Las acusaciones de Gutiérrez llegan además en un momento en el que su relación como mandatario local con la diplomacia estadounidense parece más estrecha que nunca: mientras el gobierno de ese país le quita la visa a Petro y a sus ministros, Jhon McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, se reunió con Gutiérrez en Medellín.
“Gracias a mi parcero Federico Gutiérrez por recibirme en la espectacular Ciudad de la Eterna Primavera, Medellín. Durante nuestro valioso encuentro, conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses, que beneficiarán a todos los colombianos y a la bella región antioqueña”, escribió el diplomático gringo en X después de su visita a La Alpujarra.
Gutiérrez aseguró en una rueda de prensa posterior a ese encuentro que tanto McNamara como otros altos funcionarios de Estados Unidos estaban al tanto de los casos de corrupción del exalcalde Quintero en Medellín y que, como aseguró el senador Moreno, estaban en la tarea de seguir la pista de la plata que habría ido a parar en ese país.
Pese a aclarar que el grueso de la investigación aún se mantiene bajo reserva, el mandatario local reveló que los primeros indicios del caso apuntarían a nexos de esos bienes con las denuncias de corrupción de Afinia y Canacol, dos de los escándalos más gruesos que quedaron del gobierno pasado.
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“Hay personas de las que tenemos información que han tenido vínculos directos con unos ciudadanos venezolanos que viven directamente en Miami y también socios de ellos colombianos que hoy están viviendo en Miami y en otras ciudades. Casos, por ejemplo, tan importantes como el de Afinia están relacionados con esa información o casos como el de Canacol, ampliamente denunciados por medios de comunicación”, señaló el alcalde Gutiérrez.
Cabe recordar que tanto las denuncias que se han conocido sobre Afinia, como las de Canacol, hacen parte de los casos más sensibles que quedaron tras el fin de la administración Quintero.
En mayo de 2024, fue el mismo Gutiérrez quien presentó a la opinión pública una grave denuncia de corrupción en Afinia, en la que una fuente protegida aseguraba que esa filial del Grupo EPM en la costa Caribe había sido supuestamente vendida por $8 millones de dólares a un grupo político.
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Según narró el alcalde, el testigo aseguró que aquella operación habría tenido su génesis en una reunión secreta realizada en un restaurante de Las Palmas, en la que se habrían sentado un grupo de políticos acompañados por una pareja de empresarios venezolanos, un exsecretario de la Alcaldía y hasta un empresario salpicado en el carrusel de la contratación de Bogotá.
Pese a que el nombre de todos esos participantes no fue revelado en aquel momento, trascendió que la presunta figura política que estaría a la sombra de esa negociación sería presuntamente el excongresista antioqueño William Ortega, quien en ese momento negó estar involucrado en una operación de ese tipo.
“Un ciudadano que fue testigo del posible entramado de corrupción que afectó a Afinia me manifestó en días pasados ‘la gerencia y negocios de Afinia fueron vendidos de manera ilegal por Daniel Quintero a un excongresista cuestionado por un valor de 8 millones de dólares’”, aseveró Gutiérrez, agregando que los indicios apuntarían a que dicha operación presuntamente habría estado en conocimiento de la alta gerencia de EPM en el gobierno pasado.
Este mes de septiembre, tal como lo registró este diario, se conoció que la Fiscalía ya tenía abierto un caso para revisar esas denuncias, sobre todo con miras a determinar si el exalcalde Daniel Quintero habría incurrido en un presunto tráfico de influencias cuando el exgerente Javier Lastra llegó a dirigir Afinia en su gobierno. El abogado de Javier Lastra, Andrés Garzón, ha sostenido por su parte que su nombramiento fue producto de un proceso de selección llevado a cabo por una empresa “cazatalentos”, Aristos Stanton Chase, y que Lastra pasó todos los filtros y pruebas sin injerencia política.
En el caso de Canacol Energy, vale recordar que esa multinacional canadiense también salió mencionada en 2023 en un escándalo por un gigantesco contrato que firmaría con EPM, por un valor de $5 billones.
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Dicho contrato se había estructurado con la promesa de que Canacol le vendería gas a EPM por 11 años proveniente de sus hallazgos en el municipio de Jobo (Córdoba), a través de un gran tubo de 289 kilómetros que se construiría hasta Medellín.
Lo curioso de ese contrato es que pese a estar listo para firmarse en 2019, fue frenado a último momento antes del cambio de gobierno y posteriormente salieron a flote testimonios que apuntaban a un presunto pago de comisiones, en los que también se mencionaba una firma china. Al final, Canacol terminó desistiendo de firmar el contrato y argumentó tener problemas para conseguir la licencia ambiental y “obstáculos legales, sociales y de seguridad cada vez mayores”.
¿La plata de esos negocios terminó en Estados Unidos? En la búsqueda de esa respuesta están las autoridades gringas con la ayuda del alcalde de Medellín.
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