En el bajo mundo son conocidos como los “invisibles” y los “baby narcos”, dos figuras opuestas en el juego de la mafia. Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Tello Candelo (“Negro Frank”) encabezó la lista de extraditados a EE.UU. en octubre; en el círculo de arriba, Jorge Herrera (DJ Regio Clown); y abajo Juan Pablo Leal (“Pablito Tuci”). Fotos cortesía de Policía y archivo.

En una lánguida fila india, con las muñecas esposadas y bajo la mirada penetrante de los agentes de Interpol, desfilaron de uno en uno nueve extraditables solicitados por las cortes de EE.UU.

Sucedió el pasado 31 de octubre en el aeropuerto de Bogotá, donde un avión de la agencia U.S. Marshals Service los esperaba para partir hacia sus eventuales condenas.

Entre los desdichados iba Luis Frank Tello Candelo, alias “el Negro Frank”, señalado de coordinar una ruta de narcotráfico marítimo y aéreo que atraviesa Colombia, Venezuela, Honduras y México.

Estuvo preso en 1996, pero salió a los tres años por vencimiento de términos, cuando su expediente desapareció de la base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En ese tiempo era lugarteniente de Daniel “el Loco” Barrera, cabecilla de una naciente organización con ínfulas transnacionales, que a futuro sería conocida como la Junta Directiva del Narcotráfico.

Luego lo arrestaron en 2010 en Venezuela, junto a su cónyuge Gloria Rojas Valencia, señalados de fungir como enlaces en Suramérica del cartel mexicano “los Zetas”.

Ambos fueron extraditados y procesados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y cinco años después regresaron a Colombia.

“El Negro Frank” volvió a las andadas, y entre 2018 y 2021 coordinó más despachos de droga por la misma ruta, por lo que la Corte del Distrito Sur de Florida le abrió un nuevo expediente. La Dijín lo recapturó en 2023, y desde entonces estaba a la espera de su segunda extradición en la cárcel La Picota, la cual se materializó cuando abordó ese avión hace cinco meses.

A pesar de semejante prontuario, Tello era prácticamente desconocido para la opinión pública. A diferencia de otros capos, su rostro nunca apareció en el cartel de los más buscados, ni le asignaron estrafalarias recompensas en su contra, ni salió en revistas de chismes relacionado con actrices.

Tampoco fue mencionado su nombre en masacres o atentados sicariales, pese a moverse en el sórdido mundo de la mafia. ¿La razón? “El Negro Frank”, a sus 63 años, hace parte de esa generación de delincuentes denominados “narcos invisibles”, los cuales pululan en la actualidad, cuando el negocio de la cocaína alcanzó rendimientos históricos.

Pero no es el único espécimen “raro” que ha salido a flote recientemente, en el vasto paisaje del crimen organizado.

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“INVISIBLES” Y BABY NARCOS”
El mismo día en que Tello era extraditado por segunda ocasión, la Fiscalía de México anunciaba las capturas de 16 personas implicadas en los brutales asesinatos de dos músicos colombianos, Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown), cuyos restos desmembrados fueron encontrados el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Como móvil del crimen, el ente acusador expuso que “los actos investigativos realizados hasta el momento vinculan la muerte de ambas víctimas con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘tuci’ y ‘coco channel’”.

La hipótesis es que los colombianos fueron acusados, por un narco apodado “Pantera”, de vender drogas sin autorización en su territorio.

Aunque B-King y DJ Regio Clown no tenían investigaciones penales en su contra, en México la sospecha de un capo es una sentencia de muerte.

La Fiscalía presume que Herrera era un joven que usaba su carrera musical como fachada para la venta de tuci en conciertos, que era, ni más ni menos, un “baby narco”.

Esta denominación, acuñada por la Policía colombiana, también aplica a un caso registrado a principios del 2025, cuyo protagonista fue Juan Pablo Leal Velásquez, un muchacho de 27 años conocido en el bajo mundo de Medellín como “Pablito Tuci”, considerado uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el Valle de Aburrá.

En el barrio Santa Cruz, de estrato bajo, mandó a construir una pequeña mansión de $4.000 millones, con jacuzzi y pasadizos secretos, donde hacía rumbas con DJ, influencers, modelos y traquetos. En una de ellas, el pasado 17 de febrero, fue asesinado su socio Cristian Tobón, originando una balacera de la cual “Pablito Tuci” logró escapar.

La muerte lo persiguió hasta un condominio del municipio de Calima Darién, en Valle, donde el 11 de marzo de ese año fue acribillado por sicarios.

A diferencia de los “narcos invisibles”, los “baby narcos” no son veteranos de perfil anónimo, sino jóvenes extravagantes que se precian de pertenecer a la farándula de la mafia, con un estilo de vida llamativo y jolgorioso.

Usan conciertos y “after parties” para distribuir narcóticos y exponer sus lujos en las redes sociales.

“Los ‘invisibles’ decidieron modificar sus comportamientos, buscando ocultar su identidad y generar un total desconocimiento del responsable de los cargamentos de estupefacientes. Su suspicacia, su experiencia, sus relaciones personales y alcances criminales, los hacen difíciles de detectar. En cambio, los ‘baby narcos’ destinan gran parte de su dinero en opulencias, que van desde su manera de vestir, hasta los lugares donde residen; sus relaciones interpersonales son públicas y ser festivos es una de sus debilidades”, le explicó a El Colombiano el coronel (r) Marco Pulido, exoficial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y analista de criminalidad.

Felipe Botero, jefe de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, relató que “hoy tenemos un fenómeno de fraccionamiento del modelo de narcotráfico, ya no hay grandes grupos jerárquicos como el cartel de Medellín, sino más pequeños y especializados en roles específicos del negocio, que cooperan entre sí”.

En consecuencia, “esto permite el ascenso de jóvenes que provienen de bandas locales, quienes pasan a tener responsabilidades en la red transnacional y se enriquecen muy rápido. Durante un trabajo de campo en el norte de Cauca, por ejemplo, encontramos muchachos de 16 años que ya estaban involucrados y tenían ingresos altísimos”, acotó el experto, refiriéndose a los “baby narcos”.

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GENERACIONES DEL NARCOTRÁFICO
En los últimos 50 años de historia del crimen en Colombia, es posible identificar cuatro etapas del negocio del tráfico de cocaína, cada una con unos representantes conocidos y características particulares.

La primera generación se forjó en los 80, con los grandes carteles de Medellín y Cali, los cuales ejercían el monopolio global de la distribución del narcótico. Estas estructuras funcionaban como conglomerados empresariales, formados por varias compañías y una especie de junta de directiva con presidente ejecutivo.

Conformaron ejércitos de sicarios, instruyendo a grupos de operaciones especiales (para secuestros, masacres y carrobombas) y contratando a las bandas barriales para sus “vueltas” urbanas.

Buscaron incidir en las instituciones del Estado, corrompiendo funcionarios en todas las ramas del poder, mediante la oferta de sobornos e intimidaciones, y asesinando a los servidores públicos que los combatían.

La matanzas que desató el cartel de Medellín para suprimir las normas de extradición, por ejemplo, generaron un nuevo concepto en el extenso diccionario de la violencia en Colombia: el narcoterrorismo.

Aunque la precursora de esta generación fue Griselda Blanco (“la Madrina”), la primera en establecer una ruta de exportación de cocaína hacia el exterior y controlar la distribución en varias ciudades de EE.UU., sus máximos exponentes fueron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

De ellos, solo este último está vivo, purgando sus crímenes en una cárcel de Estados Unidos, a sus 82 años de edad.

El comportamiento estrafalario y los lujos excesivos que derrocharon ellos y sus lugartenientes, sentaron las bases de la “cultura traqueta”, que ha influenciado a miles de jóvenes desde entonces.

La segunda generación se estableció en los 90, cuando los grupos armados como las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asumieron un rol protagónico en el entramado. Antes, su acción se limitaba al cobro de “impuestos de gramaje” a los capos, por permitirles procesar y transportar la droga en sus territorios, o a establecer convenios de cooperación a cambio de dinero, ejecutando tareas de escolta, atentados y vigilancia de laboratorios clandestinos.

Pero con la caída de los grandes carteles, los guerrilleros y paramilitares tomaron las riendas, no solo para financiar sus respectivas causas, sino para abastecer un mercado internacional que cada vez más demandaba la cocaína.

A diferencia de los narcos de la primera generación, estos no solo tenían interés en los réditos económicos, sino en el control de territorios rurales y sus respectivas comunidades, para asegurar monopolios de cultivo de coca.

Incorporaron otras rentas, que a la postre terminaron invirtiendo en la tecnificación del tráfico de narcóticos: la extorsión generalizada y la minería ilegal de oro.

Entre sus exponentes están Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”) y Víctor Suárez (“Mono Jojoy”), entre otros.

La tercera generación surgió en la década de 2006 a 2016, en cabeza de facciones herederas de las desmovilizada Farc y AUC, y de los antiguos carteles, como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, “los Rastrojos”, “la Oficina”, “los Pachenca” y “los Paisas”.

Estos grupos operan como confederaciones, que incluyen narcos que manejan las finanzas, pero también un aparato militar para el dominio territorial.

Ya no se dedicaron al monopolio, sino a establecer sociedades con mafias extranjeras que se encargaran de la distribución global del narcótico, lo que facilitó el ingreso a Colombia de delegados de grupos mexicanos, italianos, balcánicos, marroquíes y ecuatorianos, entre otros.

Invirtieron grandes sumas de dinero en negocios legales, perfeccionando las dinámicas de lavado de activos, hasta colonizar mercados de criptomonedas y contrabando de mercancía.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, narcotraficante de tercera generación, condenado en EE.UU. Foto cortesía de Policía.

Algunos de sus representantes son Dairo Úsuga (“Otoniel”), Néstor Vera (“Iván Mordisco”), Javier y Luis Calle Serna (“los Comba”) y Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), entre otros.

La cuarta generación se caracteriza por una democratización total del narcotráfico de cocaína, para surtir una demanda mundial de 25 millones de consumidores (según la ONU), con la entrada en escena de grupos independientes y sigilosos, que no están inscritos en ninguno de los carteles conocidos, pero que tienen la capacidad asociativa para despachar decenas de toneladas al exterior.

No les interesa el control de zona rurales ni desafiar al Estado, sino más bien camuflarse en la sociedad. “Son pequeñas estructuras que tercerizan muchos procesos, usan nuevas tecnologías y están altamente conectadas con compradores extranjeros”, dijo Ana María Rueda, coordinadora de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Fue durante la transición de la tercera a la cuarta generación, que aparecieron en escena “los invisibles” y los “baby narcos”, como una nueva forma de interpretar el poder criminal, delegando en otros el ejercicio de la violencia para concentrarse en maximizar las ganancias.

En la actualidad conviven los narcos de varias generaciones, peleando y asociándose entre sí, según la conveniencia. Hay unos de segunda generación, como Luciano Marín (“Iván Márquez”), exmiembro del Secretariado de las Farc; de tercera, como Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), del Clan del Golfo; y de la cuarta, como el fallecido “Pablito Tuci”.

A todos parece esperarles un oscuro final, en una bolsa para cadáver o un indeseado vuelo hacia una corte extranjera.

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El Inspector.

Su caso también pone sobre la lupa de la opinión pública a otros narcos del negocio transnacional que tuvieron una vida en el deporte, pero que no fueron capaces de rechazar el llamado de la mafia. El siguiente es un informe de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El canadiense Ryan James Wedding, exdeportista olímpico, es buscado por ordenar la muerte de un testigo del FBI en Medellín. Fotos de cortesía.

La acusación por narcotráfico, homicidio y otros crímenes que la justicia de EE.UU. le endilga al canadiense Ryan James Wedding, trae a la memoria los casos de otros personajes que saltaron a la luz pública como deportistas de alto rendimiento, y terminaron inmersos en el mundo del hampa.

Weddig, de 44 años, fue patinador sobre hielo en su juventud y luego participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City (Estados Unidos), representando a su país en la modalidad de snow boarding.

Ahora está en la lista de los 10 más buscados por el FBI, pedido en extradición por la Corte del Distrito Central de California y con una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

“Wedding controla una de las más prolíficas y violentas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo y trabaja de cerca con el cartel mexicano de Sinaloa”, reveló la fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Dentro de la acusación en su contra, está el haber ordenado el asesinato de un testigo del FBI, perpetrado el 31 de enero DE 2025 en El Poblado, suroriente de Medellín.

La víctima fue Jonathan Christopher Acevedo García, un ciudadano colombocanadiense de 42 años, quien fue abaleado por sicarios en un mall comercial, cuando departía con otras personas en el restaurante Mi Arepa.

En ese entonces, fuentes judiciales le contaron a El Colombiano que unos narcos mexicanos y canadienses habían ofrecido un millón de dólares para quien asesinara a Acevedo, pues lo señalaban de estar actuando como “soplón” para el FBI.

La fiscal Bondi comentó que Wedding está viviendo en México, al abrigo de sus socios del cartel de Sinaloa.

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DE FUTBOLISTA A CAPO DE LA COCAÍNA
El otro capo que fue deportista y luego terminó en las listas internacionales de los más buscados es el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, jefe del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU).

El extranjero de 34 años es un afiebrado por el fútbol. En 2021, luego de salir de la cárcel, se convirtió en accionista del Club Deportivo Capiatá, en la liga de ascenso de Paraguay, en el cual hizo parte de la nómina de jugadores y disputó varios partidos.

Algo similar hizo luego en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde compró a Los Leones de El Torno F.C., un onceno de la segunda división, usando una identidad fraudulenta. Estuvo vinculado a ese club hasta 2024, cuando tuvo que salir huyendo de aquel país por la persecución policial.

Sebastián Enrique Marset Cabrera, el narco uruguayo que fue futbolista. Foto de archivo.

El PCU se dedica al narcotráfico de cocaína, con redes de lavado de activos en Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La droga se produce en Colombia y tiene como destinos finales a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Al igual que Wedding, Marset es investigado por un asesinato perpetrado en Colombia: el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini, abaleado en una playa de la isla cartagenera de Barú, mientras disfrutaba de su luna de miel, el 10 de mayo de 2022.

La hipótesis del magnicidio es que se trató de una retaliación mafiosa, ya que meses antes el funcionario participó en una operación antidrogas, que terminó con la captura de socios y testaferros de Marset, y el decomiso de millonarios bienes y propiedades.

Por el crimen hay 9 personas condenadas, las cuales participaron en la planeación, logística y ejecución del atentado. Por información que lleve a la captura de Marset, la Casa Blanca ofreció US$2 millones de recompensa.

DEL CUADRILÁTERO A LA MAFIA
El tercer exdeportista que saltó al mundo del narcotráfico es Marcel Mühlbach, un alemán de 45 años, reseñado en la lista de los 50 más buscados de Europa.

Es un fanático de las artes marciales mixtas, y siendo más joven se hizo popular en ese país por su participación en varios torneos televisados.

Pasó de involucrarse en apuestas de peleas al tráfico local de metanfetaminas; luego se involucró en la recepción de cargamentos de cocaína colombiana en el puerto de Hamburgo.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

Escaló en la red, de la mano de traficantes italianos, al punto de que fue enviado a Suramérica para negociar directamente el despacho de los estupefacientes.

Consiguió una cédula falsa a nombre de Fausto Eduardo Castro y en 2022 se instaló en Colombia. Primero pasó como turista, y luego asumió la fachada de inversionista, adquiriendo una finca en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Las autoridades europeas lo consideran muy violento, llevando al negocio de los narcóticos la furia que lo distinguió antes en el cuadrilátero.

De los tres narcos mencionados en esta lista, es el único que ha sido capturado hasta el momento. La Policía allanó la finca el 27 de septiembre de 2024, en cumplimiento de una Circular Roja de Interpol, y le puso las esposas con fines de extradición.

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El Inspector.

El auge de la cocaína está trayendo toda suerte de criminales extranjeros, algunos de los cuales ven en la capital antioqueña un lugar para establecerse y hacer contactos para la exportación del alcaloide. La siguiente es una investigación de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El sitio en el que fue asesinado el albanés Artur Tushi, en una vía de El Poblado, en Medellín. Foto de cortesía.

Haber cruzado el océano Atlántico hasta el otro lado del mundo, arriesgar el pellejo para supuestamente traficar junto a los principales carteles de la droga, y terminar sin vida en una acera de Colombia, con varios agujeros de bala en el cuerpo.
Ese fue el destino que, según la investigación preliminar de las autoridades, escogió el ciudadano albanés Artur Tushi, asesinado por sicarios el 5 de octubre de 2025 en una vía pública de El Poblado, en el suroriente de Medellín.

Al revisarle los documentos, encontraron que tenía cédula ecuatoriana y residencia permanente en ese país.

Un mes antes, Interpol arrestó en Bogotá al colombiano Samir Rosales Rodríguez, alias “el Químico”, obedeciendo a una Circular Roja solicitada por la Fiscalía de Albania.

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, declaró el 3 de septiembre pasado que el detenido era “señalado de ser el enlace de las mafias albanesas con presencia en Suramérica. Rosales coordinaba y supervisaba la logística de múltiples cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano, ocultos principalmente en fertilizantes orgánicos, con destino final Albania”.

Aún no se ha esclarecido si hay alguna relación entre esa captura y el asesinato de Artur Tushi, quienes al parecer trabajaban para la misma organización clandestina, pero a los investigadores les llama la atención esa coincidencia.

Por lo pronto, ha quedado en evidencia la febril actividad narcotraficante que los albaneses están liderando en nuestro país. ¿A qué se debe su inusitada presencia?

ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL CARTEL
Los traficantes albaneses hacen parte de una mafia que se denomina, de manera genérica, Cartel de los Balcanes. No se trata de una sola organización jerarquizada, como lo fue el Cartel de Medellín en el pasado, sino que el concepto agrupa a un conjunto de estructuras criminales originarias de la Península Balcánica y la antigua Yugoslavia, por lo que también se les llama “la Yugomafia”. Algunas, de hecho, son enemigas entre sí.

Su expansión en Europa comenzó con las Guerras Balcánicas (1991-2001), que finalizaron con la disolución de Yugoslavia. En el éxodo de migrantes por el Viejo Continente se camuflaron delincuentes de Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia y Serbia, que instalaron redes en los principales puertos y ciudades, lo que facilitó la extensión de los negocios de estos carteles; un modelo similar siguen en la actualidad grupos latinoamericanos, como el Tren de Aragua (Venezuela) y la Mara Salvatrucha (El Salvador), que aprovechan la migración de sus connacionales para diseminarse.

Artur Tushi, albanés asesinado en Medellín. Cortesía.

Antes se dedicaban al tráfico local de narcóticos, pero entraron a las grandes ligas del juego transnacional de la mano de la mafia italiana, que reclutó albaneses para sus operaciones, en parte debido a su habilidad ampliamente reconocida de dominar varios idiomas. Y estos le aportaron a la alianza su experticia en el negocio atroz de la trata de mujeres, que perfeccionaron explotando sexualmente a las viudas y huérfanas durante la guerra.

De acuerdo con el informe “Redes de cocaína: vínculos entre los Balcanes Occidentales y Sudamérica” (2025), de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), una organización especializada en investigar estos fenómenos, la incursión de los albaneses en nuestro continente empezó en 2009.

Se establecieron primero en Ecuador, enviando delegados que posaban como turistas o inversionistas de propiedad raíz. Los atrajo una economía dolarizada, en la que podían camuflar más fácilmente sus activos; la expulsión de la DEA y del Ejército de Estados Unidos de la base militar de Manta; y un programa instaurado por el presidente de entonces, Rafael Correa, llamado Ciudadanía Universal, que otorgaba facilidades de visado, residencia e inversiones para los extranjeros que quisieran vivir en ese país.

Los delegados de la mafia albanesa usaron documentos falsificados para adquirir varias identidades y contrataron testaferros para comprar empresas navieras, de transporte y logística de exportaciones.

A diferencia de otros grupos, su estrategia de penetración en el bajo mundo nunca fue de confrontación; por el contrario, ofrecieron sus servicios de exportación de cocaína a las organizaciones suramericanas y las contrataron para la vigilancia de las operaciones. Así tejieron fuertes lazos con estructuras narcotraficantes de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

Según el documento de GI-TOC, cobraron un rol más protagónico cuando las antiguas Farc se desmovilizaron en 2016 y dejaron de monopolizar los cultivos de coca, lo que condujo a los principales carteles del mundo a incrementar su participación en el mercado de la cocaína. A esto se han sumado políticas gubernamentales que, de manera indirecta, incentivaron la siembra de coca al reducir la erradicación manual forzada y la fumigación con glifosato.

