Fuentes cercanas al caso informaron que el sobrino, Sergio Alexánder Tamayo Mesa, conocido con los apodos de “Álex Mentiras” o “Álex Chata”, fue arrestado este 20 de abril de 2026 en el municipio de San Vicente; mientras que el lugarteniente Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”) cayó en Copacabana.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”), Sergio Alexánder Tamayo Mesa (“Álex Mentiras”) y, en el recuadro, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”). Fotos de cortesía.

Ambos son cabecillas históricos de la organización criminal “los Chatas”, originaria de Bello, la cual delinque también en Itagüí, Barbosa, Copacabana, Girardota, el Norte y el Nordeste de Antioquia.

Este grupo se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, la urbanización ilegal de lotes, corrupción de servidores públicos, minería ilegal y lavado de activos, entre otros negocios.

La banda además está integrada a “la Oficina”, la confederación del crimen organizado del Valle de Aburrá, lo que le da influencia sobre decenas de combos de los barrios.

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La pistola Glock con adaptaciones para usar como subametralladora, que le encontraron a “Álex Mentiras”. Foto cortesía de Policía.

El golpe fue dado por agentes de la Sijín y comandos especiales de la Policía, en el marco de la Operación Doble Eje, los cuales allanaron dos escondites de los peces gordos, encontrando dos pistolas, dos escopetas, dos armas traumáticas, municiones de diferentes calibres y $5’000.000 en efectivo.

A los policías les llamó la atención que a una de esas armas, una pistola Glock 9 milímetros, adaptaron dispositivos de disparo en ráfaga, mira táctica y culata de fusil, para usarla como una especie de subametralladora.

Sobre alias “Jonás”, de 47 años, el reporte oficial del caso indica que tiene “una trayectoria criminal de aproximadamente 25 años (…). Ejercía dirección estratégica del componente criminal, con control del narcotráfico y administración de rentas ilícitas estimadas en cerca de $2.000’000.000 mensuales”.

Y en cuanto a “Alex Mentiras”, de 46 años y con una carrera ilegal de dos décadas, que “su cercanía y vínculo directo con alias ‘Tom’ le permitían ejercer mando decisorio, direccionando actividades delictivas y coordinando mandos medios dentro de la estructura”.

Alias “Jonás” es uno de los jefes históricos de “los Chatas” y principal hombre de confianza de “Tom”. Foto cortesía de Policía.

Los dos ya habían sido capturados en 2016, y tras pasar algunos años en prisión cumpliendo una pena por concierto para delinquir, regresaron a las calles a continuar su trabajo ilícito.

La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, los cuales negaron en la audiencia de control de garantías.

Esta no es la primera vez que familiares y lugartenientes de los voceros de la mesa de la cárcel de Itagüí son judicializados por la presunta comisión de delitos.

En julio de 2025 fueron detenidos el hijo, la exesposa y uno de los lugartenientes de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). Aunque un juez les otorgó la libertad mientras avanza el proceso, están inmersos en un expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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El Inspector.

Se trata de Daniel Muñoz Olaya, quien se había evadido de un operativo en contra del círculo cercano y financiero de su padre, el pasado 9 de junio de 2025, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y su hijo Daniel Muñoz Olaya (recuadro). Fotos de cortesía.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que Muñoz se presentó voluntariamente con su abogado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la mañana del jueves 17 de julio, donde agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía le leyeron los derechos del capturado.

De igual manera, las fuentes indicaron que entre la defensa del procesado y la Fiscalía hubo una conversación previa, en la cual se preacordó verbalmente que Muñoz se presentaba y el ente acusador le solicitaba al juez una detención domiciliaria que le evitaría la cárcel, de momento.

La investigación en la cual está implicado es adelantada por la Fiscalía Sexta de la Unidad de Lavado de Activos, que desde 2021 rastrea las operaciones financieras de las bandas “la Oficina” y “la Terraza”.

El mes pasado este despacho expidió órdenes de captura contra cinco personas sospechosas de enriquecerse con las ganancias ilegales de esos grupos.

