La escalada comercial entre Colombia y Ecuador se mantiene, el impacto de los aranceles del 30% y el freno a la energía. Entienda por qué el crudo del Putumayo y el comercio fronterizo son los más golpeados.
La reunión de alto nivel entre delegaciones de Colombia y Ecuador celebrada el 6 de febrero buscaba revisar la agenda bilateral y fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y energía. Sin embargo, según comunicados oficiales de la Cancillería, no logró desactivar las tensiones ni levantar los aranceles recíprocos aplicados por ambas partes.
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Ecuador mantiene el arancel del 30% a las importaciones colombianas, vigente desde el 1° de febrero. En respuesta, Colombia impuso un arancel del 30% sobre una fracción representativa de las importaciones originarias de Ecuador y suspendió las exportaciones de energía eléctrica hacia ese país, que cubren cerca del 8% de su demanda.
Aunque el Gobierno colombiano ha señalado que sus medidas son transitorias y sujetas a revisión, el riesgo de una nueva escalada sigue latente. Por ahora, no hay acuerdos concretos ni señales claras de desmonte de las decisiones adoptadas.
La tensión ya tiene efectos directos en sectores clave. Ecuador incrementó en más de 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), elevándola de US$3 a US$30 por barril.
La medida impacta la producción petrolera del sur de Colombia, especialmente en Putumayo, y afecta los encadenamientos productivos asociados a esta actividad. En paralelo, los aranceles encarecen el comercio bilateral y aumentan la incertidumbre para empresas exportadoras e importadoras en ambos países.
La ausencia de avances diplomáticos prolonga un escenario de incertidumbre que puede amplificar efectos sobre la inversión, el empleo y la estabilidad sectorial.
Anif recordó que la escalada se originó tras el endurecimiento del discurso del Gobierno ecuatoriano, el 21 de enero, frente al control del crimen organizado en la frontera común. Ecuador ha señalado presuntas insuficiencias en los esfuerzos de Colombia para contener las economías ilícitas en la zona limítrofe.
En el lado colombiano, los departamentos de Nariño y Putumayo concentran una proporción significativa de los cultivos ilícitos del país. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2023 Colombia registró 252.575 hectáreas de coca, la cifra más alta en su historia reciente.
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Nariño concentró 64.990 hectáreas (25,7% del total nacional) y Putumayo 50.343 hectáreas (19,9%). En conjunto, ambos departamentos explicaron cerca del 46% del área cultivada. Si se suma Cauca, la participación supera el 58%, evidenciando una marcada concentración territorial en el suroccidente.
Tras una reducción entre 2018 y 2020, cuando el área nacional pasó de 169.018 a 142.784 hectáreas, la tendencia se revirtió en 2021 con un incremento de 43,1% a nivel nacional. Desde entonces, el crecimiento ha continuado, aunque a tasas más moderadas: en 2023 el aumento fue de 9,8% en el total nacional.
Este contexto de reconfiguración de actores armados, disputa por corredores estratégicos hacia el Pacífico y fortalecimiento de economías criminales explica parte del trasfondo político y de seguridad que hoy se traduce en tensiones comerciales.
Para los analistas de Anif el conflicto ocurre en medio de una relación económica profunda. Colombia y Ecuador hacen parte de la Comunidad Andina (CAN), junto a Bolivia y Perú, bajo un esquema de zona de libre comercio y mecanismos institucionales de resolución de controversias.
Entre 2016 y 2025, la balanza comercial ha sido consistentemente superavitaria para Colombia. En varios años el saldo positivo superó los US$800 millones. Con corte a noviembre de 2025, el superávit alcanzó US$921 millones.
En 2025, las exportaciones colombianas hacia Ecuador sumaron US$1.847 millones (-3,9% frente a 2024). Ecuador fue el séptimo destino de las exportaciones totales del país y el tercer mercado para las exportaciones no minero energéticas, solo superado por Estados Unidos y la Unión Europea.
Las ventas no minero energéticas alcanzaron US$1.669 millones, es decir, nueve de cada diez dólares exportados a Ecuador corresponden a bienes no minero energéticos.
La interconexión eléctrica ha sido uno de los pilares de la relación bilateral. En 2024, durante la severa sequía asociada al fenómeno de El Niño, Ecuador enfrentó racionamientos de hasta 14 horas diarias. En ese contexto, Colombia suministró energía para mitigar la crisis.
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De acuerdo con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en determinados momentos Colombia ha llegado a cubrir hasta el 8% de la demanda ecuatoriana.
En 2025, la energía eléctrica fue el principal rubro de exportación hacia Ecuador, con US$133,8 millones (7,2% del total), aunque registró una caída anual de -57,9%. Tras picos significativos en 2024 y en los primeros meses de 2025, el flujo se redujo a niveles marginales desde abril.
La suspensión actual introduce un componente estratégico adicional a la disputa, al afectar un intercambio que ha sido clave para la seguridad y confiabilidad energética regional.
A casi un mes del inicio de la escalada, la conclusión es clara: no hay acuerdos, no hay desmonte de aranceles y no hay resultados tangibles de los canales diplomáticos.
Los aranceles y las restricciones energéticas elevan costos para los sectores productivos y erosionan la confianza dentro del marco institucional de la Comunidad Andina. Al mismo tiempo, prolongar la disputa puede amplificar impactos sobre la inversión, el empleo y la estabilidad sectorial en ambas economías.
En una relación históricamente interdependiente y estructuralmente favorable para Colombia, el actual pulso comercial no muestra vencedores evidentes, pero sí riesgos crecientes si la tensión se mantiene en el tiempo.
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