La confluencia de esos factores tuvo como consecuencia un incremento desbordante del negocio: Colombia saltó de generar 331 toneladas métricas anuales de cocaína en 2013, a 2.664 en 2023, según la ONU. Esto significa que en estas tierras se produce el 71,8% de la cocaína que circula en el planeta (3.708 toneladas en total), y para los traquetos albaneses es la “tierra prometida”.

Sus rutas marítimas suelen partir de los puertos de Guayaquil y Manta (Ecuador); Buenaventura y Barranquilla (Colombia); Maracaibo, Puerto Cabello y Carúpano (Venezuela). Allí contaminan contenedores de banano, camarones e insumos industriales (cemento, arena, pegante), con destino a los terminales del Mediterráneo, la península Balcánica y Europa Central.

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LOS DELEGADOS ECUATORIANOS
Según fuentes de Inteligencia de la Policía y agencias norteamericanas, en Colombia se han detectado operaciones de cuatro facciones del Cartel de los Balcanes: el Grupo Saric, el Grupo Amerika, el Grupo Keka y la Kompania Bello, conformados por integrantes nacidos en Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia, Alemania y Rumania, más que todo.

Una de sus características es que se asocian con toda clase de grupos que les puedan proveer cocaína de alta pureza, un transporte seguro y protección para moverse de las ciudades a los laboratorios artesanales. Por eso se les conocen sociedades con el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, “la Oficina”, “los Pachenca” y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (NJDN).

Al margen de esas alianzas, la más sólida parece ser con la banda “los Choneros”, de Ecuador, al punto de que a veces, en vez de los propios albaneses, quienes vienen a Colombia son los ecuatorianos, actuando como sus representantes directos. Uno de los más conocidos fue Wilder Emilio Sánchez Farfán (“el Gato Farfán”), arrestado en un operativo conjunto de la Policía colombiana y la DEA, el 10 de febrero de 2023 en la ciudad de Pasto.

Según la investigación, trabajaba en asocio con el albanés Artur Rrapaj, quien articulaba la operación mafiosa desde el puerto de Guayaquil.

Cuando atraparon a “el Gato Farfán” regresaba de una reunión en la selva, con integrantes del frente Oliver Sinisterra de las Farc, con los cuales coordinaba la producción del narcótico en Nariño.

Otros integrantes de “los Choneros” implicados en estas sociedades criminales son Jortman Róbinson Suárez Molina, alias “el Ecuatoriano”, quien murió en un operativo de la Policía el pasado 29 de septiembre, en una finca de Rionegro, Antioquia. Y Rolando Federico Gómez Quinde (“Fede”), capturado el pasado 2 de octubre en el barrio Santa Teresita de Medellín.

Las actividades de los albaneses y sus aliados incluso han puesto nervioso al presidente Gustavo Petro.

El 26 de mayo pasado fue capturado en Emiratos Árabes el albanés Dritan Gjika, un narcotraficante radicado en Guayaquil desde 2009, y señalado de coordinar una de las rutas de exportación de cocaína hacia Europa.

Tras conocer la noticia, Petro trinó: “Esto se llama la junta del narcotráfico, con sede en Abu Dabi, controlan una red de fiscales y a través del CTI, el puerto de Buenaventura. Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, y lograron encubrir los autores intelectuales del asesinato, en la Fiscalía. Han buscado asesinarme sin éxito”.

Fuentes policiales manifestaron que no hay ninguna evidencia de que los albaneses quieran matar a Petro; sin embargo, sí hay preocupación por las crecientes actividades de esa mafia en Colombia.

Esta situación motivó una reunión de alto nivel el pasado 24 de septiembre en La Haya, Países Bajos, entre el general Carlos Triana y el director de la Policía de Albania, Ilir Proda, donde se acordó concretar un plan de acción para desmantelar las tenebrosas alianzas entre las mafias colombianas, ecuatorianas y balcánicas.

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El Inspector.

El paciente es Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”, un viejo conocido del bajo mundo de la ciudad, señalado por las autoridades de ser el presunto jefe de los combos “la Imperial” y “el Diamante”, que delinquen en la comuna de Robledo.

En este vehículo viajaba la víctima cuando se produjo el ataque, en el barrio Los Colores, de Medellín. Foto de cortesía.

La historia comenzó el pasado 2 de noviembre de 2024 en el barrio Los Colores, cuando el exconvicto iba en un automóvil Mazda 3 rojo. A las 3:30 p.m., cuando estaba frenado en una congestión vehicular de la calle 53 con la carrera 71A, fue atacado por los sicarios.

Un testigo de los hechos narró a los investigadores que los agresores iban vestidos con el atuendo de una empresa de telefonía celular, y le dispararon a su objetivo a través de las ventanillas, desde ambos lados del carro.

Los criminales huyeron en una motocicleta Yamaha XTZ, la cual dejaron abandonada tiempo después en una calle del barrio San Germán.

La víctima fue llevada de urgencias al Hospital General, con siete heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Aunque llegó inconsciente por la pérdida de sangre, los médicos lograron salvarle la vida.

En este punto, la trama comenzó a enredarse. Los familiares del paciente les mintieron a las autoridades y al personal de salud, indicando que el herido se llamaba Jorge Iván Duque Ríos; es decir, suplantaron la identidad de su hermano, quien también es cabecilla de la misma organización y es conocido como “Mi Sangre”.

“Duque” es un expatrullero de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana, que se cambió al bando de la mafia. Tiene antecedentes por receptación, concierto para delinquir, terrorismo y amenazas. Fue capturado el 11 de junio de 2017 en Cali y ya salió de la cárcel.

Un testigo explicó que dos sicarios, con trajes de empresa de telefonía, atacaron el carro por los dos lados. Foto de cortesía.

Durante varios días los investigadores trataron de confirmar la verdadera identidad del herido, mientras este permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, cuando les llegó una nueva información: que había un plan para rematarlo en su camilla. Ante esta situación, la Policía puso un uniformado como custodio en la entrada de la habitación.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que la presunta emisaria de la muerte apareció el jueves 7 de noviembre. Una mujer se presentó, diciendo que era una enfermera particular contratada por la familia del paciente.

Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”.

Por suerte para el herido, su esposa estaba ahí justo en ese momento, y le advirtió al custodio que no había contratado a ninguna enfermera. El policía detuvo a la mujer y llamó a los refuerzos.

Los agentes de la Sijín que llegaron al sitio verificaron las cámaras de seguridad y constataron que la sospechosa había ingresado al hospital por el acceso de urgencias, fingiendo ser una paciente, y que luego subió hasta el piso noveno a presentarse como enfermera.

Al revisarle el bolso le encontraron varias cuchillas de bisturí y una agenda, la cual contenía dos nombres apuntados en una hoja: Jorge Iván Duque Ríos y Johan David Duque Ríos, es decir, las identidades de los hermanos “Mi Sangre” y “Duque”.

La sospechosa fue llevada la sede de la Sijín en el barrio Caribe, donde le tomaron los datos de reseña, y después se la presentaron a una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, la cual la dejó en libertad argumentando que no se consumó ningún delito.

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EL CLAN DUQUE RÍOS

Fuentes policiales señalaron que la condición de salud de alias “Duque” es estable, pero todavía muy delicada. Es uno de los integrantes del clan Duque Ríos, oriundo de Valle del Cauca, vinculado a la actividad criminal en varias ciudades, especialmente en Medellín y Cali. Además de “Mi Sangre” y “Duque”, también pertenecen a él sus hermanos Diego Fernando (“Gordo Gualo”) y William Duque Ríos (“Fantasma”), todos con antecedentes penales.

De momento se desconoce quién está tratando de asesinarlo. Para los investigadores es claro que ya hubo un pago adelantado a una estructura sicarial y por eso quisieron rematarlo en el hospital.

No es claro cómo surgió el embrollo por la identidad del herido, pero el hecho de que la falsa enfermera tuviera una agenda con los dos nombres, indica que quienes lo quieren matar también tienen esa misma confusión.

En Medellín, los Duque Ríos lideran los combos de “la Imperial” y “el Diamante”. Hace una década trabajaban para “los Pesebreros”, el tentáculo de “la Oficina” en el occidente de Medellín, que comanda Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), pero luego se cambiaron de bando para “los Chatas”, del cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), lo que les generó enemistades en el mundo del hampa.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (15/NOV./24)

A la 1:00 de la madrugada del 15 de noviembre de 2024, los médicos del Hospital General reportaron la muerte de Jorge Iván Duque Ríos (“Mi Sangre”), luego de 13 días de agonía, producto de siete heridas de bala en el cuello, la espalda y los brazos. Esto implica que registraron la defunción, inicialmente, con la identidad errada.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (19/NOV./24)

Ante las dudas persistentes sobre la identidad del fallecido, el Instituto de Medicina Legal concluyó su necropsia el domingo 17 de noviembre, certificando que la víctima fue en realidad Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”. Eso implica que sus familiares les mintieron tanto a la Policía como a los médicos del Hospital General, a quienes les aseguraron desde la entrada a urgencias que el paciente era Jorge Iván Duque Ríos. El presente artículo fue modificado con base en esa nueva información.

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El Inspector.

Los alemanes están incrementando su presencia en nuestra nación, actuando como delegados de mafias europeas, y asociándose con grupos delincuenciales colombianos para el tráfico de narcóticos, incluso usando la darkweb. Esta es una investigación periodística realizada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El alemán Patrick Schmitz, experto en delitos por medio de la darkweb y dedicado a la brujería. En los recuadros, las estatuillas encontradas en su casa de Santa Marta. Foto cortesía de la Policía.

Un conflicto mafioso por el control del puerto de Hamburgo, uno de los mayores destinos de la cocaína en Europa Central, es una de las principales hipótesis de las agencias de seguridad para el inusitado aumento en la presencia de narcotraficantes alemanes en Colombia.

El caso más reciente es el de Marcel Mühlbach, quien figuraba en la lista de los 50 criminales más buscados de Europa. El hombre de 44 años construyó una doble vida desde su juventud. Para su familia y el gremio deportista, era un destacado peleador de artes marciales; para el hampa, un habilidoso traficante de drogas de alcance transnacional.

Ingresó al bajo mundo expendiendo metanfetaminas en las discotecas de Alemania, y cuando tuvo contactos se lanzó a la aventura de importar cocaína desde Colombia. Su forma de abrirse paso en la esfera de los narcos fue repartiendo golpizas y apretando el gatillo, por lo que Interpol lo reseñó en una Circular Roja como “armado, violento y extremadamente peligroso”.

Apareció en la lista de los más buscados en 2020, por lo que huyó hacia Turquía; luego, usando un pasaporte falso, tomó un vuelo a Ecuador. Allí, con el apoyo de redes de corrupción local, obtuvo una cédula falsificada a nombre de Fausto Eduardo Castro, y en 2022 se instaló en Colombia.

Según el general William Salamanca, director de la Policía, con esa identidad realizó 22 movimientos migratorios en los últimos dos años, desplazándose por diferentes destinos para asegurar la ruta de exportación de cocaína.

Su travesía terminó el pasado 27 de septiembre, cuando lo capturaron en el municipio de Rionegro, Antioquia.

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EL HACKER SATÁNICO
Antes de cerrarle el cerco a Mühlbach, las autoridades ya habían arrestado en Santa Marta a su compatriota Patrick Schmitz, quien tenía una orden de extradición por narcotráfico a Estados Unidos.

Según el reporte oficial, el extranjero era experto en el manejo de la darkweb, desde donde coordinaba la venta de cocaína y armas, lavado de activos, pornografía infantil, servicios de piratería cibernética (hacking) y transacciones ilegales con criptomonedas.

Se radicó en Colombia en 2015 y convirtió una lujosa cabaña de Santa Marta en su base de operaciones. Le instaló un circuito cerrado de TV para controlar los movimientos externos, y viajaba a hoteles de La Guajira para reunirse con sus principales clientes: los delegados del Clan del Golfo y del Cartel de Sinaloa, quienes lo contrataban por su reputación en la esfera de la ciberdelincuencia.

Desde la darkweb, ese rincón clandestino y encriptado de la internet, conectada compradores en el exterior con los proveedores colombianos, para luego despacharles la droga por contenedores contaminados en los puertos del Caribe. La mercancía pasaba por Centroamérica y su destino final era EE.UU. y Europa.

Las ganancias las invertía en bienes raíces en enclaves turísticos de Magdalena y La Guajira, asesorado por contadores corruptos que ayudaban a encubrir sus transacciones.

Hace nueve años era un blanco estratégico para la agencia Homeland Security Investigations (HSI), que logró ubicarlo en coordinación con la Policía colombiana.

El pasado 7 de julio fue allanada su casa, en el corregimiento turístico de Taganga. Los uniformados quedaron sorprendidos al sentir “una pesada energía en el ambiente”, según contaron después.

Schmitz tenía el recinto plagado de altares de brujería, con esculturas satánicas, calaveras y estatuillas de la santa muerte, la deidad pagana de los narcos mexicanos.

La protección del más allá no le sirvió y ahora está en la cárcel La Picota de Bogotá, pendiente de su trámite de extradición para responder ante la Corte Distrital de Nueva Jersey, EE.UU.

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BUSCANDO CREAR UNA RUTA
La cooperación entre Colombia y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) permitió otro arresto el 3 de febrero de 2024. Esa vez el objetivo fue Pouya Mohmini, un traficante con nacionalidad alemana e iraní.

Los investigadores creen que vino a nuestro país a concretar el aprovisionamiento de cocaína con la disidencia de las Farc autodenominada Estado Mayor Central (EMC).

Para eso se radicó en el municipio de Jamundí (Valle), donde al parecer sostenía las reuniones con los disidentes, los cuales controlan enormes cultivos de coca y laboratorios de procesamiento en Valle, Cauca y Nariño.

Los agentes lo detuvieron en el barrio Ciudad Jardín, de Cali, y al requisarlo se presentó con una identidad falsa a nombre de Reza Raskshan.

A Mohmini lo buscaba un tribunal de Hannover (Alemania), bajo cargos de tráfico de drogas y armas.

Al parecer está involucrado en un sonado caso registrado en febrero de 2021, cuando las autoridades aduaneras interceptaron un despacho de 16 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo, el cual había sido enviado desde la costa de Paraguay. El episodio fue catalogado como la más grande incautación de cocaína en la historia alemana.

Otro germano rastreado por los organismos de inteligencia fue Stefan Menge. Este hombre de 52 años al parecer cumplía una función particular: coordinar puntos de acopio de la cocaína colombiana en las islas del Caribe, para reunir grandes cantidades en la ruta de exportación a Europa.

El 14 de julio de 2023 fue detenido en una vía de la ciudad de Santiago, en República Dominicana, conduciendo una moto de alto cilindraje. Lo deportaron a Frankfurt, Alemania, donde tenía un proceso penal por narcotráfico.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

ANTECEDENTE CERCANO
Hace mucho tiempo que no se registraban capturas tan frecuentes de narcos alemanes en suelo colombiano y sus alrededores. El antecedente más cercano hasta ahora era el de Miro Niemeier Risvanovic, quien en Berlín tenía antecedentes por hurto calificado, extorsión y lesiones personales (de 1996 a 2014).

Viajó a Colombia y se convirtió en socio del Clan del Golfo, administrando una ruta de cocaína en la frontera con Panamá. “El Ruso”, como le decían, enviaba droga en pequeñas cantidades por la selva del Tapón del Darién, empleando migrantes, hasta reunir al otro lado varias toneladas.

Fue capturado en 2016 en Cartago (Valle), junto a once colombianos involucrados en la red. De forma insólita, un juez le dio casa por cárcel, de la cual se fugó a Italia. Allá fue detenido de nuevo y deportado a Colombia en 2017, pero a los cinco meses le volvieron a dar la libertad condicional, tras pagar un soborno de $400 millones por un falso diagnóstico de cáncer.

En ese tiempo de conflictos judiciales, Niemeier enamoró a una patrullera de la Dirección Antinarcóticos que lo investigaba. En contravía de su oficio, la policía se convirtió en su novia y viajaba con él en un automóvil por una vía de Pereira, el 9 de octubre de 2018, cuando el alemán fue acribillado por sicarios.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO AQUÍ?
Documentos de Europol e informes del centro de pensamiento Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Giatoc), indican que el puerto de Hamburgo es el principal destino de la cocaína que llega por ruta directa a Alemania, que los envíos desde Colombia se han incrementado en los últimos años y que las mafias están en una cruenta disputa por el dominio de ese terminal marítimo.

“La cantidad de cocaína incautada en Alemania se ha multiplicado por siete, de 5 toneladas en 2018 a 35 toneladas en 2023 (…). Y con el continuo exceso de oferta de cocaína en los países de origen (la producción se ha duplicado desde 2014), la ruta de cocaína hacia Alemania está más empleada”, resalta Giatoc.

Los datos de Europol sugieren que Alemania no tiene un cartel propio, sino que su mercado de drogas es disputado por grupos transnacionales como la ‘Ndrangheta italiana, facciones de Los Balcanes y la Mocromafia (conformada por neerlandeses de ascendencia marroquí). Tales organizaciones usan el territorio germano como punto de distribución de los estupefacientes, para llevarlos luego a las plazas de Europa Central y la península escandinava, donde un kilo de cocaína puede venderse hasta por 50.000 euros.

Dada la disputa entre esos grupos extranjeros por el puerto de Hamburgo, contratan a traficantes alemanes para sus operaciones en ese país, y algunos de ellos son enviados a Colombia para consolidar no solo el punto de destino, sino la ruta completa desde el lugar de origen.

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que los delincuentes alemanes que se han detectado aquí entablaron negocios con el Clan del Golfo, principalmente, y después con el Estado Mayor Central de las Farc. En dichas sociedades no solo se exporta a Hamburgo, sino a otros puertos europeos de mayor importancia estratégica, como Rotterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica), y los españoles de Algeciras, Valencia y Barcelona (ver mapa).

En menor medida, usan correos humanos para enviar pequeñas cantidades a través de aeropuertos, así como vuelos charter con caletas adaptadas.

Prefieren exportar desde Urabá y el Caribe, al igual que el puerto de Guayaquil (Ecuador), contaminando con droga los contenedores de banano, aguacate y camarón.

Durante su estadía en Colombia, los narcos alemanes suelen asumir fachadas de comerciantes e inversionistas en negocios de propiedad raíz, hotelería, tecnología y comercio electrónico. Se dan “la gran vida”, una que casi siempre termina en la cárcel.

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El Inspector.

De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido fue Keiler Álvarez Tabares (también llamado Matías Álvarez Tabares, luego de un cambio de nombre), quien departía con su familia en el municipio de Montenegro, Quindío. Esta es la reseña del caso de El Colombiano, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la detención de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), en un hotel de Montenegro, Quindío. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre, apodado “Keiler” o “el Faraón”, tiene entre sus antecedentes penales haber sido jefe de sicarios de la banda “la Terraza”, razón por la cual fue capturado en abril de 2019 por concierto para delinquir agravado.

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Esta vez la orden de arresto era por homicidio agravado y tráfico de armas. Así se lo hicieron saber los policías que lo arrestaron este viernes 28 de junio en el parqueadero de un hotel turístico de Montenegro.

El crimen que le endilgan ocurrió el 7 de marzo de 2024 en el barrio Los Balsos, del suroriente de Medellín. Allí un grupo de sicarios asesinó a tiros a “Pichi Gordo” y a su acompañante Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”); también resultó herido por una bala perdida el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”. Cortesía.

Según las fuentes cercanas al caso, “Keiler” fue trasladado a Medellín el fin de semana, para la audiencia de control de garantías, en la cual el juzgado estimó que en la captura hubo un procedimiento irregular, pues al parecer los policías habrían registrado el hotel en el cual se albergaba sin la respectiva orden de allanamiento y registro.

En consecuencia, decretó la libertad de Álvarez, aunque sigue vinculado al proceso.