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Además del propio Daniel Muñoz, fueron afectadas su madre Diana Olaya; Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), lugarteniente de “Douglas” y líder histórico de “la Terraza”; Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

Al momento del operativo todos fueron detenidos, con excepción de Daniel Muñoz, quien no estaba en su domicilio de El Poblado cuando lo allanaron. Extrañamente, su madre sí estaba, pero con un abogado, lo que implica que la información sobre el procedimiento judicial ya había sido filtrada.

En la audiencia de control de garantías, el juzgado les otorgó la libertad a “Yordi” y Diana Olaya, alegando que no había pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel. Seguirán vinculados al expediente, pero respondiendo en libertad; mientras que a las familiares de “Pichi Gordo” les dictaron detención domiciliaria.

El caso ha estado rodeado por varias irregularidades, comenzando por la filtración del operativo. Fuentes judiciales le contaron a este diario que “Douglas”, quien está preso en la cárcel de Itagüí, se enteró de las órdenes de captura en contra de sus allegados y mandó un mensaje de advertencia a la Alcaldía de Medellín, sugiriendo que podía desatar una oleada de violencia en la ciudad si aquello ocurría.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora Isabel Zuleta, quien funge como coordinadora de la delegación del Gobierno en la mesa de Itagüí, habría tratado de evitar la diligencia, algo que ella negó.

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El Inspector.

¿A qué se debe esta dura verdad? Este es un análisis de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, que busca aproximarse a la realidad de ese oscuro negocio.

En este carro iba el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, cuando fue asesinado en el barrio Fátima de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

La lista de casos es inagotable. Uno de los más recientes sucedió en el barrio Fátima, del suroccidente de Medellín, donde la víctima fue el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, de 36 años.

El pasado martes 12 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m. conducía un automóvil Toyota en compañía de su esposa, y justo cuando pasaba frente a la Clínica Medellín de Occidente fue interceptado por cuatro asesinos a bordo de dos motos de bajo cilindraje. Una de las motos obstruyó el paso del carro, mientras desde la otra le dispararon a través de la ventanilla.

Los asesinos escaparon, al tiempo que la esposa y otra mujer bajaron del vehículo al herido y lo llevaron a la clínica, donde finalmente falleció. Zambrano era nacido en Maracaibo, Venezuela, y tenía cédula expedida en Barranquilla; al parecer se dedicaba al comercio, aunque hubo un incidente que tiene especulando a las autoridades sobre su verdadero oficio.

En la reseña del caso elaborada por el CTI de la Fiscalía, quedó consignado que la esposa del occiso entró a un baño de mujeres en el centro médico y tiró a la basura un celular marca Iphone, el cual fue recuperado luego por los investigadores. ¿Qué secretos quería ocultar la cónyuge?

Y hay más en la capital antioqueña. El 7 de marzo fue asesinado Édinson Rojas (“Pichi Gordo”), un cabecilla de la banda “la Terraza”. Lo acribillaron junto a un parque del barrio Los Balsos. En el hecho también murió su socio Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”) y quedó herido en una pierna el exfutbolista John Lovert Córdoba.

El 13 de febrero anterior, en la Transversal Intermedia del vecino municipio de Envigado, otros sicarios ejecutaron a José Berrío Zorrilla, un caleño de 38 años que se movilizaba con su esposa en un automóvil Mazda. El finado había sido extraditado a Estados Unidos en 2012, donde pagó cárcel por exportar cocaína a ese país.

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CRÍMENES DE ALTO PERFIL

Bogotá tampoco ha sido ajena a las operaciones sicariales de alto perfil. El pasado 21 de febrero hubo un ataque letal en las inmediaciones del Parque de la 93, donde la víctima fue Hernán Franco Charry, un auditor empresarial.

En la urbanización Bosques del Marqués, en Bogotá, fue asesinado por un francotirador el empresario Juan Sebastián Aguilar (“Pedro Pechuga”). Fotos de cortesía.

Justo cuando entraba al edificio en el que trabajaba, un sicario le disparó por detrás. El homicida tenía tan estudiado su objetivo, que el asalto duró menos de cinco segundos y alcanzó a entrar y salir del garaje corriendo, antes de que el portón automático se cerrara.

El 7 de agosto de 2024 los asesinos a sueldo dejaron otra truculenta huella en Bogotá. El objetivo fue el empresario de piedras preciosas Juan Sebastián Aguilar, nacido hace 58 años en Chiquinquirá (Boyacá), y apodado “Pedro Pechuga”.

