Más Bienestar para la Competitividad y mas Competitividad para el Bienestar.

Giovanny Cardona Montoya, noviembre 24 de 2019.

 

Un texto de economía para “dummies” ( de John Charles Pool) dice que un robot puede hacer un carro pero no puede comprarlo. Esa explicación tan simple de la lógica con la que funciona la economía de mercado me sirve de base para hablar de un debate cotidiano que se manifiesta de diferentes formas en la vida social y económica del país.

Digamos que los problemas del bienestar, tales como, la salud de la población (ineficiencia y baja calidad del servicio de las EPS), la baja cobertura educativa o del régimen de pensiones, se entienden como preocupaciones de las familias; o sea, son un problema de las personas naturales.

Pero, de otro lado, los problemas de la competitividad se entienden como retos de las empresas. Ahora que termina el año y se acerca la negociación del salario mínimo, pululan los discursos que reiteran la preocupación de los gremios por lo alto que es el salario mínimo y por lo oneroso que es para las empresas contratar trabajadores debido a los sobrecostos derivados de las prestaciones sociales y de las cargos parafiscales (primas, cesantías, aporte a salud, SENA, Bienestar Familiar y Cajas de Compensación). ¿Es realmente alto el salario en Colombia?

Un robot puede hacer un carro, pero no lo puede comprar.

Es enorme el error de separar los temas de bienestar de los de competitividad. Son muchos los autores que han repasado este tema para explicar que hay una simbiosis entre las familias como proveedoras de ahorros y de mano de obra, a la vez que son demandantes de bienes y servicios. Esto es lo que en Introducción a la Economía se explica a través del “circuito económico”.

Por lo tanto, el acceso a la educación -incluido el reentrenamiento para salir del desempleo o las capacitaciones para un ocio más formativo-, la cobertura de salud y la capacidad de hacer un ahorro pensional, son oportunidades que se convierten en insumos para dinamizar los mercados. Todos estos terminan siendo multiplicadores de la demanda (de medicamentos, de dispositivos para la educación, de alimentos, de viajes, etc.). Si los trabajadores y las familias pueden acceder a su bienestar, entonces, impulsan los mercados. A más bienestar, más dinamismo de la economía. Es así de simple.

Pero la lupa también se puede poner en otro extremo de la ecuación: ¿cómo ser competitivos? necesitamos ciencia, conocimiento ingenieril, capacidad innovadora y creatividad. Entonces, ¿cómo elevar esa competitividad, cuando sólo el 22,2% de la población económicamente activa (PEA) ha culminado algún nivel de educación superior? En otras palabras, sin mayores logros en materia de cobertura y calidad del sistema educativo, elevar la competitividad de las empresas y de Colombia en general es una ilusión.  Por lo tanto, que los jóvenes puedan acceder a la universidad (o a institutos técnicos y tecnológicos de buena calidad) es un derecho y, a la vez, una necesidad perentoria de las empresas. Es una urgencia compartida que algunos, especialmente en el mundo gremial y la política, no han podido entender.

productividad del trabajo en el mundo

Lo mismo sucede con la salud. Aunque la legislación colombiana da autonomía a las empresas para que en los regímenes laborales internos se regulen la concesión de permisos para asistir al médico, sabemos que, en esencia, este es un tiempo que no se recupera. Por lo tanto, las demoras en la atención de las EPS, adicional a los problemas de calidad (demoras para una cita o tratamiento especial, escasez de medicamentos, etc.) terminan afectando la salud de las personas y, en consecuencia, el ritmo de trabajo de los empleados de las empresas. Ese tiempo no vuelve.

En síntesis, el antagonismo en el que se hallan los empresarios y diferentes grupos sociales (sindicatos, movimientos estudiantiles, agremiaciones de usuarios, entre otros) alrededor de estos temas, evidencia la miopía (particularmente de los primeros) en lo referente a la importancia de asegurar cobertura y calidad en salud, educación y pensiones.

Capitalismo Rentista o Capitalismo Competitivo.

Con frecuencia el debate políticos sobre lo económico entre los diferentes grupos, parece enfocarse en la disputa entre los que defienden el mercado y la libre empresa a toda costa y aquellos que consideran que se les debe regular, controlar o, incluso, eliminar. Y es verdad, este es un frecuente debate con mayores o menores matices. Pero ese no es el único debate y, de hecho, en la actualidad colombiana puede no ser el más relevante.