“Pichi Gordo” fue jefe militar de “la Oficina” y miembro de la cúpula de “la Terraza” por mucho tiempo. Fue capturado en 2013 en Panamá y condenado a 16 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Por los beneficios jurídicos que contempla la ley, apenas estuvo siete años tras las rejas y recobró la libertad en 2020.

El Gobierno Nacional lo nombró gestor de paz en 2023, en el marco de la mesa de diálogos sociojurídicos con los voceros de las bandas del Valle de Aburrá, reunidos en la cárcel de Itagüí.

De hecho, su muerte fue rechazada por el propio presidente Gustavo Petro, quien trinó en ese momento: “La muerte de Édinson Rodolfo Rojas en Medellín es un atentado contra el proceso de paz que el gobierno nacional adelantaba con las bandas locales en el valle de Aburrá”.

De acuerdo con la investigación judicial, “Keiler” fungía como presunto jefe de sicarios al servicio de Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), otro de los líderes de “la Terraza”, quien al parecer busca controlar a esa organización, lo cual da pistas sobre los móviles del homicidio de “Pichi Gordo”.

Así se expresó el presidente de Colombia, un día después del homicidio de “Pichi Gordo”.

“La Terraza” opera como una confederación de bandas, las cuales tienen injerencia en las comunas de Manrique, Aranjuez, La Candelaria, Castilla y Doce de Octubre, en Medellín; y también redes delictivas en el Oriente y el Suroeste antioqueño.

Su cúpula está conformada por varios cabecillas, entre los cuales se destacaban alias “Douglas”, “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Rayo”, “el Compa” y el finado “Pichi Gordo”.

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El Inspector.

El astro del fútbol colombiano terminó extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos, compartiendo la deshonra con otros ídolos salpicados por los negocios del hampa.

La penetración del narcotráfico en el fútbol colombiano se detectó en los años 80. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

Esta historia es narrada por El Inspector en la segunda temporada del pódcast Revelaciones del Bajo Mundo, titulado: “Los futbolistas convocados por la mafia colombiana”.

El episodio explica la forma en que la mafia ha penetrado los equipos más famosos del país, cobrando las vidas y reputaciones de varias estrellas que se dejaron envolver por el torbellino de la cocaína.

La crónica sonora rememora el asesinato de un árbitro, que obligó a cancelar el torneo profesional; las capturas por posesión de drogas de algunos jugadores de la Selección Colombia; y las muertes de otros “cracks” que quedaron atrapados en las disputas de poderosos carteles.

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Escucha todos los episodios en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. También en YouTube y las páginas web de El Colombiano y Q’Hubo Medellín, y en la playlist que encuentras aquí en el blog.

Jhon Viáfara fue extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos. Foto cortesía de la Policía,

A continuación, puedes darle click a los siguientes enlaces para disfrutar cada episodio de la segunda temporada:

Capítulo 1: “La Barbada”: Crímenes de una bruja sangrienta.

Capítulo 2: El extranjero que silenció la música de Valentina.

Capítulo 3: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 1].

Capítulo 4: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 2].

Capítulo 5: Los futbolistas convocados por la mafia colombiana.

Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico que combina el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas. La primera temporada del pódcast se lanzó en septiembre de 2022 y la segunda comenzó en agosto de 2023. ¡No se la pierdan!

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El Inspector.

Este doble homicidio se suma al asesinato de un abogado en el municipio de Andes, Antioquia, perpetrado en menos de 24 horas y también con el sello del crimen organizado. Aunque no hay indicios de que estén relacionados, ambos apuntan a encargos de la mafia.

En este vehículo iban los dos hermanos asesinados por sicarios en la avenida Las Palmas, en Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

El primero de los hechos ocurrió el pasado 4  de octubre en el corregimiento Tapartó, de Andes. El abogado Rafael Darío Zapata Ospina conducía una camioneta en compañía de otra persona, cuando fue interceptado por delincuentes motorizados en una vía de la vereda La Siria.

Los criminales dispararon en movimiento e impactaron a Zapata, quien perdió el control del volante y acabó estrellado contra una ladera. El parrillero se bajó de la moto y remató al conductor de múltiples disparos, dejando también herido a su acompañante.

Rafael Zapata había sido agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en los años 90. Luego se desempeñó como secretario de Educación de Andes. Miembro de un clan familiar con raíces en la política, poseía una finca ganadera en Tapartó y uno de sus hermanos es Jaime Zapata, director de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente de Antioquia.

Quienes lo conocían, indicaron que Zapata también litigaba como abogado defensor en procesos penales y que hace 15 años sobrevivió a un ataque sicarial en el centro de Andes.

En esta camioneta iba el abogado Rafael Zapata, cuando fue asesinado en una carretera de Andes, Antioquia. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

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Al día siguiente (octubre 5) se presentó otro ataque en el barrio San Diego, de Medellín, sobre la avenida Las Palmas. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los hermanos Ángel Enrique y Didier Julián Galindo Agudelo, de 42 y 32 años respectivamente, viajaban en un carro por la citada avenida, que conecta a la capital antioqueña con el aeropuerto de Rionegro.

A las 4:20 p.m. fueron interceptados por dos matones en motocicleta, quienes abrieron fuego contra el automotor. Los hermanos, heridos de muerte, trataron de huir saltando el separador vial, quedando en contravía sobre la calzada opuesta.

Allí se produjo una colisión que involucró una camioneta, un automóvil y un bus de servicio público. Tres personas que viajaban en esos vehículos resultaron heridos.

En cuanto a los hermanos, que fallecieron en el ataque, la Fiscalía señaló que eran del municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

En la base de datos judiciales, Ángel Enrique aparecía reseñado como presunto indiciado por los delitos de estafa, amenazas, hurto y extorsión, cometidos por fuera de Antioquia. En cuanto a Didier Julián, figuraba como testigo en un caso de homicidio perpetrado en Barrancabermeja, Santander.

En ambos casos los sicarios lograron darse a la fuga.

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El Inspector.

La entidad estatal informó que la venta se hará por medio de El Martillo, la subasta virtual del Banco Popular, y está programada para los próximos 24 y 25 de octubre. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el Ferrari 812 Superfast modelo 2020, incautado a Juan José Valencia (“Falcon”). Foto cortesía de la SAE.

Según el Twitter de la SAE, los vehículos “aún huelen a nuevo”: “Los ferraris de la mafia serán para la inversión social. El recaudo será destinado a los propósitos del Gobierno de Nacional de Gustavo Petro”.

Se trata de un Ferrari Portofino blanco, modelo 2019, con apenas 1.717 kilómetros de uso; un Ferrari 488 Spider gris, modelo 2019 y 1.703 km; y un Ferrari 812 Superfast rojo, modelo 2020, con 806 km de recorrido.

Aunque el banco anunció que se trata de una subasta con precio base oculto, en su página web aparecen los valores de depósito previo para cada carro: si quiere el blanco, debe tener como mínimo $194’632.857: por el gris, $206’841.954; y por el rojo, $349’898.149.

Estos vehículos de alta gama fueron importados a Colombia desde Italia, según la Policía, por Juan José Valencia Zuluaga, alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao”. Este hombre de 40 años, oriundo de Medellín, fue extraditado a EE. UU. el pasado 27 de junio, por cargos de narcotráfico.

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Este es el Ferrari Portofino blanco, modelo 2019, que también será subastado. Foto cortesía de la SAE.

Las autoridades de ambos países lo señalan de ser un socio estratégico del cartel narcoparamilitar Clan del Golfo, al cual al parecer le manejaba los negocios en el departamento de Bolívar y la zona portuaria de Cartagena, hasta el momento de su captura, el 7 de mayo de 2021.

La Dirección Antinarcóticos allanó su vivienda en la vereda Llanogrande, del municipio antioqueño de Rionegro, una fastuosa propiedad de 9.000 metros cuadrados, con zona deportiva y piscinas (una de ellas con agua traída del mar Muerto), en la cual almacenaba más de 30 vehículos.

En su garaje estaban los tres ferraris, seis motos customizadas, ocho camionetas y autos clásicos de colección, entre otras bellezas adquiridas presuntamente con dineros ilegales.

Además de sus actividades delictivas, Valencia tenía negocios de construcción y propiedad raíz, que le daban la fachada de próspero empresario. Así hizo amistad con varios artistas de la farándula nacional, que asistían a fiestas y conciertos privados en su palacio de Llanogrande.

Fuentes cercanas al caso contaron que fue un reguetonero paisa, amigo de “Falcon”, quien lo convenció de comprar los ferraris.

Este es el Ferrari 488 Spider, modelo 2019, con 1.703 k.m. de uso. Foto cortesía de la SAE.

El artista, cuyo nombre reservaron las fuentes, ya tenía una colección de esta clase de automotores, y le transmitió ese gusto al narcotraficante.

La importaciones se hicieron entre 2019 y 2020. El más costoso fue el Ferrari 812 Superfast rojo, capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en solo 2,9 segundos, y el cual fue traído desde la ciudad italiana de Venecia por un valor cercano a los $1.200 millones.

A su esposa le trajo el Ferrari Portofino blanco, por $950 millones; y completó la colección con el Ferrari 488 Spider gris, por el que pagó cerca de $810 millones.

Con ellos salía a rodar por las vías que conectan a Rionegro con Envigado y Medellín, como la avenida Las Palmas, en compañía de su amigo reguetonero, sin sospechar que las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos le seguían la pista.

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El Inspector.

De acuerdo con investigadores judiciales consultados por Revelaciones del Bajo Mundo, los encargados de esos “trabajos” no necesariamente son integrantes de bandas, sino terceros especializados en esa truculenta modalidad, que trabajan bajo contrato.

Así fueron encontradas las dos mujeres en el barrio La Navarra, de Bello, en límites con Copacabana. El caso está ligado con el hallazgo de la noche anterior en la vereda El Noral de este último municipio. Foto de cortesía.

A las 8:45 p.m. del viernes 18 de junio de 2021, un hombre asustado llegó a la estación de Policía del municipio de Copacabana. Les dijo a los uniformados que acababa de ver un cadáver en la vereda El Noral.

Una patrulla se dirigió a la zona para verificar la información. En el sector conocido como El Chamito encontraron a la víctima, era un área boscosa, sin iluminación cercana ni cámaras de vigilancia.

El cuerpo estaba envuelto en papel adhesivo transparente, también llamado papel chicle. La forma en la que se cometió el homicidio quedó por establecer, pues los técnicos forenses de la Sijín se lo llevaron para Medicina Legal sin abrir el “capullo”. Horas más tarde, fue identificado como Wilson Alfonso Zapata Guisao, de 51 años y contratista de construcción.

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Cinco horas después se presentó un hallazgo similar, no muy lejos de allí. A la 1:40 de la madrugada en el barrio La Navarra, del vecino municipio de Bello, un mendigo alertó sobre los cuerpos a una patrulla que estaba cerca del peaje de Niquía.

En una manga de la diagonal 52 con la avenida 20, a un costado de la vía Bello-Copacabana, fueron dejados los dos cadáveres, envueltos de la misma manera que el caso anterior: con papel chicle y cinta adhesiva. Las víctimas resultaron ser dos mujeres: Diana María Jaramillo Henao y Nubia Isleny Pérez Cárdenas.

Las pesquisas preliminares apuntan a que Nubia, de 50 años, era la pareja de Wilson, y que Diana, de 49, era amiga de él. Los tres vivían en el barrio Cinco Estrellas (comuna de Fontidueño), en Bello, donde Diana además era líder comunitaria. Lo último que se supo es que fueron a cumplir una cita al barrio La Gabriela.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que los agentes de la Sijín ya están tras la pista de este caso.

Una situación que resalta es la manera en que envolvieron los cuerpos. Esta es una práctica común en el Valle de Aburrá, ejecutada por criminales expertos en esta clase de labores, que son contratados por bandas ilegales. De hecho, es el séptimo hallazgo de este tipo en el año y, si miramos años atrás, se presenta con cierta frecuencia (ver las notas relacionadas).

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Entre las organizaciones que acostumbran a contratar estos servicios están “la Oficina”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “los Triana”, “los Mondongueros” y “Caicedo”, entre otras.

Las víctimas suelen ser asesinadas en otros lugares, transportadas en vehículos durante la noche y abandonadas en sitios estratégicos, bien sea para evitar ser observados mientras sacan los cuerpos de los carros, o porque se trata de lugares cercanos a las facciones enemigas, para enviarles un mensaje de advertencia.

Otras modalidades detectadas en esta región incluyen abandonar los cadáveres dentro de taxis o automóviles particulares; el desmembramiento de los despojos humanos; la incineración del cuerpo y del lugar circundante; envoltura en sábanas, costales, colchones y basura, o con bolsas plásticas aprisionando la cara; introducción del occiso entero o sus partes en maletas o canecas que se abandonan en la calle; meter a la víctima en un recipiente o una fosa y vaciarle cal y cemento, entre otros.

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La prensa, la comunidad y las redes sociales le han atribuido toda serie de adjetivos a estos hallazgos: embolsados, enmaletados, descuartizados o encostalados, por citar algunos.

Estas aberraciones tienen un factor común: es muy difícil detectar a quienes las cometen y la mayoría quedan impunes. De hecho, las capturas de estos “carniceros” son muy inusuales.

Los investigadores judiciales relataron que, por lo general, las víctimas son asesinadas por una persona, pero es otra la que tiene la misión de deshacerse del cuerpo. De modo que, en el eventual caso de una captura, “es complicado imputarles el delito de homicidio, o tal vez solo en la modalidad de cómplices, que da menos años. También cabe judicializarlos por el cargo de irrespeto a cadáver, que si mucho da tres años de cárcel”, manifestó uno de los agentes.

Algunos de los “despachadores” de cadáveres más conocidos en el bajo mundo son alias “Carracas”, un expolicía del Gaula, señalado de hacerle esta clase de “favores” a la banda “la Oficina” y a las autodefensas paramilitares. Lo último que se supo de él fue que su familia reportó su desaparición en México, en 2014.

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El otro es conocido como “Guateque”, un exparamilitar mencionado en las averiguaciones por la muerte y desaparición de algunos cabecillas de las mafias de Medellín, Envigado y Bello, en la década del 2003 al 2013. Lo último que se supo de él es que se movía en el occidente de Medellín, entre Robledo y San Cristóbal, donde en 2018 fue detenido por la Policía. Un juez lo liberó al día siguiente, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

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Los continuos hallazgos de víctimas, cuyos despojos aparecen de las maneras descritas en este artículo y en las notas relacionadas, hacen suponer que hay más carniceros de su tipo, actuando de forma impune en el Valle de Aburrá, un lugar donde al parecer abundan las personas que pagan por aniquilar.

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El Inspector.

Se trata de Jaime Eduardo Cano Sucerquia, alias “Jota”, quien según la investigación de la Fiscalía sería un contacto en Colombia de la ‘Ndrangheta, la organización criminal surgida en la región de Calabria y una de las más poderosas de Europa en la actualidad. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Jaime Cano, alias “Jota”, capturado en el barrio Pedregal de Medellín. Foto cortesía de la Policía.

La detención se produjo el pasado 10 de febrero, en una esquina de la calle 105 con la carrera 75 del barrio Pedregal, en el noroccidente de la ciudad. Hasta allá llegaron agentes del CTI y soldados del batallón de Infantería N° 32 General Pedro Justo Berrío, en cumplimiento de una orden judicial de arresto.

En la audiencia de control de garantías, “Jota” fue presentado ante el Juzgado 17 Penal Municipal de Medellín. María Elena Monsalve Idrobo, jefa de la Dirección de Fiscalías contra el Narcotráfico, contó que le imputaron cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, los cuales rechazó el procesado.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador expuso que Cano sería el presunto encargado de coordinar la logística de los despachos de droga que salen por vía marítima hacia los puertos del Mediterráneo, en la modalidad de contaminar con el alijo los cargamentos de comida de exportación.

“Alias ‘Jota’ habría participado en el envío de 63 kilos de cocaína que fueron descubiertos en Livorno (Italia), camuflados entre cajas de banano colombiano, en agosto de 2015. Adicionalmente, estaría involucrado en otro evento en el que las autoridades internacionales encontraron un cargamento de 150 kilos de estupefaciente en la frontera entre México y Guatemala”, comunicó la Fiscalía en su reporte del caso.

ANTECEDENTES

La relación de los narcos de Medellín con los italianos se originó a finales de los años 80, durante la expansión transnacional del cartel de Pablo Escobar y sus socios. En ese entonces, la Camorra Napolitana y la Cosa Nostra (Sicilia) eran los principales aliados italianos en la ruta de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Hoy en día, con otros narcos involucrados en este comercio ilegal, el protagonismo lo asumió la mafia ‘Ndrangheta, cuyos pasos en nuestra ciudad comenzaron a hacerse visibles hace ocho años con la captura de Domenico Trimboli, alias “Pasqale”, uno de sus cabecillas.

Este hombre, de ascendencia italoargentina, tenía a sus hijos viviendo en el barrio Laureles y durante una de sus visitas, en abril de 2013, fue arrestado por Interpol. Debido a un error en el trámite judicial quedó libre, pero de nuevo le pusieron las esposas en junio de 2014, en el municipio antioqueño de Caldas.

De izquierda derecha: Iacomino Tomasso, Roberto Pannunzi y Domenico Trimboli. Fotos cortesía de la Policía.

Otro caso fue el de Iacomino Tomasso, alias “Salvatore Cafareillo”, miembro de relevancia en la Cosa Nostra. Fue capturado en Colombia en 2006 y luego extraditado a Italia. Tras pagar su condena, salió de la cárcel y regresó a nuestro país, donde fue detenido de nuevo en febrero de 2013, en Bogotá.

En Medellín también tenía residencia Roberto Pannunzi, apodado “Bebé” o el “Pablo Escobar europeo”, quien era señalado de exportar dos toneladas de cocaína mensuales al Viejo Continente, para la ‘Ndrangheta. Fue detenido en julio de 2013 en un centro comercial de Bogotá, cuando portaba una cédula falsa con identidad venezolana.

Y en abril de 2016 la Policía detuvo también en la capital a Enricco Muzzolini, otro delegado italiano involucrado en negocios ilícitos entre Medellín y Europa.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos contaron que las rutas más empleadas por los traficantes de esa alianza parten de la costa Atlántica colombiana y el Caribe venezolano, con destino a los puertos de Rotterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) y Génova, Livorno, Napoli y Cagliari (Italia).

Al final de la audiencia de control de garantías de “Jota”, el juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel. Por el momento, la Fiscalía no ha recibido peticiones de extradición por parte de la justicia europea.

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El Inspector.

La información salió de boca de Johan Alberto Ochoa Vidal, alias “Bambam”, quien según la investigación de la Policía y la Fiscalía, coordinaba a “los Chaceros”, una célula de la organización criminal “la Terraza” que traficaba estupefacientes en el Parque Lleras, en el suroriente de la ciudad.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El seguimiento a “los Chaceros” incluyó videovigilancia, en la que se observa cómo vendían las drogas a los turistas y visitantes del parque Lleras. Foto cortesía de la Policía.

En el diálogo interceptado, “Bambam” (interlocutor 2) le contó a otro hombre (interlocutor 1) que hubo una reunión de la mafia en el barrio El Salvador, para definir “quién se iba a quedar con esa vuelta”.

- “Bambam”: “No, y ya a todo mundo le está dando güevonada, no ve que todo el que se mete allá se cae (…). Ya les da miedo”.

- Intelocutor 1: “¿Quién se va a quedar con ‘la Oficina’?”.

- “Bambam”: “Todavía no se sabe. Por allá por los lados del Norte como que hay gente que queda del lado de él, y que también son candidatos”.

En esta última frase, cuando “Bambam” habla del “Norte” se refiere al municipio de Bello, y al decir “del lado de él”, es una alusión a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”. Este hombre es cabecilla de la banda “los Chatas” de Bello y el último jefe de la estructura ilegal “la Oficina”, la principal confederación de combos del área metropolitana.

“Tom” fue arrestado en diciembre de 2017 y desde entonces nadie ha asumido el control de “la Oficina” en la calle. Sus redes son coordinadas desde las cárceles, por el mismo “Tom” y por otros líderes como José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), según fuentes judiciales.

En las conversaciones de “Bambam” también se afirma que algunos de los casos de desmembramientos en la capital antioqueña, con cadáveres abandonados en bolsas en plena vía pública, harían parte de una pretensión del crimen organizado de afectar la imagen política del alcalde Federico Gutiérrez, mediante el ataque a su bandera de gobierno: la seguridad ciudadana.

