Se trata de Jorge Iván Gómez Restrepo, “el Toco”, señalado cabecilla de la banda ‘el Coco’, en cuya contra había una orden de arresto vigente por los crímenes de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía tenía en la mira a Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”) desde 2018, tardaron ocho años en capturarlo. Foto cortesía de la Policía.

La investigación fue adelantada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que durante varios meses le siguieron la pista al sospechoso, quien se movía de manera frecuente entre la capital antioqueña, la Costa Caribe y República Dominicana.

Hasta que lo ubicaron en la noche de este lunes 6 de abril, en una finca de lujo del municipio de San Roque, valorada en 2.500 millones de pesos. En el procedimiento fueron incautadas dos escopetas Remington, ocho celulares, un computador y una cédula con una identidad falsa. Estaba en compañía de varios allegados, quienes no fueron detenidos.

Fuentes judiciales contaron que Gómez Restrepo ingresó al mundo delincuencial a finales de los años 90, en la banda ‘el Coco’, que delinque en la frontera de las comunas de La América y San Javier, en el occidente de Medellín.

Allí estuvo involucrado, presuntamente, en actos de sicariato, extorsión, tráfico local de narcóticos, amenazas y desplazamiento forzado, entre otras conductas. De hecho, en 2018 fue incluido en el cartel de los más buscados de la ciudad.

Se ganó la confianza del jefe de la organización, Julián Alberto Jiménez Monsalve (“Julián Machete”), con quien ascendió en la jerarquía delincuencial hasta terminar de cabeza, al parecer, en negocios transnacionales de narcotráfico.

Esta es la finca de $2.500 millones de pesos en la cual fue capturado “el Toco”, en San Roque, Antioquia.

La Policía rastreó sus viajes a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y La Guajira, así como a República Dominicana, donde presuntamente coordinaba el despacho de cargamentos de cocaína a través de los puertos.

Una de las líneas investigativas apunta a comprobar si tenía nexos con Zulma Musso Torres (“la Patrona”), una influyente matrona en el mundo criminal de la Costa Atlántica.

La mujer heredó los contactos para el narcotráfico transnacional de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACGM), gracias a que su hermano Jairo Musso Torres (“Pacho Musso”) fue el subcomandante.

Estuvo al frente del negocio entre 2006 y 2022, cuando se entregó a la DEA en México, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

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Esta situación convirtió a “el Toco” en un objetivo prioritario para las autoridades, en especial desde que el gobierno de Estados Unidos inició un despliegue militar en el mar Caribe en septiembre de 2025, con el propósito de frenar a punta de misiles y artillería el paso de las lanchas cargadas del alcaloide.

Una de las rutas que los estadounidenses pretenden desmantelar es la que parte del Caribe colombiano, pasa por Venezuela, República Dominicana y Las Bahamas, con destino final en el estado de Florida.

A la fecha, la Fuerza Naval de EE.UU. ha lanzado 47 ataques contra embarcaciones, en los cuales han muerto 147 tripulantes, según la Fundación Insight Crime.

En el marco del seguimiento, los agentes se enteraron de que “el Toco’” tenía seis hijos, aunque no los veía con mucha frecuencia; uno de ellos es cantante y DJ.

En Colombia se transportaba en camionetas blindadas 4Runner y Prado, y solía contratar a un chef famoso para que le cocinara tanto a él como a su jefe, “Julián Machete”. También se documentaron algunos de sus encuentros con influenciadoras de redes sociales y modelos antioqueñas.

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La diferencia de aspecto entre el momento de la captura de “el Toco” y su foto del cartel de los más buscados. Cortesía de Policía.

“En 2018, en mi primera alcaldía, incluimos a ‘Toco’ en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Fuimos contundentes: de ocho cabecillas priorizados, siete cayeron. Él se escondió durante siete años, se movió, intentó burlar a la justicia… pero aquí no soltamos a los criminales. El 6 de abril de 2026 saldamos ese pendiente”, celebró el alcalde Federico Gutiérrez.

Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, expresó que “alias ‘Toco’ es un criminal con más de 25 años de trayectoria delictiva, vinculado al Clan del Golfo y a redes de narcotráfico en Estados Unidos y Europa. Su rol articulaba estructuras locales con redes transnacionales, consolidando un engranaje criminal que hoy empieza a desmoronarse”.

Agregó que “desde el Urabá y los principales puertos del Caribe, este cabecilla coordinaba el envío de hasta 3 toneladas mensuales de cocaína en lanchas Go Fast y contenedores. Además, dinamizaba homicidios, desplazamientos forzados y extorsión en el Valle de Aburrá, afectando directamente la seguridad de nuestras comunidades”.

En las audiencias de control de garantías, el juzgado legalizó el allanamiento y la captura; la Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, por los cuales Gómez Restrepo se declaró inocente.

Actualmente avanza la discusión entre las partes para definir el tipo de medida de aseguramiento que le impondrán.

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El Inspector.

Se trata de Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, el tercer cabecilla de ese grupo que mataron en menos de un año. ¿Quiénes fueron los otros?

Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, fue asesinado en una vía pública de Medellín. Fotos de archivo.

De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió a las 8:00 p.m. del 19 de enero de 2026. La familia de la víctima contó que un amigo suyo apareció en la vivienda del barrio Granizal, y “don Ramón” salió con él en una motocicleta Yamaha NMax.

Condujo hasta la carrera 48B con la calle 97 del barrio Santa Cruz, en un sector conocido como San Nicolás. En ese punto dejaron parqueada la moto y luego los vecinos escucharon el bullicio de una riña, seguido por disparos.

Aún no se ha esclarecido si el agresor fue el supuesto amigo que lo recogió en la casa, o una tercera persona. Lo cierto es que, cuando la patrulla de la Policía llegó al sitio alertada por los vecinos, encontraron a Giraldo Villada tendido en el asfalto.

En la inspección al cadáver le contaron 26 heridas de puñal en el pecho y la mano derecha, así como tres orificios de bala en el cráneo.

En un principio el hecho fue reportado como una presunta riña por intolerancia, pero cuando los investigadores revisaron las bases de datos judiciales, el caso tomó otro rumbo.

“Don Ramón”, de 45 años, figuraba como integrante de la cúpula de la banda criminal “San Pablo”, que delinque en el nororiente de Medellín, dedicada al sicariato, las extorsiones, el desplazamiento forzado, la urbanización ilegal de lotes y el narcotráfico.

Giraldo tenía investigaciones abiertas por amenazas (2015), falso testimonio (2016), desplazamiento forzado (2021) y extorsión (2015, 2016 y 2023). De hecho, había sido capturado el 29 de abril de 2014 y pasó una temporada en la cárcel.

Así fue la escena del crimen en el sector San Nicolás. “Don Ramón” murió en el lugar de los hechos. Cortesía de Denuncias Antioquia.

El finado fue lugarteniente del jefe histórico de “San Pablo”, Adiel Fabián Covaleda Guzmán (“Adier”), un paramilitar desmovilizado que fue asesinado por sicarios el 19 de mayo de 2025, en una casa de ese mismo sector de San Nicolás.

Dos días antes, 17 de mayo de 2025, acribillaron a otro cabecilla de la facción: Ariel Gonzalo Figueroa Cetré, alias “Mi Nay” o “Conspire”, de 43 años. Estaba en un restaurante del barrio Aranjuez con una mujer, cuando llegó un hombre y le apuntó con un arma de fuego.

Le propinó un disparo inicial, pero la víctima forcejeó, recibiendo más balazos después. El incidente, que quedó registrado en una cámara de seguridad, fue reportado en ese momento como un intento de atraco, aunque parece más relacionado con ajustes de cuentas.

Ahora la hipótesis que siguen los investigadores sobre la muerte de “don Ramón” no tiene que ver con una riña callejera, sino con una pugna interna por el poder en la banda.

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El Inspector. 

El cabecilla de la banda “San Pablo” fue víctima de sicarios, en un ataque en el cual resultó herido un expolicía corrupto que lo acompañaba.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, alias “Adiel” o “Adier”, paramilitar desmovilizado y jefe de bandas de Medellín. Foto de archivo.

De acuerdo con el reporte judicial, el crimen se presentó a las 9:00 p.m. del 19 de mayo de 2025, en una vivienda del sector San Nicolás, en el barrio Villa Guadalupe de Medellín.

En ese lugar había una reunión de cuatro hombres, cuando llegaron varios sicarios y les dispararon. Covaleda, de 48 años,  recibió los impactos en la cara, mientras que a su acompañante Juan David Duque Arenas, de 42, lo alcanzó un tiro en el pecho.

Ambos fueron llevados a la Unidad Intermedia de Santa Cruz, donde el cabecilla murió y Duque Arenas sobrevivió. Este último fue policía durante siete años, hasta que en 2008 lo destituyeron y después estuvo preso por participar en un robo.

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“Adiel” era uno de los jefes históricos de la mafia en Medellín. A finales de los años 90 fue uno de los coordinadores paramilitares al servicio de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) en el Valle de Aburrá y en 2003 se desmovilizó con el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Luego asumió el mando de la organización de “San Pablo”, una confederación de combos con base de operaciones en la comuna 1 de Medellín (Popular) e hizo parte de la cúpula de “la Oficina”, la principal mafia del área metropolitana. Ordenó asesinatos, extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, secuestros y toda clase de delitos contra la comunidad.

Fue capturado en 2o12 y condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir. En 2017, cuando estaba a punto de salir en libertad condicional, la Fiscalía le imputó nuevos cargos por homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.

Por esos hechos resultó condenado a 21 años de cárcel, sin embargo, volvió a las calles en 2021, mucho antes de lo esperado, por motivos que no han sido revelados.

