No solo los testimonios de testigos están orientando a los investigadores sobre las presuntas irregularidades en la contratación dentro de Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica, durante la gerencia de Javier Lastra y la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, lo que demostraría que el mandatario habría “vendido” la empresa para favorecer políticos.
Apoyados en un ejercicio de arqueología forense sobre la documentación, las autoridades ahora están detrás de una contratación por 460.000 millones de pesos que causa extrañeza porque se hizo con empresas que generaban dudas evidentes sobre su capacidad operacional y riesgo reputacional por posible corrupción, lo que hace pensar en un presunto favorecimiento a intereses particulares.
Entre los posibles beneficiarios en parte de los contratos hay firmas ligadas con personas cercanas al presidente Gustavo Petro, así como empresas que han tenido vasos comunicantes con el condenado por corrupción Emilio Tapia y con el controvertido empresario del litoral Alfonso “el turco” Hilsaca.
Tapia estuvo comprometido en el escándalo del carrusel de la contratación en el cual se malversaron cerca de dos billones de pesos en Bogotá en 2009, por lo cual pagó casi siete años y medio de cárcel; y apenas desde abril pasado quedó de nuevo en libertad tras purgar una condena de 6 años y tres meses por su participación en la contratación fraudulenta de Centros Poblados para proveer de internet las áreas alejadas del país, donde se habrían perdido 70.000 millones de pesos.
Por su parte, Hilsaca es un potentado empresario costeño, que entre otras cosas detenta los contratos del alumbrado público en muchos municipios del país, pero lo más importante es que se le atribuye una poderosa red de relaciones e influencias políticas a base del apoyo a campañas proselitistas. Igualmente, se le ha señalado por los presuntos lazos que habría tenido con sectores del paramilitarismo. De hecho, en 2009 tuvo medida de aseguramiento como presunto determinador de la llamada Masacre de la Torre del Reloj en la que, seis años antes, el frente paramilitar Canal del Dique mató a cuatro mujeres en el centro histórico de Cartagena. Pagó ocho meses de cárcel pero salió por falta de pruebas, aunque volvió a estar entre rejas en 2010 porque grabaciones, documentos y testimonios de exjefes paras lo señalaron como auxiliador.
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Más recientemente, dentro del proceso penal por presunta corrupción contra Nicolás Petro, el hijo del Jefe de Estado, la esposa de este, Day Vásquez, mencionó que Hilsaca habría aportado $400 millones para la campaña del actual mandatario colombiano.
En el caso de Afinia, a estos dos personajes los han mencionado testigos como parte del presunto ardid para controlar la contratación y poner gerente mediante la compra de una especie de franquicia a funcionarios corruptos de alto nivel en la administración pasada de Medellín. Por ello se habría pagado 8 millones de dólares, según denunció el alcalde Federico Gutiérrez y existen también correos electrónicos y otros documentos que muestran las presiones y maniobras de los alfiles de Quintero para que fuera Lastra quien llevara las riendas de la recién creada filial de EPM en la Costa Atlántica.
Vale recordar también que tras la entrada en operación de Afinia bajo la sombrilla de EPM a partir de un acuerdo entre el expresidente Iván Duque y el alcalde Quintero, de inmediato se desató gran expectativa por la bonanza de contratos que se veía venir, pues el compromiso de EPM era invertir cerca de $10 billones en una década con el fin de desatrasar la infraestructura de conducción de energía en cinco departamentos que atiende en el Caribe: Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y parte de Magdalena.
Hay versiones tanto de reuniones en Medellín como de encuentros clandestinos en una finca en las afueras de Cartagena para finiquitar negocios. Y ahora la Fiscalía está siguiendo la pista a otra documentación relacionada con la contratación celebrada en el periodo de Lastra (agosto de 2021 a 31 de enero de 2024).
De manera especial, los reflectores se están posando en los contratos que terminaron beneficiando a dos empresas que tendrían relación con Hilsaca y Tapia: LT Buildings y AGM Desarrollos.