“Bambam”, junto a otros 12 secuaces de “los Chaceros”, fue capturado hace dos semanas. Las autoridades no pudieron profundizar en su conocimiento de la situación, porque el 2 de noviembre, antes de iniciar la audiencia de control de garantías en el Palacio de Justicia, escapó de sus custodios y se quitó la vida lanzándose al vacío por una ventana del piso 16.

SIN UN GRAN JEFE EN LA CALLE

En la actualidad, “la Oficina” y sus combos aliados son coordinados desde las prisiones por los citados cabecillas, razón por la cual el alcalde Gutiérrez y el presidente Iván Duque han pedido ayuda al gobierno de Estados Unidos para que los extradite.

“La Oficina” es un blanco estratégico para la Casa Blanca desde 2014, cuando la designó como una organización narcotraficante internacional de alta importancia (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de EE.UU. contra “la Oficina”).

La cooperación entre agencias de seguridad de ambos países ha sido clave para capturar en los últimos dos años a los cabecillas y a sus principales socios y subcomandantes, como “Vallejo”, “Mauricio el Grande”, “Pichi Belén”, “Richard” y “el Chivo”.

Los jefes de “la Oficina” tienen lugartenientes importantes en las calles, como el expolicía “Barbosa”; alias “Colmillo”, cabecilla de la banda de “Caicedo”; “Toño”, del grupo de “Robledo”; “Chicho”, de “la Terraza”; y “el Indio”, de “Trianón”. Sin embargo, estos personajes no tienen la suficiente capacidad para regentar a todas las bandas del Valle de Aburrá. Hoy en día, el crimen organizado de Medellín no tiene un “gran jefe”, como en aciagas épocas pasadas.

El Inspector.

Aunque se cree que puede haber más víctimas en este caso, las autoridades apenas están atando los cabos. La historia quedó expuesta en una investigación periodística de El Colombiano, cuyo título original es “Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas”. Por considerarlo de interés para sus lectores, Revelaciones del Bajo Mundo reproduce el reportaje a continuación.

De un apartamento de la urbanización Trigales, en El Poblado, robaron el tesoro de la organización Clan del Golfo o “los Urabeños”, en octubre de 2017. Foto de Róbinson Sáenz.

El vigilante hacía el aseo en la portería del edificio Trigales, en El Poblado, cuando con el rabillo del ojo captó algo extraño en el monitor de las cámaras de seguridad. Desconocidos salían del apartamento 610, cargando unas cajas de cartón. Eran las 00:44 del 15 de octubre de 2017, por lo que era improbable que se tratara de un trasteo. Por radio le ordenó al rondero que subiera a averiguar qué pasaba, y cuando pretendía informar a la empresa de vigilancia, un hombre irrumpió en el recinto, le apuntó con un revólver y le dijo que se encerrara en el baño.

Ajeno a la situación, el rondero caminaba hacia el ascensor. Le llamó la atención que en el parqueadero había una camioneta gris de vidrios polarizados, obstruyendo la salida. En ese instante se abrió la compuerta del elevador. “No se haga matar, que esto no es con usted”, le advirtió un delincuente, empuñando una pistola con silenciador. Pálido del susto, observó que cinco personas, incluida una mujer, abordaban la camioneta, llevando cajas repletas de dinero.

Después de cinco minutos interminables, el vigilante abrió la puerta del baño. Ya no estaba el hombre armado, pero se había llevado el radio portátil y el DVR con la grabación de las cámaras. Recordó que en el 610 vivía hacía dos meses el inquilino Jhon James Palacio Madrid, de 39 años, quien nunca salía del apartamento. Algo grave había pasado.

El reporte preliminar de las autoridades señaló que los patrulleros encontraron la puerta entreabierta, un equipo de sonido encendido y algunos billetes regados en el suelo. En el baño yacía el cadáver de Palacio, con cuatro heridas de puñal en la cabeza.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó en ese entonces que en el lugar había una importante suma de dinero, que fue robada, sin dar más detalles.

Fuentes judiciales, que solicitaron la reserva de la identidad por tratarse de una investigación en curso, explicaron a este diario que el apartamento escondía una caleta de la organización narcotraficante Clan del Golfo, con un botín estimado de 20.000 millones de pesos.

El paradero de la fortuna ilícita se desconoce, pero la codicia por ese tesoro de la mafia está dejando una estela de sangre en las calles de Medellín. El Colombiano conoció que las autoridades investigan cuatro asesinatos, entre ellos el de Jhon Palacio, que al parecer estarían relacionados con el incidente de la caleta.

UNA CITA FATAL
El 6 de abril de 2018 el comerciante Carlos Andrés González Gómez, de 32 años y nacido en el municipio de Ciudad Bolívar, recibió una llamada que lo dejó perplejo. Un tal Darío le dijo que tenía que rendir cuentas por un atentado ocurrido en Las Palmas y lo citó a una reunión en el edificio Moderatto, ubicado en el barrio Conquistadores de Medellín.

Comerciante Carlos Andrés González, asesinado en abril de 2018. Cortesía.

Según el informe oficial del caso, González llegó en automóvil a las 7:30 p.m. de ese día, portando un morral con 3’450.000 pesos en billetes de $50.000. Le pidió a su cuñado que lo esperara con el motor encendido, mientras entraba a la recepción a preguntar por Nando, al parecer la mano derecha de Darío. Ingresó a la edificación, anunció su llegada y a los pocos segundos arribaron dos hombres en una motocicleta Yamaha negra.

El parrillero, cubierto con el casco, se bajó con una pistola 9 milímetros y persiguió al comerciante hasta el parqueadero, donde le quitó la vida a balazos. Cuando quería huir, el cuñado de la víctima embistió la motocicleta con el carro, y no le dejó más opción que correr junto a su compinche.

La moto abandonada la incautó el CTI. Al verificar la placa en la base de datos judicial, los investigadores hallaron una coincidencia. El año pasado (09/9/17) la Policía había detenido a un presunto sicario con esa moto: Kevin Samir López Mejía, con antecedentes por porte ilegal de armas y de estupefacientes.

El mismo muchacho, de 27 años, está implicado en otro homicidio ocurrido el pasado 18 de febrero en Barranquilla. El finado fue Juan de Dios Perdomo Bonilla, de 52 años y quien posaba de agente deportivo; solía andar con carnés y tarjetas fraudulentas de la Federación Colombiana de Fútbol y el Consulado de la República de Malta.

Lo abalearon en plena vía pública y en la reacción policial fue capturado Kevin López, con dos pistolas, tres proveedores y un silenciador. El general Mariano Botero, comandante de la Policía de Barranquilla, indicó a los medios locales que el detenido había sido enviado desde Medellín por una oficina de cobros sicariales, que ordenó la muerte de Perdomo por un negocio que salió mal en la capital antioqueña, aunque sin precisar de qué tipo.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el comerciante Carlos González hacía parte de una investigación preliminar por su supuesta participación en el hurto de la caleta de El Poblado, aunque a la fecha de su muerte no le habían expedido orden de captura. Lo que sucedió después de su partida al más allá, arrojó mayores intrigas a este expediente.

Juan Perdomo, asesinado en Barranquilla, se identificaba con este carné falso de la Federación Colombiana de Fútbol. Cortesía.

CAZADORES DEL TESORO
Al mismo tiempo que los técnicos del CTI inspeccionaban la escena del crimen, en la que quedó el cuerpo de González, un hecho inusual se presentaba en su apartamento del edificio Azure, a seis cuadras de distancia, en el mismo barrio Conquistadores.

Testigos narraron a los agentes que un grupo de personas entró con llaves al apartamento 801 y extrajo varias cajas de cartón y bolsas negras de basura. Las guardaron en dos camionetas y se fueron. La hipótesis del caso apunta a que allí estaba guardado el tesoro del Clan del Golfo y que lo trasladaron a otro escondite.

A los seis días, a las 3:47 p.m. del 12 de abril de 2018, cinco hombres llegaron a la entrada de Azure. Tocaron el timbre del citófono, mas nadie les abrió. Tal cual consta en las grabaciones de las cámaras de seguridad, de sus mochilas sacaron chaquetas y gorras con los emblemas de la Policía, pero los tatuajes y corte de cabello de uno de los ellos, hacen dudar de que en verdad se tratara de servidores públicos.

Permanecieron 16 minutos ante la puerta de la edificación, con el aparente propósito de simular un allanamiento, y luego se fueron. Se presume que querían subir al apartamento de González y esa idea está respaldada por los hechos de la noche siguiente.

A las 10:33 p.m. del 13 de abril de 2018, las cámaras de Azure captaron a dos hombres que se aproximaron a la puerta levadiza del garaje. Intentaron levantarla a la fuerza, pero no pudieron. Cinco minutos más tarde regresaron con refuerzos, y entre seis personas la alzaron parcialmente, rompiendo el mecanismo de seguridad conectado al motor de la puerta.

Mientras unos cómplices vigilaban afuera, arrimaron en reversa un automóvil Nissan March gris a la rampa de acceso al garaje, para encubrir lo que hacían, y taparon la placa con una chaqueta. Una mujer que hablaba por celular les transmitía las órdenes a los demás, que se pusieron guantes de látex para no dejar huellas y abordaron el ascensor hacia el octavo piso.

Los hombres con atuendo de policías que intentaron ingresar al edificio Azure. Cortesía.

Allí se toparon con una sorpresa: la puerta del apartamento 801 era blindada. Fracasaron forzando la chapa con una barra metálica y como último recurso le dispararon varias veces, sin lograr abrirla. La bulla alertó a los vecinos del 802, que se asomaron y fueron encañonados por los invasores.

El asalto estaba durando más de lo pensado y la banda al parecer se sintió expuesta cuando a la entrada del edificio llegó un domiciliario a las 10:53 p.m. El joven timbraba y nadie le respondía, así que decidió esperar.

Seis minutos más tarde apareció una patrulla motorizada de la Policía. Uno de los uniformados entabló conversación con el domiciliario, al tiempo que su compañero hacía algo que los detectives consideran sospechoso: encendió las luces de sirena de la moto por cinco segundos y luego las apagó. Se cree que era una señal en clave, porque en breve empezaron a salir los asaltantes por el estacionamiento.

Uno de los policías requisó a dos y el colega intentó perseguir a otro, pero todos se evadieron del lugar y se llevaron el carro sin mayor dificultad. Los patrulleros quedaron solos, y apenas en ese instante, a las 11:05 p.m., ingresaron al garaje y reportaron a la central que hubo un intento de robo (para ver los videos de este cas0, HAGA CLICK AQUÍ).

A varias cuadras de distancia, otra patrulla arrestó a dos hombres que tenían una actitud misteriosa, pero tiempo después quedaron en libertad, pues no se corroboró que estuvieran ligados al incidente.

Los desconocidos fallaron de nuevo en la búsqueda del botín, aunque esta trama tendría reservado un episodio más de violencia.

DAÑOS COLATERALES
En el apartamento 802 de Azure, vecino del comerciante González, vivía un ingeniero civil de 40 años, directivo de una firma constructora. El profesional se recuperaba de las heridas sufridas en un ataque a bala ocurrido el anterior 3 de abril en el barrio La Castellana, y aún estaba convaleciente en la noche del día 13, cuando fue encañonado junto a sus familiares por los invasores que trataron de penetrar la puerta acorazada del 801.

El conductor Wilman García fue asesinado en la entrada del edificio Azure, en el barrio Conquistadores. Cortesía.

Desde el atentado, su empresa enviaba con frecuencia al edificio al conductor Wilman Andrés García Correa, de 40 años, para que le entregara los medicamentos que recetó el doctor.

A las 6:30 p.m. del 18 de abril de 2018, cinco días después de la incursión de la banda a la edificación, el chofer llegó al lugar en una camioneta, llevando los remedios como de costumbre. Caminó hasta la entrada de Azure y justo allí fue asesinado a tiros por un joven que lo sorprendió por la espalda.

Para los investigadores, esta muerte podría relacionarse con la del comerciante y analizan si el atentado sufrido por el ingeniero es el mismo por el cual citaron a rendir cuentas a González, en la fecha de su ejecución. Tampoco se descarta que el homicidio de Barranquilla esté ligado con esta historia, por la conexión del supuesto sicario con la moto incautada en el barrio Conquistadores.

Por lo pronto, el caso está repartido en cuatro despachos de la Fiscalía. Lo grave es que el tesoro del Clan del Golfo sigue rodando por la ciudad. Su paradero es una incógnita para las autoridades, que lo persiguen atando los cabos de los muertos que deja a su paso.

NOTA RELACIONADA: Capturan 6 policías por robo de caleta a “los Urabeños”.

El Inspector.

Esta estructura mafiosa delinque desde el 2000, funciona como una confederación que agrupa a las demás bandas del área metropolitana y dicta pautas para el manejo de los negocios ilícitos. Tiene redes transnacionales, funcionarios corruptos a su disposición y ofrece servicios de narcotráfico, sicariato, cobro de deudas, extorsión, secuestro y lavado de activos, entre otros.

Este es un informe elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En un avión de la Policía, Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom” o “Carlos Chata”) fue trasladado a Bogotá. Foto cortesía de la Policía.

Su primer jefe fue el narcoparamilitar Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), hasta 2007. La segunda cúpula la lideraron Carlos Aguilar (“Rogelio”) y Mauricio López (“Yiyo”), quienes en 2008 y 2009 se entregaron a la DEA.

En la transición a la tercera cúpula hubo una guerra interna. Maximiliano Bonilla (“Valenciano”) se enfrentó a Ericson Vargas (“Sebastián”) por el trono de “la Oficina”, y en el pleito que se prolongó de mediados de 2008 hasta finales de 2011 se extinguió la tercera generación de cabecillas. Unos fueron detenidos (“Riñón”, “Douglas”, “Duncan”) y otros murieron (“Nito”, “Job”, “Negro Elkin”, “Esneider”).

Al final de la confrontación, que según la Policía produjo el 80% de los 6.932 homicidios perpetrados en Medellín entre 2008 y 2011, surgió una cuarta cúpula, comandada por “Sebastián”y Félix Isaza (“Beto”), pero duró poco.

El “reinado” de alias “Tom”, de 50 años y criado en el municipio de Bello, comenzó a finales de 2012, cuando la Policía arrestó a “Sebastián” (ver la NOTA RELACIONADA: Semana de horror para la mafia: cayeron “Sebas”, el arsenal, “Colas”, la droga y “Yam”).

La cúpula de esa quinta generación se caracterizó porque ninguno de sus integrantes era más poderoso que el otro. La relación entre ellos, más que una jerarquía vertical, fue una sociedad horizontal, donde cada quien defendía sus intereses, había alianzas y oposiciones. El mando nunca estuvo unificado (ver la NOTA RELACIONADA: La nueva cúpula de una “oficina” en declive).

Los miembros de esa especie de mesa rectora han sido arrestados uno por uno en este lustro: alias “Pichi Gordo”, “Barny”, “Carlos Pesebre”, “Adiel”, “don Pepe”, “Tuto”, “Diego Chamizo” y “Soto”.

El último que quedaba era “Tom”, quien fue detenido el pasado 9 de diciembre en El Peñol. Los que han sido máximo jefes de “la Oficina” en sus respectivas generaciones, terminaron encerrados en prisiones estadounidenses, por lo que tal es el destino que se cierne sobre “Tom”.

NUEVA GENERACIÓN
A juicio de los investigadores de la Policía y la Fiscalía consultados por El Colombiano, la experiencia ha demostrado que encarcelar a toda una cúpula no significa el final de “la Oficina”.

Estas son las razones: 1). La capacidad de renovación de la estructura, que reemplaza con rapidez a los cabecillas faltantes; 2). Que su aparato financiero no ha sido debilitado y el dinero sigue fluyendo; 3) Las falencias del sistema penitenciario, que permite que los delincuentes sigan controlando el bajo mundo tras las rejas; 4). La existencia clandestina de una estructura mafiosa superior (consejo directivo), conformada por algunos narcos de antaño, políticos y empresarios de doble faz, que desde las sombras conspira para que “la Oficina”siga operando, en beneficio de sus intereses.

A pesar de esto, cada vez que hay un cambio generacional, la estructura pierde influencia. Mientras estuvo “don Berna”, controlaba el 100% de los 350 combos del Aburrá; en tiempos de “Tom”, la hegemonía bajó al 65%.

Las pugnas internas y la acción de las autoridades atomizaron su control ilegal. A esto se sumaron la entrada en escena del cartel de “los Urabeños”, que formó alianzas con el 25% de las otras bandas, y el empoderamiento del restante 10% de los grupos locales, que ya se independizaron.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, opina que “la Oficina” de hoy tiene dos componentes:“uno es una especie de agremiación de bandas que se creó para buscar un pacto de sometimiento con el Gobierno; y el otro es una suerte de espacio de articulación, que permite a las bandas coordinar actividades en el Valle de Aburrá y por fuera, como Urabá o Cauca”.

La Fuerza Pública no tiene claro quién es el sucesor de “Tom”, mas todo indica que la sexta generación tendrá un poder inferior, aunque no por eso será menos peligrosa.

Observando el organigrama de la estructura, elaborado con base en análisis de Inteligencia y expedientes judiciales (ver gráfico), se nota que muchos de los cabecillas en ascenso, a diferencia de los predecesores, no fueron discípulos de “don Berna”.

Tampoco participaron en la guerra de “los Pepes”contra el cartel de Medellín o en la del bloque Cacique Nutibara de las Auc contra el bloque Metro, que en los años 90 y hasta 2004 perfilaron el círculo de confianza de “la Oficina”.

Se trata de personas con experiencia criminal, como “Cataño”, “Vallejo”, “Colmillo”, “Pichi Castro” y “Mauricio el Grande”, entre otros, cuya influencia no abarca toda el área metropolitana, sino sectores y negocios específicos. Al menos hasta ahora.

Para Tobón, “hemos ido desmontando esa macroarticulación de ‘la Oficina’, esa especie de mesa central. Falta desarticular de ahí para abajo, esos grupos asociados que son menos organizados y con tendencia a ser más violentos”.

LA ESCENA CRIMINAL DE 2018
Las principales bandas orgánicas de “la Oficina” están dividas en dos tendencias: la de “Tom”, que formalizó una sociedad con “los Urabeños”; y la de “Douglas”, que ha buscado acuerdos de sometimiento con el Gobierno, sin éxito.

Estas dos alas de la misma facción riñen entre sí, pero no han llegado al punto de desatar una batalla abierta (ver la NOTA RELACIONADA: Así definen las bandas las fronteras de Medellín).

Otra característica del escenario criminal del próximo año es la inquietante excarcelación de cabecillas de generaciones pasadas, que gracias a preacuerdos con la justicia pagaron sentencias pequeñas.

Alias “el Indio” (banda “Trianón”), “el Ronco” (de “la Unión”), “Mario Chiquito” (“los Triana”), “Chicho” (“la Terraza”), “Alber” (“Pachelly”), “Víctor Colas” (“Caicedo”), y “Chichón” (“los Mondongueros”) volvieron a la calle, lo que podría influir en un nuevo mapa del crimen.

A ellos se adhieren narcos que regresaron al país tras pagar sus penas en EE.UU., como “Percherón” y “Botija”, quien justamente estaba con “Tom” el día de su captura.

Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, cree que para acabar con “la Oficina” hay que perseguir su dinero, “que es lo que le permite afianzar su poder, obtener armas, pagar nóminas y comprar droga”.

La búsqueda del lucro, más que el dominio territorial, parece ser una tendencia para la próxima generación de esta empresa del mal, por lo que rastrear la plata deber ser una prioridad para las autoridades.

NOTA RELACIONADA: El pulpo de “la Oficina” sigue vivo.