En su juventud fue hombre de confianza del llamado “Zar de las Esmeraldas”, Víctor Carranza (1934-2013), uno de los más importantes esmeralderos del país e investigado en su momento por conspiraciones para financiar a los paramilitares y al cartel de Medellín. Actualmente, era un presunto integrante de la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (Njdn), un cartel con redes en los Llanos Orientales, la zona esmeraldera, Bogotá y Medio Oriente.

Lo mató un francotirador con un certero disparo desde un cerro, junto a la urbanización residencial Bosques del Marqués, en la localidad de Usaquén, donde Aguilar residía.

Tuluá (Valle) es otro de los municipios golpeados por la acción de esta clase de criminales. El 31 de diciembre de 2023, en una casa del barrio Victoria, le dispararon al político Eliecid Ávila, quien aguantó dos días en cuidados intensivos y falleció el 2 de enero siguiente, antes de posesionarse por tercera vez como concejal.

Otro atentado que tuvo mucha repercusión ocurrió el 8 de octubre del año pasado en la avenida 30 de Agosto con la calle 48 de Pereira, a plena luz del día, donde fue aniquilado Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), uno de los principales jefes de la organización criminal “la Cordillera”.

Los sicarios lo sorprendieron con su esposa en las afueras de una iglesia y se enfrentaron a sus escoltas. Además de “Berny”, murieron su guardaespaldas Óscar Giraldo (“Osama”) y el agresor Santiago Bedoya, de 19 años y proveniente de Medellín; otro de los atacantes quedó lesionado.

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EL NEGOCIO DE LA MUERTE
El sicariato como servicio criminal se consolidó en Colombia en la década de los 80, con el auspicio de los carteles de Medellín y Cali, las nacientes Autodefensas paramilitares y las guerrillas. Estas organizaciones contrataban jóvenes de las ciudades, la mayoría de escasos recursos, para que ejecutaran atentados en contra de sus enemigos, de la Fuerza Pública y de los políticos que se atravesaban en su camino.

Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), jefe de la banda “la Cordillera”. Cortesía.

En ese periodo se popularizaron las “escuelas de sicarios”, instaladas en fincas de cabecillas y en algunos casos con la participación de agentes corruptos de las fuerzas de seguridad, que fungían como asesores e instructores.

Algunos de los cursos más famosos fueron dictados en el Magdalena Medio entre 1989 y 1991 por Yair Klein, un exmilitar israelita que regentaba una empresa de seguridad fachada para instruir a mercenarios y asesinos en diferentes partes del mundo.

A sus clases asistieron “estudiantes” pagados por Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, el Clan Castaño Gil y el precursor de las autodefensas, Henry Pérez, entre otros. Les enseñaban manejo de armas, explosivos y tácticas ofensivas y contrainsurgentes.

Estos servicios se han especializado tanto en el país, que organizaciones mafiosas del exterior suelen contratar matones colombianos para ejecutar sus conspiraciones.

Un ejemplo fue el magnicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, en el que participaron autores materiales colombianos y venezolanos. Sucedió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena), durante su luna de miel.

Otro contrato internacional fue el del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, abaleado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un coliseo de Quito.

La Policía dio de baja a uno y arrestó a otros seis colombianos sospechosos del crimen; sin embargo, todos fueron asesinados misteriosamente en motines carcelarios ocurridos dos meses después.

Aunque hay células de sicarios independientes que se ofrecen al mejor postor, también existen bandas expertas y con larga tradición en ofrecer estos servicios letales.

Según fuentes policiales, las más peligrosas son: “la Oficina” y sus bandas asociadas (Valle de Aburrá); la banda de “Satanás” y “Tren de Aragua” (Bogotá); “la Cordillera” (Eje Cafetero); “los Costeños” y “los Pepes” (Barranquilla); “los Flacos” (Cartago); “la Inmaculada” (Tuluá); “los Pachenca” (Santa Marta); “los Shottas” y “Espartanos” (Buenaventura); y el Clan del Golfo (nacional).

Su existencia es el recordatorio de que en Colombia todavía hay mucha gente que resuelve sus problemas mandando a matar a los demás.

¿Y qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo? ¿Por qué luego de cuatro décadas el sicariato sigue siendo un oficio criminal tan solicitado?

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El Inspector.

