Esta semana debía adelantarse un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes sobre uno de los temas más sensibles para el futuro de la competencia en telecomunicaciones: la integración entre Tigo y Movistar. Pero al final, el espacio citado por el por la representante Susana Gómez (Pacto Histórico) quedó en veremos, dejando en el aire las respuestas que tenía que entregar la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, tras dar luz verde a la operación.
Tanto la forma en que ese espacio se enredó –pues congresistas afines al Gobierno habrían acordado dar marcha atrás al debate–, como la activación en la red social X de cuentas asociadas al petrismo que promovieron el mensaje #ConectividadParaTodos –defendiendo los beneficios de la fusión entre dichas empresas–, elevaron las dudas sobre la postura del Gobierno Nacional en esta operación.
En el caso del hashtag de cuentas afines al Gobierno en X, se buscó posicionar (desde la mañana del miércoles) la idea de que “la integración es necesaria para llevar internet a regiones apartadas”. Lo polémico es que esa movida crearía un duopolio entre Claro y la empresa resultante de la integración Tigo–Movistar; juntas controlarán cerca del 86% del mercado móvil, escenario que choca con el discurso del propio Gobierno en contra de los monopolios en la economía.
De hecho, hace una semana, WOM sentó su postura enviándole una carta al presidente Gustavo Petro, en la cual se refería a esto: “Contrario a sus instrucciones de ‘atacar todas las formaciones monopolísticas y carteles en el mundo empresarial colombiano’, esta integración, si se autoriza, creará una estructura duopolística en el mercado de las telecomunicaciones, con dos grandes actores, Claro y Tigo-Movistar, que controlarán más del 90% del mercado”.
El mismo Petro había trinado este mismo año sobre un tema relacionado: “La orden de la constitución es competencia, comunidades y Estado. El mundo empresarial privado no debe estar compuesto de carteles y monopolios. La SIC tiene la indicación del presidente de atacar toda formación monopólica y de carteles, en el mundo empresarial colombiano”. En esa ocasión, se refería a una sanción que recibieron clubes del fútbol colombiano por prácticas anticompetitivas que limitaron la libre movilidad de jugadores y afectaron la competencia en el mercado laboral deportivo.
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El debate sobre fusión de Tigo y Movistar que quedó en veremos
La representante Susana Gómez, del Pacto Histórico, había citado a la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, para que explicara los posibles efectos negativos de la fusión y la razón por la cual la SIC la autorizó. El debate estaba listo para llevarse a cabo el pasado martes.
Pero minutos antes hubo una reunión privada, entre Rusinque, Boreal, el presidente de la Cámara Julián López y el presidente de la Comisión Sexta de las curules de paz, Jaime Rincón. Tras ello, el debate fue aplazado sin fecha pactada, pese a que la decisión de la SIC es una de las más relevantes para el mercado móvil en los últimos años.
Para fuentes del Congreso, la cancelación fue “lo más sospechoso”, puesto que un Gobierno que ha dicho querer más transparencia en los mercados evitó deliberadamente discutir una fusión que reorganiza por completo el negocio de la conectividad en Colombia.
¿Un duopolio con sello estatal?
La autorización de la SIC llegó en un contexto particular, la integración implica que Tigo–Movistar tendrá el 41,5% del mercado móvil, mientras Claro mantiene el 44,8%. Es decir, dos operadores dominarán casi toda la torta del país. Wom queda relegada con un 7,31% y los operadores pequeños —como Virgin, Móvil Éxito o ETB— apenas suman el porcentaje restante.
El Gobierno está involucrado de lleno porque es socio minoritario de Movistar, pues posee el 32,5%, y a la vez ha manifestado su intención de vender esa participación para capitalizar a Internexa, la empresa con la que quiere desplegar una nube pública.
Millicom, empresa matriz de Tigo y actor principal detrás de la integración con Movistar en Colombia, tiene pendiente concretar la adquisición de la participación que EPM posee en la sociedad Tigo-UNE. La compañía pública de Medellín ya puso en marcha la primera fase del proceso de venta, tasado en $2,09 billones.
En un video de 12 minutos publicado en su cuenta de Instagram, la superintendente Cielo Rusinque defendió la decisión de la SIC de autorizar la fusión Tigo–Movistar y cuestionó duramente las críticas que han surgido. Aseguró que la resolución se tomó tras “un análisis juicioso, meticuloso y con participación de empresas, academia, usuarios y entidades técnicas”. Subrayó, además, que la operación incluye condicionamientos orientados a “preservar la competencia y corregir fallas actuales que afectan a operadores pequeños”.
