La junta directiva de Ecopetrol decidió mantener a Ricardo Roa como presidente de la compañía, pese a la presión de sindicatos y accionistas y en medio de nuevos cuestionamientos que golpean la reputación de la petrolera.
La determinación se conoció ayer, un día después de una sesión extraordinaria que se extendió por más de 10 horas sin una decisión inmediata. En ese encuentro, el órgano directivo evaluó múltiples solicitudes que pedían la salida del directivo.
Entre ellas, la comunicación de la Unión Sindical Obrera (USO), que pidió apartarlo del cargo y advirtió sobre una eventual movilización nacional si no se tomaban medidas.
El pronunciamiento de la USO provocó un duro rifirrafe con el presidente Gustavo Petro, quien acusó al sindicato de “uribista” y de convertirse en “una empresa de tercerización”. El mandatario escaló sus señalamientos y dijo que en la época de precios altos del petróleo en 2015 Ecopetrol no aprovechó su oportunidad para reinvertir en energías limpias debido a la corrupción. “Lástima que parte de la USO siga y se alíe con estos corruptos”, agregó.
Petro afirmó que se reunirá con los delegados del Gobierno en la junta a directiva “y tomaremos las decisiones para que Ecopetrol no espere la quiebra cuando bajen los precios del petróleo sino que garantice las inversiones”.
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La USO ya le había dicho a Petro que es imposible callar “si existe un riesgo real por la permanencia del presidente Roa en la empresa” y planteó que no estará “en la fila de los dogmas ni el fundamentalismo idealista por conveniencia política”
A lo anterior se sumaron requerimientos de accionistas minoritarios, preocupados por la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, así como por posibles riesgos contractuales y regulatorios. También fue analizada la solicitud del apoderado de Luis Enrique Rojas Cuéllar, expresidente de Hocol, quien pidió la renuncia de Roa.
Tras lo que calificó como un análisis “juicioso”, la junta de Ecopetrol concluyó, con apoyo de la Dirección Corporativa de Cumplimiento y asesores externos en Colombia y Estados Unidos que, hasta ahora, no existen incumplimientos de la regulación aplicable ni de contratos de crédito u otros acuerdos relevantes derivados de la situación del presidente.
Asimismo, aseguró que no ha recibido notificaciones de procesos o requerimientos por parte de autoridades del mercado de valores, y recordó que el pasado 11 de marzo ya había informado sobre la imputación de cargos y sus efectos internos.
División en la junta directiva de Ecopetrol
El ambiente está caldeado. Según trascendió, a favor de la salida de Roa se manifestaron César Loza, Luis Felipe Henao, Juan Gonzalo Castaño y Ricardo Rodríguez Yee. En contra han estado Ángela María Robledo, presidenta de la junta, Hildebrando Vélez, Tatiana Roa, Alberto José Merlano y Carolina Arias.
La crisis en la cúpula de Ecopetrol escaló también al terreno político. Un bloque de más de 20 representantes a la Cámara, liderado por Juan Espinal, radicó una proposición formal exigiendo la remoción inmediata de Ricardo Roa. El documento no solo respalda el ultimátum de la USO, sino que pone sobre la mesa una cifra devastadora: bajo la gestión de Roa, las utilidades netas de la estatal se desplomaron un 73%, pasando de $33,4 billones en 2022 a solo $9 billones en 2025.
Los congresistas denuncian que la reputación de la “joya de la corona” está herida de muerte. Argumentan que la empresa ha tenido que destinar US$5,9 millones en contratos con firmas como Covington & Burling solo para gestionar los riesgos asociados a los escándalos de su presidente.
Con una imputación por tráfico de influencias, investigaciones disciplinarias y el certificado del CNE sobre una violación de topes electorales por $5.300 millones, el Congreso advierte que la permanencia de Roa es el principal lastre para las calificaciones de riesgo de Moody’s, Fitch y S&P. La presión legislativa deja a la junta directiva sin margen de error: o prioriza el buen gobierno corporativo o asumen la responsabilidad política de la debacle financiera.
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Un nuevo escándalo que enloda a Ecopetrol y a Ricardo Roa
En paralelo a la decisión de mantener a Roa en el cargo, un nuevo escándalo emergió para la compañía petrolera.
Documentos internos de Ecopetrol, contratos societarios y un informe de la firma Control Risks revelaron una compleja red de relaciones empresariales que conecta a la petrolera con figuras señaladas por corrupción internacional. Según Caracol Radio, en el centro del caso está el pago de US$42 millones realizado en junio de 2024 a Termomorichal S.A.S., por la compra de plantas de energía en Campo Rubiales.
