Julián Alberto Rocha Aristizábal es abogado, militante de Salvación Nacional y la cabeza de un comité que pretende tumbar el Acuerdo de Paz con las Farc que se firmó en 2016. En la Registraduría ya le dieron vía libre para que inicie con la recolección de firmas.
Así quedó fijado en la resolución 9509 del 5 de agosto de 2025. Con ese acto quedó en firme el comité que impulsará el referendo derogatorio del Acuerdo de Paz de 2016 y, a su vez, de la política de paz total que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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El Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano permitió que unas 12.000 personas dejaran los fusiles y transitaran hacia la vida civil, se destruyeron más de 9.000 armas, permitió la llegada de los excombatientes a la política y surgieron nuevas instituciones como la Jurisdicción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad.
El comité que busca tumbar el Acuerdo apenas inicia y este será el camino que debe recorrer. Primero, tendrá que recoger 2.056.780 firmas válidas y llevarlas hasta la Registraduría. Después, se organizaría la logística para dar paso a una votación en urnas donde el 25% del censo electoral en Colombia tendría que participar: eso son unas 10,28 millones de personas.
“Respaldamos esta iniciativa. Como víctima me consta la inoperancia de la JEP y una parte de los desmovilizados siguen esperando que les resuelva su situación jurídica. Creemos que tiene viabilidad constitucional y pertinencia política”, dijo Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional y sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado.
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La JEP, por ahora, camina hacia la imposición de las primeras sanciones a los máximos responsables de cometer crímenes durante el conflicto armado. De otro lado, el Estado ha tenido que lidiar con el fracaso de no poder garantizar seguridad a los firmantes del acuerdo, de acuerdo con la Misión de Observación y Verificación de la ONU, desde la firma han sido asesinados 470 excombatientes que estaban en proceso de reincorporación.
Para Rocha, el Acuerdo de Paz es una política pública que “fracasó” en tanto –dice él– no se han garantizado los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“Colombia ha hecho su mayor esfuerzo por aguantar. Sin embargo, hoy tenemos a un líder de oposición muerto, a un líder de ese partido preso, con un juicio más político que jurídico. Y vemos a los más grandes perpetradores de la violencia completamente impunes, aun cuando se prometió algo diferente. Es un esfuerzo de enmendar el camino para sacar de la ley y de la Constitución, para reversar todas estas arbitrariedades”, afirmó Rocha en diálogo con El Espectador
El líder del comité aseguró que su iniciativa no tiene financiación de ningún partido político y que tampoco cuenta con el respaldo económico de nadie. Prometió que respetará los topes de financiación hasta cumplir con la recolección de todas las firmas.
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