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Casa por cárcel para Antonio Figueredo, cirujano procesado por abuso sexual y violencia intrafamiliar

Un juzgado ordenó medida de aseguramiento con detención domiciliaria y revocó una decisión anterior, impuesta por otro juzgado de Bucaramanga, Santander.

  • María Paula Pizarro compartió estas imágenes vía redes sociales. FOTO: TOMADA DE TWITTER.
    María Paula Pizarro compartió estas imágenes vía redes sociales. FOTO: TOMADA DE TWITTER.
EL COLOMBIANO | Publicado

Un juzgado de Bucaramanga ordenó medida de aseguramiento con detención domiciliaria para el prestigioso cirujano Antonio Figueredo. Judicializado por los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada, por los golpes propinados a su pareja, la médica María Paula Pizarro.

Este mismo juzgado revocó la decisión de otro que le había impuesto a Figueredo medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Decisión fuertemente criticada por colectivos de mujeres a principios de 2022.

Los hechos por los cuales está siendo procesado tuvieron lugar el 13 de noviembre de 2021 cuando la pareja salía de un bar en Floridablanca, momento en el que Figueredo le habría dicho a Pizarro que “no merecía ir a un hotel” y, posteriormente, la habría golpeado con puños y patadas.

A la médica, los golpes le ocasionaron heridas en el rostro y la barbilla. Su agresor, además le rompió tres dientes, le dejó una lesión en el tímpano y ocho días de incapacidad.

El caso fue ampliamente difundido y comentado en redes sociales. Al respecto, la Fundación Cardiovascular de Colombia separó a Figuredo de su cargo después de conocerse la denuncia.

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Caso UNGRD: jueza niega libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz

Una juez de control de garantías de Bogotá negó la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, al considerar que aún no se cumple el plazo legal exigido para acceder a este beneficio en el proceso por corrupción en la UNGRD.

  • Sandra Ortiz permanece privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). FOTO: Colprensa.
    Sandra Ortiz permanece privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). FOTO: Colprensa.
31 de diciembre de 2025
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Una juez de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, procesada por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Lea también: Caso UNGRD: exministro Ricardo Bonilla informó que padece isquemia durante audiencia de legalización de captura

La decisión fue adoptada por la juez 79 de control de garantías, quien concluyó que no se cumplen los requisitos legales para conceder la libertad bajo esta figura, debido a que aún no ha transcurrido el tiempo mínimo exigido por la ley.

De acuerdo con la funcionaria judicial, para que proceda la libertad por vencimiento de términos se requieren 240 días, plazo que no se ha completado en este caso. Según precisó, desde el inicio del conteo legal, el 24 de enero, han transcurrido apenas 158 días.

“No está llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos, invocada por parte de la defensa de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova, porque se requiere de 240 días y, se reitera, en este momento apenas han transcurrido 158 días”, señaló la juez durante la audiencia.

<p>La juez 79 de control de garantías determinó que no se han cumplido los 240 días requeridos para conceder la libertad por vencimiento de términos a la exfuncionaria. FOTO: Colprensa. </p><p> </p>

La juez 79 de control de garantías determinó que no se han cumplido los 240 días requeridos para conceder la libertad por vencimiento de términos a la exfuncionaria. FOTO: Colprensa.

La solicitud había sido presentada por el abogado defensor Mauricio Camacho, quien argumentó que se había superado el plazo legal para mantener a su cliente privada de la libertad.

Puede leer: Sandra Ortiz, la única mujer encarcelada por el caso UNGRD, denuncia sesgo y falta de garantías en el proceso

No obstante, el despacho judicial determinó que los términos aún se encuentran vigentes.

Cabe recordar que, en septiembre de este año, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Según el ente acusador, la exfuncionaria habría participado en la entrega de 4.000 millones de pesos en sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en el marco del caso Ungrd.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Sandra Ortiz Nova no fue liberada por vencimiento de términos?
El juez negó la solicitud de libertad porque no se ha cumplido el plazo mínimo de 240 días para que se pueda conceder esta medida, ya que desde que inició el caso han pasado 158 días.
¿Qué cargos enfrenta Sandra Ortiz Nova?
Sandra Ortiz Noa está acusada de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la Ungrd.
¿Cuál es la relación de Sandra Ortiz con el caso UNGRD?
Ortiz Nova está implicada en el caso Ungrd por su supuesta participación en el pago de sobornos a altos funcionarios del Congreso para facilitar contratos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Estos serían los nuevos precios del whisky, ron y aguardiente tras IVA del 19% declarado por emergencia económica

El ron costará un 48% más, el aguardiente antioqueño 50% más y el whisky un 40%. Conozca aquí los precios.

  • Estos serían los nuevos precios del whisky, ron y aguardiente tras IVA del 19% declarado por emergencia económica
  • Este es el resumen de los impuestos vigentes para este sector. FOTO: Cortesía Asobares
    Este es el resumen de los impuestos vigentes para este sector. FOTO: Cortesía Asobares
31 de diciembre de 2025
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El Ministerio de Hacienda publicó este miércoles 31 de diciembre el Decreto 1474, con el que adoptó medidas tributarias urgentes para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026.

Las disposiciones impactan directamente a sectores de alto consumo como los licores, los juegos de azar y los cigarrillos.

Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el IVA para los licores fuertes, pasará del 5% al 19%.

La medida aplicará para bebidas como aguardiente, ron, whisky y brandy, las cuales además estarán sujetas al impuesto al consumo, fijado en una tarifa del 30% sobre el valor de la botella, lo que elevará de manera considerable el precio final para los consumidores.

Este es el resumen de los impuestos vigentes para este sector. FOTO: Cortesía Asobares
Este es el resumen de los impuestos vigentes para este sector. FOTO: Cortesía Asobares

¿Cómo quedaron los precios?

Beber saldrá caro de ahora en adelante, debido a que con la entrada en vigencia del decreto a partir del 1 de enero, una botella de aguardiente de 750 ml, que hoy cuesta cerca de $50.000, podría pasar a valer aproximadamente $63.000.

Los precios del ron también subirán: el valor de una botella de 750 ml podría ascender a $70.470, mientras que una botella de whisky, que hoy cuesta alrededor de $63.980, llegaría a costar cerca de $80.313.

¡Se salvó la cerveza! Esta no tendrá ajustes tributarios y mantendrá su régimen actual. De acuerdo con el ministro Ávila, el Gobierno considera que se trata de una bebida de alto consumo social, por lo que es la única excluida en este incremento.

Juegos de azar

Las medidas también alcanzan a los juegos de suerte y azar, para los cuales se fijó una tarifa del 19% de IVA, pero con un cambio técnico en la base gravable. El impuesto no se cobrará sobre el valor total de la apuesta, sino sobre los ingresos reales del operador, descontando previamente los premios pagados a los ganadores.