El 49% de esa compañía está en manos de Genser Power Inc., registrada en Islas Vírgenes Británicas. Un informe confidencial de cumplimiento, fechado el 23 de octubre de 2024, identificó como beneficiarios reales a Alejandro Betancourt López y Francisco Convit. Ambos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como conspiradores en el desfalco de US$1.200 millones a PDVSA, lo que añade más presión sobre la gobernanza y los controles internos de Ecopetrol.
Ambos han sido objeto de múltiples investigaciones judiciales internacionales. Como conoció esta redacción, Betancourt fue detenido dos veces en Londres en 2025, la última vez bajo una orden de extradición emitida desde Suiza, en el marco de pesquisas por blanqueo de capitales y desvío de fondos públicos venezolanos. Convit, imputado formalmente en EE. UU. desde 2018, permanece prófugo.
En la lista también está Harry Sargeant III, quien es señalado en el Congreso norteamericano por “pillaje de guerra” y desautorizado públicamente por Donald Trump en febrero de 2026. Estos tres nombres penetraron el ecosistema de negocios de Ecopetrol durante la presidencia de Ricardo Roa.
Quiénes son los personajes del nuevo escándalo de Ecopetrol
El hilo conductor de esta historia comienza en un documento fechado el 23 de octubre de 2024. Ese día, la Dirección Corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol elaboró un informe confidencial sobre los beneficiarios reales de Genser Power Inc., una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas que controla el 49% de Termomorichal S.A.S.
Esa es la misma empresa a la que Ecopetrol acababa de pagarle US$42 millones por unas plantas de energía en Campo Rubiales. En ese documento aparecen listados con número de pasaporte: Leopoldo Alejandro Betancourt López (pasaporte 88750844) y Francisco Convit Guruceaga (pasaporte 57987019).
Ambos son fundadores de Derwick Associates, la empresa venezolana acusada por el DOJ de sobornar a funcionarios de PDVSA para obtener contratos con sobreprecio por un valor total de US$2.900 millones.
Convit fue formalmente imputado en Estados Unidos desde 2018 y hoy es prófugo de la justicia. Betancourt, identificado en el mismo expediente como Conspirador No. 2, fue detenido en dos ocasiones en Londres durante 2025, la última bajo una orden de extradición solicitada por Suiza, y enfrenta una audiencia de extradición fijada para el 5 de mayo de 2026.
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El informe confidencial que se conoció en Ecopetrol
Lo más inquietante del caso no es la red de conexiones, sino la cronología de las alertas internas. De acuerdo con la investigación de Caracol Radio, un due diligence interno de Ecopetrol fechado el 8 de junio de 2023, apenas 43 días después de la posesión de Ricardo Roa como presidente de la empresa, ya identificaba a Betancourt y Convit como beneficiarios reales de Termomorichal.
También citaba expresamente la imputación del DOJ contra Convit, además del vínculo de Betancourt con “el depósito de US$500 millones en el Gazprombank del Líbano, dineros pertenecientes a la CVG” (Corporación Venezolana de Guayana).
Como se lee en el informe de la cadena radial, el mismo documento de 2023 contenía otra alerta que comprometía directamente al presidente de Ecopetrol, hacía constar que Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, había trabajado como líder de compras en Termomorichal hasta diciembre de 2021. A pesar de todo esto, Ecopetrol no detuvo la operación. En junio de 2024, la empresa pagó los US$42 millones a Termomorichal.
Y los dividendos de ese año, unos $72.600 millones, equivalentes a aproximadamente US$17,5 millones, fluyeron directamente a la cuenta bancaria de Genser Power Inc. en las Islas Vírgenes Británicas.
La opacidad offshore de Ecopetrol
Un informe previo de Control Risks, elaborado para Ecopetrol en marzo de 2024, ya había identificado que los beneficiarios finales del Grupo Genser eran los empresarios venezolanos José Francisco Arata, Miguel de la Campa y Serafino Iacono, todos exdirectivos de Pacific Rubiales, a través de Blue Pacific Asset Corporation, sociedad registrada también en las Islas Vírgenes Británicas.
La figura de Serafino Iácono aparece como un nodo central en varias de las conexiones documentadas. Según revela Armando.info, el CEO de LNG Energy en Colombia es Pablo Navarro, el ejecutivo de Bank of America que trabajaba de la mano con Iácono en los tiempos de Pacific Rubiales. Iácono también es relevante por otro punto, su firma Princeton International Holdings es la empresa que vendió un apartamento a Ricardo Roa.
El informe interno de octubre de 2024 también apunta a Serafino Iácono como beneficiario real de Genser Power Inc., aunque el empresario insiste en que para el momento del pago de los US$42 millones él ya no era socio de la compañía.
Junta directiva de Ecopetrol conocía los riesgos
El pago de los US$42 millones no fue una decisión unilateral del presidente de Ecopetrol. La junta directiva de la empresa, que para esa época incluía a los cinco miembros designados por el Gobierno Petro en marzo de 2024 –Ángela María Robledo, Tatiana Roa, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías y Edwin Palma–, debió revisar y aprobar tanto la transacción como los informes de due diligence que la sustentaban.