Llamo la atención sobre una nueva contradicción entre élites que defienden una economía rentista centrada en la tenencia de la tierra, las utilidades del comercio y la renta especulativa y financiera, de un lado y, del otro, los empresarios que buscan desarrollar una economía moderna, globalizada y con una competitividad basada en la agregación de valor, la tecnología y la innovación. Este es, en el presente, probablemente nuestro mayor debate.

Con la apertura económica del binomio Barco-Gaviria (desde finales de la década de 1980) se anunció la entrada de Colombia al modernismo económico y a la globalización. La liberalización unilateral del mercado y la firma de TLC con diferentes naciones y bloques se vendió como la panacea para exportar productos, fruto de la innovación de las empresas que ya no gozarían de las ventajas cuasi-monopólicas que les ofrecía el modelo proteccionista Cepalino (desde la década de 1960).

El balance de 30 años de apertura no puede ser más pesimista: de 39.000 millones de dólares que exportó Colombia en 2017, 24.000 millones fueron de commodities de origen mineral (petróleo, carbón, oro). Si a esto sumamos café (grano verde con un nivel mínimo de transformación), bananos y flores, entonces tendremos casi 75% del total de las exportaciones. ¿Dónde está la modernización del aparato productivo?

En consecuencia, el crecimiento del PIB de este país no se halla asociado a las industrias de talla mundial, sino a los hidrocarburos, a la construcción, al comercio y al sector servicios. La industria manufacturera, la agricultura y la agroindustria son los “patitos feos” del paseo. Colombia tiene aproximadamente 20% de sus tierras cultivables, no cultivadas; y en un mundo con problemas de hambre y con crisis ambiental, el tema de la agroindustria basada en innovación no es de menor envergadura.

Por esto es que señalamos que hay un antagonismo entre un capitalismo rentista (dueño de la tierra que no se cultiva, del comercio y de la banca) de un lado, y un sector productivo (manufacturero y agropecuario) debilitado pero latente. Este último sólo podrá conectarse a las cadenas globales de valor si se da un viraje al modelo económico, focalizándolo en la ciencia, la tecnología y la innovación.

En conclusión: bienestar para la competitividad.

Seguir promoviendo bajos salarios (nominales) y altos aranceles a los productos que vienen de China o de Panamá, en lugar de apostarle a la productividad y la innovación (mano de obra sana y cualificada), será mantener encadenado el país al subdesarrollo, a través de la economía rentista.

El salario medio en Islandia es casi 6000 Euros al mes (2018). ¿Es un salario elevado? No lo es, porque es un salario productivo; es la remuneración de un trabajador que agrega valor y genera riqueza que compensa dicho salario y produce ganancias a los inversionistas. Este trabajador está cualificado y se desempeña en empresas basadas en ciencia, tecnología e innovación. Por eso, en términos relativos es más barato pagar 6000 Euros a un islandés, que 200 dólares a un colombiano. Y tomo el salario mínimo colombiano como referente, ya que, según Fedesarrollo, éste representa el 86,2% del salario mediano y el 57% del promedio de los salarios.

Entonces, ¿resolver el problema de las pensiones, de la salud y de la cobertura educativa es realmente un reto del ciudadano de a pié? ¿No lo es también de los gremios empresariales?

 

 

 

 

 

Caen las matrículas en las Universidades: ¿cuáles son los retos?

Giovanny Cardona Montoya, octubre 14 de 2019.

 

Sonó la campana: desde 2017 la matrícula universitaria en Colombia muestra señales de agotamiento. Esto no sucede muy a menudo, así que se han encendido las alarmas en todo el sistema de educación superior.

Vamos a revisar algunos de los números que se han divulgado pero como las señales aún son tenues, vamos a aprovechar la oportunidad para hacernos algunas preguntas de fondo sobre los retos de la Universidad de cara al futuro de los jóvenes y de la sociedad en general.

¿Cuáles son los números?