Con relación a LT Buildings, la firma cercana a Tapia, Afinia suscribió cuatro contratos con la Unión Temporal Concorplanet MED, de la cual ella hacía parte, por un monto de 88.417 millones de pesos. El objeto era ejecutar obras de construcción y remodelación de redes eléctricas en el departamento de Córdoba, de acuerdo con el informe de Control Risks.
¿Vasos comunicantes con Petro, Tapia y el Turco?
Concorplanet MED está llena de detalles curiosos y el primero es el vínculo que ha tenido Gregorio Grau Pujadas, el hermano de Manuel Grau Pujadas, que es a su vez el mismo español cercano al presidente Gustavo Petro y representante de la empresa Themac Colombia, con la cual Emvarias pretendía contratar un piloto para el cargue lateral de residuos por 251.000 millones de pesos en la administración de Daniel Quintero. La nueva gerencia de EPM finalmente echó al traste el que fue considerado como un adefesio por los altos costos, sabiendo que apenas comprendía un plan piloto y que la modalidad no era aplicable a la topografía montañosa de Medellín.
Concorplanet Med fue proveedora de Afinia a través de dos Uniones Temporales: una de ellas la UT Concorplanet MED y Tamayo, donde hay otro aspecto como para no pasar por alto, pues el dueño del asociado que le aportó la segunda parte al nombre era José Luis Tamayo Espitia, cuyo hermano Rubén Darío fue alcalde de Planeta Rica (Córdoba) en el periodo 2020-2023. De esta manera y a sabiendas de que el contrato con Afinia se suscribió el 8 de septiembre de 2022, debieron darle a Tamayo un manejo como “persona políticamente expuesta”, y al parecer no fue así, según resaltó Control Risks.
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La segunda UT con la cual Concorplanet contrató con la filial de EPM fue la Unión Temporal Concorplanet MED LT, donde el único miembro externo era precisamente LT Buildings, creada en el año 2010 en Barranquilla como Inversiones El Cortijo Cañas & Tapias SAS; esta fue trasladada en 2020 a Montería y mudó de nombre a la denominación actual en julio de 2021, cuando también cambió su composición accionaria, siendo propiedad exclusiva de la firma LT Investments, que a su vez tenía como representante a Ottomar José Lascarro Torres, un reconocido socio de Tapia.
Pero Lascarro no era el único lazo de LT Buildings con el cerebro del Carrusel de la Contratación en Bogotá, pues, según el mismo informe de Control Risks destaca que Luis Alberto Morales Acevedo, también cercano a Tapia y mencionado en el escándalo de Centros Poblados, fungió como “único accionista, representante legal y miembro de junta directiva” durante la suscripción del contrato con la filial de EPM.
Además, ahí no para todo el presunto relacionamiento con Tapia, ya que el que le transfirió las acciones a Morales fue Juan Sebastián Vergara Ortega, quien con Lascarro fue parte de Omega Building Constructora, que estuvo en la unión temporal de Centros Poblados.
Una segunda parte del presunto tinglado que tienen muy documentado los investigadores es el de la facturación por $32.317 millones que obtuvo la UT Unión Redes Eléctricas de la Costa, de la que formaba parte AGM Desarrollos SAS, la empresa familiar del “turco” Hilsaca.
El proceso al respecto comenzó en junio de 2022, dentro de un contrato marco por $330.893 millones para distintas zonas y esta unión temporal fue elegida para un área de Bolívar; sin embargo, la rúbrica con Redes Eléctricas de la Costa se demoró porque “identificaron riesgos jurídicos y reputancionales al proponente AGM Desarrollo SAS”, cuya representante legal era la esposa de Hilsaca, según consta en un informe de la Contraloría de Medellín. Solo que, de manera inesperada, lo firmaron el 26 de diciembre del mismo año.
Parte de las sospechas de un posible favorecimiento se fundamentan en que quien habría recomendado a AGM para la contratación fue Adriana Guebey Galvis, mano derecha de la gerencia de Afinia, pues en su paso previo por la fallida Electricaribe ella habría coincidido con Arnold Alberto Álvarez, representante por ese tiempo de la empresa de los Hilsaca.
