La estrategia secundaria del Gobierno de implementar su reforma a la salud de facto mediante las intervenciones a las entidades promotoras de salud (EPS) no está saliendo bien. Además de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la que hicieron contra Sanitas en abril de 2024, por considerar que se les vulneró el debido proceso, se suma que también las instituciones prestadores de servicios de salud (IPS) siguen teniendo problemas de caja para operar sosteniblemente.
Por esa situación, como lo contó este periódico, ha llevado a que entre 2023 y 2024 se cerraron 36.737 servicios de salud en el país, de los cuales 9.325 fueron definitivos.
En el medio, organizaciones de pacientes y gremios del sector salud han advertido los riesgos de esta situación y han pedido acciones del Gobierno. Sin embargo, una declaración del director de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), Félix Martínez, deja expuesto un problema estructural y que, de paso, generó críticas por parte de esos grupos.
En una declaración de Martínez —publicada en las redes sociales de la Adres— explicó que después con unas resoluciones reglamentarias se decidió que a las EPS intervenidas no se les entrega el 100 % de los recursos para atención de sus afiliados, sino solo el 20 % y el restante 80 % esa entidad lo distribuye en las clínicas y hospitales.
“Pero la Adres no puede decidir, porque el dinero es del las EPS, cómo lo reparte. Las EPS le pasan la nómina de cómo distribuir ese 80 % entre sus IPS. Adres lo que hace es que asegura que ese 80 % fluya hacia la red, pero los que ordena la EPS”, aseguró.
Esto quiere decir que no es la Adres la que decide a cuáles prestadores le paga ni cuánto, sino que las aseguradoras le pasan la lista de a cuáles se les paga determinada cantidad para que la entidad les pague.
No obstante, una de las organizaciones que reaccionó a esta declaración —la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer)— recordó una realidad que, aunque es de perogrullo, no se debe olvidar ni obviar: hay ocho EPS que están bajo administración del Gobierno, tras intervención de la Superintendencia de Salud. Estas concentran 23 millones de afiliados: o sea, el 46 % de la población.
Lo anterior se traduce en que, como lo sostiene Fecoer, “cuando el Gobierno interviene una EPS, también asume sus responsabilidades” y, por lo tanto, “no pueden seguir actuando como si no tuvieran nada que ver, mientras clínicas cierran, hospitales colapsan y pacientes mueren esperando atención”.
“No es un tema administrativo. Es abandono institucional, es vulneración al derecho fundamental a la salud y es falta de voluntad política para salvar el sistema de salud”, expresaron.
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son las EPS que están intervenidas por la Superintendencia de Salud.
Sobre esto, el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, explicó que “técnicamente lo que dice Martínez es correcto y cuando se toma posesión con la designación de un interventor deben cumplir la ley, equilibrar la empresa y la EPS sigue definiendo cuáles son las IPS a las que se les debe pagar, pero los interventores se escogen por docilidad con el Gobierno y hacen lo que se les ordene”.
Por su parte, el experto en salud y profesor de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, agregó que “las intervenidas en la práctica hacen parte del Estado y los recursos públicos que les llegan son administrados por un funcionario público”.
El origen: valor de la UPC
En este punto hay que recordar que con las aseguradoras intervenidas se está implementando el giro directo: la Adres gira directamente los pagos a los prestadores sin pasarla por las EPS con los que tienen contratos (normalmente, la plata llega primero a estas y luego la transfieren a clínicas y hospitales).
Si bien es un mecanismo con el que se busca evitar demoras, según expertos, este no ha solucionado los problemas de caja de las IPS. En ese sentido, el economista de la salud Jesús Botero señaló que “detrás de todo está la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), pues si los fondos no alcanzan no se puede girar la plata que se necesita. Es buen mecanismo, pero siempre es fundamental que sea suficiente”.
Sobre insuficiencia de la UPC —que es la plata que el Estado les da a las EPS para la atención en salud— es una cuestión que el Gobierno ha negado en contravía de lo expresado por las aseguradoras y especialistas, pero que la Corte Constitucional en un auto expedido en enero de este año expuso como cierta.
Lo anterior repercute en la realidad financiera de los prestadores de servicios en que el problema no radica en oportunidad de los giros (que se hagan a tiempo) sino en que estos alcancen. Con una frecuencia de uso (veces que la gente va al médico) que viene en aumento después de la pandemia del covid-19, que alcanzó 214 millones en 2022, costear las atenciones en salud requiere de un aumento que no se ha visto reflejado en los últimos dos ajustes (2024 y 2025) decretados por el Ministerio de Salud.
En consecuencia, la plata que les llega a las IPS para pagar por los servicios que prestan se queda corta para sostenerlos y crea un efecto dominó que termina con el cierre de aquellos que no tienen suficiente demanda (como los de neonatología) o los de urgencias (en donde por ley deben atender a cualquier persona).
“Las EPS siguen teniendo el poder de ordenar el gasto, que es decidir qué se paga y qué no, por medio de auditoría. Ahí no importa mucho el rol del giro directo porque las condiciones siguen regidas por los contratos que tienen con las IPS”, mencionó el profesor Rodríguez.
Problema de las intervenciones
El experto Jesús Botero añade a la discusión el problema de quitarles a las EPS, mediante intervención para administrar de la Supersalud o con la reforma a la salud que impulsa el Gobierno, la función de hacer gestión del riesgo financiero, que es hacer que la plata que les llega alcance para la atención de sus afiliados.
Sobre esto, explicó que así es que “buscan optimizar los recursos, estar pendientes de las buenas prácticas y de la buena gestión administrativa porque un desface afecta su bolsillo”. Sin embargo, cuando hay una intervención un interventor y su equipo son quienes asumen esa función (y todas) en lugar de los que estaban haciéndolo con experiencia suficiente.
“El error es pensar que intervenir una EPS es volverla buena, sino que probablemente será empeorarla. No era un tema de gestión administrativa, pues las intervenciones han mostrado que las EPS no eran el problema, sino más bien una cuestión de suficiencia recursos y de control de la gestión del riesgo”, aseguró.
9.325
fueron los cierres definitivos de servicios de salud que hubo en Colombia entre 2023 y 2024.