En 2013 se presentó una leve caída en la matrícula de “primíparos” pero, en general, el ingreso de estudiantes a educación superior ha crecido consistentemente hasta 2017. En este último año, los nuevos cayeron con respecto a 2016 en casi 8%. Si hablamos de admitidos (personas que aprobaron el proceso de ingreso), estos han descendido en 2017 y 2018 con respecto al año inmediatamente anterior. Los admitidos de 2018, son 100 mil menos que en 2016.

Sin embargo, para empezar a matizar los datos, el número de inscritos (personas que tienen interés en hacer una carrera en la educación superior) ascendió en 10% entre 2016 y 2017. Adicionalmente, en 2017, los admitidos representaban tan sólo el 40% de los inscritos, lo que deja una enorme brecha entre los interesados en estudiar y los que efectivamente logran un cupo en la Universidad.

Los datos publicados por el MEN señalan que en diferentes momentos ha habido caídas, tanto en las públicas (2015), como en las privadas (2017 y 2018). Pero, tal vez la alarma mayor se evidencia en la educación secundaria -cantera de las universidades-, ya que, las pruebas Saber 11 fueron presentadas por 2.000 estudiantes menos en el año 2017 con respecto al año 2016.

Por último, los datos generales aún no muestran una señal aguda de crisis -aunque evidencian que la caída se da en la universidad pública y en la privada- y, por lo tanto, vale la pena destacar el constante crecimiento de la matrícula en los programas de modalidad distancia-virtual. Actualmente, esta modalidad cuenta con cerca de 200.000 estudiantes.

EDUCACION ANTICUADA

¿Cuáles son las preguntas de fondo?

En materia de cobertura educativa, el país ha avanzado de manera significativa, lo que se explica en gran medida por los esfuerzos hechos por el sector público, tanto del nivel nacional como local, para financiar estudios superiores. Sin embargo, la cobertura apenas supera el 50% de los bachilleres.

Esto sin tener en cuenta que aún persiste un enorme grupo de niños y adolescentes, especialmente en las regiones, que abandonan el sistema educativo sin alcanzar su título de bachiller. Según un estudio de la Universidad de Los Andes, 44% de los jóvenes entre 16 y 24 años no terminan la educación secundaria. En las ciudades la tasa de éxito supera el 60%, pero en el rural apenas alcanza el 31%.

Por lo anterior, frente a la pregunta de cobertura la respuesta es: no hay escasez de jóvenes para matricular, hay muchos jóvenes que deberían estudiar y, entre estos, muchos buscan hacerlo pero no lo logran.

Y todos los caminos conducen a Roma: son jóvenes que no tienen recursos económicos para pagar sus estudios y/o que, por la baja calidad de su educación básica y media (escuelas pobres en recursos) no pueden aspirar a un cupo gratuito en la universidad -en la pública o a través de una beca por alto rendimiento, en la privada-.

Teniendo en cuenta la brecha entre las ciudades y el campo (incluso los pequeños y recónditos pueblos), es fundamental pensar en las metodologías para una educación a distancia-virtual y semi-presencial. La apuesta de Estado por una amplia cobertura en Internet -70% del territorio naciona con banda ancha para 2022- es una oportunidad que debe ser aprovechada para llevar educación de calidad a todas las regiones del país.

Ahora, el tópico no analizado en esta temática es que no sólo los jóvenes necesitan estudiar: la democracia los necesita formados y las empresas los requieren competentes. Es un pésimo negocio no apostar por una amplia cobertura educativa. Perdemos todos.

En 2007, de cara a las elecciones regionales de la época, se levantaron denuncias de trashumancia de votos que involucraban 726 municipios de Colombia. El trasteo de votos es de carácter nacional y es un síntoma, más que de pobreza, de bajo nivel educativo. Según la Mesa de Observación Electoral, MOE, 40% de los colombianos ha recibido una oferta de compra de votos en los últimos 5 años. Este país, según la MOE, es el tercer país latinoamericano donde más se compran votos, después de México y República Dominicana.

De otro lado, elevar la competitividad de nuestro aparato productivo es un propósito evidente. El Consejo Nacional de Competitividad señala que un Potenciador de Eficiencia es la educación, destacando como indicadores: la cobertura, la formación en media técnica, el número de doctores y postdoctores, las carreras de ingeniería y ciencias, el dominio de una segunda lengua y la tasa de desempleo juvenil.