Rusinque afirmó que la SIC actuó con total transparencia, recordando que el trámite duró más de seis meses, fue público y contó con una rueda de prensa donde se respondieron preguntas y cuestionamientos. Señaló que algunas críticas provienen de “opinadores más interesados en el escándalo que en la verdad” y apuntó directamente a la columnista Ana Bejarano, a quien acusó de lanzar “insinuaciones infamantes basadas en una sola foto publicada en mis redes” al sugerir un favorecimiento hacia Telefónica por la cercanía del Gobierno con España.
También rechazó la narrativa de que la fusión llevará a una concentración perjudicial para los usuarios: “Los condicionamientos permiten mantener la competencia mientras la CRC establece las nuevas reglas del mercado”. Añadió que la decisión busca la democratización del acceso a los mercados, mejores condiciones de equidad entre operadores y beneficios en infraestructura, cobertura y calidad del servicio.
La funcionaria criticó que algunos sectores intenten convertir el tema en un escándalo político y defendió la labor de la entidad: “Somos instituciones fuertes, no una policía económica del régimen como han querido presentar”. Recordó que la SIC ha incrementado sanciones e investigaciones para proteger a los usuarios desde su llegada.
Mientas tanto, Carina Murcia Yela, ministra de las TIC, manifestó estar de acuerdo con dicha fusión. En diálogo con W Radio, señaló que: “Esto es un proceso que está con toda la responsabilidad técnica, con vigilancia precisa y el componente técnico (por parte del MinTIC). La decisión se encuentra acorde por un interés superior para mejorar la calidad del servicio y puede existir una extensión en la conectividad en las regiones”.
Además, agregó que en años anteriores se dieron integraciones de pequeños integraciones: Operadores tendrán la oportunidad de abrirse a nuevos mercados, en territorios donde quizás hoy no llegan”, por lo que manifestó que si se busca fortalecer a los operadores para que lleguen a las regiones, debe existir dinamismo para que sea más competitivo.
Y le dejó un mensaje a las empresas que tienen una participación minoritaria en el mercado: “nosotros, como ministerio, entendemos que hay una necesidad también de que hay dos grandes operadores. Este mercado siempre ha estado en esta posición: siempre ha obedecido a un gran operador, no es algo que nos hayamos sacado del bolsillo, sino un proceso riguroso donde estuvieron los actores importantes, como la CRC. Acá se hizo la advertencia de que el mercado mayorista de acceso y origen móvil iba a presentar una concentración... Esto no es un duopolio y obedece a una inversión para generar mayor conectividad a regiones apartadas”.
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Gobierno Petro lleva tres años de desinterés regulatorio
La indiferencia del Gobierno en el diseño de regulaciones para mejorar la competencia no es nueva. Durante tres años no nombró al delegado presidencial en la CRC, la entidad que toma las decisiones más técnicas del sector. Ese puesto solo se llenó en octubre pasado, con la designación de Javier Gutiérrez Afanador, a pesar de que la propia CRC cuestionó que no cumplía con todos los requisitos de experiencia.
Para Carmen Valderrama, exministra TIC, esta ausencia frenó el avance técnico: “El gobierno perdió tres años de presentar posibles propuestas para regular el mercado. Eso también le quita dinamismo al trabajo de la CRC”.
La CRC tardó años en reaccionar frente a la dominancia de Claro: la declaró en 2021, pero solo reguló en 2024 y 2025. Y en ambas decisiones el delegado presidencial no existía, lo que dejó al Ejecutivo sin voz en la construcción de esas reglas.
La misma CRC ha aceptado que el marco regulatorio actual no alcanza para equilibrar la cancha. Un ejemplo es el Roaming Automático Nacional, cuya tarifa —según los operadores pequeños— es demasiado alta. Claudia Bustamante, directora de la CRC, anunció que ya están revisando ese esquema porque “debe ajustarse para que haya condiciones más razonables”.
Activaron las bodegas
Mientras tanto, y en paralelo a la suspensión del debate, se promocionó con fuerza el mensaje #ConectividadParaTodos para defender la operación. El hashtag se habría viralizado gracias a cuentas afines, incluidos perfiles nuevos o de comportamiento coordinado, lo que en el Congreso describen como una activación de “bodegas digitales” para moldear la opinión pública.
Por ende, la contradicción es que el Gobierno que evitó durante años intervenir en la regulación, ahora defiende con fuerza una fusión que crea un duopolio, y frena un debate que podría cuestionar los efectos de su propia decisión.
Ahora bien, la pregunta que queda en el aire, y que no pudo hacerse en la Comisión Sexta, es si la integración realmente llevará más conectividad al país o si, por el contrario, consolidará un modelo donde la competencia es cada vez más difícil y la vigilancia institucional más compleja.
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