Hace dos semanas fueron capturados 23 integrantes de “San Pablo”, en una investigación policial y de la Fiscalía, en la cual estaban por expedirle una nueva orden de arresto al cabecilla, según fuentes cercanas al caso. En dicho operativo detuvieron a varios de sus lugartenientes, como alias “Don Alex”, “Manigueto”, “Rigo”, “Colacho”, “Copas”, “Chamaco” y “el Burro”.

En cuanto al asesinato de “Adiel”, las autoridades le siguen la pista a dos hombres apodados “el Pecoso” y “el Plateado”, quienes al parecer fueron los autores materiales.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:30 de la noche del 26 de marzo de 2025, en una calle del barrio Fátima, de Itagüí, adonde llegó el cabecilla con su cónyuge para visitar a una hermana.

Fabio Edisson Gómez Ruiz, alias “Riñón”, asesinado en el municipio de Itagüí (foto de su captura en 2009). Archivo.

Apenas terminaron la visita, salieron caminando por la calle 48 con la carrera 29, una zona con escasa iluminación, y allí fueron sorprendidos por el asesino, quien llegó a pie le propinó dos balazos en la cabeza al exconvicto de 52 años.

“Riñón” fue trasladado a la Clínica Antioquia, donde falleció por la gravedad de las lesiones. Gracias a la descripción de la comunidad, una patrulla de Policía alcanzó a capturar a un sospechoso del crimen, identificado como Erwin Orlando Newball Reyes, de 25 años, nacido en el municipio de San Antero (Córdoba), quien dijo ser obrero de construcción.

En sus días de apogeo criminal, Fabio Gómez llegó a ser el jefe de “Calatrava”, una de las bandas más poderosas del sur del Valle de Aburrá, con base de operaciones en el barrio del mismo nombre, en Itagüí.

Cuando se desató la guerra interna en “la Oficina” (2008-2011), se formó al lado del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), convirtiéndose en uno de sus principales jefes de sicarios.

Fue capturado en 2009 en Barranquilla, y en ese entonces la Policía ya le atribuía su responsabilidad en al menos 120 homicidios, aunque solo fue condenado por dos, ejecutados en 2003. Lo sentenciaron a 17 años de cárcel, con un prontuario que no solo incluía asesinatos, sino también concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, amenazas, desplazamiento forzado y lesiones personales.

Estuvo preso hasta el pasado 21 de marzo, cuando salió de la cárcel de La Dorada (Caldas), y a los cinco días fue a visitar a su familiar, donde fue finalmente acribillado.

Los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera se han ido vengando de su círculo cercano. En 2011 mataron a su hermano Juan Carlos Gómez Ruiz, un ingeniero de sistemas que conducía un automóvil por una vía del municipio de Sabaneta, cuando le dispararon. Y en 2012 unos sicarios en moto dejaron herido de un balazo a su hijo Marco Estiven Gómez Guerra, de 21 años.

La banda de “Calatrava”, que en el pasado estuvo unificada bajo el mando de “Riñón”, se fracturó en dos combos que a veces rivalizan, “el Plan de Calatrava” y “el Hueco de Calatrava”.

¿Quién dio la orden para borrarlo del mapa? La pregunta ronda por los corrillos del bajo mundo en Itagüí, sin que hasta ahora haya una respuesta.

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El Inspector.

El paciente es Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”, un viejo conocido del bajo mundo de la ciudad, señalado por las autoridades de ser el presunto jefe de los combos “la Imperial” y “el Diamante”, que delinquen en la comuna de Robledo.

En este vehículo viajaba la víctima cuando se produjo el ataque, en el barrio Los Colores, de Medellín. Foto de cortesía.

La historia comenzó el pasado 2 de noviembre de 2024 en el barrio Los Colores, cuando el exconvicto iba en un automóvil Mazda 3 rojo. A las 3:30 p.m., cuando estaba frenado en una congestión vehicular de la calle 53 con la carrera 71A, fue atacado por los sicarios.

Un testigo de los hechos narró a los investigadores que los agresores iban vestidos con el atuendo de una empresa de telefonía celular, y le dispararon a su objetivo a través de las ventanillas, desde ambos lados del carro.

Los criminales huyeron en una motocicleta Yamaha XTZ, la cual dejaron abandonada tiempo después en una calle del barrio San Germán.

La víctima fue llevada de urgencias al Hospital General, con siete heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Aunque llegó inconsciente por la pérdida de sangre, los médicos lograron salvarle la vida.

En este punto, la trama comenzó a enredarse. Los familiares del paciente les mintieron a las autoridades y al personal de salud, indicando que el herido se llamaba Jorge Iván Duque Ríos; es decir, suplantaron la identidad de su hermano, quien también es cabecilla de la misma organización y es conocido como “Mi Sangre”.

“Duque” es un expatrullero de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana, que se cambió al bando de la mafia. Tiene antecedentes por receptación, concierto para delinquir, terrorismo y amenazas. Fue capturado el 11 de junio de 2017 en Cali y ya salió de la cárcel.

Un testigo explicó que dos sicarios, con trajes de empresa de telefonía, atacaron el carro por los dos lados. Foto de cortesía.

Durante varios días los investigadores trataron de confirmar la verdadera identidad del herido, mientras este permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, cuando les llegó una nueva información: que había un plan para rematarlo en su camilla. Ante esta situación, la Policía puso un uniformado como custodio en la entrada de la habitación.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que la presunta emisaria de la muerte apareció el jueves 7 de noviembre. Una mujer se presentó, diciendo que era una enfermera particular contratada por la familia del paciente.

Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”.

Por suerte para el herido, su esposa estaba ahí justo en ese momento, y le advirtió al custodio que no había contratado a ninguna enfermera. El policía detuvo a la mujer y llamó a los refuerzos.

Los agentes de la Sijín que llegaron al sitio verificaron las cámaras de seguridad y constataron que la sospechosa había ingresado al hospital por el acceso de urgencias, fingiendo ser una paciente, y que luego subió hasta el piso noveno a presentarse como enfermera.

Al revisarle el bolso le encontraron varias cuchillas de bisturí y una agenda, la cual contenía dos nombres apuntados en una hoja: Jorge Iván Duque Ríos y Johan David Duque Ríos, es decir, las identidades de los hermanos “Mi Sangre” y “Duque”.

La sospechosa fue llevada la sede de la Sijín en el barrio Caribe, donde le tomaron los datos de reseña, y después se la presentaron a una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, la cual la dejó en libertad argumentando que no se consumó ningún delito.

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EL CLAN DUQUE RÍOS

Fuentes policiales señalaron que la condición de salud de alias “Duque” es estable, pero todavía muy delicada. Es uno de los integrantes del clan Duque Ríos, oriundo de Valle del Cauca, vinculado a la actividad criminal en varias ciudades, especialmente en Medellín y Cali. Además de “Mi Sangre” y “Duque”, también pertenecen a él sus hermanos Diego Fernando (“Gordo Gualo”) y William Duque Ríos (“Fantasma”), todos con antecedentes penales.

De momento se desconoce quién está tratando de asesinarlo. Para los investigadores es claro que ya hubo un pago adelantado a una estructura sicarial y por eso quisieron rematarlo en el hospital.

No es claro cómo surgió el embrollo por la identidad del herido, pero el hecho de que la falsa enfermera tuviera una agenda con los dos nombres, indica que quienes lo quieren matar también tienen esa misma confusión.

En Medellín, los Duque Ríos lideran los combos de “la Imperial” y “el Diamante”. Hace una década trabajaban para “los Pesebreros”, el tentáculo de “la Oficina” en el occidente de Medellín, que comanda Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), pero luego se cambiaron de bando para “los Chatas”, del cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), lo que les generó enemistades en el mundo del hampa.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (15/NOV./24)

A la 1:00 de la madrugada del 15 de noviembre de 2024, los médicos del Hospital General reportaron la muerte de Jorge Iván Duque Ríos (“Mi Sangre”), luego de 13 días de agonía, producto de siete heridas de bala en el cuello, la espalda y los brazos. Esto implica que registraron la defunción, inicialmente, con la identidad errada.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (19/NOV./24)

Ante las dudas persistentes sobre la identidad del fallecido, el Instituto de Medicina Legal concluyó su necropsia el domingo 17 de noviembre, certificando que la víctima fue en realidad Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”. Eso implica que sus familiares les mintieron tanto a la Policía como a los médicos del Hospital General, a quienes les aseguraron desde la entrada a urgencias que el paciente era Jorge Iván Duque Ríos. El presente artículo fue modificado con base en esa nueva información.

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El Inspector.

El pasado 29 de febrero se produjo la captura de Wilmar Alexánder Mejía Panesso (“Dólar”) en una casa de la carrera 75A con la calle 97 del barrio Castilla, que al parecer funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas.

Alias “Veneno” y “Dólar” (en el recuadro), presuntos miembros de “los Machacos” capturados en una casa que funcionaba como centro de acopio de drogas, en Medellín. Fotos cortesía de la Policía.

Cuando la Sijín de la Policía la allanó de sorpresa, el cabecilla estaba acompañado de dos compinches, al parecer dedicados a empacar dosis de marihuana y cocaína: José Yesid Espinoza (“Veneno”) y Eduar Andrés Urán. Este último se resistió al arresto y terminó con un balazo en la pierna derecha.

En el registro a la vivienda, los uniformados encontraron 10 municiones de fusil calibre 5.56, una chaqueta y dos chalecos reflectivos oficiales de la Policía Nacional, así como un kilo de marihuana y 300 gramos de cocaína.

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A Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”) le incautaron un arma de fuego, dos celulares y 8 millones de pesos. Foto cortesía de la Policía.