La magnitud del rezago en materia de cobertura educativa, desde la perspectiva del aparato productivo nos la resume el DANE de la siguiente manera (2017):

Para el año 2017, la proporción de la población económicamente activa (PEA) que habían completado la educación media fue 33,5%. La distribución de los demás niveles educativos en la PEA fue la siguiente: el 23,2% había completado la educación básica primaria, el 5,7% la educación básica secundaria, 10,9% la educación técnica profesional o tecnológica, 8,0% la educación universitaria y el 3,4% postgrado.

En otras palabras, la verdadera preocupación del país no se debe ubicar en la reducción de las matrículas por una posible caída en la población joven o por la baja motivación de las nuevas generaciones para enrolarse en una carrera universitaria. El tema de fondo es que hay una enorme brecha de jóvenes que deben estudiar y no lo pueden hacer, porque les es económicamente imposible.

Colombia tiene un modelo educativo dual, el cual combina instituciones públicas con instituciones privadas. Pero, a pesar de la diferencia entre ambas, su tarea es la misma: prestar un servicio público, el de la educación.

Frecuentemente se presentan debates en Colombia sobre la necesidad de financiar a la Universidad Pública pero, como se puede ver, el problema es mayor: la pregunta es cómo se financia el servicio público de la educación. Son los jóvenes de todo el país, la sociedad democrática y el aparato productivo, los que necesitan que se asegure una cobertura educativa de calidad.

Hoy por hoy, la cobertura educativa es responsabilidad del Estado y del bolsillo de los padres de familia. Con estos recursos, tenemos los resultados que tenemos: baja cobertura, débil democracia y un aparato productivo poco competitivo.

Si dejamos de mirar la educación como uno de los retos, y lo entendemos como la raíz que afianza el verdadero desarrollo sostenible, la democracia y la paz, entonces, cambiariámos la ecuación y el sector empresarial, las familias y el Estado establecerían como prioridad la financiación de un plan agresivo de mediano y largo plazo que cierre la brecha en materia de cobertura educativa; sin cinismo y sin sofismas de distracción.

niño con computador y abuela en el campo

¿Ah y a las instituciones educativas que les decimos?

La Sociedad del Conocimiento es una realidad que obliga a repensar la forma cómo enseñamos. El mundo de la Transformación Digital está cambiando nuestras vidas y ello se debe reflejar en las metodologías, las mediaciones y los contenidos curriculares. El maestro de hoy no tiene por qué reemplazar a Youtube o a Google. Su nuevo rol es preparar a los jóvenes para un mundo abierto, cambiante y complejo.

El desarrollo sostenible, con sus dimensiones, ambiental y social, reclama un nuevo ciudadano. La Universidad debe repensar su currículo y colocar en el corazón del aprendizaje una ética acorde a los nuevos retos de la especie humana. Es impensable un futuro sostenible, con el espíritu mercantilista y consumista de la actual sociedad; y adicionalmente, es inaceptable que con los desarrollos que  la ciencia y la tecnología nos ofrecen, dos mil millones de personas vivan en la informalidad o mueran de enfermedades fácilmente prevenibles o curables.

Y, por último, efectivamente, la generación Z (centennials) no quiere asistir a clases anticuadas. Es posible que el esquema de programas largos (4 o 5 años) acompasado de metodologías tradicionales no sea atractivo para las nuevas juventudes. Y en ese punto, la Universidad debe dotarse de nuevas herramientas para atraer estudiantes. Existen desarrollos didácticos (pedagogía activa, learning by doing, aula invertida, gammification, etc.) que pueden hacer de la educación una experiencia más atractiva y significativa, sin que se pierda rigor.

 

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¿Por qué las empresas extranjeras se van de (no vienen a) Colombia?

Giovanny Cardona Montoya, septiembre 22 de 2019.

 

El título de este artículo no es un juego de palabras. Hoy todo el mundo habla de la desbandada de empresas extranjeras que nos dejan para seguir siendo proveedores de nuestro mercado desde el extranjero. Philip Morris es la última en emigrar. Pero de lo que pocos hablan, es que las empresas extranjeras no vienen a Colombia. No somos atractivos para la Inversión Extranjera Directa (IED) en muchos sectores de la economía.