La exigencia es de especial peso considerando que Ecopetrol está listada en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y sujeta a las normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). En ese orden, los informes de Control Risks de marzo de 2024 y el documento interno de cumplimiento de octubre de 2024 eran material al que la junta tenía acceso o debía haber tenido.
Con todas esas alertas sobre la mesa, Ecopetrol pagó de todas formas los US$42 millones en junio de 2024. ¿Cuál es el estado actual de las investigaciones? La Fiscalía General tiene 30 días desde la imputación de marzo de 2025 para presentar su escrito de acusación formal, mientras la Procuraduría General ya ordenó a Ecopetrol la entrega de los contratos correspondientes.
Otros escándalos recientes de Ricardo Roa en Ecopetrol
El “gangazo” de Ricardo Roa, según la Fiscalía
La Fiscalía detalló en audiencia de imputación cómo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habría sido beneficiado en la compra de un apartamento en Bogotá mediante un acuerdo con el empresario Juan Mancera, a quien señala como cercano al directivo.
Según el ente acusador, el negocio se centró en el apartamento 901 del edificio Entre Parques, cuyo valor comercial era de $2.727 millones. Sin embargo, Roa lo adquirió por $1.800 millones, es decir, con un descuento de cerca de $927 millones, equivalente a un 34% por debajo del precio de mercado. Para la Fiscalía, esta diferencia no solo refleja una transacción atípica, sino un posible beneficio económico indebido dentro de una negociación privada.
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Presunto espionaje a 70 funcionarios de Ecopetrol
El repertorio de escándalos que tiene a Ricardo Roa hoy en la cuerda floja también tiene que ver con una serie de documentos que demostraría que el presidente de la petrolera habría ordenado la interceptación de comunicaciones, correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentación física de al menos 70 altos funcionarios de la compañía, incluyendo filiales como Hocol y Cenit. Estos documentos estaban referenciados con el fin de encontrar al “topo” que habría estado filtrando información a los medios.
Además del presunto seguimiento, para esto se habría celebrado un contrato por 5,8 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuya supuesta finalidad era medir el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en los mercados internacionales.
Pagaron US$42 millones por unas plantas gratis
Una investigación periodística reveló los US$42 millones que Ecopetrol pagó por las plantas Termomorichal I y II en Campo Rubiales, debían transferirse sin costo desde 2016 tras la salida de Pacific Rubiales. El negocio involucraba al fallecido empresario William Vélez y a Serafino Iácono, este último vinculado a una investigación por la venta del apartamento a menor precio al presidente de la compañía, Ricardo Roa.
Aunque inicialmente se buscó una transferencia gratuita, la empresa de Vélez exigió más de US$40 millones. Ecopetrol optó por un nuevo análisis jurídico y, tras un concepto externo, realizó el pago en junio de 2024. El caso abrió cuestionamientos por posibles errores administrativos y eventuales conflictos de interés en la operación.
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Presunto reparto favoreció a contratistas de Ecopetrol
Una investigación reveló que Ecopetrol habría frenado una licitación del Invías para la vía Puerto Gaitán–Rubiales, clave para el transporte del 30% del petróleo del país, y luego redistribuyó $213.000 millones entre entidades locales.
El proyecto, acordado en 2022 con una bolsa de $512.000 millones, hoy solo tiene ocho kilómetros pavimentados y un tramo de 27 kilómetros sin financiación. Los recursos quedaron en manos del Invías, la Agencia de Infraestructura del Meta y la Alcaldía de Puerto Gaitán, con contratos adjudicados a firmas vinculadas a políticos regionales y posibles sobrecostos.
Mientras las obras avanzaron lentamente, persisten denuncias por falta de competencia y riesgos de corrupción en esta vía estratégica.
Julián, pareja de roa, toma decisiones en Ecopetrol
El constructor Johny Giraldo, encargado de remodelar el apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, denunció irregularidades en pagos y lanzó graves acusaciones sobre el manejo interno de la compañía.
En entrevista con Daniel Coronell, afirmó que la obra costó cerca de $2.300 millones y que recibió unos $2.000 millones, presuntamente entregados en efectivo y en cajas. Señaló como intermediarios al abogado Hernando Ballesteros y a un tercero vinculado al fallecido empresario William Vélez. Giraldo aseguró desconocer el origen de los recursos y reveló tensiones con Roa por pagos. Además, sostuvo que la pareja del directivo, Julián Caicedo, tendría influencia en decisiones dentro de Ecopetrol.
El constructor dijo temer por su vida y responsabilizó a ambos si algo le ocurre.
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