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ANEXO: LOS PODERES INDEPENDIENTES
– Hay bandas que sobreviven con sus propios recursos en el Valle de Aburrá, sin necesidad de tener una relación de dependencia con organizaciones de mayor peso, como “la Oficina” o “los Urabeños”.
– Entre esas bandas independientes, destacan por su peligrosidad: “los Triana”, “los Mondongueros”, “los Chivos”, “Pachelly” y “el Mesa”.
– Este último grupo ha ganado relevancia desde 2013, cuando salió de la cárcel su máximo líder, apodado “el Montañero. “El Mesa”tiene su base de operaciones en la comuna 4 (Suárez) de Bello y redes instaladas para el narcotráfico en Bogotá y San Andrés. Se dedica también al sicariato, extorsiones, secuestros, lavado de activos, usurpación de lotes, desapariciones y desplazamientos forzados.
– Investigaciones de la Policía señalan que “el Mesa” tendría por los menos 300 integrantes. La estructura de mando, después de “el Montañero”, la conforman alias “Peluche”, “Piolo”, “Gordo Willington”, “el Ruñido”, “Malacate” y “Magandy”.

El Inspector.

En las últimas dos décadas, ese pulpo ha estado regido por “la Oficina”, una organización mafiosa involucrada en el narcotráfico, el sicariato, cobro de deudas, extorsión, secuestro, tráfico de armas y control social, entre otros delitos.

Su poder radica en la hegemonía sobre las bandas afincadas en las comunas del Valle del Aburrá, lo que le permite regular los fenómenos ilegales que más afectan a la comunidad, como homicidios, hurtos, microtráfico de drogas y desplazamientos forzados.

Esta es una investigación realizada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Diego Chamizo” fue trasladado a la cárcel de Cómbita (Boyacá), porque al parecer seguía dando órdenes desde la prisión de El Pedregal. Foto cortesía de Policía.

Desde 2008, cuando fue extraditado su primer capo, Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), la estructura inició un periodo de reajustes internos, caracterizado por traiciones, asesinatos y luchas por el trono de la agrupación (ver el ANEXO 1).

En apenas ocho años, la cúpula tuvo cinco generaciones al mando, cada una con menos poder y experiencia que la anterior, por lo que algunos organismos de seguridad señalaron que “la Oficina” se acabó, que hoy apenas en un mito. La realidad, sin embargo, contradice esa percepción.

“Considero que no es un mito, es una organización que se ha disgregado en varios cabecillas, que han tomado distintas zonas de Medellín y ejercen el control de cada uno de esos sitios, pero aún existe esa organización”, opinó Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: La nueva cúpula de una “oficina” en declive).

LA QUINTA GENERACIÓN
Para la Policía colombiana y la DEA, el principal cabecilla de la quinta generación de la banda es, presuntamente, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”. El gobierno de EE.UU. ofrece 2 millones de dólares por su captura, algo inédito en la lucha contra ese grupo (ver la NOTA RELACIONADA: Estados Unidos ofrece US$2 millones por líder de “la Oficina”).

Pese a su influencia delincuencial, en especial en el municipio de Bello, “Tom” no representa a todos los poderes de “la Oficina” ni ostenta el señorío sobre el 100% de los combos del área metropolitana, como sí lo tuvo “don Berna”.

Investigadores judiciales consultados por este diario, coinciden en que la facción tiene influencia sobre el 65% de las bandas locales; el otro 25% están emparentadas con “los Urabeños”, y 10% son independientes (ver el ANEXO 2).

Esta generación se caracteriza por la falta de cohesión interna y por carecer de una jerarquía piramidal. Funciona cual holding empresarial, con un amplio portafolio de servicios ilegales, exportaciones, subcontrataciones con otras bandas y alianzas estratégicas.

“Además de su participación directa en el tráfico internacional de estupefacientes, ‘la Oficina’ ofrece violentos servicios a los grupos criminales de Colombia, entre ellos el cobro de deudas, la extorsión y el asesinato a sueldo”, así la definió en 2014 el Departamento del Tesoro de EE.UU., tras sancionar a varios de sus integrantes con la Lista Clinton.

En el Aburrá, los tentáculos de este pulpo incluyen las Odín (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico), término policial para definir a las confederaciones de combos agrupadas por municipios y comunas (ver la NOTA RELACIONADA: El listado de los combos que azotan a Medellín).

Cada una de estas Odín es autosostenible financieramente, responde por un territorio específico y por lo general sus cabecillas integran el círculo central de “la Oficina”.

En asocio con “Tom” (“Odín los Chatas”), figuran en ese nivel de mando alias “Soto” (“Odín Picacho”) y “Chamizo” (“Odín Caicedo”).

Pero otros, como “Douglas” (“Odín la Terraza”), parecen no estar de acuerdo con su comandancia, lo que a juicio de los investigadores augura tensiones y asesinatos selectivos de parte y parte.

“Hoy es más difícil investigar a ‘la Oficina’, antes se sabía que el jefe era uno solo, y uno iba y lo atrapaba, pero ahora en este despelote, ¿qué hacemos?”, dijo un agente policial, bajo reserva de identidad.

LA PAZ Y LAS CÁRCELES
La facción de José Muñoz Martínez (“Douglas”), quien viene pagando una condena de 32 años por secuestro y concierto para delinquir, es la que está impulsando una propuesta para negociar un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, voluntad que ha sido expresada por medio de dos comunicados públicos y gestiones de abogados.

En ese interés lo secundan otros cabecillas, entre ellos “Pichi Gordo”, “Barny” y “Pesebre”, todos ellos arrestados y con penas que superan los 15 años (ver la NOTA RELACIONADA: Combos aprovechan un decreto de gestores de paz).

Otro factor que predomina en esta generación, es que muchos de los líderes manejan el negocio desde la cárcel, similar a las mafias de Brasil y Venezuela.

Esto lo han denunciado la DEA, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado y la Policía. El caso más reciente es el de Diego Muñoz Agudelo (“Chamizo”), capturado el pasado 6 de diciembre.

“Pudimos establecer con informaciones de Inteligencia que este bandido quería seguir delinquiendo desde la cárcel”, declaró el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana, para justificar el traslado del cabecilla desde una celda en El Pedregal hacia la prisión de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

EL PODER INVISIBLE
A lo largo de la historia de “la Oficina”, las autoridades se han concentrado en golpear su estructura operativa, es decir, aquella más tangible en las calles: los traficantes, extorsionistas, sicarios y demás.

Pese a la gravedad de las pérdidas, la estructura parece reorganizarse una y otra vez, y sus jefes neutralizados son rápidamente remplazados.

Es por eso que los investigadores sugieren que existe una supraestructura, una central de decisiones con líderes invisibles y de cuello blanco, que de manera secreta mueven los hilos de la mafia antioqueña.

“Hoy solo conocemos a ‘la Oficina’ por los jefes de las Odín y de los combos, pero esa es apenas una de sus facetas”, indicó Jeremy McDermott, codirector de la fundación InSight Crime, que investiga el crimen organizado en América Latina.

Añadió que “el hecho de que no sepamos quiénes son sus cerebros, es una muestra de su sofisticación”.

Esta supraestructura o consejo directivo está integrado por personas con poder económico y político, que deambulan entre negocios legales e ilegales, “tan mezclados, que hoy en Medellín es muy difícil distinguir la plata limpia de la plata sucia”, concluyó McDermott.

Estos jefes invisibles nunca han figurado en carteles de los más buscados y quizá no hayan tenido una pistola en sus manos. Es posible que tampoco sean conocidos en persona por los cabecillas de la estructura operativa, como “Tom”o “Douglas”.

Aún así, mantienen con ellos un cordón umbilical, por medio de abogados y asesores que se mueven entre el mundo de las élites y el del hampa local, nacional e internacional, sosteniendo los contactos con los carteles mexicanos, de Centroamérica y Europa.

Se cree que fue esta cofradía la que ordenó, en julio de 2013, un pacto de no agresión entre “los Urabeños” y “la Oficina”, que redujo el índice de homicidios de Medellín a niveles históricos (ver la NOTA RELACIONADA: Los intereses secretos detrás del pacto de bandas).

La Fuerza Pública y las venganzas internas le han cortado algunos brazos, mas este pulpo sigue nadando en las aguas del poder criminal y el desarrollo económico de la ciudad.

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ANEXO 1: LAS GENERACIONES DE “LA OFICINA”

Estos han sido los máximos cabecillas de la estructura operativa de la organización:

Primera generación: “Don Berna”, “Upegui” y “Danielito” (2000 – 2007).

Segunda: “Rogelio” y “Yiyo” (2007 – 2009).

Tercera: “Valenciano”, “Sebastián” y “Beto” (2009 – 2011).

Cuarta: “Sebastián” (2012).

Quinta: “Tom” y “Chamizo” (2013 – 2017).

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ANEXO 2: BANDAS QUE NO OBEDECEN A “LA OFICINA”
- Según fuentes de Inteligencia, el 25% de los combos del Valle de Aburrá están asociados con “los Urabeños”, en especial los cobijados por la “Odín la Sierra” y los que actúan en la parte alta de la comuna 8, San Antonio de Prado, Altavista, Belén, San Cristóbal y Caldas.
- Las principales facciones independientes (10%) son “Pachelly” (Bello), liderada por “Alber”;“los Mondongueros” (Castilla), comandados por “Chichón”; “los Triana” (comunas 2, 7, San Antonio de Prado, Bello e Itagüí), con “Elkin” a la cabeza; y “la Agonía” (comuna 13), de “Ronald”.

El Inspector.

La víctima fue Carlos Andrés Mejía Chaverra, de 39 años, a quien le decían “Cañé”, según las primeras informaciones de la Policía.

En esta finca de la Estrella, llamada La Mansión, ocurrió el asesinato del ganadero. Foto de Róbinson Sáenz.

El homicidio ocurrió a las 8:00 a.m. del 17 de septiembre, en una lujosa finca de dos pisos, en la vereda El Morro de La Estrella. Según la explicación inicial de la Policía y la Secretaría de Gobierno, un comando de mercenarios incursionó en la propiedad, portando vestimenta con insignias de la Sijín y el CTI.

Simulando un allanamiento, separaron a Mejía Chaverra de las otras personas que estaban con él, y aparte le quitaron la vida con arma de fuego. Luego escaparon en dos camionetas y una motocicleta de alta gama.

Durante la inspección judicial a la escena del crimen, los asistentes notaron algunas situaciones fuera de lo común. Aunque la diligencia, por repartición de turnos, le correspondía a los peritos del CTI de la Fiscalía, al lugar llegaron varios agentes de la Sijín de la Policía, para hacer preguntas a los testigos y vigilar las labores de inspección.

También llamó la atención la aparición en el sitio de supuestos allegados al difunto, en vehículos de alta gama y fachas más bien llamativas, de acuerdo con la descripción de los presentes.

En los registros policiales, Mejía Chaverra presenta dos anotaciones: una data del 28 de marzo de 2005, cuando en los alrededores del barrio Vallejuelos de Medellín  le fue incautada una pistola Walter P-99 de calibre 9 milímetros, con salvoconducto; se la decomisaron porque a la fecha estaba suspendido el porte de armas en la ciudad.

La otra anotación es 6 de agosto de 2002, en el sector La Carrillera de La Estrella, donde le incautaron un teléfono celular “por no aportar documentación que lo acredite como propietario”, según el informe.

Las autoridades no conocían de amenazas en contra del ganadero, pero su asesinato, como se dice en el argot delincuencial, al parecer “fue ordenado desde arriba”.

La metodología aplicada por el comando sicarial es similar a la empleada en los últimos seis años en otros casos donde las víctimas fueron cabecillas del crimen organizado, como las muertes de alias “Yayo”, mercenario del combo “el Coco” (ver la NOTA RELACIONADA: Acribilladas cuatro personas cuando dormían); “Ala”, cabecilla de la banda “la Unión” (NOTA RELACIONADA: Violento y desolador fin de semana); “el Gordo”, de la banda “Pachelly” (NOTA RELACIONADA: Así ejecutaron una masacre frustrada); y “Morro”, unos de los líderes de “la Oficina” (NOTA RELACIONADA: Una carta habría desatado la masacre de Envigado).

Todos estos casos tienen en común el accionar de homicidas con armamento especializado, uniformes de la Fuerza Pública, vehículos de alta gama y técnicas de asalto aprendidas de la Policía y/o el Ejército. Aunque se desconocen los autores de la muerte del ganadero, en ocasiones pasadas organizaciones criminales como “los Urabeños” y “la Oficina” han usado este tipo de sicarios entrenados, para ejecutar contratos pagados con gruesas sumas de dinero.

POSDATA:  Algunos comentaristas del blog han preguntado si este hombre asesinado es el mismo conocido en el bajo mundo con el alias de “Queso”, quien es uno de los cabecillas de la banda “Caicedo” y principal lugarteniente del jefe “Diego Chamizo”. Tras realizar pesquisas con fuentes de Inteligencia, no existe evidencia para relacionar a las dos personas, que casualmente comparten un nombre y uno de los apellidos.

NOTA RELACIONADA: Sicarios de élite aceptan cargos por masacre y muertes selectivas.

El Inspector.

Para los investigadores consultados por Revelaciones del Bajo Mundo, en la mafia del Valle de Aburrá ya se definió el trono, y los nuevos patrones están afinando su personal. Eso implica despedir a unos y jubilar a otros, bajo la ley del gatillo.

La Policía y la Fiscalía no han podido capturar a ningún responsable de estos crímenes. Cortesía.

Frank Balmeri González Herrera, apodado “Frank Rea”, murió abaleado el pasado 31 de mayo, en el barrio Villa Flora. El sicario lo atacó cuando estaba en alto grado de embriaguez, en un sitio público.

Para las autoridades, el finado de 35 años era el supuesto líder del combo del vecindario, aunque no tenía orden de captura alguna.

El crimen generó una retaliación de los colegas de “Frank Rea”, quienes fueron hasta la vivienda de una anciana de 88 años, abuela del supuesto homicida, y encendieron a balazos la fachada. La mujer y quienes se hallaban en el interior sobrevivieron, pero huyeron desplazados del sector.

En perspectiva, este es el cuarto cabecilla de banda asesinado en lo que va de 2015. El 25 de enero mataron a Óscar Mauricio Ramírez (“Mao Tatuajes”), supuesto integrante de “la Oficina”. El 25 de abril los mercenarios acribillaron a Róbinson Mejía Carrero (“el Mello”), cabecilla del sector Barrio Antioquia, al servicio de “la Oficina”.

El 6 de junio los sicarios, armados con fusiles de calibre 5.56 y uniformes de una empresa de comunicaciones, invadieron una casa del barrio Moravia. Subieron hasta el segundo piso y tirotearon a José de Jesús Pérez Jiménez, alias “Sancocho”, de 46 años. En ese ataque mataron a Wálter Manuel Pérez, de 42 años, quien le había alquilado un cuarto a “Sancocho”.

José Pérez, alias “Sancocho”. Cortesía.

Los matones huyeron en motos y para cubrir el escape realizaron disparos. Una bala perdida le quitó la vida a Andrés Felipe Álvarez, de 24 años, quien pese a oir los tiros en su casa, salió a evitar que se cayera la moto que estaba reparando en la calle.

“Sancocho” era desmovilizado del bloque Calima de las Auc, y hacía 15 días había salido en libertad condicional tras cumplir la pena alternativa de 8 años en prisión. Por ahora no es claro su papel en la escena criminal de Medellín, pero a su esposa la habían matado los sicarios en 2009, después de que ella lo visitara en la cárcel Bellavista.

Otros miembros de combos han sido desaparecidos o descuartizados, y sus restos abandonados en carros o cañadas.

Todos estos crímenes tienen causalidades diferentes, aunque las hipótesis preliminares sugieren que a todos los mataron sus propias organizaciones, no enemigos externos. Hubo limpieza interna con relevo en los mandos medios.

A lo reseñado se suman las capturas de otros cabecillas, que generan también reacomodos en la parte media y baja de las jerarquías. Este año, por citar algunos casos, han caído a la celda “Diadema”, “Carnero”, “Cepillo”, “Tana” y “Barny”.

Una teoría sobre estos hechos apunta a que ahora que hay nuevos patrones en el Valle de Aburrá y se está actualizando el gabinete, descartando a quienes ofrecen resistencia, generan desconfianza o tenían deudas pendientes.

Los principales jefes de la mafia de la actualidad, al menos los de público conocimiento, son “Carlos Chata” y “Mateo”, quienes desde el norte y el sur del área metropolitana vienen rodeando y apretando los sectores del medio, es decir, a Medellín.

El Inspector.

De la mano de la mafia, los empresarios y muchos turistas, este negocio clandestino ha crecido a tal punto en el Valle de Aburrá, que maneja sumas de dinero superiores a varias actividades lícitas, con finanzas que escapan al control de las autoridades.

Revelaciones del Bajo Mundo presenta un reportaje sobre el fenómeno, analizando sus diversas implicaciones en materia económica, social y de seguridad.

Conseguir prepagos para los cabecillas y sus socios es, al parecer, un trabajo bien remunerado en las bandas criminales. Foto de Manuel Saldarriaga.

PLATA Y BAILE

Estoy tan cerca del enorme trasero de Mileydi*, que puedo ver cómo saltan de su piel las gotas de sudor, mientras agita sus protuberancias en un frenético estriptis al compás del reguetón.

Su compañera de baile, vestida con una tanga tan diminuta que se podría cortar con la mirada, le da una sonora palmada en las nalgas, y los eufóricos hombres que las rodeamos levantamos los brazos y rugimos, “¡esoooooooo!”.

De repente, alguien grita “¡show lesbi, show lesbi!”, y los presentes apoyamos la proclama. Mileydi advierte que eso es un servicio extra y vale $200.000. Pero esas no son penas, cada espectador esgrime un billete de $20.000 y en un minuto se ajusta la cifra.

Las chicas se miran, sus cuerpos se entrelazan como serpientes y la corte masculina enloquece. El clímax del espectáculo dura cinco minutos y las beldades desaparecen tras la puerta del baño. “Ufff, qué cosotas”, repiten los clientes, rotando las copas de aguardiente.

Mileydi y su colega abandonan la fiesta privada con sonrisas de oreja a oreja. La danza y el show lesbi apenas tardaron 30 minutos y se embolsillaron $460.000. Es una rentabilidad que, si fuera constante, se acercaría a las estrellas del fútbol, como Falcao, que gana un promedio de $1’858.333 cada media hora, según cifras extraoficiales.

ESTUDIO DE MERCADO

Mileydi se convirtió en prepago a los 17 años, cuando cursaba segundo semestre de una tecnología en Administración de Empresas. Era madre adolescente y no tenía $700.000 para la matrícula, por lo que iba a retirarse.

En esas circunstancias, un profesor comenzó a halagarla, piropos iban y venían en clase, hasta que destapó su lasciva oferta: “Te pago el semestre, si tú compartes conmigo”, dijo.

La estudiante aceptó, con la condición de que él consignara antes el dinero. Días después, el comercio carnal se consumó en casa del docente.

La historia me la cuenta Mileydi en un restaurante de Medellín, masticando despacio una arepa con champiñones. A diferencia de hace dos semanas, cuando la vi actuar con aire de diva y disfraz de enfermera sexy, hoy parece una prójima cualquiera de 22 años, de bluyín, blusa y chaleco tejido.

Le quedó gustando el negocio y continuó, ya no por necesidad, sino por gula de plata. Ingresó a páginas de prepagos en internet, montó su perfil y empezaron a llamar los clientes.

Terminó su carrera y trabajó un año en una multinacional. El sueldo era de un millón de pesos, mientras que en su oficio clandestino, en un mes malo ganaba $3 millones, y en uno bueno entre $7 y $10 millones. Así, tomó la decisión: ser prostituta de tiempo completo.

“Pensé aprovechar mi belleza. Antes ofrecía lo básico, oral y vaginal, ahora mi catálogo incluye anal, show lesbi, tríos, fisting, orgías, despedidas de solteros. Mi únicos límites son algo que exponga mi salud y que haya niños; de resto, todo es permitido conmigo”, enumera.

Los semestres de Administración le sirvieron para hacer un análisis de mercadeo del mundo de las prepago. Estimó que $130.000 por hora era una tarifa competitiva, y $250.000 por hora y media a domicilio. Cobra excedentes por peticiones especiales, $100.000 por penetración anal o $200.000 por el show lesbi, con descuento para clientes asiduos. La noche entera vale $700.000 y es la preferida de los extranjeros, que además buscan una acompañante para rumbas, que a la vez sea guía turística y consiga drogas.

A punto de terminar su arepa, Mileydi asegura que en cinco años de “prepaguismo” habrá atendido unos 1.000 usuarios. Yo uso mi libreta para promediar la cifra y el tiempo, y el resultado es que cada 43,8 horas se acostó con un tipo diferente.