Aunque todavía falta el visto bueno del nuevo Alto Comisionado, Otty Patiño, las delegaciones lograron establecer ese norte temático luego de seis meses de trabajo en la cárcel de Itagüí. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los jefes de las bandas del Valle de Aburrá están congregados en la cárcel de Itagüí. Foto de Manuel Saldarriaga.

El coordinador de la delegación del Gobierno, Jorge Mejía Martínez, explicó que la agenda iba a ser presentada en sociedad el pasado 23 de noviembre, pero un día antes el presidente Gustavo Petro despidió a Danilo Rueda de su cargo en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), lo que obligó a la mesa de conversaciones sociojurídicas – como la llama el Gobierno – a hacer un alto en el camino.

Aunque Mejía recalcó que no puede compartir detalles de la agenda, hasta que su contenido no sea evaluado por la nueva jefatura de la Oacp, dio pinceladas de los temas que se abordarán con los representantes del 90% de las 400 bandas que delinquen en el área metropolitana.

El primer eje temático ha sido denominado “ética de la vida” y aborda las cuestiones relacionadas con la violencia urbana, los homicidios y desplazamientos forzados, así como el trabajo con las víctimas, que implica procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el marco de un posible sistema de justicia restaurativa. Esto último dependerá de las condiciones que defina la Ley de Sometimiento de Bandas, que al parecer será presentada una vez más al Congreso en el primer trimestre de 2024.

El segundo eje versa sobre la territorialidad y la población juvenil, y en él se tratarán los asuntos de gobernanza criminal en las comunas, así como los programas sociales que se requieren para frenar el reclutamiento y atender las necesidades de los jóvenes de las bandas o en riesgo de ser integrados a ellas.

El tercero tiene que ver con las economías ilegales y la manera en que las estructuras criminales dejarán esos negocios para participar en actividades legítimas. Esto incluye desmontar las redes de extorsión, pagadiario, secuestro y venta de lotes, entre otras rentas clandestinas.

Y el cuarto se relaciona con la desarticulación de las estructuras armadas y las medidas adicionales que esto implicará, como las garantías de seguridad para que los exmiembros no sean asesinados, como ha ocurrido en los procesos de desarme de las Auc (2006) y las Farc (2016).

“Una vez que se adopte la agenda de forma definitiva, lo que sigue es construir una metodología que involucre a la sociedad civil. No se hará nada de espaldas a la ciudadanía”, dijo Mejía.

Además de esa guía, las delegaciones ya definieron los protocolos logísticos de funcionamiento, que incluyen las comunicaciones internas y la forma en que la mesa podrá colaborar cuando haya problemas de orden público en la ciudad.

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DELEGADOS PENDIENTES

La mesa de conversaciones sociojurídicas se instaló oficialmente el pasado 2 de junio y desde entonces ha tenido que capotear varias tormentas. Una de ellas ha sido la conformación de la delegación gubernamental.

Además del despido de Rueda, un mes antes se presentó la renuncia de la excomisionada de la Verdad, Lucía González, una de las integrantes más reputadas del equipo.

En su reemplazo llegaron el sociólogo Luis Guillermo Pardo, exgerente de Paz de la Gobernación de Antioquia; y la académica Luz Elena Zabala, exasesora de Colciencias.

La delegación del Gobierno no ha podido concretar otros tres miembros que se habían contemplado al principio. El primero es un oficial retirado de la Fuerza Pública y el segundo un representante del empresariado, pues “se han barajado varios nombres, pero desde Bogotá no han dado el visto bueno”, reconoció Mejía.

La ausencia de un empresario es notable, pues varios voceros de las bandas insisten en que, para que el proceso sea exitoso, deben tener opciones de empleo legal, y los empresarios generan el 80% de los puestos laborales en el país.

El tercer faltante es un miembro de la oposición, con el que la Casa de Nariño quisiera blindar políticamente el diálogo. El Centro Democrático, principal partido de oposición, ya consintió que José Félix Lafaurie lo representara en la mesa con el ELN, y que Fabio Valencia Cossio lo hiciera en la del Estado Mayor Central de las Farc, pero todavía no se decide a poner una ficha en la de la paz urbana.

Al micrófono Jorge Mejía Martínez, coordinador de la delegación del Gobierno en la mesa. Foto de Manuel Saldarriaga.