“Dólar” fue llevado ante el juez de control de garantías para responder por los cargos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso ilegal de uniformes de la Fuerza Pública y porte ilegal de municiones.

No es la primera vez que cae a la cárcel, pues tiene antecedentes penales por homicidio y porte ilegal de armas. En el pasado fue uno de los lugartenientes del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), líder de “la Oficina”, y le manejó varios negocios de narcotráfico en la Costa Atlántica y San Andrés.

El 11 de febrero de 2024 fue había sido capturado el segundo al mando de “los Machacos”, James Bresney Zea González (“James”), de 44 años, quien fue sorprendido en una vía pública de la ciudad de Neiva (Huila).

James Zea, presunto cabecilla de la banda “los Machacos”. Cortesía.

Ese mismo día también fue detenido en una finca del municipio antioqueño de Porce, celebrando su cumpleaños, otro de los presuntos coordinadores de la organización, Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”), de 40 años, quien al parecer se encargaba del manejo de los dineros de las extorsiones y el tráfico de drogas.

El 28 de septiembre de 2023, en los barrios Castilla y San Martín de Porres, fueron detenidos otros nueve integrantes del grupo, en el marco de la misma investigación de la Fiscalía.

NO ACEPTARON LOS CARGOS

En las audiencias, tanto “Dólar” como “James” y “Polo” se declararon inocentes, pero un juez los envió a la cárcel de manera preventiva, mientras el proceso penal sigue su curso.

A “James” le imputaron la presunta participación en el asesinato de Ómar de Jesús Guiral Zapata (3 de octubre de 2021), un conductor de aplicaciones móviles de 50 años, acribillado por sicarios en un billar del barrio Pedregal.

De igual manera, la Fiscalía le endilgo un doble homicidio perpetrado el 13 de febrero de 2023 en el barrio Brasilia, de la comuna de Aranjuez. Allí sus matones le dispararon al comerciante  Jorge Albeiro Rojas Gaviria, quien al parecer estaba amenazado por no pagar una extorsión de $20 millones y tuvo que huir de Castilla un mes antes; en el hecho también murió el barbero Rodrigo Alberto Martínez Valencia, quien trató de defenderlo.

La organización delincuencial se dedica al sicariato, extorsiones, secuestros, narcotráfico, cobro de deudas mafiosas, amenazas y desplazamientos forzados, entre otros negocios clandestinos.

Luego de estas detenciones, las autoridades indicaron que “los Machacos” quedaron al mando de otro cabecilla apodado “Morocho”, quien de paso se convirtió en el próximo objetivo a capturar.

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El Inspector.

La Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) lo sorprendió esta semana en un restaurante del barrio Laureles, del Occidente de Medellín, donde departía tranquilo, a pesar de que por su captura había una recompensa de hasta $100 millones en Cartagena.

Cristian Villegas Quiroz, alias “Colorado 40″ o “Mono Paisa”. Foto cortesía de la Policía.

Según el informe de la Policía, “Colorado”, de 32 años, comenzó a delinquir cuando era adolescente, en una banda de Castilla conocida como “la 40″. Con dicho grupo trabajó para “los Mondongueros” y durante la guerra interna de “la Oficina”, entre 2008 y 2011, estuvo del lado del capo Maximiliano Bonilla (“Valenciano”).

Después del conflicto se unió al bando opuesto, y su combo “la 40″ se alineó con “los Pesebreros”, con lo que pudo ampliar sus redes desde Castilla hacia las comunas de Robledo y Doce de Octubre.

De su tiempo con “Valenciano” aprendió a moverse en la Costa Atlántica, haciendo trabajos criminales en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Y al pasar a “los Pesebreros”, siguió explotando dichos contactos, consiguiendo contratos para tareas de sicariato, escolta de mafiosos, transporte y custodia de cargamentos de cocaína.

Uno de sus clientes en esa región era el narcotraficante Gustavo Álvarez Téllez (“Gordo Tavo”), quien luego de pagar 36 meses de cárcel en Estados Unidos fue recapturado en 2020. También hacía trabajos para el Clan del Golfo y “la Oficina”.

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“Era el enlace de estructuras criminales de Medellín con las de Cartagena y Barranquilla. Coordinaba alijos de narcotráfico para el exterior”, comentó el coronel José Miranda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por esta razón figuraba en la lista de los delincuentes más buscados de Cartagena, con una recompensa de $100 millones en contra.

EL CRIMEN DEL OFICIAL DEL INPEC

En 2019, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, varios cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y de “los Pesebreros”, recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), le habrían encomendado el asesinato del capitán Luis Eduardo Millán Manrique, comandante de guardia del Inpec en dicha prisión.

La causa del crimen fue “una retaliación por las decisiones tomadas en materia de seguridad dentro del penal”, explicó Lizeth Franco, directora de la Seccional de Fiscalías de Boyacá.

El capitán Luis Millán, del Inpec. Cortesía.

“Colorado” habría seleccionado un grupo de 15 personas, entre sicarios, transportadores y de apoyo logístico, convocando integrantes de “la 40″ y otros combos de Robledo y San Javier. Todos se comunicaban por un chat de WhatsApp, denominado “el paseo”.

Luego de cuatro días de seguimientos, el homicidio ocurrió el 18 de junio de 2019, cuando el capitán Luis Millán conducía un carro por una vía de la vereda San Onofre, en Boyacá.

Los sicarios lo interceptaron en varias motocicletas y automóviles, y lo acribillaron. Kilómetros más adelante, varios de ellos fueron capturados en la reacción de la Policía.

Los procesados por este hecho, son: José Manuel Pérez Valencia, Juan Pablo Velásquez Montoya, Santiago Álvarez Mesa, Estefanía Jiménez Restrepo, Sebastián Acosta Cardona y Jeffeson Cárdenas Ocampo, quienes fueron condenados a 17 años de cárcel por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

A otros dos menores de edad los mandaron a un reclusorio juvenil con una pena de seis años.

Con medida de aseguramiento permanece Juan Esteban Muñoz Moreno, alias “Tato 40″, quien conducía la moto de alto cilindraje desde la cual le dispararon al funcionario; en la misma situación está Luz Leany Velásquez Bermúdez, quien iba en otra de las motos.

A “Colorado” lo capturó la Policía el 24 de abril de 2021, en Barranquilla, pero un juez lo dejó en libertad. En ese momento lo investigaban por el doble homicidio de Johan Alejandro Gutiérrez Henao y Jhonatan Londoño Sarrazola, perpetrado el 16 de abril de 2011 en un taller del barrio Castilla.

Ahora volvió a la celda, con cargos por homicidio agravado y tráfico de armas de fuego. Con su detención, ya son 11 los delincuentes procesados por la muerte del capitán del Inpec.

De momento la investigación se concentra en establecer quién fueron los cabecillas encarcelados en Cómbita que contrataron a “Colorado” para la planeación del crimen.

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El Inspector.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, la primera señal de fractura en la organización sucedió el pasado 11 de septiembre de 2022, cuando en una calle del barrio Castropol fue hallado el cadáver de Javier Ventura Marín, alias “Tatú”, quien hasta ese momento era el segundo al mando de la organización.

En este taxí abandonado en el barrio Trinidad, en la comuna de Guayabal, dejaron dos cadáveres amarrados y envueltos en lonas. Foto de Mauricio Palacio.

Desde entonces se han ido acumulando los rencores, entre quienes eran fieles a “Tatú”, y los que pretenden implantar un nuevo orden en la jerarquía. La furia estalló esta semana.

A las 9:00 p.m. del lunes 28 de noviembre, un grupo de asesinos entró a la casa de Santiago Ruiz Cifuentes, de 33 años, en el barrio Travesías del corregimiento San Cristóbal. Le dispararon varias veces, y aunque la comunidad trató de trasladarlo a un centro médico, no fue posible salvarlo.

El martes 29 de noviembre a las 7:40 p.m. unos sicarios mataron a tiros al barbero Édison Ortiz Pérez, de 42 años, en las afueras de su barbería del barrio La Floresta.

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El miércoles 30 de noviembre fue la jornada más violenta. A la 1:00 de la madrugada hubo una balacera en una vía pública de la vereda Pajarito, en el corregimiento de San Cristóbal. Mataron a Óscar Iván Orrego Ramírez, de 23 años, y a Andrey David Zapata Zapata, de 29; otro hombre de 39 resultó herido.

A las 8:00 a.m. fue hallado un taxi frente a un taller de mecánica del barrio Trinidad. El vehículo había sido hurtado en el barrio Vallejuelos y adentro dejaron dos cadáveres amarrados de pies y manos y envueltos en lona verde. Las autoridades los identificaron como Emiro Tuberquia, de 39 años, y Édisson Sosa López, de 43.

Dos horas más tarde tirotearon al lavador de carros David Alejandro Cuartas Londoño, de 34 años, en el barrio Monteclaro. Y a las 5:30 p.m. mataron a bala a Jorge Miguel Areiza Fuentes, de 24, en una calle del barrio Olaya Herrera.

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El siguiente ataque fue a las 8:30 p.m., en el barrio Palenque. Alli varias personas iban en un automóvil y ellas mismas abalearon a otro de los pasajeros, Juan Carlos Uribe Ceballos, de 23 años. El cadáver quedó dentro del carro y los demás ocupantes huyeron.

Contando a “Tatú”, ya son diez las víctimas de la disputa. La mayoría de ataques se concentran en territorios habituales de “los Pesebreros”, como el corregimiento San Cristóbal y las comunas de Robledo y La América.