Nuevos precios de los cigarrillos

El decreto contempla un aumento significativo en el impuesto a los cigarrillos, cuyas cajetillas pasarán de pagar $2.100 a $11.200, una medida que también busca fortalecer el recaudo fiscal.

Aunque el Gobierno defendió estas decisiones como necesarias para “estabilizar las finanzas públicas”, gremios de bares y establecimientos de entretenimiento nocturno rechazaron el incremento aludiendo a que no solo sería un golpe directo a las finanzas del sector, sino también un impacto fuerte para el bolsillo de los colombianos, que dejarán de consumir estos productos debido al incremento de precios.

Pronunciamiento de Asobares

La Asociación de Empresarios de Bares y Restaurantes (Asobares), rechazó el incremento y los decretos recientes que han afectado e impactado a la economía del sector. Según este gremio, una botella de whisky costará un 40% más.

En dialogo con EL COLOMBIANO, Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en Antioquia, explicó que el sector ya venía asumiendo un fuerte incremento en sus costos laborales tras la reforma que anticipó el inicio de la jornada nocturna que pasó de las 9:00 p. m. a las 7:00 p. m., lo que elevó los recargos nocturnos.

A este panorama se suman estos nuevos decretos expedidos en el marco de la emergencia económica, que aumentaron los impuestos a cervezas y licores, principal materia prima del sector. Según Valenzuela, estos tributos encarecerán los precios de los licores hasta en un 30%, presionando aún más la cadena de abastecimiento.

Entérese: Asobares señala al Gobierno de estar “desconectado de la realidad” por subir impuestos a licores vía emergencia económica

Además, con el nuevo salario mínimo, Asobares estima que los costos laborales totales podrían aumentar cerca de un 45%.

Es demasiado alto. Formalizar un empleo en este sector cada vez será más inviable. Va a ser cada vez más difícil que el que hoy está con un puesto informal se formalice. Y la potencialidad de que los empleos formales que tiene consolidado el sector o se pierdan definitivamente o se informalicen”, advirtió el dirigente gremial.

El impacto, según Asobares, recaerá principalmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 97% del sector. En Antioquia, el gremio agrupa cerca de 450 establecimientos, muchos de los cuales podrían enfrentar serias dificultades para sostener su operación en 2026.

La FLA rechazó la medida: incremento al precio para el consumidor llegará al 50%

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) reiteró su preocupación frente a los efectos que tendría la Emergencia Económica decretada por el Gobierno Nacional sobre el sector de licores, al advertir que los nuevos impuestos representarían una carga tributaria de hasta el 90%, un escenario que calificó como insostenible para la industria y perjudicial para las finanzas regionales.

Según la FLA, la medida impactaría de manera directa el precio final de los productos para los consumidores. De acuerdo con los cálculos de la empresa, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que actualmente paga por impuestos un valor de $17.500, pasaría a tributar cerca de $33.000, lo que representa un incremento cercano al 50% en el precio al consumidor. En el caso del Ron Medellín, el aumento sería del 48%.

Con esta medida, el Gobierno se está apropiando de recursos que deben ser destinados a la salud y la educación, para utilizarlos en gastos que hacen parte del presupuesto general de la nación, lo cual va en detrimento de las finanzas de las regiones”, señaló Esteban Ramos, gerente de la FLA.

Finalmente, la compañía advirtió que esta situación no solo pone en riesgo la estabilidad del sector, sino que también podría tener efectos adversos en la salud pública, al incentivar el consumo de licor adulterado, así como el contrabando, situaciones que terminarían afectando gravemente las finanzas del departamento.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo impactará el aumento de impuestos en los precios de los licores?
El aumento del IVA al 19% y el impuesto al consumo del 30% incrementarán significativamente los precios de bebidas como aguardiente, whisky y ron. Por ejemplo, el precio de una botella de aguardiente de 750 ml podría subir de $50.000 a $63.000.
¿Qué sectores se verán más afectados por los nuevos impuestos?
Los sectores de bares, restaurantes y el comercio de licores en Colombia sufrirán un impacto negativo, con incrementos en los costos operativos y el precio final de los productos. La FLA también ha alertado sobre los efectos en la industria regional.
¿Qué medidas están tomando los gremios de bares frente a esta subida de impuestos?
Los gremios como Asobares y la FLA han rechazado los decretos y han señalado que estos aumentos podrían perjudicar la economía de los establecimientos, especialmente en el sector informal y en las pequeñas empresas.
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Comunicadora Social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé en Blu Radio y soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia. Apasionada por las políticas públicas, la cultura y el reportaje social.

Por accidente en el túnel Buenavista, cerraron la vía Bogotá-Villavicencio: esto es lo que se sabe

Un siniestro vial que involucró a un motociclista provocó el cierre temporal del túnel Buenavista, en la vía al Llano, generando congestión vehicular en uno de los corredores más transitados del país durante la temporada de fin de año.

  • Autoridades y equipos de emergencia atienden el accidente ocurrido en el túnel Buenavista, que obligó al cierre de la vía Bogotá–Villavicencio mientras se evaluaban las condiciones de seguridad del lugar. FOTO: CoviandinaSAS
    Autoridades y equipos de emergencia atienden el accidente ocurrido en el túnel Buenavista, que obligó al cierre de la vía Bogotá–Villavicencio mientras se evaluaban las condiciones de seguridad del lugar. FOTO: CoviandinaSAS
31 de diciembre de 2025
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Un grave accidente de tránsito provocó el cierre temporal de la vía Bogotá–Villavicencio, una de las carreteras más transitadas del país, especialmente durante la temporada de fin de año.

Conozca: ¿Tiene moto o carro? Estas son los aumentos de las tarifas del Soat para 2026; Superfinanciera define alzas según riesgo

El hecho se registró en la tarde del martes 30 de diciembre en el túnel Buenavista, donde un motociclista perdió el control de su vehículo, generando un fuerte impacto que derivó en un conato de incendio. La situación ocasionó un importante caos vial en este corredor que comunica a la capital del país con la región de los Llanos Orientales.

Tras el accidente, personal de tránsito, organismos de emergencia y equipos de la concesionaria Coviandina acudieron al lugar para atender al conductor y evaluar las condiciones de seguridad del túnel, lo que obligó a un cierre total del paso mientras se adelantaban las labores de control y verificación.

El accidente quedó registrado en cámaras de seguridad y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. En los videos se observa cómo el motociclista pierde la estabilidad y el vehículo se desliza por la calzada antes de incendiarse.

De manera simultánea, las autoridades reportaron otro siniestro vial en el sector de Limoncitos, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Allí, un vehículo particular perdió el control y chocó contra la infraestructura de la vía, lo que obligó a reducir el tránsito a un solo carril en ese tramo.

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“Autoridades reportan reducción de carril en el túnel Limoncitos K51+400 por siniestro vial que involucra vehículo particular que pierde el control y choca contra la infraestructura. Personal al frente de la situación para normalizar en el menor tiempo posible”, señaló también Coviandina.

