Las cuentas de la campaña del Pacto Histórico empiezan a mostrar grietas que van más allá de simples errores administrativos. Al revisar los documentos oficiales y registros mercantiles, hay varias cosas que no cuadran.
Como lo denunció el periodista y columnista de este diario, Melquisedec Torres, una parte importante de las donaciones que recibieron Iván Cepeda y Carolina Corcho —$1462 millones de pesos de $2.392 millones en total— para la consulta del Pacto Histórico en octubre del año pasado, proviene de empresas sin reportes de actividades financieras o incluso lugares donde ya no funciona la actividad comercial que aparece en los papeles, como un restaurante de corrientazos.
La información de estos gastos está consignada en los informes contables que ambas campañas presentaron en Cuentas Claras, la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que los aspirantes a cargos de elección popular deben declarar sus ingresos y gastos de campaña.
Cepeda reportó gastos por $964 millones de pesos, de los cuales 125 millones de pesos corresponden a recursos propios del candidato. La polémica radica en que el monto restante provino de “contribuciones o donaciones de particulares” y llama la atención que el mayor aporte fue realizado por la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla, que donó $609 millones de pesos. Adicionalmente, el representante legal, Javier Antonio Pérez, efectuó una contribución individual por $116 millones de pesos.
En redes sociales, se conoció que esa empresa tiene como sede un modesto local en la capital del Atlántico, pero hay otros elementos que generan suspicacia. El primero, es que la empresa registra con 20 millones de pesos de capital desde 2018, cuando fue constituida y, desde entonces, con ingresos operativos y utilidades en ceros. A nivel contable, dicen expertos consultados, esto es una anomalía ya que no se registra la depreciación de equipos de impresión ni el uso de caja o bancos para gastos mínimos durante siete años. En documentos figura que esa litografía está en parálisis financiera absoluta, mientras que en la realidad política aporta cientos de millones.
EL COLOMBIANO hizo indagaciones a fondo en los expedientes mercantiles de Cámara de Comercio de Barranquilla y encontró varias piezas que no cuadran entre lo reportado por la empresa de Javier Pérez y la capacidad de poder desembolsar más de $600 millones para apoyar la candidatura de Cepeda, en el caso de la empresa, y $116 millones en lo que respecta al dueño de la imprenta.
Si se trata de un contrato comercial, ¿la empresa omitió declarar ingresos por más de 700 millones de pesos? Si es una donación, entonces la empresa no tenía el patrimonio suficiente para realizarla, por lo menos en lo informado a Cámara de Comercio de Barranquilla, ya que sus activos totales son 36 veces menores al aporte reportado.
A pesar de que Samset Publicidad registra como una empresa dedicada a la impresión de todo tipo de avisos y volantes, su dueño no ha reportado sistemáticamente sus ingresos operacionales y pérdidas económicas durante sus gestiones anuales. Así se evidencia en los formularios del Registro Único Empresarial, RUES, diligenciados entre 2018 y 2026. Esto significa que, legalmente, la empresa declara no haber vendido ni un solo servicio ni haber pagado papelería, servicios públicos o mantenimiento en todo este tiempo.
Además, existe una desconexión técnica entre el valor de la empresa y la sede física del negocio. Por un lado, la sociedad —constituida en 2018 por Javier Pérez y Juan Carlos Páez— reporta en Cámara de Comercio de Barranquilla activos por $20 millones, mientras que el establecimiento comercial donde funciona la imprenta, también en esa ciudad, en los registros de 2024 y 2025 reporta solo $2 millones.
Expertos explican que eso se traduce en que solo el 10 % del capital de la empresa se encuentra vinculado a su operación comercial real notificada, mientras que el 90 % restante ($18 millones) permanece en una cuenta de activos corrientes de la sociedad sin moverse ni generando intereses.
EL COLOMBIANO buscó al propietario de esa empresa, Javier Pérez, quien dijo que él solo reporta ante la DIAN y que en Cámara de Comercio siempre ha dejado los mismos valores desde que fundó su empresa.
A pesar de los documentos conocidos, Pérez negó que su empresa Samat Publicidad S.A.S. haya donado $609 millones a la campaña de Cepeda, como lo reportó el equipo contable del candidato, y dice que tampoco, como persona natural, hizo un aporte de $116 millones.