Así actuaba la “rosca” de contratación en Afinia, según auditoria y testigos
El modus operandi para contratar a los de la “rosca” habría partido de la apertura de licitaciones que muy pronto eran declaradas desiertas por la junta de Afinia para luego hacer invitaciones directas en las que de manera “mágica” terminaban contratando a los que habían sido previamente descalificados por motivos como falta de experiencia o de solvencia financiera y sin que se percibieran “modificaciones relevantes en los criterios de evaluación ni en las propuestas presentadas”, resaltó el informe de Control Risks.
De esta manera, cinco empresas –FSCR Ingeniería, Deltec S.A., Servienergía SAS, Concorplanet y AGC– habrían obtenido las facturaciones cercanas al medio billón de pesos aunque acarrearan riesgos reputacionales y de corrupción para la filial de EPM en la Costa Atlántica. El documento de la consultora internacional destaca que varias de esas firmas eran conocidas por los directivos y asesores de Afinia y aún así decidieron seguir adelante sin que aparentemente hubiera una explicación lógica.
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En el caso del concurso público 11201922T1 que se abrió el 21 de julio de 2023 y cerró cuatro días después para escoger una firma que extendiera las líneas de conducción en Bolívar, los peritos de Risks entraron en sospechas porque tres oferentes fueron descalificados en la primera fase por no cumplir con requisitos pero en una segunda etapa recibieron el visto bueno “a pesar de que no se presentaron modificaciones relevantes en los criterios de evaluación ni en la propuestas presentadas”.
FSCR presentó la mejor propuesta y aunque fue descabezada por no contar con la capacidad financiera requerida, posteriormente, en una solicitud única de ofertas, la eligieron en esta ocasión y en otras más, alcanzando a facturar más de $265.000 millones con Afinia entre agosto de 2021 y diciembre de 2023.
Un acta de junta del 25 de julio de ese año, con Lastra a la cabeza, refleja que la votación fue unánime en favor de esta empresa con el argumento de que “era un proveedor que había estado trabajando en la zona y eso le daba continuidad al proceso”.
Para la zona Cesar Norte había otra convocatoria por más de $52.800 millones, cuyo objeto era “prestar el servicio integral de las actividades que ejecutan los procesos de mantenimiento MT-BT, operaciones domiciliarias, servicio al cliente, operativa móvil, mercados especiales y provisión de servicio”. Una de las firmas que participó fue Deltec, que había sonado públicamente en 2022 en un escándalo a raíz de un contrato por $215.000 millones con presuntos sobrecostos con la alcaldía de Jorge Iván Ospina en Cali. Inicialmente no salió favorecida pero lo extraño es que después Afinia decidió firmar con ellos y no solo uno sino cuatro contratos –dos por solicitud única de ofertas- cuyo monto superó los $120.000 millones.
Un contrato más en el que se posaron los ojos de los expertos de la auditoría y que indaga también la Fiscalía, es el 11202323T1 que abrieron el 11 de julio y cerraron el 14 de julio de 2023 para Bolívar. Como para variar, también el concurso público se declaró desierto y posteriormente fue elegida la firma Servienergía pero ya en una solicitud única de ofertas. Esta empresa había ofrecido inicialmente realizar el trabajo por 43.715 millones y finalmente, cuando lo aprobaron, fue por 43.393, es decir apenas 322 millones menos de lo inicial.
“Sobre lo anterior, llama la atención que las empresas que finalmente fueron adjudicatarias de los contratos para operar en estas tres zonas no estaban contempladas como aquellas que tenían el potencial para hacerlo, según el Informe de Recomendación y Aceptación de Ofertas emitido por Afinia”, destaca el documento de la auditoría de Control Risks.