Estos hechos se presentan en una de las épocas de mayor flujo vehicular del año en la vía Bogotá–Villavicencio y ocurren pocos días después de otro accidente en este corredor, en el que un bus de servicio público perdió el control tras el estallido de una llanta. En ese caso, una mujer de 64 años falleció y el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial de Villavicencio.

Bloque de preguntas y respuestas

¿La vía Bogotá–Villavicencio está cerrada totalmente?
El cierre fue total de manera temporal en el túnel Buenavista mientras se atendía la emergencia y se evaluaban las condiciones de seguridad.
¿Hay pasos alternos?
Las autoridades recomiendan consultar a Coviandina y a la Policía de Tránsito para conocer rutas habilitadas o aperturas parciales.
¿Hubo otros accidentes en la vía?
Sí. De forma simultánea se reportó otro siniestro en el sector de Limoncitos, con reducción de carril.

Conmoción en el mundo del Vallenato: hallan sin vida al exmanager de Diomedes Díaz, en Santa Marta

El exmanager fue hallado por lancheros en un cerro de Santa Marta. Aquí los detalles del caso.

  • Manuel José Páez, representó durante varios años, especialmente en la década de 2000 hasta el año 2013. FOTO: Instagram de Manuel José Páez
    Manuel José Páez, representó durante varios años, especialmente en la década de 2000 hasta el año 2013. FOTO: Instagram de Manuel José Páez
31 de diciembre de 2025
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El Vallenato está de luto. En las últimas horas fue hallado sin vida Manuel José Páez Álvarez, reconocido por haber sido durante años el exmanager de Diomedes Díaz. El cuerpo de Páez fue encontrado en el cerro que comunica el balneario de Inca Inca con el sector turístico de El Rodadero, ubicado al sur de Santa Marta.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cuerpo fue encontrado por lancheros y prestadores de servicios turísticos que transitaban por el lugar, quienes lo hallaron tendido boca abajo y sin signos vitales.

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Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Armada Nacional con sede en Santa Marta, así como funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que realizaron el levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.

Según medios regionales, la primera hipótesis sobre su muerte apunta a que Páez Álvarez estaba realizando senderismo y al parecer, habría perdido el equilibrio y caído por una zona de difícil acceso. Por el momento, las autoridades aún no confirman la causa exacta del fallecimiento, pero el caso continua bajo investigación para esclarecer lo sucedido.

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Pronunciamientos sobre su muerte

La cuenta oficial “Diomedes Díaz Vive” emitió un sentido comunicado, expresando las condolencias hacia la familia de Páez y resaltando el legado que tuvo este para la industria musical en Colombia y especialmente para Santa Marta.

Trayectoria en el Vallenato

Manuel José Páez Álvarez fue una figura clave para el mundo del Vallenato, especialmente recordado por haber sido una pieza fundamental en la carrera del cantante vallenato Diomedes Díaz Maestre, a quien representó durante varios años, especialmente en la década de 2000 hasta el año 2013.

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En ese rol, se encargó de cerrar contratos, organizar giras y acompañar de cerca la carrera artística del “Cacique de La Junta”. Además de su trayectoria en la música, Páez Álvarez vivía en Santa Marta, donde era residente del barrio Villas de Santa Cruz y era padre de tres hijos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue Manuel José Páez Álvarez?
Fue el exmanager del cantante vallenato Diomedes Díaz y una figura clave en la organización de su carrera artística durante varios años.
¿Dónde fue hallado su cuerpo?
En un cerro que comunica el balneario de Inca Inca con el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta.
No. Las autoridades investigan el caso y, por ahora, manejan como hipótesis preliminar una posible caída accidental.
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Comunicadora Social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé en Blu Radio y soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia. Apasionada por las políticas públicas, la cultura y el reportaje social.

La ‘Paz Total’ dejó 1.273 actos terroristas y 559 secuestros

El lema “Colombia, potencia mundial de la vida” con el que el Petro llegó a la Presidencia sigue en entredicho. A ocho meses de terminar su Gobierno, los procesos de paz no han avanzado, y tanto ciudadanos, como líderes sociales y miembros de la fuerza pública, han pagado con sus vidas.

  • Durante 2025 las acciones terroristas pasaron de 1.126 a 1.273, un crecimiento que responde a una estrategia de visibilidad simbólica, particularmente en el suroccidente del país. FOTO AFP
    Durante 2025 las acciones terroristas pasaron de 1.126 a 1.273, un crecimiento que responde a una estrategia de visibilidad simbólica, particularmente en el suroccidente del país. FOTO AFP
31 de diciembre de 2025
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El 2025 fue un año en el que el país miró hacia atrás en su historia, preguntándose si la estaba repitiendo. Solo en las últimas semanas Colombia volvió a vivir tomas a pueblos en Cauca que han durado toda la noche, como cuando en el gobierno de Andrés Pastrana las Farc acababan con municipios a golpe de bombas y fusil. El año deja más de 1.200 ataques terroristas y más de 559 secuestros, delitos que parecían del pasado.

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Ya desde junio, la violencia llegó a su cenit con el atentado mortal a Miguel Uribe Turbay en Bogotá. Además, queda un país tapizado en mata de coca, tanto que Estados Unidos nos descertificó en materia de lucha contra las drogas, la última vez que algo así sucedió fue durante el Gobierno de Ernesto Samper. ¿Cómo hablar de ser una “potencia mundial de la vida” en medio de escenarios violentos y crueles?

Estadísticas y testimonios ponen entredicho la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro al llegar al poder en 2022: desactivar la guerra. La forma de hacerlo, aseguró, sería implementando una de sus propuestas más ambiciosas: la política de ‘Paz Total’.

Se trató de un ecosistema de mesas de negociación que pretendía desmovilizar, no a uno, sino a todos los grupos armados ilegales de Colombia. Para 2025, ni el ELN ni las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias “Iván Mordisco”, hacen parte de las conversaciones.

En el caso del ELN –la que estaba llamada a ser la mesa central de la ‘Paz Total’–, el proceso quedó suspendido desde septiembre de 2024, después de que esa guerrilla atacó una base militar en Arauca, dejando dos muertos y 25 heridos. Y aunque el presidente Petro anunció que había voluntad de reanudar los diálogos, aquello quedó en el aire. Actualmente no hay un calendario, ni objetivos, ni resoluciones claras con el grupo armado.

Mientras tanto, pese a los cuestionamientos, las disidencias de alias “Calarcá” ocupan un lugar. No es algo menor: su presencia en la ‘Paz Total’ les otorga beneficios como un alto al fuego por parte de las Fuerzas Militares, así como un alto en los procesos de extradición y captura. Los subversivos, entre tanto, aprovecharon la inacción estatal para fortalecerse.

Tanto así que, sobre la mesa de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, reposa un grueso expediente llamado “Archivos de Calarcá”, con chats, audios y material que apuntaría a presuntos nexos entre funcionarios del Estado con los delincuentes. Según las denuncias, se habrían utilizado recursos públicos para transportar a los criminales, sus armas ilegales y los menores que reclutaron.

