Aunque Nicolás Maduro anunció que la primera exportación de gas venezolano a Colombia “ya está lista en la frontera”, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), descartó que esto sea posible en el corto plazo.
Pearl explicó que la infraestructura requerida no está en condiciones de operar. Solo reparar el gasoducto tomaría entre 1,5 y 2 años, por lo que la posibilidad de enviar gas a Colombia todavía estaría lejos de concretarse.
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Además, señaló que aún falta evaluar la viabilidad contractual entre las empresas que importarán y exportarán ese gas, un proceso que debe considerar las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que mantiene sanciones vigentes sobre Venezuela.
“Esa es una opción que, en el corto plazo, no se ve posible”, reiteró el dirigente de la ACP.
¿Qué tan avanzado está el plan para importar gas venezolano?
Aunque el mismo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha afirmado que el Gobierno trabaja para reactivar el suministro de gas venezolano antes de que termine 2025, los obstáculos técnicos siguen siendo significativos.
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Palma ha insistido en que es necesario superar “barreras técnicas, jurídicas y económicas” para que los colombianos puedan recibir esa molécula de gas, y expresó su expectativa de que el proyecto avance en beneficio del país.
Pese a esas intenciones, aún persisten dudas sobre la viabilidad del proyecto. En mayo de este año tomó fuerza la versión de que el plan seguía en pie, e incluso un documento revelado por Caracol Radio indicaba que PDVSA esperaba comenzar a transportar gas hacia Colombia a finales de este año; no obstante, este optimismo no se corresponde con las condiciones reales del gasoducto.
El estado real del Gasoducto Antonio Ricaurte
El Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, administrado por PDVSA, tiene una extensión de 225 kilómetros (88,5 en Colombia y el resto en Venezuela) y está inactivo desde hace casi una década, lo que impide cualquier operación inmediata.
La infraestructura se encuentra en un avanzado estado de deterioro y abandono, con tramos desmantelados, saqueados y fuera de servicio desde que Colombia dejó de suministrar gas a Venezuela en 2016.
Documentos de la propia petrolera venezolana confirman que el gasoducto permanece fuera de servicio por “afectaciones realizadas por terceros no identificados”.
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Y aunque PDVSA reconoce la necesidad de rehabilitarlo, todavía no hay claridad sobre las reparaciones específicas que se requieren ni sobre el cronograma para ejecutarlas.
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