¿Por qué se van los que se van?

A lo largo de la última década nos han dejado varias empresas manufactureras: Michelin, Mondelez -la de los chiclets Adams-, la ensambladora de Mazda, Bayer y ahora, Philips.  Todas ellas se van por razones específicas de mercado (el cierre de Venezuela), factores de entorno (la larga revaluación del peso que hacía más baratas las importaciones) o por causas estructurales de la economía colombiana (plantas ubicadas en las montañas y lejos de los puertos, problemas de seguridad jurídica y otras debilidades de competitividad colombiana).

Un factor que se suele señalar con frecuencia es la alta tributación. Según el Banco Mundial -BM- (Doing Business) después de Argentina y Bolivia, Colombia es el tercer país menos atractivo -seguido muy de cerca por Brasil y Venezuela- por las cargas impositivas.En concepto de diversos analistas, la Ley de Financiamiento -nombre que enmascara la enésima reforma tributaria- ayudará a hacer más atractivo el país en esta materia.

Sin embargo, según Restrepo J. de la Universidad Javeriana, la metodología del BM es cuestionada por la mezcla de factores tributarios diversos que deberían mirarse acorde a sus particularidades (tributos a las ventas, a las utilidades o a los ingresos brutos no son comparables).

Pero, seguramente Colombia viene acumulando una larga cadena de factores negativos que no sólo “espantan” a las empresas extranjeras que han venido, sino, que no motivan a otras para que ingresen al país: la falta de vías que nos comuniquen fácilmente con los puertos, los problemas de seguridad (incluída la seguridad jurídica agudizada por las constantes reformas tributarias), la debilidad de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, entre otros.

Este conjunto de factores que hace de Colombia un país poco atractivo para la IED, se traduce en la pérdida de cerca de  1500 empleos directos como consecuencia de la salida de estas empresas. Es un agravante más en la tendencia del sector manufacturero de perder participación en el mercado laboral (de 23%, hace una década, a menos del 13% en la actualidad).

Se trata de empresas que llevaban décadas en Colombia, incluso algunas de ellas llegaron al país en la época del proteccionismo y la Decisión 24 del Pacto Andino que las obligaba a ser mixtas, o sea, a tener capital nacional no inferior al 51% del valor total de la empresa. En otras palabras, el modelo de apertura económica que se comenzó a implementar hace 30 años, abrió las puertas a la competencia y a la inversión extranjera, pero no generó suficientes condiciones para hacer que dicha inversión permanezca en el país.

¿En qué nos equivocamos? La apertura económica de Corea, Taiwán o Singapur no se hizo sobre la base de abandonar al aparato productivo. Estos países abrieron las puertas a la competencia externa, pero crearon condiciones para que invertir (capital nacional y extranjero) fuera atractivo. Aquí no pasó lo mismo. El Consejo Privado Nacional de Competitividad (CNC) ha señalado a lo largo de varios años, que el país no está haciendo lo necesario (tecnología, educación, seguridad, infraestructura, etc.) para alcanzar los niveles de competitividad deseados.

 ¿Quiénes sí vienen…y se quedan?

Lo que acabamos de señalar es que el sector manufacturero ha perdido peso en el PIB y en la generación de empleo. Conservando el hilo conductor de esta idea, muchas de las empresas que se han ido son precisamente manufactureras.  Sin embargo, a Colombia, anualmente entra IED y su peso en la balanza de pagos no es desdeñable. Pero, no son las industrias de la transformación -ni el sector agropecuario-, los principales destinos de la misma.

Así, por ejemplo, según datos del Banco de la República en 2018 ingresaron al país más de 11.500 millones de dólares, sin embargo, sólo 1350 millones estaban dirigidas a la economía rural o a la industria manufacturera. En cambio,  la industria extractiva recibió 4.200 millones y el sector financiero más de 2.200 millones. En síntesis, comercio, minería, banca y comunicaciones absorvieron casi el 80% de la IED. Para 2017, 10.500 millones -de un total de 13.000 millones-llegaron a estos sectores.

En otras palabras, Colombia es un país atractivo para la explotación minera (incluye petróleo y carbón), para el comercio (de bienes importados, especialmente) y para el mercado bancario (comercial y de inversiones). Pero la industria manufacturera y el agro no son un destino para la IED.