Amplíe la noticia: Caracol revela escándalo: nexo de disidencias de ‘Calarcá’ con general del Ejército y con Dirección Nacional de Inteligencia

La indignación sobre aquel hecho llegó por varios frentes. No solo se prendieron las alarmas por posibles filtraciones de inteligencia; sino que, por un lado, las disidencias de “Calarcá” siguen sonando como posibles responsables del magnicidio de Uribe Turbay, junto a la Segunda Marquetalia; por el otro, se habrían utilizado camionetas del Estado para transportar menores hacia la guerra.

Según la Defensoría del Pueblo, este delito tuvo una disminución de casos, pasando de 409 en 2024 a 194 en 2025. Sin embargo, hace poco más de un mes, las Fuerzas Militares atacaron un campamento disidencias de las Farc en zona rural de Calamar, Guaviare. En aquel bombardeo, siete menores de edad perdieron la vida.

Al conocer lo ocurrido, el presidente Petro aseguró que aquello fue un daño colateral, en pro del bienestar del Ejército: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida (a los soldados del operativo). Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”. Aquellas palabras contradijeron lo que, como senador, defendió con vehemencia.

Durante la Presidencia de Iván Duque también murieron menores de edad tras ataques a grupos armados. En ese momento, Petro aseguró: “Si el gobierno sabía que allí había menores de edad antes del bombardeo en Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir, un crimen contra la humanidad”. Con ese recuerdo, el mandatario se anotó otra promesa rota.

No solo eso. Aunque el presidente aseguró que el bombardeo al campamento con menores era necesario para salvaguardar a los soldados, en el resto del territorio colombiano decenas de ellos siguen perdiendo la vida en medio de ataques terroristas.

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Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), le aseguró a EL COLOMBIANO: “Realmente lo que se ve con el cierre de año de la ‘Paz Total’ es que las autoridades siguen teniendo muy poca capacidad de incidencia en lo sucede en el territorio”.

Además, resaltó que, en relación a las mesas de negociación activas, algunas como la del Clan del Golfo, carecen de un marco jurídico sólido que las respalde, lo que genera “muchas dudas” sobre su viabilidad y futuro. Cuando este diario le consultó acerca del modelo de diálogo que parece funcionarle al Gobierno o donde hay mayor progreso, identificó al Estado Mayor de los Bloques como el grupo con el que han “avanzado”.

No obstante, Cajiao matiza este avance con varios puntos críticos: altibajos y falta de metas concretas, porque aunque se discuten temas como las “zonas de ubicación temporal”. Por ello, el investigador afirma que no se vislumbra un “punto de llegada” ni la posibilidad de lograr un acuerdo definitivo durante lo que resta del actual gobierno.

Orden público

El 2025 cierra con un incremento considerable en el delito de secuestro, pasando de 313 casos en 2024 a 559 en 2025, un aumento cercano al 80%, como lo muestran cifras del Ministerio de Defensa. De manera paralela, las acciones terroristas pasaron de 1.126 a 1.273, un crecimiento que responde a una estrategia de visibilidad simbólica, particularmente en el suroccidente del país, en escenarios como Cali y Jamundí, donde los grupos buscan proyectar una imagen de fuerza ante la opinión pública.

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Cajiao plantea que esta tendencia se cruza con la paradoja entre la defensa de la vida promovida desde el diálogo y la persistencia del control armado en los territorios. Con corte a noviembre, los homicidios pasaron de 12.252 en 2024 a 12.484 en 2025 (tres cada dos horas), mientras que los asesinatos de líderes sociales aumentaron de 173 a 181. Estas cifras refuerzan la idea de una violencia selectiva que sigue operando como mecanismo principal de control social.

En el mismo sentido, las masacres se mantuvieron estáticas, con 76 eventos reportados en ambos años con corte a diciembre, lo que evidencia que las dinámicas de control territorial no han cedido, pese a los ceses al fuego o a los acercamientos en curso. En contraste, se observa una divergencia entre los delitos de mayor visibilidad cotidiana y aquellos que sostienen la guerra.

Las denuncias por hurto a personas disminuyeron de 316.226 a 269.206, y la extorsión pasó de 13.802 a 11.273 casos. Para Cajiao, estos descensos podrían leerse como positivos, pero en el marco de la ‘Paz Total’ también pueden interpretarse como un desplazamiento de los grupos armados hacia rentas más lucrativas o formas de control que no siempre se denuncian.

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Descertificación

En la lucha contra las drogas, los datos muestran un cambio de estrategia. La erradicación de hoja de coca, en cifras del Ministerio de Defensa, cayó de 9.402 a 7.495 hectáreas, mientras que la incautación de cocaína aumentó de 889.201 a 920.848 kilogramos. Este contraste sugiere un Estado más concentrado en el eslabón final de la cadena, pero que deja márgenes de control territorial en la base productiva, donde los grupos armados mantienen su influencia sobre el campesinado cultivador.

En medio de aquel panorama, el fantasma de la descertificación sigue presionando al Gobierno. A Colombia le queda menos de un año para revertir la decisión de Estados Unidos, y mostrarle al país norteamericano que las acciones estatales contra el narcotráfico son contundentes.

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En caso de no lograrlo, las consecuencias serían enormes: desde el bloqueo a créditos con la banca multilateral —FMI, BID, Banco Mundial, entre otros— hasta sanciones arancelarias y reducción de ayuda monetaria.

El presidente Petro insiste en que las incautaciones han sido altas; sin embargo, en entrevista con EL COLOMBIANO, Salomón Majbub, director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, explicó en su momento que: “La incautación es una estrategia engañosa, ya que hay más incautación porque hay mayor producción de cocaína que antes, y terminan las incautaciones siendo funcionales a la regulación del precio de estas sustancias”.

Y aunque durante las primeras semanas el mandatario insistió en que era una medida injusta y de persecución por parte de Estados Unidos, en las últimas semanas aquellas quejas fueron reemplazadas por el silencio y, al final, aquel silencio fue llenado con una medida que anota otra contradicción para el presidente, además de ser otra promesa de campaña rota.

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El 22 de diciembre, el Ministerio de Justicia anunció que se reactivarán las fumigaciones con glifosato en Colombia. Se utilizarán drones que volarán a 1.5 metros del suelo y cada uno podrá cubrir una hectárea de coca en aproximadamente 30 minutos, incluyendo los tiempos de recarga de batería necesarios.