Además, los expertos observaron que las ofertas que finalmente se adjudicaron tenían un valor casi idéntico y en algunos casos hasta igual al techo de la solicitud pública, cuando se supone que la filosofía de una subasta inversa es justamente lograr precios menores.
Consultado por EL COLOMBIANO, Javier Lastra dijo que los exámenes de riesgo reputacional no los hacían dentro de Afinia sino que corrían por cuenta de expertos de la matriz EPM en Medellín. También aseguró que no ha sido llamado por entes de control a explicar nada y defendió que todos los actos de su administración fueron ajustados a la ley, pero que además tuvieron seguimiento de consultoras como Price Waterhouse Coopers, Deloitte y KPMG, y que jamás fue requerido por Control Risks para dar su versión sobre los mencionados hechos.
¿Qué responde Javier Lastra?
Javier lastra, el exgerente de Afinia dice que hasta ahora no lo han llamado de Contraloría, Procuraduría ni de la Fiscalía. Es enfático en que de él y de su gestión se han dicho muchas cosas que no son ciertas, como que alrededor de su nombramiento hubo tráfico de influencias y el pago de 8 millones de dólares, y que está listo para dar las explicaciones. EL COLOMBIANO le preguntó acerca de las dudas que deja la auditoría de Control Risks sobre contrataciones por 460.000 millones con cinco empresas y contestó que para ese informe nunca fue consultado y le gustaría conocerlo para poder dar su punto de vista.
Acerca de los contratos donde aparecen LT Buildings, firma que estaría ligada con Emilio Tapia, dijo que siempre los contratos sobre los que había alguna duda pasaban por la Vicepresidencia de Riesgos de EPM para hacer el compliance, pero en ese caso no recuerda que hubiera ninguna anotación de posible riesgo reputacional originado en alguna relación con Tapia.
En el caso de AGM Desarrollos, la empresa de la familia del “turco” hilsaca, apuntó: “Yo mismo fui el que le dije en EPM que la metieran en el filtro de compliance y la respuesta fue que era más más riesgoso para la administración no contratarlo después del cumplimiento de los requisitos que seguir con el proceso”.
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Asegura que también lanzó la misma alerta ante la matriz controlante de Afinia acerca de FSRC, pero no hubo ninguna objeción sobre ella y el concepto fue positivo para que se continuara con la contratación, igual que ocurrió con Deltec, aun después de haberse registrado el escándalo por presuntos sobrecostos en un contrato en Cali.
“Estas dos son empresas que vienen desde Electricaribe, han participado en muchos procesos y atienden varias zonas de la región; es más, seguramente todavía estarán prestando el servicio con nuevos contratos que han firmado mis reemplazos en la gerencia”, dijo Lastra.
Al preguntarle por qué FSRC fue “descabezada en una licitación, pero luego se declaró desierto el proceso y la contrataron a través de una solicitud única de oferta, dijo que no recuerda por tratarse de asuntos que pasaron dos o tres años atrás y por tanto tendría que revisar la documentación para ver si hubo algún error en la primera o en la segunda convocatoria, “pero nunca uno va a declarar desierta una licitación y volver a contratar sin el cumplimiento de los requisitos, eso no podría ser”.
Subrayó que ninguna licitación se adjudicó con sobrecostos o a firmas que no fueran idóneas, y que si hubo alguna irregularidad, tendría que ser la Contraloría o la Procuraduría, o cualquier otro ente de control, el que lo dijera, y no una firma contratada por EPM que no se sabe cuánto tiempo dedicó ni cómo revisó los documentos.
“¿Por qué no le preguntaron a la Price WaterHouse que era nuestra PMO (oficina de gestión de proyectos) para tener el seguimiento de los presupuestos de las ejecuciones de las obras; o a Deloitte, que hacía la revisoría fiscal; o a KPMG, que hacía la auditoría externa de gestión y resultado; también la Contraloría de Medellín nos calificó de manera eficiente, y ahora resulta que EPM contrata a unos señores, quién sabe por cuánta plata, para que venga a decir que los procesos estuvieron salpicados de irregularidades”, puntualizó.
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