IED en Colombia

En síntesis, difícilmente se puede aducir que la IED no llega por razones tributarias (no lo harían las empresas petroleras, los bancos o las grandes plataformas). Es evidente que el país tiene otros factores críticos más transversales. Muchas de las empresas manufactureras que se fueron lo hicieron para México, país conectado en grandes Cadenas Globales de Valor con un aparato productivo que ha multiplicado su capacidad exportadora de bienes manufacturados. Ahora, desde México nos abastecen de chicles, cigarrillos y carros ensamblados.

Es un discurso reiterativo en estos artículos, pero las evidencias obligan a que insistamos: necesitamos una infraestructura vial competitiva, se requieren técnicos, tecnólogos e ingenieros innovadores; necesitamos fortalecer nuestro sistema de I+D+i y mejorar el sistema educativo. Se están yendo empresas que requieren un talento humano y unas condiciones tecnológicas adecuadas para agregación de valor. Se trata de nuevas y más modernas empresas, basadas en nuevos modelos de negocio.

Por estas insuficiencias es que se están yendo empresas y no llegan otras.

 

 

¿Por qué la economía colombiana no crece de manera sostenida? Por miopes.

Giovanny Cardona Montoya, agosto 4 de 2019.

 

Si hacemos memoria, desde que Colombia comenzó su apertura económica, sólo hemos tenido tres años en los que el crecimiento del PIB ha superado la barrera psicológica del 5%. De resto, nuestros indicadores de crecimiento han sido lánguidos y en 3 ocasiones hemos enfrentado el rostro oscuro de la recesión.

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La estructura del PIB colombiano.

Hacia 1990, cuando vio la luz el CONPES 2465 que indicaba el camino de la apertura económica, los propósitos se veían bastante claros: fortalecer la industria doméstica gracias a unas más sólidas relaciones comerciales y a la mayor disponibilidad de insumos. Sin embargo, el cambio que ha dado la estructura del PIB no parece mostrar, casi 30 años después, que ese propósito se halla logrado.

Mientras para dicho año, la industria manufacturera y el sector agropecuario representaban el 45% del PIB colombiano, casi 6 lustros después estos sectores sólo alcanzan el 17%. En contravía, comercio, minería y sector financiero incrementaron su participación en la estructura del PIB.

¿De qué depende el crecimiento del PIB colombiano?

En la cotidianidad colombiana se evidencia una visión miope de gobernantes, medios de comunicación, gremios y empresarios. El problema del crecimiento económico se podría analizar desde una perspectiva de desarrollo (evaluar el modelo de desarrollo) o macroeconómica (la que guía nuestros ojos mes a mes, trimestre a trimestre y año tras año). Es esta última la que evidentemente inspira a gobernantes y empresarios a la hora de tomar sus decisiones. Veamos:

- La mirada macroeconómica.

Esta perspectiva nos ha acostumbrado a monitorear las tasas de interés del Banco de la República, el precio del dólar y cualquier otra decisión coyuntural de gobierno o de la geopolítica internacional (las guerras comerciales de Trump o el precio del petróleo).

Bajo esta perspectiva, estamos atacando los síntomas, pero no las causas del bajo crecimiento. Es por ello que los medios y el gobierno “elevan cohetes” cuando el FMI indica que tenemos la mejor tasa de crecimiento de la región o que el ente subió nuestras perspectivas de crecimiento una o dos décimas. Nos acostumbramos a la precariedad del presente: alta informalidad económica, desempleo de 2 dígitos, exportadores de commodities mineros. Subdesarrollados es el nombre del juego.

Por lo anterior, el crecimiento económico depende del precio internacional del petróleo, del dinamismo del sector constructor y del gasto público. Por ningún lado aparecen categorías como Productividad, Agregación de Valor, Innovación, Emprendimiento o Competitividad.