Y así, el Gobierno Nacional cierra el año con varios problemas por solucionar. ¿Alcanzarán ocho meses?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos secuestros se registraron en Colombia en 2025?
Según cifras oficiales, en 2025 se reportaron 559 secuestros, un aumento cercano al 80% frente a 2024.
¿Por qué se cuestiona la política de ‘Paz Total’?
Porque los principales grupos armados están fuera de las mesas, la violencia aumentó y no hay avances concretos hacia acuerdos definitivos.
¿Qué implicaciones tiene la descertificación de EE. UU.?
Puede generar sanciones económicas, bloqueo de créditos internacionales y reducción de ayuda financiera para Colombia.
Loren Sofía Buitrago Bautista

Comunicadora social con énfasis en Periodismo y Audiovisual de la Javeriana. Ha trabajado para El Tiempo, Portafolio, Directo Bogotá y ahora en EL COLOMBIANO. Apasionada por temas de cultura, género y derechos humanos.

El juicio del siglo: Uribe condenado y absuelto en un mismo año

El caso está en su recta final con el recurso de casación, que llevó nuevamente el expediente a la Corte Suprema de Justicia, el tribunal donde se inició la investigación hace más de una década.

  • El expresidente Álvaro Uribe siempre defendió su inocencia y aseguró que era víctima de un montaje de sus detractores políticos. FOTO Xinhua
    El expresidente Álvaro Uribe siempre defendió su inocencia y aseguró que era víctima de un montaje de sus detractores políticos. FOTO Xinhua
31 de diciembre de 2025
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En un mismo año, Álvaro Uribe Vélez fue llevado a juicio, condenado y absuelto, una secuencia excepcional incluso para los estándares del sistema judicial colombiano. El expediente del expresidente aún no tiene punto final, lo tiene la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir si es finalmente declarado culpable o inocente de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Se trata de uno de los procesos más complejos, mediáticos y jurídicamente exigentes que haya enfrentado una figura de su dimensión en la historia reciente del país.

Pocas veces un caso penal había concentrado tantas etapas y figuras procesales en tan corto tiempo. El juicio contra Uribe no solo se desarrolló bajo la lupa nacional e internacional, sino que fue transmitido en vivo, convirtiéndose en una especie de aula abierta para estudiantes y expertos en derecho penal. Allí desfilaron recusaciones, nulidades, cambios de competencia, debates probatorios, teorías del caso enfrentadas y estrategias defensivas y acusatorias que pusieron a prueba el procedimiento penal colombiano.

Calificado por la prensa como “el juicio del siglo”, el proceso se extendió por más de una década, con más de 60 audiencias y decenas de testigos, incluido el propio Uribe. Todo confluyó el 29 de julio, en una jornada maratónica de más de 10 horas, cuando la jueza Sandra Heredia anunció el sentido del fallo: culpable.

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Por el estrado desfilaron exparamilitares, abogados, investigadores, familiares, políticos, presos comunes y peritos. Sus declaraciones sustentaron la decisión de la jueza de imponer una condena de 12 años de prisión al exmandatario, al dar por acreditado que existió una estrategia orientada a la manipulación de testigos, que habría incluido instrucciones a su entonces abogado, Diego Cadena, para acudir a centros carcelarios del país en busca de internos dispuestos a declarar a su favor.

La absolución a Álvaro Uribe en segunda instancia no fue una decisión unánime. Una de las magistradas emitió un voto de salvamento en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. IMAGEN DE EL COLOMBIANO.
La absolución a Álvaro Uribe en segunda instancia no fue una decisión unánime. Una de las magistradas emitió un voto de salvamento en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. IMAGEN DE EL COLOMBIANO.

Todo comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Seis años después, en 2018, la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda y abrió un proceso contra el expresidente por soborno en actuación penal y fraude procesal. Desde ese momento, Uribe dejó de ser denunciante para convertirse en investigado.

El fallo de la jueza que lo condenó fue duramente cuestionado en distintos escenarios jurídicos y políticos. Las críticas más fuertes provinieron del Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia y en tiempo récord, resolvió el recurso de apelación presentado por la defensa. En su decisión, el Tribunal revocó la sentencia condenatoria al advertir falencias en la valoración probatoria y en la construcción de las inferencias sobre la responsabilidad del exmandatario, y emitió un fallo absolutorio a su favor.

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El caso judicial contra Álvaro Uribe se construyó, en buena medida, a partir de un mosaico de testimonios provenientes de exparamilitares que ofrecieron versiones contradictorias ante los jueces. Algunos de ellos aseguraron no haber tenido conocimiento de supuestos vínculos del expresidente con estructuras armadas ilegales. Otros, en cambio, considerados por la acusación como testigos clave, afirmaron que Uribe y su hermano Santiago habrían estado detrás de la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia y que su centro de operaciones habría sido la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe en esa época.

La disparidad de relatos marcó el desarrollo del proceso. Cada versión fue sometida a contrastación judicial y dio lugar a múltiples incidentes, entre ellos denuncias por falso testimonio. En ese contexto apareció la figura de Juan Guillermo Monsalve, señalado como el testigo principal del expediente. Condenado a más de 40 años de prisión y recluido en una cárcel del país, Monsalve sostuvo que, mientras trabajó en la hacienda Guacharacas, fue testigo directo de los presuntos vínculos ilegales de los hermanos Uribe con grupos paramilitares.

Sin embargo, con el avance del proceso, la defensa cuestionó de manera reiterada la credibilidad de ese testimonio. En las decisiones posteriores se concluyó que Monsalve no había pertenecido a ninguna estructura paramilitar, lo que, según los fallos, debilitaba su condición de testigo presencial de los hechos que relató. Ese punto se convirtió en uno de los ejes centrales del debate probatorio y fue determinante en la evaluación que hicieron los jueces de segunda instancia.

Tras el fallo favorable en apelación, el proceso aún no se cierra. El expediente regresó a la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal donde se inició el caso hace 13 años. Uribe había renunciado en 2020 a su curul en el Senado para dejar de ser juzgado por el alto tribunal, pero el paso del tiempo y las decisiones judiciales han devuelto su proceso penal al punto de partida, en un caso que sigue siendo uno de los más emblemáticos y controvertidos de la historia judicial reciente del país.

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Condena contra Diego Cadena, el abogado de Uribe

Diego Cadena, el controvertido abogado que alguna vez fue pieza clave en la defensa del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado a siete años de pena domiciliaria en primera instancia. El tulueño nunca se dejó ver en los estrados durante el juicio en su contra.

A diferencia de su antiguo jefe, quien por el mismo escándalo judicial acudió en repetidas ocasiones a los despachos de Paloquemao, Cadena prefirió esconderse tras la virtualidad, encendiendo la cámara solo cuando era estrictamente necesario. El desenlace, sin embargo, lo alcanzó de lleno tras ser condenado por soborno a testigos en actuación penal.

Según el expediente, Cadena se encargó de visitar cárceles, contactar internos y ofrecer beneficios ilegales y económicos a cambio de declaraciones manipuladas a favor del expresidente Álvaro Uribe.

