La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce), en representación de sus empresas afiliadas, expresó su rechazo al proyecto de resolución emitido por el Ministerio de Minas y Energía. La propuesta plantea la “democratización” de las deudas acumuladas por empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), a través de un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora (kWh) a todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
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De acuerdo con la Acce, la iniciativa traslada a los usuarios finales las obligaciones financieras de empresas intervenidas, lo que genera múltiples riesgos legales, económicos y sectoriales.
Uno de los principales argumentos del gremio es que el acto administrativo propuesto sería abiertamente inconstitucional. Según la Acce, el cobro adicional tiene naturaleza tributaria, por lo que equivale a un impuesto aplicado a los usuarios del servicio de energía eléctrica.
En ese sentido, la agremiación sostiene que este tipo de medidas hacen parte de materias con reserva de ley, cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la República. Por lo tanto, no podrían ser expedidas por una autoridad administrativa, como el Ministerio de Minas y Energía.
Impacto directo en hogares y empresas
La Acce advirtió que trasladar las deudas de empresas intervenidas a los usuarios finales representa, en la práctica, un rescate financiero incorporado en la tarifa de energía. Esta situación afectaría directamente a hogares y empresas que ya enfrentan altos costos en sus facturas de electricidad.
El gremio señaló que la propuesta no tiene en cuenta la capacidad económica de los usuarios, en especial de aquellos en condiciones de vulnerabilidad, y contradice los principios de equidad y solidaridad consagrados en la Ley 142 de 1994, que rige los servicios públicos domiciliarios en Colombia.
Adicionalmente, la entidad que dirige Marta Aguilar Méndez recordó que la iniciativa va en contra de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 142 de 1994, que regula las tarifas y la recuperación de pérdidas. Esta norma señala que, bajo los principios de eficiencia y suficiencia financiera, no se permiten alzas tarifarias destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales.
De acuerdo con la ley, la recuperación patrimonial debe realizarse exclusivamente mediante nuevos aportes de capital de los socios, con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades, y no a través de incrementos en las tarifas que pagan los usuarios.
El gremio alertó que este tipo de medidas impactan de manera directa el bolsillo de los hogares y elevan los costos de las empresas, lo que presiona los precios, afecta el empleo y desincentiva la inversión. En lugar de corregir las fallas que originaron la situación financiera de las empresas intervenidas, la propuesta las incorpora de forma permanente en la tarifa de energía.
Según la Acce, incluir un cobro de $8 por kWh en el componente de restricciones convierte la factura de electricidad en una “bolsa nacional de salvamento”, donde se socializan las consecuencias de una mala gestión empresarial y se diluye la disciplina financiera en el sector.
Un mensaje equivocado para el mercado eléctrico
Otro de los puntos críticos señalados por el gremio es el precedente que podría sentar la socialización de deudas. Según la Acce, esta práctica podría incentivar comportamientos de irresponsabilidad financiera en el sector eléctrico, al generar la percepción de que las consecuencias de una mala gestión serán trasladadas a los usuarios.
Esta situación, advirtió la asociación, podría afectar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de regular y supervisar los servicios públicos domiciliarios.
La Acce aseguró que existen opciones viables para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico sin trasladar las deudas directamente a los usuarios finales. Entre las alternativas propuestas se encuentran la reestructuración de las deudas de las empresas intervenidas, mediante la negociación con acreedores para extender plazos o renegociar condiciones.
También planteó la creación de un fondo de rescate sectorial financiado con recursos del Gobierno, provenientes de fuentes como impuestos específicos al sector energético o aportes de las empresas que operan en el mercado mayorista.
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Otra opción es promover la inversión privada en las empresas intervenidas, ofreciendo incentivos fiscales o garantías estatales para que los inversionistas asuman la deuda y contribuyan a su recuperación financiera.
Adicionalmente, el gremio propuso implementar medidas de optimización operativa para reducir costos y aumentar ingresos en las empresas intervenidas. En caso de que sea inevitable recurrir a los usuarios, sugirió la aplicación de subsidios focalizados para proteger a los hogares más vulnerables.
Llamado al Gobierno y a los reguladores
Por lo anterior, la Acce hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que reconsideren la propuesta y prioricen medidas que no vulneren los derechos de los usuarios ni afecten su economía.
La asociación reiteró que la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico son fundamentales, pero deben garantizarse sin comprometer la equidad y la justicia social. Asimismo, solicitó al Gobierno trabajar de manera conjunta con los actores del sector para superar la coyuntura actual, aprender de las experiencias recientes y realizar los ajustes necesarios para mejorar la operación del sistema eléctrico.
Finalmente, la Acce destacó la necesidad de avanzar hacia una regulación eficiente y efectiva, basada en evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional. Según el gremio, este enfoque es clave para garantizar la seguridad energética, la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas, pilares del desarrollo económico y social del país.
Méndez reiteró su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno, el Ministerio de Minas y Energía, la SSPD y la CREG, con el objetivo de preservar un entorno de confianza y estabilidad que beneficie a los usuarios y asegure el futuro del suministro de energía en Colombia.
Preguntas frecuentes sobre el tema:
- ¿Cuánto aumentará mi factura con el nuevo cobro de energía?
- Si se aprueba la resolución, se sumarían $8 por cada kilovatio consumido. Para un hogar que consume 150 kWh al mes, el incremento base sería de $1.200, sumado a los impuestos y tasas adicionales ya existentes.
- ¿Qué empresas de energía están intervenidas en Colombia?
- El cobro busca cubrir deudas de compañías bajo control de la Superintendencia de Servicios Públicos. La Acce critica que los usuarios asuman la “mala gestión empresarial” de estas entidades a través de la tarifa.
- ¿Cuándo empezaría a regir el cobro de $8 por kWh?
- Actualmente es un proyecto de resolución del Ministerio de Minas. El gremio Acce busca frenarlo mediante argumentos legales, alegando que un cobro de este tipo solo puede ser aprobado por el Congreso.
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