Pienso en el alto riesgo que tiene de contraer enfermedades y ser una de las 92.379 personas infectadas con Sida en Colombia, un país donde en promedio se registran 18 contagios diarios. En el mundo, según la OMS, viven 35 millones de afectados.

Sus clientes, prosigue, van de los 18 a 85 años, con mayor participación del rango de hombres casados entre los 25 y 40, casi todos de Medellín.

La petición más extraña se la hizo un político. “Me pagó para que jugáramos escondidijo, chucha cogida, cambio de ropa, y por cada juego había propinas de $200.000 y $500.000”.

Con dos amigas arrienda un apartamento en El Poblado, que usan como oficina. Atienden por lo general tres visitantes diarios, a riesgo de que la administración descubra la trama y las expulse del edificio. Eso les ha ocurrido cinco veces.

Mileydi no trabaja para matronas, es independiente. Gasta $500.000 al mes en peluquería y cuidado físico, más $8 millones invertidos para aumentar sus senos a talla 34B y moldear sus nalgas con biopolímeros.

Al administrador del sitio web donde está su perfil publicitario le transfiere $100.000 mensuales. Esto da una idea de cuánta plata ganan estos personajes, pues en promedio cada web de prepagos ofrece de 10 a 15 acompañantes.

También le paga una comisión del 25% o 30% a un proxeneta que le consigue clientes, pero es socio, no patrón. De resto, el dinero que recibe es ganancia neta y no paga IVA ni impuestos, como en todo empleo informal.

Javier Montoya, director Seccional de Impuestos de Medellín, explica que la Dian no le ha metido el diente al lucrativo negocio porque “la prostitución no existe en nuestra clasificación de actividades económicas”.

Este gremio, continúa, se camufla en establecimientos que sí tienen ingresos vigilados, como tabernas, discotecas y hoteles. Sin embargo, saber cuánta de esa plata recaudada está asociada al sexo pagado, es imposible. “Cuanto usted ingresa al motel, nadie le pregunta si la mujer es su novia o una dama de compañía. Y en hoteles lujosos que los ejecutivos usan para esos asuntos, la cuenta tampoco especifica cuánto corresponde al rubro de prostitución. Complicada la cosa, ¿no?”.

“EMPRESARIOS”
La tarjeta de presentación de Jaime* es más… llamativa, que la de un empresario común. Tiene la imagen de una actriz porno gringa, con la boca fruncida y posando “en cuatro”. Al lado dice “Chicos y chicas 24 horas. Absoluta reserva”.

Él habla sin rodeos: “Lo que le ofrezco es un servicio de damas prepago, que es tener relaciones sexuales según el presupuesto establecido. Hora y media vale $220.000”.

Al otro lado del teléfono, con su tarjeta en la mano (que obtuve afuera de Plaza Mayor en un evento internacional), finjo buscar meretrices para una rumba en una finca, y él promete “universitarias de buen cuerpo, de 18 a 25 años, con silicona o naturales, más que todo trigueñas y de pelo negro”.

Por ser afuera de la ciudad y de amanecida, el servicio vale $1 millón por chica y él envía un tipo que las cuide. Solo hay tres reglas: consignar primero, usar condón y no tomar fotos.

– “¿Pero por qué, si mis amigos y yo queremos un recuerdo de la fiesta?”, le reprocho.

– “Porque estas son peladas bien, que están en la universidad y no se pueden ‘carteliar’. Ellas no viven de esto, por eso son prepagos, no putas”.

El mes pasado, celebrando el sentido de fallo condenatorio contra cuatro proxenetas que enviaban muchachas a pueblos de Antioquia, el vicealcalde de Seguridad de Medellín, Luis Suárez, dijo que “está regulado en el Código Penal que la prostitución es legal, pero no puede haber intermediarios o comisionistas en este ejercicio. Las denuncias que tenemos sobre este delito (inducción a la prostitución) están muy por debajo de los casos que ocurren”.

Tras colgar con Jaime, tomo dos nuevas tarjetas, de las que reparten a los transeúntes en la avenida Oriental o las esquinas de Junín, junto a papelitos multicolores de parasicólogos y brujos. Una tiene dibujado un caballo, con el eslogan “donde la pasión y la satisfacción es un gran alivio”; la otra muestra una mesera sexy con un helado, y ofrece “atención a caballeros por lindas damas”.

Las sedes están en sitios deprimidos del Centro. Sus recepcionistas los llaman salas de masaje, pero en la calle la gente les dice “chochales” o “desnucaderos”. Los precios son muy inferiores a los de Jaime y Mileydi.

“Sí mi ‘mor’, 15 minutos te cuestan $27.000, media hora $38.000 y una hora $65.000. ‘Mor’, tienes derecho al masaje, estimulación oral y la relación ‘sepsual’ en sí. ‘Mor’, te tengo 10 niñas pa’ escoger, la morena, la mona, la alta, bajita, nalgona, tetona, con mucho, con poquito, tengo de todo, ‘mor’”, cuenta la recepcionista, que es toda un a-‘mor’ conmigo.

Lo más barato lo ofrece Yadira*, una pálida y flacuchenta prostituta de 18 años, que el viento amenaza con derribar junto a la iglesia La Veracruz. Con el dedo va señalando la clientela habitual, cada que pasan indigentes, alcohólicos y sacoleros. “El rato te vale $10.000”, me dice con desaliento.

– “¿Y qué es un rato?”.

– “Hasta que usté aguante”.

Varias chicas prepago han muerto en retaliaciones de la mafia contra sus clientes. Foto de Manuel Saldarriaga.

EL CLIENTE
Yadira jamás tendrá en su cambuche a un cliente como Nicolás*, un profesional de 47 años, casado, con hijos y trabajo en una reputada empresa. A él le gusta contratar a Mileydi y prepagos de similar perfil, dos veces al año, y de 25 a 35 abriles.

Hace una década comenzó a usar este servicio, al quedar impactado por una morena en un bar de estriptis. “Solo busco sexo, sin tener que invertir tanta plata en una conquista convencional, con invitadas a salir, regalos y todo eso. Con una prepago, uno invierte menos plata y son mujeres muy lindas que uno puede escoger”, argumenta Nicolás, bebiendo un café.

Agrega que ha gastado $9 millones en esas acompañantes y que la noche que más invirtió fue $1’200.000 por rumba y un trío con ellas. Con algunas ha logrado tal confianza, que le fían.

“Conozco mujeres muy lindas, que me extraña que estén en ese mundo, pero no me he enamorado. Tengo claro que lo mismo que me dicen a mí, se lo dicen a todos. Es su trabajo”, narra dando otro sorbo.

Algunas veces se ha sentido insatisfecho con el “producto”, cuando al desnudarla no resulta tan despampanante como imaginaba. En esos casos guarda silencio, “porque ellas satisfacen una necesidad, en mi caso, de variedad. Esto ha traído beneficios a mi matrimonio, ya que se rompe la monotonía y uno vuelve convencido de que ama a su esposa, lo que pasa es que hay que dejar los demonios por fuera de la casa”, concluye Nicolás, con una sonrisa maliciosa.

A juicio de Gregorio Henríquez, antropólogo especialista en Dinámicas Urbanas, “lo que vende la prostituta es una fantasía. La mayoría de clientes son personas tímidas, con problemas para relacionarse socialmente desde lo afectivo, con crisis de pareja o soledad. Muchos autores han planteado que la prostitución es una válvula de escape de la sociedad”.

Sergio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, narra que la “industria” del sexo, el porno y productos y servicios afines, está catalogada en el top 5 de las actividades más lucrativas. Solo la superan la industria de petróleos e hidrocarburos, el turismo, los medicamentos y el negocio automotriz.

Fenalco trabaja en pro del comercio formal, por lo que no analiza el mercado de las prepago. No obstante, Soto reconoce que “el sexo es aventajado mercadológicamente”, emplea ventas electrónicas, gran cantidad de canales de distribución a bajísimo costo, facilidades de promociones y millones de usuarios a nivel mundial. “Su oferta es tan amplia, que el comercio formal la envidiaría”, añade.

Henríquez expresa que es urgente desmitificar “ese contexto donde la mujer paisa es un atractivo turístico. Nosotros las convertimos en eso: decimos ‘venga a Medellín, conozca el Metro, la Plaza Botero y a nuestras bellas mujeres’, como si fueran un souvenir. Cuando llegas del aeropuerto, ves una serie de vallas que te dicen bienvenido a Medellín y son de empresas de ropa interior femenina, que están bombardeando al turista y predisponiéndolo”.

Soto es cónsul honorario de República Checa y viaja a menudo a Europa. Cuando le ven la estampa de ejecutivo, le proponen mujeres a la carta. “En taxis, hoteles y restaurantes ofrecen rusas, latinas, universitarias, es un tema desbordado, por eso no hay que estigmatizar a Colombia, es una realidad universal”.

¿JUBILADA?
El trabajo de Mileydi no es tan dramático como el de Yadira, mas no todo es color de rosa. Clavando la cuchara en el postre de chocolate, dice que hay muchas jornadas de 15 horas diarias pendiente de complacer a un fulano. “Tengo menos tiempo libre, pero una se envicia con el dinero. El sexo ya no se siente”, confiesa, y por primera vez le veo el rostro sombrío.

Y también están los peligros, pues “entre la prostituta y el bandido hay mucha alianza, ellos son faranduleros y les gusta chicanear con mujeres”. Por esta ecuación ha visto morir a varias conocidas, que caen en tiroteos contra sus clientes o son acuchilladas para no pagarles.

El año pasado padeció la zozobra, cuando un usuario le suministró escopolamina, la ultrajó sin condón y le robó $20 millones de las tarjetas bancarias.

¿Y con quién se puede quejar de estos temas? Jaime Montoya, secretario general en Antioquia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señala que solo se puede hablar de derechos laborales cuando hay una relación entre patrón y empleado, lo cual excluye a esta joven. “Jurídicamente no hay forma de reclamarlos”, advierte el sindicalista.

No tiene ARP, ni primas, tampoco cesantías. ¿Podrá pensionarse de la prostitución?

Mileydi es adicta a la plata, aunque conserva la ilusión de cambiar de vida. Su meta es ser dueña de cinco apartamentos a la edad de 25 años (hoy posee dos), que le permitan vivir de los arriendos y volver a ejercer la Administración. “Aspiro a retirarme y tener una familia, no creo en amores de clientes”, sentencia, finalizando el postre.

Antes de que se marche, le pregunto si aprobaría que su hija fuera prepago. Suspira. “Para mí sería un castigo. Esta vida es muy mediocre, superficial, no es feliz para nada. No creo que sea la vida que debe llevar un ser humano” .
*Identidades reservadas.

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ANEXO 1: MÁS ALLÁ DE UNA ADICCIÓN AL DINERO

Eliana Mejía, especialista en Sicología Jurídica (U. San Buenaventura), opina:

“Para que alguien elija la prostitución como forma de ingreso, es porque hay adicción al sexo. Antes se denominaba ninfomanía, pero ya no es un trastorno tan atípico, porque los medios electrónicos permiten que se encaucen de manera fácil las compulsiones, no crea histeria y no hay que internar a las personas.

La otra razón probable es que muchas víctimas de violación en la infancia eligen la prostitución para elaborar ese trauma. No es una adicción al dinero. Se puede ser adicto a cualquier cosa y eso está asociado a un trauma o necesidad por suplir, pero uno no puede decir que se volvió adicto porque sí. Si ella dice que es adicta al dinero, tendría que mirar quién le proporcionaba esa plata, y por qué a través de su cuerpo. No sería una razón tan externa como lo quiere hacer ver, porque podría ser adicta al dinero y ser comerciante formal. De fondo hay un sentido de por qué usa la seducción para satisfacer económicamente sus necesidades”.

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ANEXO 2: REFLEXIONAR, EN VEZ DE OCULTARLO

Patricia Builes, secretaria de Equidad de Género para las Mujeres en Antioquia, comenta:

“Por más que digan ‘es mi opción’, las mujeres son inducidas porque se está promoviendo desde los medios masivos que la prostitución puede ser una forma de autonomía económica, sin entender que te pone en condición de objeto. Puede que esta chica se vea muy autónoma porque sabe lo que significa económicamente su cuerpo, pero para salir de esa situación es necesario brindarle otras oportunidades.

El que Medellín haya incrementado tanto el ejercicio de la prostitución se basa en que es una ciudad de convenciones adonde vienen varones a negociar y satisfacer sus necesidades sexuales, entonces les hacen ofertas. Y esto ha sido la puerta de entrada para que muchachitas de los barrios, sonsacadas por otras que ya entraron en el comercio sexual, vean una oportunidad en la que no se tienen que esforzar por estudiar ni hacer nada más. Esto seguirá en incremento si la sociedad no hace una reflexión.

Y la tiene que hacer rapidito, porque Medellín ya se está ofreciendo como destino turístico, con el flagelo de la prostitución. Medellín no ha querido hacer esa reflexión porque teme a la mala fama, pero no puede seguir ocultando algo tan grave. Al sector empresarial hay que ponerle el tema, también al turístico y al de la moda. Se tiene que hacer un gran pacto por el respeto a la vida y a las mujeres”.

NOTA RELACIONADA: Depravados sexuales en una sociedad de leyes ineficientes.

El Inspector.

El propósito fue planteado en 2010, cuando el Ministerio de Defensa y la Policía formularon el Plan Corazón Verde, que regiría las acciones de seguridad ciudadana durante el mandato de Juan Manuel Santos. “Desarticular al 2014 las bandas criminales”, decía la meta trazada en la estrategia número 3 de ese plan.

En la actualidad, sin embargo, continúan vigentes cuatro bacrim:“los Urabeños”, también llamados “Autodefensas Gaitanistas”o “Clan Úsuga”; “los Rastrojos”, “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta”. Estas dos últimas son disidencias del antiguo Erpac (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista), de los Llanos Orientales.

Esta es una investigación del periódico El Colombiano, realizada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los principales objetivos de alto valor estratégico que las autoridades buscan detener a nivel nacional. Cortesía El Colombiano.

“Los Urabeños”, de acuerdo con la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, tiene en sus filas 2.650 integrantes y es catalogada por esa entidad como “la más grande organización criminal con poder de corrupción dentro de las instituciones del Estado”.

Opera en 17 departamentos de la Costa Atlántica, la zona Andina, Norte de Santander y la Costa Pacífica, con redes en tres continentes y células activas en Venezuela y España.

En esta última nación le capturaron hace tres semanas a un delegado, Víctor Pérez (“Palomo”), señalado de ejecutar cobros del narcotráfico y quien residía en la misma urbanización de las estrellas de fútbol del Real Madrid.

Y la presencia en el país vecino quedó patentada el 10 de noviembre, cuando 8 colombianos fueron masacrados en el estado del Zulia, en medio de una supuesta disputa de “los Urabeños”con otro grupo para consolidar ese corredor de movilidad entre Venezuela y Norte de Santander.

Para rematar, la Fiscalía anunció el 16 de noviembre que dos ‘urabeños’ fueron deportados desde Antofagasta, “a donde se habían trasladado argumentando búsqueda de oportunidades laborales, pero estaban cometiendo delitos contra el Estado chileno”.

No conforme con ser la única bacrim de alcance nacional, esta estructura sigue en proceso de expansión, y sus incursiones a nuevos territorios suelen ser sangrientas.

El defensor del Pueblo, Jorge Otálora, denunció en una carta enviada a los jefes de la Fuerza Pública y al MinDefensa (09/10/14), que esta agrupación incursionó en Barbacoas, Nariño, cometiendo asesinatos y convirtiéndose en “un riesgo para 15.743 habitantes de la cabecera municipal y 15.000 de los corregimientos Junín, Buenavista y Yacualá”.

“Los Urabeños” tienen una alianza por conveniencia con la guerrilla de las Farc y una cruenta pugna contra el Eln en sectores como el sur de Córdoba y Chocó, en donde el enfrentamiento entre las dos facciones en el primer semestre de 2014 produjo el desplazamiento de 3.311 indígenas emberá del Medio y Alto Baudó.

“Venimos debilitando las estructuras jerárquicas del ‘Clan Úsuga’ para acabar lo más pronto posible con su incidencia en los sectores estratégicos del tráfico de drogas”, acotó el general Jorge Rodríguez, director de la Dijín, al anunciar el viernes pasado (enero 9) la captura de “Ómar”, un cabecilla de la banda en Chocó.

La segunda bacrim en importancia y peligrosidad es “los Rastrojos”, herederos del cartel del Norte del Valle, que a punta de operativos y choques con los adversarios perdió su unidad nacional y ahora tiene redes dispersas por seis departamentos. Son 460 integrantes, según la Fiscalía, con base en Cali.

Su líder más visible, “don César”, se planteó la meta de unificar las huestes, pero cada día pierde terreno con “los Urabeños”, que son más exitosos en fomentar alianzas con bandas locales adonde quiera que llegan sus tentáculos.

En los Llanos Orientales pelean por el dominio territorial “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta”, sumando entre ambos 300 militantes.

La balanza se inclina hacia el grupo del Vichada, dirigido por “Pijarvey”, gracias a un pacto con “los Urabeños”, que le enviaron refuerzos para fortalecer sus acciones.

OTRAS AMENAZAS
Las bacrim no son el único reto en términos de delincuencia organizada. La Fiscalía y la Policía distinguen tres tipos de organizaciones, según su tamaño e influencia territorial: Tipo A). Las bandas que operan en más de un departamento, como las bacrim. Tipo B). Con presencia en varios municipios a la vez, como “la Cordillera”, “la Oficina” y “la Constru”. Tipo C). Actúan en varios barrios o comunas, al estilo de “la Empresa” (Buenaventura), “la Terraza” (Medellín) y “los Pamplona” (Rionegro, Antioquia).

En una categoría inferior están los combos y pandillas cuya nocividad se circunscribe a un solo barrio o esquina (ver la NOTA RELACIONADA: El listado de los combos que azotan a Medellín).

Luis González, director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, dijo que están identificadas 1.005 bandas de crimen organizado. Tienen una alta participación en los 12 delitos que más denunciaron los colombianos en 2014: hurtos, tráfico de drogas, tráfico de armas, porte de armas, homicidio, abusos sexuales, extorsión, lesiones personales, secuestro, daños al medio ambiente, minería ilegal y corrupción.

El vicefiscal General, Jorge Perdomo, en una ponencia sobre Crimen Organizado y Posconflicto (21/8/14), explicó que el ente acusador viene implementando un plan a 5 años contra el fenómeno, para entender sus características y definir las herramientas jurídicas para atacarlo. “Hoy confundimos una organización a la que se puede imputar el concierto para delinquir, con una agrupación de personas que sencillamente cometen delitos en coautoría. Las organizaciones criminales tienen vocación de permanencia en el tiempo”, reiteró.

UNA LUCHA INACABABLE
Según el Ministerio de Defensa, en el último año capturaron a 2.687 miembros de las bacrim y la delincuencia organizada, y 21 murieron en operativos. Se destacó la aprehensión en Brasil de Marcos Figueroa (“Marquitos”), el terror de La Guajira.

Les incautaron 975 armas de fuego y 68.825 municiones, siendo el principal logro que 947 municipios (el 86% del país) no tuvieron “presencia efectiva” de esas facciones.

La Fiscalía agregó que los departamentos con mayor número de capturados fueron Antioquia (518), Valle (322), Córdoba (176), Norte de Santander (119) y Atlántico (106).

Entre los datos más preocupantes está la detención de 82 funcionarios estatales y uniformados de la Fuerza Pública con nexos con esos grupos, sobre todo con “los Urabeños” (27 arrestados).

El defensor Otálora señaló que en algunos municipios de Córdoba, como Lorica, Moñitos y Tierralta, el abuso de las bandas es tal que “controlan los horarios para ingresar y salir de la zona e imponen trabajos forzados a los habitantes”.

Mas esas no son las costumbres más aberrantes. El Colombiano denunció en agosto que “los Urabeños” estaban trasquilando con tijeras a los jóvenes que lucieran el pelo largo en el corregimiento de Currulao, en Turbo (Antioquia), con el pretexto de que no querían pandilleros en el área.

Y la Policía reveló que “Pijarvey”, en los Llanos,marcaba a “sus” mujeres con un tatuaje en la nuca que decía “Pija” sobre una araña.