Bloque de preguntas y respuestas

¿El caso judicial contra Álvaro Uribe ya terminó?
No. Aunque fue absuelto en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia deberá definir de manera definitiva su situación penal.
¿De qué delitos está acusado Álvaro Uribe?
De fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, en un proceso que se originó en 2012.
¿Por qué el juicio de Uribe es considerado histórico?
Por su duración, la magnitud del acusado, la transmisión pública de las audiencias y la complejidad jurídica del caso.
Maria Victoria Caicedo G

Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.

Hechos del 2025: La Casa Blanca arrincona a Petro con la temida Lista Clinton

Bajo el pretexto de que ha sido un cómplice de los carteles de narcotráfico, el Departamento del Tesoro sancionó al presidente, su hijo, esposa y a Benedetti.

  • El presidente Gustavo Petro dijo que la Primera Dama, Verónica Alcocer, ya no era su esposa, aunque no se han divorciado. FOTO: CORTESÍA DE PRESIDENCIA.
    El presidente Gustavo Petro dijo que la Primera Dama, Verónica Alcocer, ya no era su esposa, aunque no se han divorciado. FOTO: CORTESÍA DE PRESIDENCIA.
31 de diciembre de 2025
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Gustavo Petro quedó registrado en la historia de Colombia como el primer presidente sancionado con la Lista Clinton por parte del gobierno de Estados Unidos, que lo considera un supuesto auspiciador del narcotráfico de cocaína transnacional.

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La decisión, que tuvo el aval del presidente Donald Trump, fue comunicada el pasado 23 de octubre por Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro, quien señaló: “Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses (...). El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”.

La medida también afectó a su hijo Nicolás Petro Burgos y a la Primera Dama, Verónica Alcocer, al igual que al ministro del Interior, Armando Benedetti.

En la teoría, la inclusión en la Lista Clinton o de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), implica que ninguna empresa estadounidense puede tener relaciones comerciales con los afectados; pero en la práctica, genera un congelamiento de los activos bancarios y las transacciones económicas a nivel mundial.

Aunque es claro que la sanción financiera fue una retaliación de Trump por los constantes desaires cometidos contra él por Petro, tanto en redes sociales como en escenarios políticos, la Casa Blanca fundamentó la medida en la Orden Ejecutiva N°14059, diseñada para extranjeros que hayan “participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

El Departamento del Tesoro fustigó las políticas de seguridad del mandatario, recalcando que solo sirvieron para disparar el negocio del narcotráfico y favorecer a los criminales.

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En su informe, la entidad indicó que Petro “es un exguerrillero elegido presidente en 2022”, le recordó que por su culpa Colombia fue suspendida del Egmont Group (la más grande comunidad de inteligencia financiera del mundo) y que “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína. El 15 de septiembre de 2025, debido a las acciones de Gustavo Petro y sus secuaces, el presidente Trump determinó que Colombia es un importante país de tránsito o producción de drogas, y que está incumpliendo manifiestamente sus responsabilidades en materia de control de drogas”.

Ante los señalamientos, la defensa de Petro ha sido lacónica. El mismo día trinó en X: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

Para enfrentar el proceso administrativo en EE. UU. nombró como abogado a Dany Kovalik, un simpatizante del régimen de Nicolás Maduro, quien ha representado a los sindicatos en varias demandas contra multinacionales en esa nación.

Un proceso ante la OFAC puede tardar entre tres y diez años antes de obtener la exclusión de la lista.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la Lista Clinton?
Es una lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. que bloquea financieramente a personas y entidades vinculadas al narcotráfico o delitos transnacionales.
¿Qué consecuencias tiene estar en la Lista Clinton?
Congelamiento de activos, bloqueo de transacciones financieras y prohibición de relaciones comerciales con empresas estadounidenses.
¿Puede Gustavo Petro salir de la Lista Clinton?
Sí, pero el proceso ante la OFAC puede tardar entre tres y diez años y no tiene garantía de éxito.
Nelson Ricardo Matta Colorado

Periodista especializado en temas de crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo. También soy escritor y dramaturgo, autor de las obras teatrales “La Trilogía del Mal” y “Estallido”.

Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

Las polémicas fueron pan de cada semana en el último año para el “Gobierno del Cambio”. Hubo de todo: capturas por el caso UNGRD, irregularidades en las Fuerzas Militares, filtraciones de las disidencias de “Calarcá” y trampas con los dineros de la campaña.

  • Un collage sobre algunos de los escándalos del Gobierno Petro. FOTOS: CORTESÍA
    Un collage sobre algunos de los escándalos del Gobierno Petro. FOTOS: CORTESÍA
31 de diciembre de 2025
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Por lo menos 24 escándalos —contados y revisados con paciencia— han atravesado y marcado al Gobierno de Gustavo Petro. Algunos duraron semanas; otros, años. Unos arrancaron como chisme de pasillo y terminaron en estrados; otros nacieron directamente de la Fiscalía, Contraloría o Procuraduría. Eso sí, todos se volvieron parte de la conversación pública.

Ahí están las presuntas ‘chuzadas’ de Laura Sarabia, que comenzaron con un maletín extraviado y terminaron con policías condenados por interceptaciones ilegales, dejando claro que en Palacio los asuntos privados podían escalar rápido a problema institucional. La escena del polígrafo a la niñera —presentado como voluntario— terminó de cruzar la línea entre intimidad y Estado, y quedó conectada, inevitablemente, con el escándalo de las interceptaciones.

El capítulo de las violencias de género tuvo nombres propios y ruido persistente: Víctor de Currea-Lugo, señalado por presunto acoso y aun así orbitando cerca del poder; Hollman Morris, con denuncias laborales en RTVC y actuaciones de la Procuraduría; y Diego Cancino, con denuncia penal por presunto acoso sexual y una agencia especial creada por el Ministerio Público. Tres casos distintos, una misma incomodidad política.

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También estuvo el frente familiar. Juan Fernando Petro, con investigaciones abiertas y el presidente reiterando que supuestamente no intervendría. El gabinete, por su parte, vivió en modo puerta giratoria: 62 ministros han pasado por el Gobierno desde agosto de 2022, 15 cambios solo en 2025, y carteras donde hasta cuatro titulares ocuparon el mismo despacho, convirtiendo la estabilidad en anécdota.

RTVC aportó su propio libreto: investigaciones de la Procuraduría por contratación, demandas por pluralismo informativo, un modelo con más de 1.800 contratistas y denuncias por contratos sin licitación de miles de millones. En energía, Ricardo Roa permaneció en Ecopetrol cargando la sanción del Consejo Nacional Electoral por rebasar topes de campaña en $5.300 millones y por contratos aéreos que nunca se fueron del todo.

El deporte cerró la tanda: Ministerio del Deporte, Juegos Panamericanos de Barranquilla perdidos, procesos fiscales por $10.768 millones, hallazgos por más de $31.000 millones y una exministra, María Isabel Urrutia, acusada por la Fiscalía. Nueve escándalos apenas para abrir boca: el conteo completo es de 24.