Debido a esta situación hubo un consejo de seguridad, en el que la Alcaldía de Medellín decidió aumentar a $100 millones de pesos la recompensa por información que ayude a esclarecer estos crímenes. También se reforzó la presencia de la Policía en dichos lugares.

En cuanto a los presuntos responsables de instigar el pleito criminal, las agencias de Inteligencia concentraron sus esfuerzos en rastrear los movimientos y contactos de tres cabecillas: Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”) y Julián Jiménez Monsalve, quienes están en prisión; y  Luis Aníbal García Gómez (“Maicol”), quien ya salió de la celda.

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El Inspector.

Este fue el segundo golpe de las autoridades contra esa banda en el último mes, después de una serie de embargos a los bienes de algunos de sus jefes y de sus bandas asociadas.

En la operación de la Dirección Antinarcóticos fueron detenidos 13 miembros de “la Milagrosa” y cuatro policías. Foto de archivo.

Luego de varios meses de investigación, la Dirección Antinarcóticos de la Policía ejecutó la operación “San Sebastián” el 2 de noviembre de 2022, con múltiples allanamientos en el Oriente de Medellín. Incautaron dos granadas, 1.059 dosis de cocaína, 3.270 gramos de marihuana y pequeñas dosis de otras drogas como tusi, LCD, éxtasis y popper, así como $1’074.000 en efectivo.

Entre los 13 detenidos de “la Milagrosa” hay presuntos integrantes de su red de narcotráfico, incluyendo a Andrés Felipe Orrego Moscoso, alias “Fox”. Según las pesquisas policiales, este hombre sería miembro de la cúpula de la banda, a órdenes de alias “Colmillo” y “Ronald”, quienes permanecen escondidos.

En la acción fueron detenidos también cuatro policías activos de la estación de Buenos Aires, implicados en el robo de una droga que posteriormente le vendieron a la organización.

Según fuentes cercanas al caso, los uniformados hicieron un allanamiento ilegal a un centro de acopio de estupefacientes de la estructura delincuencial, llevándose 400 gramos de cocaína y 400 gramos de marihuana. Después buscaron a los integrantes del mismo grupo para devolverles la droga a cambio de 5 millones de pesos; al final, el negocio se definió por $3 millones.

En las audiencias de control de garantías, que a la fecha no han concluido, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado les imputó a los 13 miembros de “la Milagrosa” cargos por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

A los cuatro policías les imputaron concusión, cohecho propio y hurto calificado. Tanto ellos como los demás procesados se declararon inocentes en el estrado.

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EMBARGO DE BIENES

Además de la operación “San Sebastián”, el 17 de octubre pasado la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía anunció el embargo de 26 bienes inmuebles adquiridos con dineros ilegales de “la Milagrosa” y sus bandas aliadas de la confederación criminal “Caicedo”, entre ellas “los Conejos”, “los BJ” o “los Chamizos”, “Betania”, “San Antonio” y “la Roja”.

Tales bienes (16 predios rurales y urbanos, seis vehículos y cuatro locales comerciales) tienen un valor cercano a los $15.500 millones y están a nombre de familiares y presuntos testaferros de cabecillas como Héctor Alexis Muñoz Goez (“Draculín”), Martín Fernando Tamayo Cano (“Martín” o “Mao”) y Jaime Mauricio Agudelo Echavarría (“Kilin”), entre otros peces gordos que ya están capturados.

Las organizaciones criminales “Caicedo” y “la Milagrosa”, así como sus combos asociados, delinquen en el Centro y en el Oriente de Medellín, dedicadas al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, el desplazamiento forzado, el cobro de deudas mafiosas, entre otros delitos.

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El Inspector.

Las víctimas fueron dos migrantes venezolanos y un colombo venezolano, que al parecer se dedicaban al reciclaje.

En este lugar del barrio Robledo fueron acribillados los migrantes venezolanos, según las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió a las 7:30 p.m. del martes 22 de marzo. En un sitio conocido como Sapo Tieso, cerca de la antigua vía al mar, estaban conversando Édison Noel Pineda Pereira, de 21 años, y Darwin Alejandro Ochoa Batista. de 20. Ambos eran migrantes venezolanos, llegados a la ciudad hacía dos meses.

Los extranjeros departían afuera de un montallantas y en ese momento fueron rodeados por varios hombres armados, quienes portaban radioteléfonos. Los retuvieron y les dijeron que permanecieran en el sitio, mientras “verificaban una información”.

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A unas cuadras del lugar, otros hombres armados interceptaron a Víctor Hugo Echeverri Moreno, un colombo venezolano de 48 años. Le dijeron que tenía que acompañarlos y lo llevaron hacia donde estaba el otro grupo, con el cual intercambiaban mensajes por el radioteléfono.

A media cuadra de distancia del montallantas lo ejecutaron a tiros. En segundos, sus compinches le dispararon a los dos venezolanos.

Aunque la ciudadanía escuchó los tiros a las 7:30 p.m., solo hasta las 11:00 p.m. se hicieron presentes las autoridades judiciales en el lugar, para hacer la inspección a la escena del crimen.

En la zona delinquen varios combos delincuenciales, y de momento se desconoce cuál de ellos perpetró la matanza.

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El Inspector.

De acuerdo con los testigos, el ataque sucedió a las 10:40 a.m. del pasado 1 de febrero, en la carrera 51 con la calle 69B, cuando Juan Diego Pemberty Molina conducía una camioneta Mazda CX5. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este vehículo se transportaba la víctima por el barrio Sevilla, cuando se produjo el ataque de los sicarios. Foto de Santiago Olivares Tobón.

El vehículo fue interceptado por los asesinos a bordo de una motocicleta Bóxer de color rojo, según las cámaras de vigilancia de la zona. Estos dispararon a través de la ventanilla del conductor, impactándolo en el brazo y el costado izquierdo, para después escapar.

Por la cercanía del hecho con la clínica, la víctima fue ingresada al área de urgencias y atendida por los médicos de inmediato, pero la gravedad de las lesiones provocó que falleciera al poco tiempo.

Un reporte policial señala que Pemberty, de 44 años, sería uno de los presuntos coordinadores de la banda “Betania”, que delinque en la comuna 13 de Medellín y se dedica al tráfico local de narcóticos, extorsiones, sicariato y demás intimidaciones a la comunidad.

En la base de datos judicial figura como indiciado en siete procesos desde 2001, por porte ilegal de armas, hurto de vehículo con mercancía, lesiones personales y falsedad en documento privado. Además de esto, en los registros de la Procuraduría aparece que estaba inhabilitado para desempeñar cargos públicos entre 2013 y 2023.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc), en lo corrido del año se han presentado 29 homicidios en Medellín, de los cuales nueve están relacionados con acciones de grupos armados ilegales.

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El Inspector.

El ente acusador informó que se trata de “28 bienes rurales y uno urbano, dos establecimientos de comercio y 12 vehículos, avaluados en $6.500 millones”, los cuales estarían a nombre de David Fernando Londoño Díez (“Davidcito” o “La Mocha”).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Uno de los establecimientos comerciales que le embargaron a alias “Davidcito” (recuadro). Foto cortesía de la Fiscalía.

“Davidcito” fue capturado en noviembre de 2018 en una operación del Gaula de la Policía, en la que también fueron detenidos otros 13 miembros de la estructura.

Dichos bienes, según Liliana Donado Sierra, directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, “habrían sido adquiridos con dineros producto de homicidios, desplazamientos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos, entre otros delitos”.

La banda “San Rafael”, también conocida como “Los de San Rafa”, es originaria de un sector del barrio Guayabal, conocido como San Rafael. Su principal actividad ilegal es el tráfico de estupefacientes y el sicariato, que ejerce desde los años 90.

Sus redes de narcotráfico se extienden a algunas barriadas vecinas de las comunas de Guayabal y Belén, y del vecino municipio de Itagüí, donde también ha sostenido conflictos armados en años anteriores, en especial contra la banda “la Raya”, considerada su enemiga histórica.

El embargo aplicado a estas propiedades incluye la suspensión del poder adquisitivo y es el primer paso en el proceso de extinción de dominio.

A los abogados de “Davidcito”, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, les corresponde demostrar que fueron adquiridas de forma legal; mientras tanto, estarán administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

A pesar de las 66 capturas, la banda sigue afectando a los habitantes de los barrios Popular N°1 y Granizal, con un control social tan severo que pareciera querer reemplazar a las autoridades legítimas. Esta es la historia detrás de la última operación contra ese grupo, realizada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron algunos de los capturados en el más reciente operativo del Gaula de la Policía Metropolitana, del Gaula Militar Antioquia y del CTI de la Fiscalía, en contra de la banda La 38. Foto cortesía de la Fiscalía.

Decirles “no” a los miembros de la organización criminal La 38 significó firmar la sentencia de destierro para dos vendedores informales del nororiente de Medellín. “Nosotros somos los de la vuelta, y aquí todo el mundo tiene que hacer caso; si no, se van del barrio o los matamos”, advirtieron los delincuentes.

Así de simple y cruel. Los sueños de emprender con el negocio de venta callejera de ollas se esfumaron para el par de amigos, citados a rendir cuentas en una esquina del barrio Popular N°1, en la noche del pasado 8 de marzo.

Los bandidos les cobraron una extorsión por trabajar en los vecindarios controlados por ellos. “Les respondí que apenas estaba empezando y no tenía cómo pagarles, que lo que me ganaba era para el sustento de mi familia. Dijeron que no les importaba, que tenía que darles plata sí o sí”, relató una de las víctimas*.

Al vendedor lo obligaron a ir a su casa y recoger toda su mercancía para entregársela a la banda, como si se tratara de un decomiso. A su compañero le retuvieron la moto y le propinaron una brutal paliza.