Bajo esta perspectiva nos llamamos a engaños cuando aplaudimos la llegada de la Inversión Extranjera Directa -IED-, la cual no conoce nuestros campos, ni nuestras fábricas. Es una inversión que llega principalmente a la minería y subsidiariamente a la banca, al comercio y a las comunicaciones. Pero ahí no termina esta trama. Por cuenta de servicios internacionales (componente de la cuenta corriente de la balanza de pagos), año tras año, en forma de repatriación de utilidades y pagos de intereses de deuda externa se desangra el mismo capital. Así, por ejemplo, en 2018, los ingresos netos de capital (incluído el aumento de reservas internacionales) ascendió a casi 12 mil millones de dólares. Pero la sola repatriación de utilidades (sin el pago de interes de deuda externa) superó los 10 mil millones de dólares. O sea, “agua que viene, agua que se va”.

No somos un país atractivo para IED en sectores manufactureros o agro, ni tampoco para la reinversión de utilidades. De hecho, es larga la lista de empresas que han cerrado plantas en Colombia para proveernos desde sus factorías en países con los que tenemos firmados TLC. Entonces, sí hay un problema de fondo.

- La mirada del modelo de desarrollo.

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Esta perspectiva, tan poco analizada por gremios, empresarios, gobierno y medios de comunicación, busca las raíces del bajo crecimiento económico, analizando los determinantes de nuestra competitividad.

– No hay políticas de Estado que definan sectores estratégicos que deseemos desarrollar a largo plazo. Hoy hablamos de Economía Naranja, y eso no tiene nada de malo. Excepto que seguramente será un propósito de gobierno que caducará en 2022. Porque este gobierno, al igual que los anteriores, no siembra a largo plazo; sólo busca salir dignamente al terminar su período. Por miradas estrechas como ésta es que Bogotá no tiene Metro o que Colombia no es una potencia turística o agroindustrial.

– No hay convicción de la importancia de invertir en Ciencia, Tecnología e Investigación o de desarrollar las vías terciarias que comuniquen al campo y los poblados con las grandes urbes para dinamizar un potencial mercado interno. Aquí las evidencias saltan a la vista: no hay patentes, no hay investigación científica, no hay alianzas entre empresas y universidades para desarrollos tecnológicos, no hay…

– No se toman decisiones para elevar la cobertura y calidad de la seguridad social. Los intereses privados -y a veces mafiosos-, que financian campañas políticas, no permiten que se desarrolle una estrategia agresiva público-privada para formalizar el empleo, lo que reduciría el déficit fiscal crónico (menos gastos por SISBEN), viabilizaría al sistema de salud (además de financiarlo para que mejore la calidad de sus servicios). Formalizar el empleo beneficia a todos, pero nadie quiere pagar ese costo (más del 40% de los trabajadores reciben salarios informales).

En síntesis.

No es que la economía colombiana no crezca (de manera sostenida) porque cae el precio del petróleo o porque sube el dólar (o porque baja, ¡qué locura!, mala la devaluación, mala la revaluación), o porque el Banco de la República no baja las tasas de interés.

No, la economía colombiana no crece de manera sostenida porque no hay una Visión Compartida de Futuro. Somos miopes, aquí nadie piensa a largo plazo. Ese es el punto.

Con Duque, la economía va mal. Pero no peor que antes.

Giovanny Cardona Montoya (junio 16 de 2019).

 

Hoy no busco defender o cuestionar al gobernante de turno -el del presidente Iván Duque de Colombia-; el objetivo es poner en tela de juicio nuestra ferviente costumbre de entrar en discusiones acaloradas sobre los problemas coyunturales de la economía. Y no es que la coyuntura no exista o que no sea importante, pero, lo que es más relevante es entender las raíces estructurales que nos traen a las dinámicas de corto plazo.

Para empezar, los medios, los académicos, los políticos, los empresarios y el público en general se trenzan en un acalorado debate ya que el desempleo cruzó nuevamente el umbral del 10%. En abril de 2018 el desempleo era 9,5%, un año después estamos en 10,3%. ¡Rasguémonos las vestiduras! Pero ese no es el problema de fondo.

Lo crítico va más allá del “listón psicológico del 10%.

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– En Colombia, de manera crónica, desempleo más subempleo giran al rededor del 50% de la población económica activa (PEA) -actualmente, 44,2%. Eso sí es grave.