No fueron episodios aislados ni tormentas pasajeras, sino una seguidilla que marcó la agenda pública y desgastó el discurso del cambio. Al final, esto termina como un balance político: un Gobierno atravesado por el escándalo como paisaje permanente.

Carrotanques sin agua y favores políticos: el escándalo de la UNGRD

En febrero de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) pasó de atender emergencias a protagonizar una: $47.000 millones en carrotanques para La Guajira que no llevaron agua, pero sí sospechas.

El escándalo destapó un entramado político y, según exdirectivos, plata usada para aceitar apoyos en el Congreso de la República. Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministros, hoy están en la cárcel por uno de los casos de corrupción más graves del Gobierno de Petro. Agua no hubo; poder, sí.

La organización criminal de la Ungrd. Foto: El Colombiano
La organización criminal de la Ungrd. Foto: El Colombiano

Las peleas en redes que acabaron mal: Petro en la Lista Clinton

En octubre de 2025, la tensión con Washington cruzó una línea inédita. Estados Unidos, a través de la OFAC, anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro, junto a su exesposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton, una medida administrativa que implica sanciones financieras y un fuerte impacto político.

Más allá del debate jurídico, el episodio dejó una escena atípica: la relación con el principal aliado quedó visiblemente deteriorada y el choque diplomático pasó de redes a sanciones oficiales.

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Los chats e infiltraciones de ‘Calarcá’ en la inteligencia del país

A finales de 2025, otro ruido empezó a colarse en el Palacio: era armado, y relacionaba altas esferas del poder militar. Investigaciones revelaron chats y archivos incautados a alias ‘Calarcá’, de las disidencias de las Farc, que apuntaron a contactos con el general Juan Miguel Huertas, alto mando del Ejército, y con Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección de Inteligencia.

En los mensajes se habla de reuniones, favores e información reservada. Ese material llevaba meses en poder de la Fiscalía sin que se hiciera mucho. El presidente lo negó todo.

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La postal de la impunidad: Carlos Ramón González con asilo y vallenato

El escándalo de la UNGRD también dejó un capítulo fuera del país. Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue señalado por la justicia como pieza clave en el entramado de corrupción y un tribunal ordenó su captura.

El problema es que salió de Colombia y terminó en Nicaragua, donde obtuvo protección política mientras pesa sobre él una circular roja de Interpol. El colofón del escándalo fue ver a González en una parranda vallenata en Managua, mostrando en el retrato más crudo de la corrupción en el Gobierno.

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“Sin documentos”: el año en que el pasaporte fue problema

La crisis de pasaportes terminó siendo algo más que un trámite administrativo. A la brava, el Gobierno decidió sacar del juego a Thomas Greg & Sons, la firma que por años imprimió los documentos, para apostar por un nuevo esquema estatal con Portugal.

El cambio abrió una tormenta jurídica, encendió alertas por posibles retrasos y se llevó por delante a Laura Sarabia, además de Luis Gilberto Murillo y Alfredo Saade. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Porque sí.

Alcocer y sus amigos catalanes: el entorno que rodea a la primera dama

La vida privada de Verónica Alcocer se convirtió en asunto público. En noviembre, el medio sueco Expressen la mostró en tiendas de lujo en Estocolmo junto al empresario catalán Manuel Grau Pujadas.

No era un acompañante casual: recibió la nacionalidad por orden presidencial, ha pasado por juntas del Estado y es cercano a Xavier Vendrell, otro catalán que participó como asesor de campaña del presidente Gustavo Petro.

262.000 hectáreas después, llegó la descertificación de Estados Unidos

El debate por la coca también tuvo su cifra incómoda. En 2024, la UNODC reportó que Colombia llegó a 262.000 hectáreas sembradas con coca, un aumento cercano al 3% con relación a 2023, mientras que la producción potencial de cocaína fue calculada en 3.001 toneladas métricas.

Petro se opuso a la publicación total del informe, alegando que la ONU tiene errores de cálculo. Más que una discusión técnica, el episodio alimentó la desconfianza de EE.UU. en la política antidrogas colombiana, llevando a la descertificación, un golpe político y diplomático directo al Gobierno Petro.

Cuando las acusaciones dejaron de ser privadas: las cartas de Leyva a Petro

En 2025, la ruptura dejó de ser interna y pasó al papel. Álvaro Leyva, exaliado y excanciller, publicó en varias ocasiones cartas dirigidas al presidente Gustavo Petro con acusaciones personales (entre ellas, una supuesta drogadicción) y señalamientos sobre su forma de gobernar.

En paralelo, por fuera de esas misivas, se filtró un supuesto plan para sacarlo del poder. Las cartas fueron reales, públicas y circularon sin filtro: dejaron de ser un ruido de pasillo para convertirse en un documento político.

Contrabando con carta de recomendación: la DIAN y Papá Pitufo

El escándalo de los chats de la DIAN terminó tocando el despacho presidencial. Y es que Gustavo Petro habría ordenado, a través de Laura Sarabia, el nombramiento de una funcionaria en el puerto de Buenaventura, pese a advertencias internas sobre sus presuntos vínculos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como uno de los mayores contrabandistas del país.

El entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, alertó sobre las denuncias, pero la orden —según su testimonio— venía de arriba y debía cumplirse. La promesa de no repartir cargos chocó, otra vez, con la realidad del poder y sus recomendados.

La diplomacia prometida contra la diplomacia real del Gobierno de Gustavo Petro

La promesa de profesionalizar la diplomacia fue clara en campaña: Gustavo Petro criticó que embajadas y consulados fueran cuotas políticas.

Ya en el Gobierno, sin embargo, el discurso cambió: Petro avaló eliminar requisitos para nombrar embajadores como Alfredo Saade en Brasil o Armando Benedetti en Venezuela. La crítica terminó convertida en discurso.

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Armando Benedetti: ¿contra todo y contra todos?

A pesar de que el ministro del Interior caza peleas y señala compañeros, Petro lo mantiene. Se ha peleado con el exministro Eduardo Montealegre; el director de la UNGRD, Carlos Carrillo; Luis Carlos Reyes, y Laura Sarabia. Le dijo “demente, delincuente y loca” a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, porque allanaron su mansión en Puerto Colombia.

La campaña del “cambio” hizo trampa para ganar las elecciones: CNE

Tres años después de llegar al poder con la promesa del “cambio”, la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia quedó marcada por un fallo sin precedentes: el Consejo Nacional Electoral concluyó que hizo trampa para ganar.

Según el CNE, el equipo de “Petro Presidente” se pasó de los topes de gasto, ocultó miles de millones en cuentas y recibió dinero de fuentes prohibidas como sindicatos. El mensaje es incómodo, pero contundente: el primer gobierno de izquierda también rompió las reglas, el primer gobierno de izquierda no jugó limpio.