En medio de la lluvia de puños y patadas, este logró lanzarse por un barranco y rodar hasta el borde de la ladera. Desde arriba le arrojaron rocas, que por centímetros alcanzó a esquivar, mientras le gritaban “¡te tenés que ir del barrio!”.

Los comerciantes salieron desplazados con sus familias, por temor a la muerte, pero ese hecho reactivó el interés de la Policía y la Fiscalía por atacar a este grupo ilegal.

En los últimos cinco años la Fuerza Pública ha ejecutado tres operaciones contra La 38, capturando a un total de 66 integrantes. A pesar de esto, residentes del área azotada le contaron El Colombiano que la zozobra no disminuye, y las “vacunas” tampoco.

Este diario tuvo acceso al expediente judicial de la tercera y más reciente operación, que entre el 16 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021 generó las capturas y encarcelamientos de 21 miembros de la facción. Las revelaciones de las víctimas, por lo menos las que se atrevieron a denunciar, son aterradoras.

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EMPRESA CRIMINAL
La 38 existe desde los años 90 y es una de las bandas más antiguas del nororiente de Medellín. En la actualidad, según el Gaula de la Policía, delinque en los barrios Popular N°1 y Granizal, y en los sectores conocidos como El Plan, El Filo, La Galera, Divina Providencia y Parque de los Lolos.

En ese territorio, de estratos socioeconómicos 1 y 2, el combo exprime la pobreza de sus habitantes cobrándoles extorsiones semanales. No se salva ningún comerciante, ni las tiendas, supermercados, barberías, carnicerías, vendedores ambulantes, bares, rutas de buses ni camiones distribuidores de alimentos.

Las “vacunas” van de $3.000 a $200.000 a la semana y, según los cálculos de los investigadores, les generan cerca de $60 millones mensuales. El tráfico local de estupefacientes y las otras rentas ilícitas producen ingresos de $240 millones al mes.

Estos negocios incluyen la administración de 13 plazas de vicio, el pagadiario y el monopolio de la distribución de productos de la canasta familiar, con precios que rayan en lo absurdo. “Una canasta de huevos de $12.000, ellos la distribuían en las tiendas a $20.000. Los tenderos no podían comprarles a otros proveedores, porque les imponían una exigencia económica o los desplazaban”, indicó un agente del Gaula.

Para mantener aceitada esta máquina de drenar dinero, a pesar de delinquir en barriadas con tantas penurias, La 38 ejerce un severo control social que, pese a la presencia institucional y los operativos, no se ha acabado.

Con frecuencia les repiten a los residentes que ellos son “la autoridad” en la zona y para sostener esa fama están dispuestos a derramar sangre.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Natalia Rendón, informó que La 38 es investigada por el asesinato de dos hermanos, “porque no quisieron trabajar para esa banda”.

El 3 de noviembre de 2019, cuando caminaba por una calle del Centro, sicarios motorizados acribillaron a Juan Diego Agudelo Ardila, de 23 años. Y el 12 de febrero de 2020 le hicieron lo mismo a su hermano Yoban Estiven, de 31 años, en una esquina del barrio Santa Cruz.

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“AUTORIDAD” ILEGÍTIMA
En los testimonios reunidos en el expediente, y presentados en la audiencia de control de garantías ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, se narraron ocho casos de desplazamiento forzado perpetrados entre 2019 y 2021. La mayoría fue por no pagar extorsiones, aunque se destaca uno derivado de vejámenes sexuales contra una niña de 12 años.

En noviembre de 2020 un secuaz de la banda abusó de la infante y la amenazó con matar a su familia si le contaba a alguien. Sin embargo, la madre la notó extraña y logró sacarle la verdad, después de lo cual formuló una denuncia en la Fiscalía.

Como consecuencia fue capturado el sospechoso de la violación, apodado “el Calvo”.

La retaliación de sus compinches no se hizo esperar. En junio de 2021 hirieron al padrastro de la niña, propinándole una golpiza y dos puñaladas en el hombro y el brazo derecho, a un costado de la estación Popular del metrocable.

Luego le insistieron que su mujer tenía que retirar la denuncia. “Usted vive con esa sapa y a los tres los vamos a desaparecer, ya les dijimos que no los queremos ver en el barrio”, le advirtieron. La familia tuvo que huir.

El reclutamiento de menores también hace parte de las conductas ilícitas de la organización. Un exintegrante, que fungió como testigo de la Fiscalía, recordó que “desde los 11 años empecé a trabajarle al combo, primero como campanero para que la Policía nos les cogiera las plazas de vicio; luego me pusieron a recoger la droga empacada para distribuirla en las plazas. Alos 15 años de edad traté de dejar eso, pero me dijeron que no me podía salir por tener mucha información, y que si lo hacía me asesinaban”.

Los adolescentes son usados igualmente para el cobro de las “vacunas”. Una tendera, a quien le exigían $200.000 semanales, afirmó que a su local siempre iba un joven diferente, de 16 a 17 años, todos los sábados.

En mayo de 2019 tuvo una caída en sus ingresos y ya no pudo seguir pagando la extorsión. “Les dije que no tenía más dinero para darles, porque las ventas estaban muy malas. El muchacho sacó un revólver, me lo puso en la cabeza y dijo que les tenía que pagar o que me fuera del barrio”, narró la afectada, quien huyó de la zona.

El reclutamiento ejercido por La 38 también se suma a las causas de desplazamiento, tal cual le ocurrió a una familia en julio de 2019. Según la denunciante, “un hombre me detuvo en la calle y me pidió que dejara a mi hijo hacerle un mandado. Le respondí que no, y él me dijo: ‘aténgase a las consecuencias’”.

Durante los dos días siguientes, hombres armados fueron de madrugada a golpear la puerta de su casa, llamándola por su nombre. Ella se encerró una semana, aunque fue tal el pánico, que emigró con sus seres queridos.

En algunas ocasiones los delincuentes desalojan a las víctimas sin motivo aparente, en particular a aquellas que pagan arriendo. Los investigadores creen que el interés es ocupar el inmueble con otro arrendatario cercano a ellos.

Así sucedió en octubre de 2020, cuando una mujer llegó de madrugada a la casa que arrendaba en el barrio Granizal, y encontró todos sus enseres en la calle. Trató de ingresar y no pudo, porque le habían puesto un candado a la reja.

En ese momento apareció un coordinador de la banda, aseverando: “A mí me pagaron para sacarla de la casa, y se abre del barrio, porque aquí mando yo”. Después agarró a la víctima a patadas.

Compungida, la señora pidió ayuda en la estación de Policía y regresó al lugar acompañada por unos patrulleros que detuvieron al sospechoso. “Dije que quería denunciarlo, y él delante de los policías repetía que yo me tenía que ir del barrio”, manifestó la desplazada.

Una situación similar acaeció en julio de 2019, en el mismo vecindario, que motivó el destierro de otra familia.

“Un día llegó un muchacho y me dijo que necesitaba que me fuera de la casa. Le pregunté las razones, porque yo estaba al día con el arriendo y con las ‘vacunas’, pero no me dio tiempo de nada. Dijo que la salida mía era inmediata y tuve que irme con lo que tenía puesto. Todas mis cosas quedaron allá adentro, no volví, y luego supe que habían ocupado la casa”, expresó la perjudicada.

En las audiencias de garantías, los 21 capturados se declararon inocentes por cargos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y tráfico de drogas, entre otros.

En los allanamientos, los agentes del Gaula les encontraron una granada de aturdimiento, municiones y 13,6 kilos de marihuana. El juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal a 20 de ellos, y uno más obtuvo la detención domiciliaria.

La noticia causó tranquilidad en algunos sectores de la comuna 1 (Popular), pero sin celebraciones ruidosas, porque otros miembros de La 38 siguen patrullando las calles, cobrando la extorsión e insistiendo en que ellos, como si fueran la autoridad, “son los que mandan”.
*Identidades reservadas por seguridad.

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ANEXO: LA LISTA DE LOS DETENIDOS

En el operativo de noviembre de 2021 contra la banda La 38, fueron capturadas las siguientes personas: los presuntos cabecillas Johany Santa Franco (alias “Santa”) y Miguel Ángel Mejía Ríos (“Pepo”); y los supuestos integrantes Juan Camilo Henao Jiménez (“Camilito”), Cristian David Marín Palacio (“Berruga”), Ánderson Misas Londoño (“Misas”), Jhon Fredy Contreras Cossio, Francisco David Tamayo Londoño (“El Joe”), Katherin Yulieth Arboleda Castaño (“la Flaca” o “Katy”), Jéferson Andrés López Monsalve (“Chichi”) y Jhojan Stiven Arango Duque (“el Enano”).

La lista sigue con Cristian Camilo Restrepo Botero (“la Guagua”) y su hermano Róbinson Esteban Restrepo Botero (“la Guagua Pequeña”), Wilder Yesid González (“el Calvo”), Diego Andrés Restrepo Rúa (“Godines” o “Gorrión”), Juan Esteban Ceballos Ortiz (“Mañez”), Wilson Ferney Acevedo García (“Tetas”), Jorman Ospina Jiménez (“Calvin” o “Mi Niño”), Adriana María García Pulgarín (“la Mona”), Naren Stic Granada Palacio, Jorman Andrés Rodríguez Varela (“Toto”) y Róbinson Estiven Cardona Vergara.

El Inspector.

La acción policial, que incluyó ocho meses de investigaciones, terminó con la judicialización de 20 presuntos integrantes de ese grupo, que delinquían en los barrios Naranjal, San Joaquín y Laureles, en el sector Arrabal y el corredor turístico de la carrera 70.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron los capturados en la Operación Maremoto del Gaula de la Policía. Son señalados de trabajar para “la Terraza”. Foto cortesía del Gaula.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, explicó que en ese tiempo se conocieron 70 víctimas, de las cuales 18 denunciaron las extorsiones y la venta de drogas promovida por los delincuentes.

