Este miércoles, dos de los tres representantes que conforman el triunvirato investigador de la Comisión de Acusación solicitaron la vinculación del presidente Gustavo Petro a la investigación relacionada con la financiación de su campaña presidencial de 2022.
Los dos investigadores, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, piden que el mandatario rinda indagatoria ante la Comisión de Acusaciones.
Esta postura se opone radicalmente a la ponencia de Alirio Uribe, el tercer investigador, quien había propuesto cerrar el caso a partir de una decisión inhibitoria.
Lea también: Investigarán a Petro por participación en política: ¿qué tan lejos puede llegar la Comisión de Acusaciones?
Con este documento, los investigadores Arizabaleta y Carrillo buscan que se investigue penalmente al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022 .
La solicitud de indagatoria se sustenta en hallazgos que sugieren una “evasión sistemática de los controles estatales” sobre la financiación y el gasto de la campaña.
Aparte de pedir el llamado a indagatoria, los dos investigadores dejaron por escrito en su documento que también se ordena una amplia práctica de pruebas.
Entérese: Lluvia de críticas a Petro por participación en política a favor de Cepeda: “ha sobrepasado todos los límites”
Entre estas está citar a indagación a auditores de campaña, representantes legales de SADI S.A.S., Ingenial Media, y empresas de giros, así como a magistrados del CNE.
Además de solicitar extractos bancarios, registros de la Aeronáutica Civil, información de la DIAN y realizar un peritaje informático sobre los sistemas financieros de la campaña para identificar posibles contabilidades paralelas.
Entre otras diligencias figura pedir información a la UIAF sobre posibles operaciones sospechosas y compulsar copias a la jurisdicción ordinaria penal contra otros implicados que no gozan de fuero.
Conozca: “El riesgo no está en los softwares”: Registrdador Hernán Penagos responde a Petro y defiende la transparencia electoral
Hay que recordar que en noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción sin precedentes contra la campaña Petro Presidente 2022, al confirmar que superó de manera significativa los topes de financiación en ambas vueltas presidenciales y que incurrió en financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable.
En abril pasado, con una votación de 6 a 3, los magistrados del CNE Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, ponente, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab, ratificaron la decisión tomada el año pasado contra el gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán; a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y a María Lucy Soto Caro, quien era auditora interna.
Las evidencias del caso en la Comisión de Acusación
Entre los elementos estudiados está un cheque de Fecode por 500 millones de pesos que, según los investigadores, fue triangulado a través de Colombia Humana e Ingenial Media para pagar testigos electorales, eludiendo el reporte en el sistema “Cuentas Claras” .
Asimismo, se menciona un aporte de 600 millones de pesos de la USO, aprobado días antes de la segunda vuelta, que no aparece registrado en la contabilidad oficial.
Además, una supuesta alteración de facturas de transporte aéreo en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Los investigadores identificaron una discrepancia sustancial en los servicios prestados por la empresa SADI S.A.S.
No se pierda: CNE ratificó la sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por violación a topes electorales
Se habrían ocultado gastos por 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y 962 millones en la segunda mediante la anulación de facturas originales y la emisión de notas crédito.
La investigación, como se lee en el documento, también señala que se habría omitido el reporte de pagos a más de 30.000 testigos electorales realizados a través de canales de giros postales (como Matrix Giros y Servicios S.A.S. - Su Red).
Superación de topes de gasto
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña habría excedido los límites de gasto permitidos en más de 3.042 millones de pesos en total entre ambas vueltas.
Los investigadores sostienen en su informe que el presidente Petro, en calidad de candidato, tenía una “posición de garante” sobre la transparencia financiera de su campaña, la cual no se extingue por haber delegado funciones en gerentes o tesoreros.
No se pierda: ¿Van a investigar a Petro? Procuraduría pidió a la Comisión de la Cámara las denuncias por participación en política
Por ello, consideran que “existen indicios suficientes para tipificar delitos como financiación de campañas con fuentes prohibidas, violación de topes de gastos, omisión de información del aportante y fraude procesal”.
Ahora, la sala plena de la Comisión de Acusación, conformada por 18 representantes, deberá debatir y votar si acoge la propuesta de archivo de Alirio Uribe o la solicitud de investigación formal de Arizabaleta y Carrillo.
Si la decisión no se toma antes del 20 de junio, cuando termina la actual legislatura, el caso pasará a manos de los nuevos congresistas que se posesionen el 20 de julio.
Regístrate al newsletter