En el “Gobierno del Cambio” también se bombardearon menores de edad

Como opositor, Petro no dudó en calificar como “crimen de guerra” los operativos militares que dejaron menores de edad asesinados en el Gobierno de Iván Duque (Caquetá en 2019, Guaviare en 2021 y Putumayo en 2022). Ahora, el presidente, sus congresistas y su candidato a reemplazarlo hicieron piruetas discursivas para reconocer que esos hechos se siguen repitiendo.

La Defensoría del Pueblo alertó que en un bombardeo del 10 de noviembre en Calamar (Guaviare) contra las disidencias de “Iván Mordisco” siete menores murieron. El mandatario justificó que “en las columnas de Mordisco solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores”. La congresista Catherine Juvinao denunció que la cifra de niños que han muerto en esos bombardeos es de 17, según estadísticas de Medicina Legal.

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Nicolás Petro, ¿el hijo del cambio con la misma corrupción?

Desde 2023, el nombre de Nicolás Petro Burgos se convirtió en un problema político y judicial para el Gobierno Petro. La Fiscalía lo puso bajo la lupa por presunto ingreso de dineros irregulares a campañas, un patrimonio que no cuadraba con sus ingresos, sumado a contratos regionales bajo sospecha cuando fue diputado del Atlántico.

El caso se volvió aún más explosivo por los testimonios de su expareja y las disputas familiares expuestas en público. Algunos cargos se han caído y otros siguen, pero el daño ya está hecho.

De la “paz total” no queda ni una “paz parcial”

Aunque el presidente Petro dijo en campaña que en tres meses firmaba la paz con el ELN, a siete de terminar su Gobierno esa guerrilla ni siquiera está sentada en una de las mesas de diálogo en el marco de la “paz total”. Esa política, aunque hoy tiene tímidos avances, dejó en general un desgaste marcado por fracturas en las mesas, pérdida de confianza mutua, reconfiguraciones territoriales y aumento de la violencia.

Las únicas que están activas son las que el Gobierno adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (1.200 integrantes), los Comuneros del Sur (150 combatientes y milicianos) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, liderada por alias ‘Calarcá’.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos escándalos ha enfrentado el Gobierno Petro?
Al menos 24, entre investigaciones judiciales, crisis administrativas, conflictos familiares, sanciones internacionales y controversias políticas.
¿Cuál ha sido el escándalo más grave?
El caso de la Ungrd destaca por el monto de recursos, la red política implicada y el encarcelamiento de exministros.
¿Por qué se habla de desgaste del “cambio”?
Porque muchos casos contradicen promesas centrales: anticorrupción, transparencia, profesionalización del Estado y paz.
Camilo Acosta Villada

Comunicador social de la Universidad Santo Tomás. He ejercido desde 2016 en medios como Citytv, Cablenoticias, W Radio, La Liga Contra el Silencio y El Espectador. Llegué a El Colombiano en 2022 para cubrir temas de salud y educación. Me he centrado en el manejo del sistema de salud y la reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, así como en temas de género. Futbolero e hincha de Atlético Nacional.

MinTrabajo confirmó la intención del Gobierno para retirar la prima de servicio a los congresistas, ¿qué dicen los legisladores?

El ministro Antonio Sanguino expresó la intención por parte del Gobierno Nacional para eliminar el beneficio que tienen senadores y representantes a la Cámara desde el año 2013.

  • El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dejó claro que sí hay intención por parte del Gobierno Nacional de eliminar la prima de servicios de los congresistas, la cual existe desde el 2013. Fotos: Colprensa
    El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dejó claro que sí hay intención por parte del Gobierno Nacional de eliminar la prima de servicios de los congresistas, la cual existe desde el 2013. Fotos: Colprensa
30 de diciembre de 2025
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Dentro de las últimas decisiones de 2025 del gobierno de Gustavo Petro, una que se podría oficializar en los últimos días es la eliminación de la prima de servicios que reciben los congresistas. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la existencia de esta posibilidad.

“No es quitarles, es un acto de justicia. Reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas”, fue lo que expresó el jefe de cartera de Trabajo aludiendo que dicha decisión el pueblo colombiano la “aplaudirá y celebrará junto con la decisión de aumentar el salario de los que menos ganan”.

Esta confirmación por parte de uno de los integrantes del gabinete de Gustavo Petro se da luego de que se conociera un borrador del decreto con el que se tomaría esa decisión.

Lea también: Salario de los congresistas: listo borrador de decreto que eliminaría prima de servicios, ¿cuánto ganarían al mes?

En dicho documento se establece que la prima se eliminaría para los congresistas que arranquen su periodo el próximo 20 de julio de 2026 luego de las elecciones que se llevarán a cabo el 8 de marzo. Con esto, un senador y un representante que actualmente devenga alrededor de 52 millones de pesos al mes, pasaría a recibir cerca de 35,7 millones de pesos, esto teniendo en cuenta que al 2025 este beneficio asciende a 16.914.540 pesos.

¿Qué dicen los congresistas sobre la eliminación de la prima de servicios?

Sobre esta propuesta que, aunque el Gobierno Nacional ha mencionado pero aún no la ha hecho oficial, ya tiene el visto bueno de algunos legisladores.

Una de ellas es la senadora Angélica Lozano, quien hizo referencia a un proyecto presentado en un período legislativo anterior pero que no pasó los debates requeridos para volverse ley.

“En senado aprobamos por unanimidad en 2023 eliminar la prima de congresistas. Murió en tercer debate en cámara (sic)”, resaltó Lozano, añadiendo que le parece acertada la propuesta del gobierno Petro. “Como esta prima la creó un decreto del gobierno en 2013, otro decreto la puede eliminar”, concluyó.

Jota Pe Hernández, uno de los senadores más votados en las pasadas elecciones legislativas y a quien Lozano referencia como coautor del proyecto presentado en el 2023 también celebró la intención de eliminar este beneficio.

“Fui el primer congresista que encontró la fórmula de bajar el salario de los congresistas eliminando la prima especial de servicios que hoy es de 16 millones de pesos”, atribuyó Jonathan Ferney, nombre de pila de Jota Pe.

“Petro toma mi idea, ojalá cumpla y la haga realidad”, subrayó el congresista opositor al jefe de Estado.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, le hizo un llamado al mandatario para que siga adelante con esa iniciativa. “Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con la eliminación de la prima de servicios de los congresistas. El presidente desde el principio podía hacerlo y espero que lo cumpla de verdad. Esa medida en particular no es populismo: es justicia social básica y ética pública”, expresó.

La prima de servicios para los congresistas nació mediante el Decreto 2170 de 2013 en el gobierno de Juan Manuel Santos y algunos personajes de la política mencionan que su objetivo inicial era apoyar el traslado de los congresistas de las regiones que no residen en Bogotá.

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Brian Ferney Valencia Ríos

Comunicador social y periodista de la Uniminuto. Debuté en el medio local Telemedellín y actualmente hago parte de EL COLOMBIANO. Apasionado de las historias, las conexiones y el intercambio de ideas y conocimientos.

Notas de la sección