Los cobros por la supuesta “vigilancia” se hacían de manera semanal, afectando “a 40 locales comerciales, entre discotecas, fondas, colchonerías y restaurantes”, según el informe oficial del caso. Los delincuentes “realizaban un estudio de la productividad del establecimiento, exigiendo sumas semanales que oscilaban entre $80.000 y $200.000, dando un ingreso al grupo delincuencial aproximado de $288.000.000 anuales”.

El general Martín detalló que también extorsionaban a 30 vendedores ambulantes, pidiéndoles $20.000 semanales, recaudando por este concepto $28’800.000 anuales.

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HABLAN LAS VÍCTIMAS
La información fue confirmada por varios comerciantes de la comuna, que conversaron con El Colombiano bajo reserva de identidad. “Antes de la pandemia había extorsiones esporádicas. A partir del 2020 esto se volvió una cosa impresionante, nos inundamos de extorsionistas, sobre todo en el primer y segundo parque de Laureles, y en el corredor de La 70, entre la U.P.B. y la estación Estadio del metro”, relató un afectado.

Otro de los perjudicados explicó que los delincuentes llegaron ofreciendo un servicio de “vigilancia privada”. “Desde el año pasado se dispararon los robos en Laureles, en parte por causa de migrantes venezolanos y por el desempleo que dejaron las cuarentenas. Entonces aparecieron estos muchachos, diciendo que ellos iban a cuidar la zona de todos esos ladrones. Algunos comerciantes les pagaron porque ya estaban mamados de tantos robos, y otros lo hicieron por miedo”, señaló.

Para “ganarse” la confianza de algunos empresarios, “la banda hacía rebajas en las extorsiones. En los meses más difíciles de la pandemia, pedían $40.000 semanales de ‘vacuna’, en vez de los $80.000 de siempre”, narró otro comerciante.

La supuesta vigilancia de “la Terraza” no redujo los hurtos, sino que aumentaron y, para rematar, varios fueron cometidos por sus integrantes, según la investigación. La estadística del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) señala que en 2020 se registraron 1.318 hurtos a personas en esa comuna (con corte al 22 de octubre), mientras que en ese lapso de tiempo de 2021 sucedieron 1.825.

“Ellos eran los mismos campaneros para los robos. Se paraban afuera de los restaurantes u hoteles, seleccionaban a las víctimas, y después llegaban otros en moto a atracarlas”, precisó un trabajador.

Los criminales también se dedicaron a la venta de droga, sobre todo en Naranjal, donde emplearon a menores de edad para la distribución.

Todos estos problemas cansaron a la comunidad y a los comerciantes. “Decidimos unirnos, hablamos con el Gaula, invertimos en cámaras de seguridad y luego nos llenamos de paciencia, mientras los policías hacían su trabajo de inteligencia. Esa operación Maremoto fue un esfuerzo de todos”, concluyó una víctima.

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REDES CRIMINALES
El fortín histórico de “la Terraza” está en las comunas de Manrique y Aranjuez, donde surgió en los 80, recluta a la mayoría de sus integrantes y viven sus familiares.

Desde 2013 inició una paulatina expansión en otras comunas, como Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, por medio de sociedades con combos de esas zonas, como “Toscana”, “la Matecaña”, “13 de Noviembre” y los “convivires” del Centro.

La extensión de sus redes en Laureles fue detectada en 2017 por la Dijín y la Fiscalía. “La Terraza” estableció una alianza con un grupo denominado “la Oficina de Laureles”, dedicado al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas en los barrios Lorena y Laureles.

En 2018 y 2019 fueron detenidos más de 10 de sus integrantes, incluyendo a los cabecillas, lo que diezmó su participación en el mercado criminal. Sin embargo, los intereses de “la Terraza” en la segunda comuna con más ingresos per cápita de Medellín continuaron y, tal cual informaron los comerciantes, se consolidaron durante la pandemia.

Fuentes de Inteligencia relataron que la organización ya tenía control de la frontera de La Candelaria con Laureles, gracias a sus alianzas con los “convivires” de los barrios El Chagualo, San Benito y Corazón de Jesús. “Para ellos fue tan simple como cruzar el río Medellín, porque Naranjal les queda al frente, y ahí no había otra banda que se les opusiera”, dijo un agente judicial.

Según el Gaula, las actividades ilícitas en Laureles eran coordinadas desde Manrique por alias “el Gordo”, un mando medio de “la Terraza”, quien también fue detenido en la operación “Maremoto”. Con él cayeron sus dos hombres de confianza, “el Mono” y “el Oso”, además de cinco coordinadores de barrio y 12 cobradores de “vacunas” y jíbaros.

“Después de esas capturas se redujo la extorsión. La esperanza que tenemos es que el juez los mande a la cárcel un buen tiempo, y que ojalá no los reemplacen otros extorsionistas”, rogó un comerciante.

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ANEXO: YA SE FUGÓ UNO DE LOS IMPLICADOS
Dentro de las 20 personas judicializadas en la operación Maremoto había un presunto cobrador de extorsiones, apodado “Cala”. Este hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista, en el centro de Medellín, y junto a otros dos internos se fugó el pasado 2 de noviembre. Según la información preliminar, usaron un cuchillo para romper algunos ladrillos durante varios días, hasta que lograron abrir un hueco. La fuga de “Cala” generó inquietud en los comerciantes de Naranjal, a quienes atormentaba con sus cobros.

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El Inspector.

Así lo informó la coronel María Emma Caro, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, al anunciar la detención de Diomer Alexis Zapata Castrillón (alias “Válvula”), de 29 años, y Jaime Augusto Agudelo García (“Carni”), de 32, supuestos integrantes de la cúpula de “la Silla”, un combo que delinque hace dos décadas en la comuna 1 de la ciudad.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Él es Diomer Alexis Zapata Castrillón, alias “Válvula”, uno de los presuntos cabecillas de la banda “la Silla”. Fotos cortesía de la Policía.

Según la oficial, a la Línea 123 ingresó una llamada de la comunidad el 30 de diciembre de 2020, reportando una riña en la carrera 49 con calle 60 del barrio Prado Centro. Cuando una patrulla llegó a atender la situación, dos sospechosos huyeron en una motocicleta.

Se inició así una persecución, que sumó más uniformados y obligó a realizar un plan candado en las salidas del Centro. En medio de su fuga acelerada, los hombres colisionaron contra un bus articulado del metroplús.

Cuando los policías les cayeron encima, les encontraron al conductor una pistola Glock 40 milímetros con un proveedor y 11 cartuchos. Debido a las lesiones por el choque, los llevaron a un centro médico.

En la verificación de sus identidades, indicó la coronel Caro, se comprobó que no se trataba de simples delincuentes, sino de dos presuntos miembros de aquella banda, con antecedentes penales por tráfico de armas, concierto para delinquir y uso ilegal de uniformes e insignias.

“La Silla” es una organización dedicada al tráfico de drogas, sicariato, extorsiones, hurtos, desplazamientos forzados y amenazas, en particular en el barrio Popular N°1 y los sectores aledaños conocidos como La Silla, Rancho Verde, La Balastrera, El Filo y la Torre.

Sin embargo, se le conoce principalmente por haber exportado el negocio ilegal del pagadiario a Chile, hace 10 años. De hecho, allí fue capturado en 2015 su máximo cabecilla, Edilberto Oliveros Correa, apodado “Mundo Malo”.

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Alias “Válvula” y “Carni” quedaron a disposición de la Fiscalía, por el delito de porte o tráfico ilegal de armas de fuego. Al primero, quien conducía la moto, el Juzgado 24 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento en la cárcel, a pesar de que se declaró inocente.

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA

Zapata Castrillón había salido de la cárcel recientemente, luego de pagar una parte de una condena proferida en 2015, de siete años de cárcel por desplazamiento forzado.

De acuerdo con los registros policiales, la sentencia está relacionada con la masacre de seis personas perpetrada el 9 de abril de 2009 en el sector La Galera, de la comuna 1 de Medellín. En ese entonces hubo una rebelión en el combo “la Galera”, que fue aplacada a sangre y fuego.

El líder rebelde fue Róbinson Mejía Soto, alias “la Cachona”, quien trató de arrebatarle el poder al cabecilla “Wimpy”. Este último pidió apoyo a bandas aliadas, como “la 38″ y “la Silla”, y entre todos masacraron a los insurrectos.

Después de ese hecho, los familiares de los muertos fueron obligados a no denunciar lo sucedido e irse del barrio, configurando así el desplazamiento forzado. Por ese caso fueron judicializados varios miembros de “la Silla”, entre ellos “Válvula”.

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El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el ataque sucedió el pasado 4 de enero, en el barrio El Trapiche. Héctor Fabio Zapata Gil (“Hache”), de 42 años, quien residía en una urbanización del vecindario, salió en compañía de su esposa hacia un local de comidas, ubicado en la calle 56 con la carrera 67B.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta esquina del barrio El Trapiche, en Bello, sucedió el ataque sicarial que terminó con la vida de alias “Hache”. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

Cuando estaban en la entrada del establecimiento, a las 7:30 p.m., aparecieron dos hombres en motocicleta, quienes dispararon con pistola en contra de Zapata. De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, la víctima recibió ocho impactos en el pecho, los brazos, la pierna derecha y el mentón.