– Según el DANE, aproximadamente el 54% de la población colombiana accede a salud a través del SISBEN, o sea que hacen parte de los hogares en los cuales viven desempleados y subempleados, sin que haya cotizantes al sistema de seguridad social. Sólo 44% de la población se hallaría en el grupo de cotizantes -cuentan con un empleo formal-. En consecuencia la cobertura en salud es subsidiada en gran medida (con un consecuente déficit fiscal) y, adicionalmente, la mayoría de la población no estaría haciendo un ahorro pensional. Esto también es consecuencia de un mercado laboral cronicamente insuficiente.

– Según el DANE, 9 millones de colombianos -44& de la PEA- ganan un salario mínimo. Esto tiene muchos indicios y consecuencias preocupantes: de un lado, indica baja productividad y poca sofisticación de productos de las empresas colombianas. De otro lado, señala familias pobres y un mercado de bienes y servicios poco desarrollado. Un hogar necesita 4 salarios mínimos para acceder plenamente a la Canasta Básica Familiar.

Por lo tanto, indicar que un desempleo de 10,3% es preocupante pero que una tasa por debajo de 10% “está bien”, es una seña de que estamos evadiendo los verdaderos problemas de nuestra economía desde una perspectiva de desarrollo sostenible; o sea, de empresas, económica, social y ambientalmente rentables.

Veamos una segunda evidencia del “cortoplacismo miope” de nuestros analistas: la economía colombiana creció 2.8% durante 2018, lo que evidencia una recuperación económica desde 2016. ¡Brindemos por este logro!…¿cuál logro?

– La economía colombiana necesita crecer a tasas superiores al 5% durante un período largo para reducir de manera efectiva la pobreza, a través de la formalización del empleo. Así lo señaló la CEPAL en la última década de 1990 y lo ratifica el gobierno colombiano en este último año. Desde 2007 -hace 12 años- Colombia no alcanza una tasa de crecimiento igual o superior al 5%.

– Una de las razones por la que el crecimiento de 2018 no fue más precario, tiene nombre propio: recuperación de los precios internacionales del petróleo. Para un país que no tiene reservas internacionales para ser exportador a largo plazo -la Agencia Nacional de Hidrocarburos habla de 6-7 años-, un crecimiento centrado en la exportación de hidrocarburos -petróleo y carbón representan 70% de las exportaciones- no es muy promisorio.

– Sin embargo, en vez de hablar de estrategias para generar nuevas industrias, el país le apuesta al fracking. El actual gobierno estimula (en sus discursos al menos) a la economía naranja, pero en el congreso se discute es una ley para permitir el fracking en Colombia, o sea, alargar la dependencia de los hidrocarburos como  fuente de exportaciones y de inversión extranjera, abandonando a los agricultores y manufactureros.

– Las políticas de economía naranja -si se implementan- serán de gobierno, durarán hasta 2022; en cambio, la ley que legalice las nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos será política de Estado. Esperemos a los magistrados, ellos tienen la última palabra en este momento.

mapa del fracking

En síntesis, nos equivocamos si seguimos mirando la economía desde una perspectiva de políticas de gobierno -corto plazo- y de crecimiento económico en lugar de desarrollo económico. La economía en este primer año del gobierno de Iván Duque no tiene buenos síntomas, pero no está peor que la que hemos construido a lo largo de 3 décadas desde la apertura económica de 1990.

Como lo hemos dicho en artículos anteriores, el modelo neoliberal de los tigres asiáticos – Corea, Taiwán, Singapur- que se proclamó como referente para nuestra apertura económica no se parece en nada a nuestra realidad: abrimos las puertas a la competencia externa, pero las políticas para desarrollar competitividad a base de innovación y agregación de valor  no se han cumplido. Son 3o años perdidos que nos han convertido en países exportadores de hidrocarburos y que han desindustrializado al aparato productivo. Consumimos producto importado de manera significativa y creciente.

Si las políticas económicas neoliberales pretenden ser exitosas en Colombia, no es suficiente la firma de TLC con “medio mundo”. Es necesario invertir en educación, en investigación, en desarrollo y en innovación. Formalizar el empleo y estimular los sectores, agrícola, agroindustrial y manufacturero en general, son también estrategias necesarias. Permitir que el país siga dependiendo de las exportaciones mineras es, además de un peligro para el medio ambiente, prolongar el subdesarrollo, la informalidad económica y la inequidad social.

 

 

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