mismo, también aplicará en Rionegro y Bogotá, solo en momentos que se den actividades de la mesa.
El periodo de duración de esta determinación será de seis meses y podría ser prorrogado en la medida de que avancen las negociaciones o el Gobierno Nacional lo solicite.
¿Qué alcance tiene la medida?
La Consejería de Paz del Gobierno Petro y la Fiscalía General dieron explicaciones sobre la polémica medida. Según las entidades, esta no tiene nada que ver con la liberación de los negociadores que se encuentran recluidos en la cárcel La Paz, de Itagüí.
Desde la Oficina del comisionado de paz señalaron que esta determinación se toma como parte de las “dinámicas propias de la construcción de paz” y que en ningún momento tiene que ver con la excarcelación de ninguno de ellos. Así mismo, aseguraron que esta medida se vio incentivada por la reducción de los homicidios en el Valle de Aburrá en los dos últimos años y que ante este panorama “esta medida busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando violencias en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico”.
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Así mismo, la Fiscalía emitió un comunicado en el mismo sentido, asegurando que la libertad de los cabecillas que se encuentran recluidos no forma parte de la resolución, más allá de quienes ya la obtuvieron por otras razones. “No implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía”, indicaron desde el ente acusador.
Del mismo modo, reiteraron que esta determinación no excluye capturas en flagrancia respecto a delitos graves como el secuestro, extorsiones, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Según el abogado Óscar Santamaría, esta decisión es confusa, puesto que esta resolución recae sobre personas que ya fueron condenadas por múltiples delitos. “No hay mucha claridad, teniendo en cuenta la condición de estas personas”. Agregó que en caso tal, la medida que debería aplicar es una suspensión de la pena, si fuese el caso.
Demandarán la resolución
Ante esta situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acompañado de los alcaldes del Valle de Aburrá, anunció anoche que demandará la resolución de la Fiscalía, argumentando que esto podría representar riesgos para la seguridad del Valle de Aburrá y de los jueces que condenaron a los integrantes criminales.
“Vamos a presentar el Lunes de Pascua esta acción de nulidad, vamos a seguir insistiendo a la fiscal General de la Nación para que se ponga del lado de los antioqueños, de las víctimas y de los uniformados que valerosamente trabajaron por someter a estos criminales”, manifestó Rendón.
Para el mandatario departamental, esta resolución pone en riesgo a todos los servidores que impusieron penas, en algunos casos de más de 20 años, contra los cabecillas que forman parte de esta mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro.
“Fiscales y jueces que hoy están en retiro que se demoraron en ponerlos tras las rejas están en riesgo. Quién les responde a estos servidores por su seguridad y qué mensaje tan lamentable que se envía hoy en medio de la separación de poderes, para borrarlo de tajo con una resolución”, expresó Rendón.
Le cumple a sus amigos
El alcalde Gutiérrez expresó que el presidente le está “cumpliendo a sus más grandes amigos”, tal como lo hizo con el llamado tarimazo del pasado 21 de junio, en toda la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra.
“Una vez más Petro y su gobierno aliado de los peores criminales, le cumple a sus verdaderos amigos. Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Es un insulto a las víctimas y a Medellín”, expresó Gutiérrez.
Y añadió: “Las estructuras criminales a través de sus cabecillas interferirán en las elecciones a la Presidencia. Todo esto mientras siguen dedicados al homicidio, la extorsión, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a envenenar a nuestros niños y jóvenes con las drogas y a muchos otros delitos”.
Dudas sobre el impacto
Pese a las justificaciones entregadas por la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado de Paz, surgen algunas dudas si se tiene en cuenta que algunos de los siete liberados durante el proceso de negociación ya hasta han salido del país por motivos personales.
Buscamos a la representante de la mesa de la paz urbana por el Gobierno Nacional, la senadora Isabel Cristina Zuleta, pero no respondió. A través de sus redes sociales se enfocó en lanzar comentarios a quienes hacían publicaciones sobre la decisión tomada por la Fiscalía.
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Santiago Tobón, Director de Valor Público y docente de economía de la Universidad Eafit, dijo que una cesión unilateral sin contraprestación verificable envía una señal perversa a las estructuras criminales: “el Estado entrega beneficios jurídicos antes de recibir resultados medibles. El incentivo racional para el crimen organizado es dilatar, no cumplir”, cuestionó (Ver abajo opinión completa).
Esta resolución siembra dudas sobre el avance de la mesa de negociación, especialmente ante la falta de resultados de iniciativas como el plan piloto contra la extorsión, del cual no se ha entregado un informe oficial hasta la fecha.
Los beneficiados con la medida
Por Santiago Tobón, director de Valor Público y docente de economía de Eafit
El problema central es de incentivos. La Fiscalía otorga un beneficio jurídico —la suspensión de capturas por seis meses, prorrogables— sin que exista un mecanismo independiente de verificación que documente resultados concretos del proceso de paz urbana.
La resolución cita “avances” del espacio de conversación de Itagüí, pero el único piloto medible —los barrios libres de extorsión que arrancaron en diciembre de 2024— arrojó resultados no concluyentes en su primera evaluación. La extorsión persistió bajo otras modalidades y el control territorial de las estructuras se mantuvo.
El segundo problema es de timing. La resolución se firma en plena campaña presidencial. El Gobierno tiene incentivos para exhibir avances en la paz total antes de las elecciones. Las estructuras criminales lo saben, y eso les otorga poder de negociación adicional sin costo. El resultado es una cesión unilateral en la que el Estado entrega beneficios antes de recibir resultados verificables, y el incentivo racional para las organizaciones criminales es dilatar compromisos, no cumplirlos.
Hay además un dato que no es menor. De los 23 beneficiados, siete ya están en libertad. Algunos han salido del país sin que sea claro qué función desempeñan en el proceso. La suspensión de capturas no exige permanencia territorial ni participación activa verificable. El beneficio opera sin condiciones operativas sobre los beneficiarios.
Para un contexto más amplio: la experiencia con las disidencias de las Farc muestra los riesgos de suspender capturas sin verificación. En el caso de alias Calarcá, la Fiscalía ya confirmó que los computadores incautados contienen evidencia de asesinatos de líderes sociales, reclutamiento de menores e infiltración de instituciones del Estado —todo esto ocurrido mientras tenía la orden de captura suspendida—. La paz urbana en Medellín necesita condicionalidad estricta y verificación independiente. Las cesiones unilaterales fortalecen la posición de negociación de organizaciones que mantienen economías ilícitas y control territorial.
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