Los agresores lograron escapar y al poco tiempo llegó una patrulla policial, que se encontraba cerca del sitio y escuchó los gritos de angustia. Los uniformados ayudaron a transportar al herido hacia el hospital Marco Fidel Suárez, de Bello; posteriormente fue remitido de urgencia al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde falleció al mediodía del 7 de enero.

La noche que ocurrió el ataque, su cónyuge, aún en estado de shock, les dijo a los investigadores que no sabía nada de posibles enemigos o amenazas en contra de su pareja. Sin embargo, en el bajo mundo al parecer había un precio por su cabeza.

En 2018 ocurrió una ruptura en la línea de mando de “la Terraza”, una de las bandas más antiguas del Valle de Aburrá. Tras la captura de varios de los cabecillas principales, los líderes que quedaron en las calles se fueron a la guerra por el poder.

Las investigaciones de la Fiscalía indicaron que de un lado estaba Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”) y del otro Andrés Fernando Bustamante Osorno (“Tréllez”), quien era secundado por su socio “Hache”. Estos dos últimos lideraron, presuntamente, una disidencia de “la Terraza”, que se enfrentó a sus antiguos compañeros por el control de plazas de vicio, territorios para la extorsión y contratos para el cobro de deudas mafiosas.

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En esta contienda, los disidentes pidieron apoyo a la banda “los Chatas”, de Bello, que rivaliza desde hace años con “la Terraza”, lo que añadió más leña al fuego.

“Hache” era uno de los objetivos pendientes de capturar por la Policía Metropolitana, los cuales aparecen en este organigrama. Cortesía de la Policía.

Tal cual informaron El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo en su momento, los atentados selectivos dejaron 14 muertos y ocho heridos de bando y bando, en Medellín, Sabaneta y Envigado, entre mayo de 2018 y enero de 2019. Algunas de las víctimas fueron ciudadanos inocentes, que recibieron balas perdidas en medio de los ataques.

“Chicho” fue capturado por la Policía el 3 de abril de 2019, en una urbanización de El Poblado. A “Tréllez” lo arrestaron el 11 de febrero de 2020, cuando acababa de salir de una reunión entre criminales, en el barrio bellanita El Porvenir.

La única pieza que quedaba pendiente de aquel conflicto era “Hache”. En los reportes judiciales figuraba sin antecedentes penales y carecía de orden de captura, aunque su rostro aparecía en los organigramas de los objetivos de alto valor estratégico de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El propósito era detenerlo este año, pero los criminales se adelantaron.

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El Inspector.

En la audiencia de control de garantías, ante el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, se declaró inocente del cargo de concierto para delinquir agravado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Albert Henao Acevedo, alias “Alber”, fue capturado en un apartamento de El Poblado, en un operativo policial coordinado desde Bogotá. Foto cortesía de la Policía.

La detención se produjo en la tarde de este domingo 9 de agosto, en una acción coordinada por policías de Inteligencia de la Sipol y Dipol, cumpliendo con una orden de captura por concierto para delinquir agravado, según fuentes cercanas al caso.

Así fue reseñado Albert Henao Acevedo, luego de su captura por parte de la Policía. Foto de cortesía.

En el sitio le incautaron dos celulares, varios anteojos y pelucas, así como múltiples cédulas de identidad, que al parecer usaba para pasar desapercibido, por causa de la persecución en su contra. El rostro de “Alber” aparecía desde el año pasado en el cartel de los cabecillas más buscados del municipio de Bello, con una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que llevara a su captura.

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, contó que esta operación, denominada “San Rafael”, contó con el apoyo y recursos de la embajada británica en Colombia.

La detención fue difícil, pues el objetivo era “extremadamente selectivo con su círculo confianza, cada semana cambiaba de celular y en los últimos meses rotó su permanencia en 10 inmuebles del área metropolitana, cambiando de lugar cada tres días”, detalló el oficial.

Al parecer varios de sus familiares se contagiaron de covid-19, situación por la cual Henao redujo su contacto con las personas cercanas, aislándose en el apartamento de la Loma del Indio, donde finalmente lo apresaron.

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CONTEXTO DE VIOLENCIA

La detención de este hombre se había convertido en una prioridad para las autoridades desde febrero de 2019, cuando en la localidad bellanita se desató una violenta confrontación que involucró a la banda de “Pachelly”, enfrentada contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”.

Desde que inició la disputa han sido detenidos otros supuestos líderes de “Pachelly”, entre ellos Alexánder Uribe García (“Banano”) e Iván Darío Giraldo Restrepo (“Agapo”).

Y el pasado 21 de marzo, en la cárcel de Cómbita (Boyacá), mataron a puñaladas a Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), en un crimen en el que el principal sospechoso es su enemigo Rodrigo Rodríguez Rodríguez (”el Montañero”), jefe de “el Mesa”, quien estaba detenido en el mismo patio.

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Esta no es la primera vez que “Alber” es detenido por el cargo de concierto para delinquir. En septiembre de 2011 lo capturó la Policía, pero salió en libertad en 2016, tras cumplir la sentencia.

La Policía explicó que volvió a delinquir, al parecer expandiendo las operaciones de narcotráfico, extorsión y minería ilegal de la banda en el Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca, donde al parecer tendría alianzas con el Clan del Golfo.

El general Atehortúa hizo énfasis en que Henao Acevedo se desmovilizó en 2005 del bloque Centauros de las Autodefensas, al lado de Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo jefe del Clan del Golfo.

La audiencia de control de garantías de Henao Acevedo comenzó este lunes 10 de agosto, en el Palacio de Justicia de Medellín ( de manera virtual). Luego de que se declarara inocente de la imputación, el juzgado decidió aplazar la decisión de medida de aseguramiento para el martes.

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En esta zona, ubicada en el norte de la localidad, los habitantes se han quejado históricamente por la falta de rutas de buses y un servicio de transporte eficiente que alcance a cubrir toda la demanda. El vacío ha sido llenado por los “chiveros”, conductores particulares que llevan a los ciudadanos desde el centro hasta los vecindarios semirrurales. Las personas, dependiendo de la distancia, pagan entre $2.000 y $3.000 por el pasaje.

Esta actividad, que no está legalizada, es explotada por la banda “el Ajizal”, que delinque hace más de 10 años y exprime los bolsillos de los choferes para aumentar sus rentas ilegales. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Escena del crimen en la vereda El Ajizal de Itagüí, donde el 19 de mayo de 2020 mataron al “chivero” José Daniel Montoya Arcila. Foto de Carlos Velásquez.

Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, le contó a El Colombiano que, de acuerdo con las investigaciones judiciales, cada “chivero” debe pagar una cuota de $4 a $5 millones de pesos, por el “derecho” a poder transportar personas en la ruta controlada por la facción.

Adicionalmente, por cada día de trabajo deben cancelar entre $25.000 y $30.000, según la cantidad de viajes que hayan hecho. Según las autoridades, son cerca de 18 vehículos los que pagan esta extorsión, con excepción de los automotores de la propia banda, que también incursionó en el negocio.

Datos del Gaula Metropolitano indican que “el Ajizal”, además de actuar en la zona del mismo nombre, extiende sus tentáculos a las veredas Los Gómez y El Porvenir, y a los barrios San Pablo y La Hortensia. Su prontuario incluye narcotráfico, sicariato, extorsiones, pagadiario, desplazamiento forzado y loteo ilegal de predios, en particular en áreas de invasión.

Su dominio sobre “los chiveros” empezó a ser competido por clanes familiares de El Ajizal, lo que provocó las violentas disputas que hoy tienen en ascuas a la población.

LA VIOLENCIA
El primer round de esta pugna se conoció el 14 de marzo de 2019, cuando cinco pistoleros interceptaron al conductor de un Renault Logan, Wilson Vásquez Olaya, en una carretera de El Ajizal, lo golpearon, le hicieron disparos al carro y le prendieron fuego. Para remarcar su acción terrorista, grabaron el ataque y lo difundieron por redes sociales.

El chofer, de 29 años, los denunció por lo sucedido y las retaliaciones no se hicieron esperar. El 1 de enero de 2020 le hicieron otro atentado, al cual sobrevivió, hasta que el siguiente 15 de enero fue acribillado por un sicario que simuló ser un pasajero, en la parte alta de la vereda.

Un segundo asesinato se produjo el 19 de mayo, detrás de la parroquia Ermita de la Santa Cruz. Allí citaron al “chivero” José Daniel Montoya Arcila, de 28 años, y le dispararon a sangre fría.

Habitantes del sector informaron que la situación de violencia disminuyó la afluencia de estos vehículos, perjudicando la movilidad de la zona. Varios taxis de servicio público aprovecharon para ofrecerse como colectivos y, de manera irregular, transportar a la gente.

Boris Castaño, analista del conflicto urbano y miembro de la Corporación Innova, Idea, Estrategia (I2E), narró que el aprovechamiento del fenómeno de los “chiveros” por parte de los combos en el Valle de Aburrá va mucho más allá de la extorsión.

“A los miembros de ese gremio los presionan para que se conviertan en informantes y alerten sobre movimientos de la Fuerza Pública y personas extrañas; para transportar armas, drogas y delincuentes de un lado a otro; y para que se conviertan en clientes del pagadiario de las bandas”, comentó.

Frente a esta instrumentalización, los choferes suelen guardar silencio por miedo y porque “su misma informalidad los expone a que no puedan realizar una denuncia penal, porque ellos mismos están por fuera de la norma, eso los hace más susceptibles a la influencia de los grupos delincuenciales”, opinó el experto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
El secretario Otálvaro señaló que la Fuerza Pública y el aparato judicial están concentrados en atacar esa problemática, y resaltó que del combo “el Ajizal” ya han sido capturados varios integrantes de relevancia, como alias “Sony”, “Máquina”, “Páncreas” y “el Diablo”, involucrados en los crímenes reseñados.