A esto se suma la aparición de nuevos clanes como las Autodefensas Unidas de la Tercera Generación, que delinque en Barrancabermeja; y las Fuerzas Urbanas Revolucionarias (Fur), creadas por exparamilitares y desertores de las Farc en el Bajo Putumayo.

Con ese panorama, es previsible que este año tampoco se extinguirán las bacrim, con el agravante de que el fenómeno se agudice por la eventual desmovilización de las Farc y el papel que asuman miles de sus combatientes, expertos en tareas útiles a los fines del acaudalado crimen organizado.

De esta manera la Policía anunció su compromiso de acabar con las bacrim a 2014, en su página oficial de internet.

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ANEXO: LA DEA SE ENFOCA AHORA EN LOS JEFES DE SICARIOS

Cada vez que un capo de la mafia es arrestado, el mando de su estructura criminal es asumido por el jefe de sicarios. Así pasó con el cartel del Norte del Valle, con “los Rastrojos”, “la Oficina”, el Erpac y otras bandas que han sembrado el terror en Colombia e inundado de cocaína las calles de Estados Unidos.

La reflexión la hace Ken W.*, alto funcionario del gobierno estadounidense en América Latina, quien atendió a El Colombiano en la Embajada de Bogotá.

“Nosotros cambiamos la forma de trabajar hace tres años. Cuando los ‘Combas’ (máximos cabecillas de ‘los Rastrojos’) se entregaron (2012), la razón número uno fue que sus sicarios de confianza habían sido capturados y extraditados antes”, relató.

En 2010, los organismos de Inteligencia de ese país iniciaron un estudio del crimen organizado colombiano tomando como base el cartel del Norte del Valle y su evolución.

Determinaron que, por lo general, cada líder organiza su empresa ilegal en cinco departamentos con sus respectivos gerentes: un cabecilla encargado del lavado de dinero; otro con la función de sobornar y corromper a funcionarios públicos; uno responsable del transporte de la droga; una jefatura encargada de la fabricación de estupefacientes; y un grupo de mercenarios para la seguridad y la guerra contra otros.

En la parte superior de ese organigrama, además del patrón, suele haber un subdirector y miembros de su familia.

“Cada vez que se presenta una decapitación de la red, quien toma el control es el jefe de sicarios, porque tiene armas y poder militar, y conoce todo lo de la organización, las otras partes no”, explicó el diplomático.

Por las funciones de su cargo, el jefe de sicarios debe conocer todo el entramado de la banda, para brindar seguridad a la producción y transporte de los alucinógenos, servicio de escolta a los cabecillas, cobro de deudas a clientes y combate de enemigos. Nadie como él sabe cómo opera un grupo mafioso.

“Con eso empezamos a hacer nuestro enfoque – prosiguió -, no solo en el jefe de la organización, sino en la estructura de sicarios, por dos razones:porque si no cortamos como con un cuchillo esa parte de la organización, ellos serán la próxima generación; y además porque la parte de la banda que más causa daño a este país son los sicarios, que están matando gente sin pudor alguno”.

Ejemplos de delincuentes que empezaron como matones y ascendieron a la cúpula tras las desgracias de sus jefes, hay por montones:desde “Berna” en Antioquia y Córdoba, hasta “Chupeta” y “Rasguño” en Valle del Cauca, pasando por “Cuchillo” en los Llanos, “Diego Rastrojo” en Cali, “Sebastián” en Medellín y “Chepe” en Bajo Cauca. Todos fueron pedidos en extradición.

En 2014 se hizo más evidente este enfoque del gobierno norteamericano en su lucha contra el crimen organizado transnacional. El Departamento del Tesoro incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras, a delincuentes especializados en el sicariato.

Fue así como en el listado quedaron “Martín Bala” y “el Negro Orlando”, dos violentos mercenarios que surgieron del bajo mundo caleño, hasta convertirse en cabecillas y aliados de “los Urabeños”en su guerra contra “los Rastrojos”. Con ellos también designaron a “Visaje”, el delegado de ese clan en Norte de Santander y España.

De la misma manera, el Tesoro afectó a los líderes de “la Oficina”, y no solo a los distinguidos por su manejo del tráfico de drogas y finanzas, sino por su ascendencia en el ala militar de la banda que azota al Valle de Aburrá:“Beto”, “Orión”, “Tom”, “Diego Chamizo”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Pichi Gordo”, “Tuto” y “Chaparro” (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

“Los cuadros de mando de ‘la Oficina’ intimidan y asesinan a ciudadanos y oficiales, incluyendo a valientes compañeros de la Fuerza Pública e investigadores judiciales de Colombia”, declaró al anunciar el listado Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de E.U.

PREOCUPADOS POR VACUNAS
“Ahora que hablamos de sicarios, en mi opinión, el negocio de la extorsión en más sucio, más organizado y menos conocido en este país (Colombia), pero afecta a más inocentes que el tráfico de drogas”, comentó Ken W*.

Analizando los reportes de la Policía, no existe un solo departamento donde no se presenten casos de “vacuna” extorsiva al comercio, el transporte, residencias, obras públicas, fincas, minería o fábricas.

Este fue uno de los 12 delitos que más denunciaron los colombianos en 2014, según la Fiscalía. Yde acuerdo con el MinDefensa, el año pasado se registraron 4.888 casos de extorsión, lo que significó un aumento del 1,7% con relación a 2013, aunque es sabido que el subregistro, por los hechos no denunciados, es mayor.

“Y pensando en nuestra responsabilidad compartida, ahora que bajó la cantidad de droga que salía de aquí, más del 50% en producción y exportaciones; y eliminamos los grandes carteles y las bacrim, menos al ‘Clan Úsuga’, ¿cómo podemos ayudar a Colombia?”, se preguntó el funcionario. Y añadió: “La respuesta es disminuyendo homicidios relacionados con el narcotráfico y el otro crimen predatorio que es la extorsión. ‘La Oficina’ es el modelo malo de extorsión y homicidio, y por eso estamos enfocándonos en eso en este momento” .

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

El Inspector.

Por considerarlo de interés para sus lectores, Revelaciones del Bajo Mundo reproduce una investigación periodística de El Colombiano, que expone esta problemática, la cual lleva por título “La mafia del ladrillo azota a las construcciones de Bello”.

El Cerro Quitasol da sombra al área urbana de Bello. Foto de Esteban Vanegas.

Los “patrones” del cemento
Los nuevos “señores” de la propiedad raíz en Bello tienen las manos teñidas de sangre. Son personajes graduados en atracos y balaceras, que ahora poseen lotes y apartamentos y patrocinan construcciones que de a poco se devoran las laderas de la ciudad.

Su gremio es una mafia del ladrillo, porque cada vez que la tierra es removida para edificar en los barrios que dominan, ellos aparecen para cobrar la cuota. Es una norma que han impuesto a punta de terror.

“Cualquier constructor que haya trabajado en Bello ha sido víctima de las vacunas”, dice el arquitecto Waldir N*. con el tono de quien pronuncia algo por muchos sufrido, pero callado. Por eso, segundos después se apresura a insistir en que su nombre no puede aparecer en ningún lado, “porque sino los de la moto llegan a visitarme a la oficina”.

En los últimos cuatro años ha participado en, al menos, seis proyectos de vivienda en esta localidad del norte del Valle de Aburrá, en la que cerca de 380.000 habitantes subsisten a la sombra del Quitasol, un imponente cerro de 2.880 metros de altura.

En esas obras, sin excepción, la mano del crimen organizado se posó sobre los adobes. “A nuestros inversionistas les tocaba ir a la cárcel Bellavista o enviar a un representante para negociar con los jefes de las bandas, para que les permitieran construir. Allá se pacta un pago para el inicio de la obra, es una especie de permiso que a uno le toca pagar para trabajar en sus territorios”, señala Waldir N.

El ingeniero Yorman Q.* laboró en unos edificios donde ese tributo ilegal fue de $50 millones. “Es que los jefes de la mafia son los dueños de muchos predios. Ellos dicen si se puede construir o no”.

La extorsión ligada a la construcción y a la compra, venta y usurpación de terrenos, es un rubro que está haciendo millonarios a los cabecillas de Bello, al punto que estos ingresos hoy riñen con los del tráfico de estupefacientes.

Las vacunas se clavan en cada esquina donde se aplique cemento, de cuenta de una bonanza a la cual los delincuentes se han pegado como garrapatas a un purasangre: el crecimiento urbanístico.

Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en el último año la construcción creció un 10 por ciento en la municipalidad, superando a su vecina Medellín en ese ámbito y en la expedición de licencias de obra.

El alcalde Carlos Muñoz ha dicho con orgullo que su ciudad “ya no es el patio trasero de Medellín” y que “los inversionistas miran a esta centralidad del norte, hay 80 proyectos urbanísticos que tienen licencia, planes parciales. Para Bello será la oportunidad de que lleguen no menos de 38.000 viviendas suntuarias, que superan los estratos 4, 5 y 6”.

Su última frase refleja una evolución en ese campo, pues hace dos años solo había proyectos para hogares de estratos medio y bajo, ahora la valorización y el crecimiento en el área, generado en parte por los altos precios del costado sur del Valle de Aburrá, atrajeron a inversionistas de mayor envergadura.

La situación, tan benéfica para la comunidad, tiene felices a los criminales, cuyas arcas aumentan con la llegada de nuevos proyectos. La problemática es tan grande, inocultable y silenciosa como el mismo Cerro Quitasol.

Las puertas son de “los Chatas”
“Lo que yo vi, es que ‘los Chatas’ son los dueños de la tierra en el barrio Pérez y del Parque Principal para arriba, hasta donde está el tanque de agua de las Empresas Públicas. Yo trabajé en un proyecto de apartamentos por allá”, cuenta Yorman Q.

Para edificar el recinto, los constructores le pagaron 50 millones de pesos a la organización criminal más poderosa de Bello, un clan liderado por alias “Tom” o “Carlos Chata”, “Camilo Chata” o “el Viejo” y “Elkin Chata”. (Ver la NOTA RELACIONADA: “Los Chatas”, dos décadas delinquiendo con impunidad).

Esta es una de las 13 estructuras de crimen organizado que la Fuerza Pública tiene identificadas en la ciudad cuna del presidente Marco Fidel Suárez. Las otras son “Pachelly”, “el Mesa”, “los Triana”, “la Camila”, “París”, “el Tapón”, “Playa Rica”, “el Congolo”, “la Meseta”, “el Mirador”, “los Peludos” y “Niquía Camacol” o “los Camacoleros”. Con ellas se articulan algunas pandillas menores, como “el Trapiche” y “las Granjas”.

Todas se reparten territorios estrictamente delimitados a lo largo de los 19,7 kilómetros cuadrados de suelo urbano, que incluye 10 comunas y 82 barrios.

Se dedican al sicariato, el desplazamiento forzado, las amenazas, hurtos, tráfico de drogas y armas, desaparición forzada, corrupción de empleados públicos y extorsión a las residencias, establecimientos comerciales, parqueaderos, vehículos de servicio público y obras civiles. Así consta en decenas de expedientes judiciales que la Fiscalía empezó a diligenciar desde 2009 y que han permitido el encarcelamiento de algunos miembros importantes del bajo mundo, como “Guayabo”, “Alber” y “el Calvo Ruiz”.

“Hay que reconocer que se han presentado hechos que afectan al pequeño comercio, representado en las tiendas de barrio de Bello. También proveedores, distribuidores y comercializadores de productos de consumo masivo, como alimentos, aseo y hogar, refrescos, licores, frutas, verduras, enlatados y cárnicos”, señala Sergio Ignacio Soto, director en Antioquia de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

La mafia bellanita está tan bien estructurada, que los clanes conviven en una aparente armonía que les permite reducir las confrontaciones internas y controlar la primera causa de asesinatos en el Valle de Aburrá: los ajustes de cuentas entre bandas. Basta recordar que de 2008 a 2011 hubo 6.932 homicidios en Medellín, la gran mayoría por culpa de un enfrentamiento de combos en el área metropolitana. Todos los grupos chocaron en una guerra urbana con sus vecinos de comuna, menos los de Bello. (Ver la NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?).

En 2013 apenas ocurrieron 52 homicidios en la localidad y en lo que va de 2014 (con corte al 15 de agosto), 60. Eso ayuda a que no se les “caliente” la zona, aunque las autoridades siempre atribuyen a sus operativos la escasez de muertes violentas.

El secretario de Gobierno de Bello, Édgar Callejas, asegura que el bajo índice de asesinatos se debe al trabajo interinstitucional con los organismos de seguridad y que la ciudad fue elegida en 2013 como la quinta más segura entre un grupo de 27 metrópolis colombianas con más de 100.000 habitantes, según un estudio de la Universidad Sergio Arboleda.

Mas otra parece ser la sensación que perciben los habitantes de los vecindarios colonizados por las bandas, donde la simple palabra de un malviviente, sin necesidad de mostrar armas, basta para doblegar las voluntades.

El debilitamiento de estructuras antes hegemónicas, como “Pachelly” y “Niquía”, facilitó el ascenso de “los Chatas”. Adicionalmente, conformaron una alianza con “los Urabeños”, la organización criminal más grande del país.

El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, les declaró la guerra el pasado 5 de enero, acusándolos de herir a balazos a dos de sus uniformados en el sector de Cotrafa. “Pues bien, nos han retado y aceptamos el reto: ¡vamos con toda contra ‘los Chatas’!”, declaró con vehemencia.

Nueve meses después, ningún jefe tiene orden de captura y los lugartenientes se pasean con relativa tranquilidad por sus zonas de influencia: el corregimiento San Félix, Las Cabañas, Espíritu Santo, entre otros.

Por eso la comunidad evita contrariar a la banda, que en grandes proyectos de construcción exige que mínimo tres de sus “empleados” participen en tareas de celador, ayudantes y operarios de máquina. Estos infiltrados controlan los movimientos en la edificación del lote y mantienen enterados a sus patrones de cualquier “novedad”.

“Después de entregar los $50 millones, pensábamos que se evitaría el pago semanal de la vacuna, pero no. Dejaron de cobrarle al constructor y comenzó la extorsión a los contratistas que llevaban el material para acabados, puertas, ventanería y plomería”, señala Yorman Q.

Idéntica situación se ha presentado en otras comunas, donde a los contratistas “les presionan para permitirles el acceso a sus trabajadores, la llegada de los materiales, de los equipos, y para que puedan seguir adelante con sus obras son intimidados y presionados violentamente”, cuenta el dirigente Soto, y añade que esta vacuna va de $100.000 a $1 millón semanales, por lo que esas rentas ilegales “se vuelven tan grandes como el tráfico de drogas ilícitas”.

En el caso puntual, algunos contratistas dejaron de ir por miedo, así que “los Chatas”, que habían vendido el lote a los inversionistas, pusieron las puertas y varios bultos de arena y cemento obtenidos de los depósitos de Bello. “No eran materiales de la mejor calidad, pero aún así tocó prometerles 10 apartamentos en compensación”, confiesa Yorman Q.

Esta es una modalidad que se extiende cada vez más, pues los constructores y socios capitalistas no solo pagan con billetes, sino en especie. Así, los cabecillas se transformaron en arrendatarios de muchas familias, o ceden los aposentos para sus parientes y matones de confianza, o para la venta y blanqueo de activos.

“He oído que en casi todos los barrios ocurre, principalmente en zonas de la periferia hacia la montaña”, añade el ingeniero.

No obstante, lo que parece sabido por todo el gremio, no tiene quejas formales ante las autoridades. El presidente del Concejo de Bello, Luis Carlos Hernández Giraldo, quedó sorprendido al ser preguntado por los hechos, pues al cabildo “no han llegado denuncias oficiales, solamente son comentarios que hemos escuchado”.

Venden el predio sin avisarle al dueño
Con ese tono de amenaza inconfundible, de falsa autoridad que los combos  ejercen en los barrios, dos delincuentes conversan de sus fechorías, sin saber que la línea es monitoreada por agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Uno de ellos le da instrucciones al secuaz para expulsar al tenedor de un predio.

– “Ese cucho de ese lote que pillamos ayer en Cinco (sector Cinco Estrellas), vaya hable con él y le dice: ‘viejo, es pa’ decirle que hace rato le dijeron que desocupara esa chimbada y nosotros ya vendimos eso mijo, entonces ya van a venir a ver eso güevón, entonces para ver cuándo lo tiene desocupado’. Si dice que no, usted le dice: ‘usted sabe muy bien mi viejo que me mandó el parcero, el que se sabe todos los rollos de esto por aquí. O sino mire cómo nos van a cuadrar a nosotros y lo dejamos ahí sano, dénos dos y medio (millones de pesos) y le dejamos eso sano’. O sino, que pa’ mañana se necesita eso desocupado”.
– “Todo bien, ¡de una!”, le responde el interlocutor.

La instrucción fue revelada en audiencias públicas por la Dirección de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, en el marco de una investigación contra “la Camila”, que ha dejado hasta ahora a 31 de sus integrantes condenados.

Sin dejar las atrocidades comunes que ejecutan las bandas, esta facción se dedica a la usurpación de propiedades y lotes, muchos de los cuales son vendidos a terceros antes de expulsar a la fuerza a sus dueños e inquilinos. Esta situación se viene presentando en los sectores La Camila, Machado, Cinco Estrellas, La Mina, Las Vegas y Los Ciruelos, según la Fiscalía. La misma práctica es cometida por “los Triana” en La Gabriela, Acevedo y Santa Rita.

Uno de los encargados de coordinar esa actividad era un desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas y cabecilla de “la Camila”, John Jairo Ruiz Muñetón, alias “el Calvo Ruiz”, quien fue detenido y condenado a ocho años de cárcel el pasado 22 de mayo. (Ver la NOTA RELACIONADA: Cae “el Gordo Ruiz”, cabecilla criminal de Bello).

En la sentencia con número interno 2014 127100 del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, se especifica uno de los usos que la banda les da a los predios usurpados: “En aras de que los cuerpos de las víctimas no fueran hallados, eran sepultados en la terraza de una vivienda sobre la cual tenían pleno control y dominio”.

En otro aparte, se indica que los líderes “tenían contactos con diferentes funcionarios públicos, quienes les facilitaban la ejecución de sus actividades delictivas”.

El poder del “Calvo Ruiz” era tal, que los demás delincuentes de su zona “le pedían permiso para ejecutar alguna acción y él comunicaba con cuáles personas del barrio no se podían meter”.

Un habitante de La Camila comenta que la situación es tan crítica en el vecindario, que “ya ni a la puerta de la casa se puede salir, porque lo único que se ven son delincuentes y droga, al comercio lo mantienen hostigado con la vacuna y al que no la paga le roban el negocio”.

Otro residente del sector El Trapiche, que igual que el anterior solicita la reserva de su identidad, cuenta que allá hay una pandilla, al parecer asociada con “los Chatas”, que se apodera de las zonas verdes y que las quejas en las inspecciones y curadurías son infructuosas. “Y si uno les dice algo a estos delincuentes, ellos dicen que no necesitan permisos (para construir), porque Dios manda en el cielo y ellos en Bello”.

Agrega que los pandilleros se dedicaron a robar en las urbanizaciones, de donde “hicieron ir a los propietarios y vender por nada sus casas”.

El arquitecto Waldir N. afirma que en ocasiones las bandas aburren a los inquilinos que se niegan a vender, “no sé si en alianza con el constructor”. La manera de hacerlo es implantar una plaza de vicio al frente, “y la gente se cansa de ver a diario a unos muchachos tirando marihuana en su puerta, y se va”.

Al ser consultado sobre este fenómeno de usurpación de lotes y propiedades, Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz en Antioquia, lamenta la situación, pero asegura que “el gremio de las empresas inmobiliarias no ha recibido quejas formales sobre el tema”.

No se salvan ni los predios del Municipio
En un debate en el Concejo de Bello, el anterior 27 de agosto, el cabildante León Fredy Muñoz Lopera expuso otra forma de supuesta usurpación de lotes que  pertenecen al Municipio.

Señaló que la comunidad de la urbanización Los Búcaros se quejó porque hace unas semanas aparecieron personas desconocidas, midiendo un terreno aledaño a los edificios, con fines de construir allí un inmueble. Dicha zona verde es propiedad de la municipalidad.