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“Yo en ningún momento he donado un peso. Esos dos dineros que aparecen ahí son trabajos que ellos me encargaron para lo mismo: periódicos y volantes de la campaña. Uno de esos trabajos es por esos $116 millones. Lo que pasa es que yo ya había facturado el otro encargo y por eso está en dos pagos, que debo decir ninguno de los dos me los han cancelado. Insisto: en ningún momento yo he donado nada, eso es mentira”, afirmó Pérez.
Pérez dice que actualmente tiene dos trabajadores en su microempresa y que les paga nómina, pero al contrastar esa información con los papeles de Cámara de Comercio de Barranquilla, se observa que no hay reportes de los gastos asociados a esa nómina, lo que plantea inconsistencias contables y operativas.
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De acuerdo con los registros, la compañía reportó cuatro empleados en 2019 y 2020. En 2022 la cifra descendió a dos trabajadores, para luego volver a subir a cuatro en 2023 y mantenerse en ese mismo número en 2025. Sin embargo, en los mismos periodos la empresa reporta gastos operacionales de cero pesos; en la práctica, implica que no existirían recursos disponibles para cubrir salarios, aportes a seguridad social y otras obligaciones laborales.
El vínculo entre la litografía barranquillera Samat Publicidad S.A.S. y la campaña de Iván Cepeda no surgió de un proceso de licitación pública ni de una selección abierta de mercado. La llegada de un encargo masivo de publicidad, destinado a todo el país, a un pequeño local del barrio El Rosario, se explica por un nombre propio: Antonio Peñalosa, secretario general del Polo Democrático.
Según relató Pérez, ese político fue el intermediario clave entre la necesidad de material propagandístico de la campaña de Cepeda y su empresa. De acuerdo con el testimonio, Peñalosa lo recomendó directamente para asumir el trabajo.
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”Él fue quien me llevó y me recomendó, porque yo siempre le he trabajado y nunca le he quedado mal. Me dijo que necesitaban, para la campaña de Cepeda, unos periódicos y plegables, y así se hizo el trabajo. Vinieron acá y les hicimos los trabajos de impresión. Incluso ahora tenemos en curso otro encargo, también de lo mismo: periódicos y volantes para todo el país”, agregó.
El empresario reconoce, además, que su relación con “los amigos del Polo” no es reciente pues asegura que ha trabajado con ellos desde la época en que el partido mantenía una estructura operativa sólida en Barranquilla hace años. Esta conexión es la que permitió que una empresa sin ingresos reportados oficialmente terminara movilizando cifras millonarias en contratos de publicidad política.
Por el lado de Carolina Corcho, quien tras perder la consulta aterrizó como cabeza de lista del Pacto Histórico, las cuentas también tienen líos o está desaparecida.
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Según los informes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE), el 52 % de los gastos de esta campaña fueron equivalentes a $737,7 millones de un total de $1.428 millones, y que estos provienen de préstamos otorgados por una empresa de “restaurante de corrientazos, con nombre francés, del extremo sur de Bogotá”, según reveló el periodista Torres.
En efecto, la empresa se denomina “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU – en liquidación” y según el registro de la Cámara de Comercio, tiene un domicilio en el que ya no funciona ningún restaurante.
La congresista Cathy Juvinao visitó la dirección del local que registra la empresa, pero no encontró nada. “(...) resultó que no existe en la dirección dada, reportó activos de $1’720.000 hasta 2020 y hoy está inactivo”.
Además, agregó que “lo último que reportó este restaurante, que nos imaginamos es un restaurante pequeño, porque así consta en su registro mercantil, fueron activos en el año 2020 por un millón 720 mil pesos. Eso fue lo último que reportó. En los últimos años, no ha registrado ingresos, no ha registrado nada”, asegura. “Entonces, ¿de dónde sacaron casi 750 millones de pesos para prestarle a usted? Lo cual es el 52 % del total que le costó su campaña”, concluye.
Cepeda y Corcho han preferido guardar silencio a los cuestionamientos. Lo cierto es que aún no ha llegado la consulta de marzo y el Pacto Histórico ya está metido en el centro de la polémica.
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