Los investigadores están tras la pista de “Chivú”, el cabecilla del grupo, quien habría salido huyendo de la ciudad. Por información que lleve a su arresto hay $10 millones de recompensa.

La persecución contra el crimen organizado en la vereda se complementa con vigilancia de drones, patrullajes del Ejército en la parte alta, guías caninos para ubicar a los traficantes de droga y un grupo de reacción policial de 22 efectivos, con motos de alto cilindraje.

“Tenemos el proyecto de construir una nueva sede para el Gaula, lo que va a mejorar nuestras capacidades”, dijo Otálvaro, quien en su pasado fue suboficial de la Sijín.

A la fecha se han presentado 24 homicidios en Itagüí y 11 personas han sido capturadas en flagrancia por ese delito.

Frente a los “chiveros”, cinco de sus vehículos han sido inmovilizados por tener placas adulteradas o incumplir con la revisión técnico mecánica.

La solución al problema de El Ajizal también pasa por resolver el vacío en la movilidad. “Las informalidades surgen de las necesidades, aquí hay una cobertura insuficiente del transporte público, lo que podría resolverse gestionando rutas formales. No hay que olvidar la necesidad de la ciudadanía”, precisó Castaño.

Al respecto, Otálvaro manifestó que no puede dar fe de que vaya a haber una ruta de buses para la zona en el corto plazo, pero dijo que el alcalde José Fernando Escobar ya está gestionando soluciones de transporte legal.

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El Inspector.

Su detención de suma a las recientes capturas de otros cuatro jefes de bandas del Valle de Aburrá, como alias “Huevo”, de “el Pesebre”; “La Rea”, de “la Campiña”; “Julito”, del combo “el Acopio”; y “Ronald”, de “la Agonía”.

Cristian Duque, alias “Cristian Chata”, estaba desarmado cuando la Policía lo capturó en una vereda de Santa Rosa de Osos, nordeste de Antioquia. Foto de cortesía.

La captura de Cristian Daney Duque García, alias “Cristian Chata” o “el Mono”, ocurrió el 20 de junio de 2020 en una finca de la vereda El Caney, en Santa Rosa de Osos. Policías de la Sijín incursionaron en el predio a la 1:30 p.m., cumpliendo una orden judicial de arresto.

De acuerdo con la investigación de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, ese hombre sería unos de los principales cabecillas de “los Chatas” en la calle, y estaría involucrado en los negocios de narcotráfico de esa organización en los municipios de Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa.

La audiencia de control de garantías se realizó el 21 de junio ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Antioquia. Allí la Fiscalía, de manera virtual, le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado, el cual él rechazó. Al final de la diligencia, el juez le dictó medida de aseguramiento intramural y próximamente será llevado a la cárcel de Itagüí.

La captura de “Cristian Chata” se logró en parte por el renombre que adquirió desde 2017, cuando los principales miembros de la cúpula de la banda fueron arrestados y él tuvo que encargarse temporalmente de los negocios clandestinos. Sin embargo, estos fueron condenados a penas pequeñas, hicieron preacuerdos con la Fiscalía y ya obtuvieron los beneficios de libertad condicional y detención domiciliaria en algunos casos.

En consecuencia, en los últimos meses han salido de prisión cabecillas tradicionales como “Elkin Chata”, “Jonás” y “Álex Mentiras”. La cúpula de la estructura la complementan “Camilo Chata”, que aún no ha sido arrestado; y “Tom”, quien continúa encarcelado.

Otro de los integrantes, Édison Maya Ríos (“el Gomelo”), fue reportado como desaparecido por parte de sus familiares.

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GOLPES A LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “ROBLEDO”

En el último mes, las autoridades han capturado a tres cabecillas de combos asociados a la organización criminal “Robledo”, la confederación de bandas que actúa en el occidente de Medellín.

El 18 de junio de 2020, uniformados de la Dijín detuvieron a Sebastián Agudelo Arboleda (“Huevo”), presunto líder del combo “el Pesebre”, con influencia en varios barrios de las comunas 13 y 7. El arresto se presentó cuando conducía un automóvil Renault Clio en inmediaciones del barrio La Aguacatala.

“Huevo”, de 36 años, se desmovilizó en 2005 del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), según la Policía, y es hombre de confianza de Cristian Mazo Castañeda (“Sombra”), miembro de la cúpula de “Robledo” y actualmente encarcelado.

Jhonatan Franco (“La Rea”) y a la derecha Sebastián Agudelo (“Huevo”). Fotos de cortesía.

Ese mismo día, la Dijín también capturó a Jhonatan Andrés Franco Álvarez, conocido como “La Rea”, “La Erre” u “Orejas”, supuesto jefe del combo “La Campiña”, que delinque en los sectores de La Campiña, La Huerta, Monteclaro, Pajarito y Cucaracho, ubicados en la frontera de la comuna 7 (Robledo) con el corregimiento San Cristóbal.

Según el expediente, “La Rea”, de 32 años,  comenzó a delinquir desde los 12, siendo un “carrito” (mensajero) de “Robledo”; luego recibió tareas de sicariato y también ingresó al bloque Héroes de Granada de las Auc, del cual se desmovilizó en 2005. Actualmente figuraba en el cartel de los más buscados. La detención se produjo en el sector El Cucaracho, cuando iba en un Renault Logan con otras tres personas.

“Huevo” y “La Rea” fueron presentados ante el Juzgado Cuarto Penal Ambulante de Antioquia, para las audiencias de control de garantías. La Fiscalía les imputó concierto para delinquir agravado, ellos se declararon inocentes y les dictaron medida de aseguramiento en la prisión de Itagüí.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, contó que “la Rea” y su combo estarían implicados en el cobro de extorsiones a la ruta de buses 250 y múltiples homicidios perpetrados entre 2018 y 2019.

Además de estos dos casos, el pasado 27 de mayo la Dijín capturó a Juan Julio Osorio Molina (“Julito”), presunto cabecilla del combo “el Acopio”, que opera en los barrios Aures N°1 y N°2.

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ENCARCELADO EL LÍDER DE “LA AGONÍA”

El 26 de mayo de 2020 la Policía capturó en la ciudad de Pereira a Ronald Ronaldo Echavarría Arango, alias “Ronald” o “el Zarco”, cabecilla y fundador de la banda “la Agonía”, que delinque en la comuna 13 de Medellín.

La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y tráfico de armas de fuego. “Ronald” no los aceptó y fue enviado a la cárcel.

La víctima de este caso fue la líder social Liliana Patricia Cataño Montoya, asesinada en 2017 por “la Agonía”. El ente acusador informó  al respecto: “De acuerdo con la investigación, Liliana Cataño promovía la asignación de lotes para reubicar a personas que perdieron las viviendas en un incendio ocurrido en el sector Altos de la Virgen. ‘La Agonía’ se habría opuesto al proceso, porque avanzaba sin el consentimiento de los cabecillas y estaba planeado en una zona en la que tenía injerencia criminal. En ese sentido, fue ordenado el asesinato de la lideresa comunal el 18 de octubre de 2017″.

La captura más reciente de Ronald Echavarría (“Ronald” o “el Zarco”) fue en Pereira. Cortesía de la Policía.

Esta es la tercera vez que “Ronald” va a parar a la cárcel en la última década. Otros líderes de su grupo también están tras las rejas, como “Diego Almuerzos”, “Pocho” y “Jony Caca”.

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El Inspector.

Así lo dictaminó el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, tras finalizar las audiencias de control de garantías en contra de Juan Julio Osorio Molina (“Julito”), presunto cabecilla de la banda “el Acopio”, que delinque en los barrios Aures N°1 y N°2 de la comuna 7 (Robledo).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

A alias “Julito” le leyeron sus derechos como capturado en la camilla del hospital. Foto cortesía de la Policía.

La diligencia fue de carácter virtual, a través de la aplicación Teams, debido a la cuarentena y la convalecencia del sospechoso. La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada le imputó por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, al igual que a su mano derecha, Arnold Eduardo González Zapata (“Langarfio”), supuesto coordinador de zona de la estructura ilegal.

Ambos negaron los cargos el fin de semana pasado, y el Juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural. El caso de desplazamiento en cuestión sucedió en Aures, donde los delincuentes habrían golpeado y amenazado de muerte a un ciudadano, para que abandonara un lote que ellos querían vender de manera ilegal; debido a esto, la víctima tuvo que irse del barrio.

Juan Osorio (“Julito”) y Arnold González (“Langarfio”). Cortesía.

“Langarfio” y “Julito” fueron capturados el pasado 27 de mayo por policías de la Dijín. Osorio Molina estaba en un apartamento familiar en Aures, y apenas sintió la presencia de las autoridades, trató de escapar. Se lanzó desde una terraza y cayó al tercer piso de una edificación vecina, sufriendo la fractura abierta del tobillo. Ahí terminó su aventura.

Actualmente está hospitalizado, bajo vigilancia de la Policía. “Julito” es un paramilitar desmovilizado del bloque Metro de las Autodefensas. En la banda “el Acopio” obtuvo su ascenso después de las capturas de los principales jefes, los hermanos José Otalivar y Luis Enrique Chavarría (“Jotalibán” y “Piercing”, respectivamente).

Tras las condenadas de ambos, “Julito” se habría encargado de la estructura en la calle, la cual se dedica a la extorsión, el narcotráfico, la venta ilegal de lotes, desplazamientos forzados, torturas y secuestros, entre otros delitos. Por esa razón, su apodo figuraba en el cartel de los más buscados de la comuna 7.

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El Inspector.