El Concejo creó una comisión para indagar lo sucedido y Muñoz averiguó sobre el lote en las oficinas de Catastro Departamental y Catastro Municipal. Allí aparecía la propiedad, en la carrera 40B con la calle 58, un lote de 9 x 8 metros, con cédula catastral asignada, mapa de localización, acta de compraventa por $10 millones y facturas de impuesto predial.

Entre los documentos recopilados hay un acta de visita de un contratista de una firma de ingeniería y consultoría, que presuntamente evaluó el inmueble porque se le incorporó una mejora. En su informe, el profesional redactó que “la construcción se está empezando a construir” y “le faltan servicios públicos”, e incluyó la foto de una fachada.

La sorpresa surgió cuando, en la tercera semana de agosto, el concejal visitó el sitio en compañía de dos empleados de Catastro Municipal y constató que la casa no existía, era un inmueble fantasma, solo visible en el papel. “Aquí se está fraguando un delito delicadísimo, es de esa manera como se están apropiando de los terrenos del Municipio. Aquí hay un presunto concierto para delinquir y una falsedad en documento público y privado, ojalá que los organismos de control lleguen al fondo de esto. Hay funcionarios públicos y contratistas involucrados”, dijo en la plenaria.

La hipótesis de este caso es, al parecer, que individuos inescrupulosos crearon un lote en los registros de Catastro, en terrenos públicos, para luego construir allí una edificación. Pero solo alcanzaron a medirlo, antes de que se descubriera el supuesto fraude.

El concejal Jean Lee Pavón Zapata declaró en la misma reunión que en Bello hay muchas construcciones informales y que el tema de la titulación de predios urbanos y rurales es una tarea pendiente de las alcaldías. “De cada 10 construcciones, solo una se está legalizando ante las curadurías”, y agregó que este problema se observa en los barrios El Pinal, La Sonora y Niquía hacia el costado del tanque de Empresas Públicas.

De las pruebas recaudadas, el Concejo enviará copias a la Personería, la Defensoría, Catastro Departamental, la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía.

En aquel debate, los miembros de la corporación expresaron sus preocupaciones e impotencia por la manera en que la ilegalidad se aferra a la cotidianidad bellanita. La concejala Nubia Valencia reflexionó que “hay una cosa gaseosa, extraña, que se genera en torno a los bienes del Municipio”.

Y Muñoz, el expositor de la denuncia sobre el supuesto modus operandi para usurpar terrenos, manifestó lo mismo que se susurra en cada esquina de la urbe del Quitasol: “Mucha gente me dijo que no denunciara esto porque iba a destapar una olla podrida y seguro me mataban. Pero no tengo miedo”.

La bomba dejó cabos sueltos
En 2009 llegó a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) una orden con carácter de urgencia, de la Presidencia de la República: atacar el fenómeno de la extorsión en Bello y a la banda “Pachelly”, que tenía azotados a los comerciantes.

Los investigadores de ese organismo de Inteligencia comenzaron las pesquisas y en dos años recopilaron más de 50.000 horas de interceptaciones telefónicas.

Las conversaciones que escucharon no solo ayudaron a identificar a los jefes de la banda, sino un podrido cordón umbilical con funcionarios de entidades gubernamentales. La conexión era tan explosiva que el DAS bautizó esta investigación con el nombre clave de Operación TNT.

La sigla, sin embargo, tenía un doble sentido. “No solo porque era una ‘bomba’, sino que había tanta corrupción, que teníamos que investigar a media ciudad, por eso la llamamos TNT, Toma del Norte”, recuerda Reinel Z.*, exdetective del DAS.

Las labores de espionaje develaron la forma en que la banda extendía sus redes en las actividades de construcción: a través de contactos en dependencias de la Alcaldía y trámites fraudulentos, les quitaban los predios a personas que tenían título de posesión, pero no escritura (en general los de estrato uno y dos); modificaban linderos, cédulas catastrales y especificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial para que terrenos no aptos para la construcción, fueran autorizados, o para que lotes que pertenecían al Municipio pasaran a manos de terceros; alteraban permisos de licencias y actas de Curaduría, para que infraestructuras que solo estaban autorizadas para ser de tres pisos, pudieran levantar cinco; y se legalizaban terrenos obtenidos de forma fraudulenta, con desplazamientos forzados, amenazas y homicidios.

“Les quitaban las casas a viejitos, a viudas, huérfanos, pura gente pobre”, expresa Damián T.*, otro exdetective. “Cuando tomaban posesión del bien, ponían a vivir ahí a gente cercana a la organización, o lo vendían para ser demolido y construir edificios”, agrega.

Reinel Z. comenta que la organización era contratada por ciudadanos inmorales que no tenían documentos en regla para hacer actos de compraventa, y estos se los conseguían con sus enlaces en las entidades públicas. “También buscaban a inversionistas y les ofrecían terrenos para construir apartamentos, después de desplazar a los habitantes”, dice el investigador.

En cuanto a las extorsiones, la cuota inicial para permitir el despegue de grandes proyectos podía alcanzar los $120 millones.
Con la información obtenida, la Fiscalía solicitó 60 órdenes de captura y el 25 de agosto de 2011, 100 detectives y 40 soldados de la Cuarta Brigada detonaron la Operación TNT. (Ver la NOTA RELACIONADA: Operativo contra “Pachelly” y cuatro presuntos corruptos).

No solo allanaron las casas de los integrantes de “Pachelly”, sino la Oficina de Catastro y la Alcaldía de Bello, decomisando documentos y archivos digitales. Aquel día y en la semana siguiente apresaron a 23 personas, a otras 15 les notificaron los nuevos cargos en las prisiones donde pernoctaban

El operativo, sin embargo, fue infiltrado. En seis celulares de los detenidos se encontraron mensajes de texto advirtiéndoles que escaparan porque la Fuerza Pública iba en camino. Así los cabecillas lograron huir.

La alerta al parecer no les llegó a tres policías corruptos ni a Luz Dary Rodríguez Sánchez, técnica operativa de Catastro Municipal, quienes fueron arrestados. Las autoridades no tuvieron más remedio que reconocer que estaban permeadas por la mafia, aunque esgrimieron aquel clásico discurso de que “por algunas manzanas podridas” no se puede juzgar a todos.

La operación, aunque en efecto fue una bomba, no alcanzó a detonar del todo. TNT coincidió con el proceso de liquidación del DAS, en medio de los escándalos por las “chuzadas” a opositores del Gobierno y filtración de información clasificada para los criminales.

“Nosotros teníamos identificadas a 200 personas de la banda, y había más funcionarios ahí. No alcanzamos a judicializarlos a todos porque estábamos en liquidación y desde Bogotá nos dijeron ‘¡hagan esa operación ya, con lo que tengan!’”, se lamenta Reinel Z.

En las grabaciones interceptadas quedaron reseñados dos servidores públicos que dialogaban con gente de “Pachelly” y “Niquía Camacol”. A uno le decían “el Secre” y a otro “el Muchacho de Sistemas”, encargado de manipular las bases de datos para expedir certificados piratas.

“Cuando allanamos la Alcaldía, ‘el Secre’ se encerró a llorar en una oficina. Pensó que íbamos por él, pero no alcanzamos a sacarle la orden de captura”, precisa el agente.

Se habló de ejecutar una segunda fase de la Operación TNT, pero en 2012 se extinguió el DAS y las pruebas recaudadas quedaron archivadas en el trasteo a la Fiscalía, dejando a estos dos personajes como cabos sueltos y, hoy en día, libres.

La ley del silencio
El temor que ha manifestado el arquitecto Waldir N., a que le caigan “los de la moto a la oficina” si llega a denunciar el tema, nació en un episodio ocurrido en Niquía, la comuna que más creció en urbanismo y comercio, convirtiéndose en el nuevo centro de Bello y la joya de la corona para el hampa.

“En un proyecto de una torre de apartamentos había fines de semana en los que no se pagaba a tiempo la vacuna, que era de 30.000 pesos. Entonces, los del combo empezaron robándose una impresora, luego se desapareció el computador. El administrador instauró un denuncio en la Fiscalía, y no había pasado un día cuando llegaron los de la moto, con ese mismo denuncio en la mano, y lo golpearon para que lo retirara”.

Aunque maltrecho, este ciudadano sobrevivió. Otros denunciantes no corrieron con la misma suerte. El 4 de mayo de 2013 fue asesinado un líder del proceso de restitución de tierras, Iván Darío Restrepo García, por mercenarios disfrazados de policías que lo acribillaron a tiros en su casa del barrio La Gabriela. Llegaron a las 6:30 p.m., justo después de que partieran los escoltas que el Estado le había asignado por las amenazas.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) informó que el fallecido había denunciado a la organización “los Triana” por cuatro locales comerciales que le arrebataron. Además, “Restrepo se había empeñado en demostrar las alianzas entre la banda y agentes de la Policía”, según el comunicado de la ONG.

Su queja se enmarcaba en una problemática que padecen 50 familias de La Gabriela, en el costado suroriental de Bello, que fueron despojadas de sus casas.

El pasado 4 de julio, el Gaula Metropolitano capturó a 16 presuntos militantes de la agrupación en la Operación Vulcano, sospechosos de los desplazamientos forzados y la muerte de Restrepo. En el informe oficial, la Policía indicó que, tal cual hicieron con la esposa y los tres hijos del difunto, la banda suele desplazar a las personas “para quedarse con sus bienes”.

El 21 de febrero de 2014 mataron a balazos a Wilmar Ríos Gil, propietario de un depósito de materiales para la construcción que había denunciado las extorsiones que le imponía la banda “Niquía Camacol”, arrebatándole dinero e insumos para las obras en las que se involucraban.

Ese día salió en su volqueta a entregar un pedido de ladrillos, cuando los sicarios motorizados tirotearon el vehículo. También murió su escolta asignado, el patrullero Andrés Marín Acuña, y el ayudante Albeiro Arenillas; otros dos trabajadores, que iban en el volco, quedaron heridos.

Al alto grado de intimidación se suman episodios de corrupción, que terminan amordazando a los afectados. Yorman Q. relata que a una de las torres del centro de la ciudad “llegaba una patrulla cada semana y se quedaba conversando con los muchachos que la banda había puesto a trabajar en la construcción. Esos policías vacunaban a los que a su vez vacunaban la obra”.

Por nexos con “Pachelly” han sido arrestados, al menos, 10 policías en los últimos cuatro años, incluyendo al patrullero Robert Quintana Murcia, quien el pasado mes de junio fue sentenciado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín a la máxima pena contemplada en el Código Penal Colombiano: 60 años de cárcel. Según el reporte de la Fiscalía, este y otros uniformados “eran los encargados de montar retenes para verificar los contenidos de los automotores de carga y pasar la información al resto de la banda”, que luego asaltaba camiones y en algunos casos mataba a los choferes.

Y por trabajar para “los Triana”, el 9 de febrero de 2011 fueron capturados y luego condenados seis policías, incluyendo al teniente Johny Villegas, comandante de la estación del municipio de Caldas. (Ver la NOTA RELACIONADA: La justicia condenó a varios “trianas” y a sus corruptos).

El pasado 26 de agosto en una entrevista para El Colombiano, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, fue indagado sobre la corrupción en su institución. “Con frecuencia debemos capturar policías porque cedieron a tentaciones. Es una lucha que siempre debemos estar librando”, respondió.

La ciudadanía, en persona y a través de las redes sociales, tiende a justificar la ausencia de denuncias en la desconfianza a las autoridades. Es que a los episodios reseñados se suman las capturas en los últimos siete años de personas emblemáticas de Bello, por asociarse con el crimen organizado.

El caso más sonado es el del abogado Óscar Suárez Mira: bellanita de nacimiento, quien fue alcalde, congresista, empresario y el principal barón electoral de la zona, perteneciente a un clan familiar que posee decenas de propiedades, negocios y relaciones comerciales.

La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2013 a nueve años de cárcel por nexos con las Autodefensas, y en la misma sentencia (acta N°236) compulsó copias para que también se le investigue “por la probable comisión del delito de constreñimiento al sufragante y concierto para delinquir por acuerdos con bandas criminales”.

También fue condenado uno de los principales promotores de empleo: Hugo Albeiro Quintero, exgerente de la empresa Bellanita de Transportes, que cuenta con la flota de buses y taxis más grande del norte del Valle de Aburrá y genera unos 3.000 puestos de trabajo. La pena fue de siete años y medio de prisión por financiar grupos al margen de la ley y actualmente está en libertad condicional.

Después llegaron los arrestos de Luz Dary Rodríguez, la empleada de Catastro, y Adriana María Alzate Sierra (2011), coordinadora de la Casa de Justicia de Bello y precandidata a la Alcaldía de Amalfi, quien fue sentenciada a cuatro años de cárcel “por hacer parte de la banda ‘Niquía Camacol’”, según la Fiscalía.

También, por compartir información confidencial de procesos judiciales y asesorar a “los Triana”, condenaron a cinco años y 10 meses a Ílvar Alfonso Delgado Ruiz, fiscal 220 Seccional de Bello.

A juicio del secretario de Gobierno Municipal, Édgar Callejas, “cargamos con situaciones del pasado que ya son superadas. Esta administración tiene el compromiso de combatir los focos de corrupción que se puedan dar, estamos dispuestos a poner en la picota pública a estas personas”.

Los de la rosca no pagan
– “Vea, la solicitud sería la siguiente: estás haciendo una obra en el sector de nosotros, ¿cierto? Tenemos órdenes por la Alcaldía, por otras oficinas, por la Mesa de Trabajo, en que todas las obras que lleguen a hacer en el barrio, los pelados lleguen a cobrar su vigilancia. Diga si nos va a colaborar o dejamos la cosa así como está”.

La advertencia es proferida por alias “el Grande”, cabecilla de “Niquía Camacol”, al administrador de un proyecto de vivienda en su sector. El diálogo está en una grabación del 9 de febrero de 2011 y hace parte de la evidencia que la Dirección de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado ha recopilado contra esa estructura.

En otras interceptaciones (26/10/10 y 30/10/10), “el Grande” le reporta a su socio “Miguel” que están cobrando 50.000 pesos diarios de vigilancia por obra e instruye a un funcionario de las Empresas Públicas, que se aprestaba a tapar unos huecos, sobre cómo funcionan las cosas en su territorio: “En toda obra que hacen en los barrios deben colaborar los pelados de por ahí. Colabore con $25.000 o $30.000 por cada día que tengan eso ahí, porque barrio es barrio y en un barrio no se zafa el ladrón, y los pelaos le están poniendo cuidado a la herramienta, y ellos también necesitan con qué comer”.

En una grabación del 03/1/11, “Juan”, de “Niquía Camacol”, se enoja porque los de la banda de “el Mesa” se adelantaron en la extorsión a una obra de reforestación en las laderas de Bello, en la que cobraron $500.000 de cuota inicial. “Dígale a ‘el Montañero’ (cabecilla de ‘el Mesa’) que no puede disponer de eso, que nos dañó el flete, dígale a esa gonorrea, o que sino responde él”.

Sentado en una taberna, dándole sorbos a su tercer tinto de la tarde, el comerciante Emilio W*. susurra una máxima que refleja las imposiciones registradas en los audios. “En Bello se está haciendo popular que los contratistas, dentro del presupuesto de la licitación, incluyan secretamente el rubro de extorsión. Todo el pueblo está vacunado, ese es el corrillo callejero”.

Los únicos que se salvan de los pagos son los que están “en la rosca”, como él los llama. “¿Por qué hay gente que construye y se pavonea? ¡Porque está en la rosca! Y para estar ahí hay que ser amigo de los pillos y colaborarles de vez en cuando, entregándoles un apartamento o dos por edificio”.

El detective Reinel Z. acota que “los cabecillas pueden tener hasta 10 apartamentos a nombre de terceros”. Teniendo en cuenta que las viviendas de interés prioritario (VIP) tienen un valor máximo de $43 millones (decreto 0075 de 2013), el botín de inmuebles por cada patrón rondaría los $430 millones; y si se trata de viviendas de interés social (VIS), cuyo tope es de $83 millones, se acercaría a los $830 millones. Los que antes eran simples matones de barriada, hoy posan como “señores” de la propiedad raíz.

“Varios proyectos de interés social o prioritario, que son para la comunidad menos favorecida, están siendo flagelados. Es una queja que nos ha llegado de los gremios colegas y de promotores inmobiliarios”, recalca Soto.

En algunos sectores las bandas no solo son vacunadores sino inversionistas de las obras, al estilo de “los Chatas”. Sucede en Niquía y el Centro, donde según la Alcaldía el metro cuadrado oscila entre $1’800.000 y $2’000.000, así como en los barrios Pérez, San Martín, París, Espíritu Santo, Trapiche y la parte alta de Pachelly.

Las reuniones de quienes están en la rosca y los cabecillas se realizan en fincas de la vereda Primavera, el corregimiento San Félix y el área semirrural del barrio San Martín. “Allá no faltan las trabas con marihuana y las orgías. Lo que no se arregle por allá, es porque no quieren”, narra Emilio W.

Entre los personajes de la rosca que estarían aprovechando la bonanza constructora de la mano de los combos, están “el Señor Nando” y “Pollo”, un par de comerciantes veteranos y propietarios de locales y bienes raíces, que también fueron mencionados en las grabaciones de la Operación TNT.

Los que no están en la fraternidad de la mafia del ladrillo, padecen el azote de las vacunas, incluso la gente más pobre.

El maestro de obra Ferney D.*, sentado en el amplio mueble de su sala, relata que se quedó sin trabajo por culpa de los maleantes de “Niquía Camacol”. Fue contratado por una señora para “echarle plancha a la casa en el barrio La Cumbre, pensando en ponerle segundo piso más adelante”.

Un día llegó y vio a los muchachos de la moto estacionados frente a la fachada. “Ya no podés trabajar más aquí, la cucha no está dando la colaboración”, le dijeron los jóvenes. Con el rabo entre las patas y un bulto de cal, le tocó devolverse a su casa.

En zonas periféricas, en especial de las comunas 6 y 7 (Bellavista y Altos de Niquía), los antejardines son vendidos a terceros sin autorización de los dueños. En ese espacio llega un nuevo inquilino a construir su rancho, y punto.

El concejal Francisco Veléz opina que “en Bello la construcción se está desbordando, no sé quién está construyendo tanto, ni quién está comprando tanto, porque todo lo que se construye se vende”.

¿Los constructores no pierden?
El secretario de Gobierno de Bello, Édgar Callejas, se siente maniatado porque ni en su despacho, ni en la Fiscalía Seccional ni en el CTI hay denuncias formales sobre este asunto de la construcción. Entiende el temor de la población, pero sin esos registros, “para nosotros es imposible adelantar procesos, porque lo que puede pasar es que sea una cuestión que se esté manejando muy por debajo, y eso nos genera un impedimento para actuar”.

Las quejas al parecer se están entregando en niveles superiores del orden Departamental, porque el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, sí ha “recibido de ciudadanos y diputados información de ese tema. Lo hemos hablado con el general Mendoza de la Policía Metropolitana y con el Gaula. Es un tema que ya tiene una historia en Bello, pero el reto es confrontarla de manera rápida, hay un Gaula Metropolitano que debe asumir eso”.

Frente al auge de las extorsiones, cabe preguntarse: ¿por qué, en vez de decrecer, el fenómeno de la construcción sigue aumentando en Bello? ¿Por qué no se espantan los inversionistas?

El comerciante Emilio W. dice que “el negocio sigue siendo muy rentable, el margen de utilidad da con qué pagar la vacuna y sobra”.
Y el arquitecto Waldir N. concluye que “el afectado es el cliente final, porque el constructor no va a perder. Para él, el gasto de la extorsión se suma al presupuesto final y lo paga quien compra el apartamento, el constructor ajusta su plata con el bolsillo del cliente”.

El Colombiano quiso conocer la postura oficial de otros representantes del gremio de arquitectos, constructores e ingenieros sobre este punto. De nuevo apareció la ley del silencio, algunos dirigentes pidieron no ser citados, otros no quisieron, unos más dijeron no ser los más indicados para declarar y el último, mermando el volumen de su voz, hizo evidente el terror por los de la moto: “Si hablo de esto, me pongo una lápida en el cuello”.

*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
Esta investigación contó con el apoyo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (Fnpi).

NOTA RELACIONADA: Un temblor sacude a la mafia de Bello.

El Inspector.