DESAFÍOS POLÍTICOS

La mesa del Valle de Aburrá también ha enfrentado desafíos ligados al orden público de Medellín. Entre septiembre y noviembre, en las comunas de Robledo y Manrique se desataron conflictos y asesinatos por fracturas internas en “los Pesebreros” y “la Terraza”, dos facciones con vocería en los diálogos de paz.

La situación, que la Oacp catalogó en su momento como un intento por enlodar la paz urbana por parte de “fuerzas oscuras”, en realidad reflejó el deseo de algunos cabecillas emergentes de relevar a los más veteranos, a quienes al parecer consideran en camino de “jubilación”.

Según Mejía, esos dos conflictos se apaciguaron porque “se hizo una gestión desde el espacio, por parte de los voceros de las bandas, lo que permitió superar esas situaciones de violencia. Es una muestra de que esto ha valido la pena”.

Otro reto es el cambio de administración en Medellín y Antioquia. Federico Gutiérrez y Andrés Rendón, alcalde y gobernador electos, respectivamente, criticaron con vehemencia la política de “paz total” de Petro durante las pasadas elecciones regionales.

¿Qué postura tendrán ellos frente al proceso en la cárcel de Itagüí? “Esperamos que la armonía institucional se imponga sobre las posturas políticas. Al alcalde Federico y a Manuel Villa (próximo secretario de Seguridad) ya les enviamos un mensaje el pasado lunes, para concretar una cita y exponerles lo que estamos haciendo”, indicó Mejía.

La llegada de Otty Patiño despierta inquietudes sobre los cambios que podría introducir en la agenda. A juicio del coordinador de la delegación del Gobierno, “conociendo su talante, es posible que haga un énfasis en la mayor presencia de la institucionalidad local y en el impacto territorial, identificando las zonas en las que se puede hacer un mayor esfuerzo desde la mesa para desactivar la violencia”.

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El Inspector.

El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo han reportado la situación, documentando hasta ahora nueve casos en los que miembros de grupos armados de Antioquia y Córdoba se presentan en los estrados como si fueran de comunidades indígenas. Algunos han logrado su cometido, mientras otros fueron detectados a tiempo.

Jhon Fredy Pabón (“Toño”) fue capturado en 2020 y condenado a seis años de cárcel por concierto para delinquir. Foto cortesía de la Policía.

El expediente más reciente es el de Jhon Fredy Pabón González, alias Toño, un exparamilitar de 41 años con más de dos décadas de prontuario, que delinquió en los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc.

Según fuentes judiciales, participó en la Operación Orión (2002), aliado con la Fuerza Pública para expulsar a las milicias guerrilleras de la comuna 13 de Medellín, y después de la desmovilización de las autodefensas conformó su propia banda, conocida como “los Paracos de San Cristóbal”, en el corregimiento del mismo nombre.

Allí se dedicó al sicariato, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados, desapariciones y venta ilegal de lotes, entre otros delitos, y sumó a su organización otras bandas más pequeñas de San Cristóbal, Robledo y Aranjuez, como “la Campiña”, “Las Flóres”, “Moravia” y “el Llano”.

Cabecillas de bandas delincuenciales que alegaron pertenecer a pueblos indígenas para pedir cambio de cárcel. Fotos de cortesía.

La última vez que cayó a la cárcel fue el 23 de julio de 2020, cuando la Policía lo capturó en el municipio de Copacabana. Logró un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a seis años por concierto para delinquir agravado.

Lo recluyeron en la cárcel El Pedregal, desde donde comenzó su treta jurídica para salir de la celda.

Presentando documentos de dudosa procedencia, tal cual consta en la sentencia STP6311-2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, trató de hacerse pasar como un indígena de la comunidad Umbra Guaqueramae, ubicada en la zona rural de Quinchía, Risaralda. Y, en consecuencia, pidió que lo trasladaran a un “centro de armonización” en el resguardo de esa etnia, para estar bajo custodia de los indígenas.

Otros cabecillas que pidieron traslados a resguardos indígenas. Cortesía.

PETICIÓN DENEGADA
Aunque nació el 9 de octubre de 1981 en Medellín, su cédula es de Bello y siempre ha delinquido en el Occidente de Medellín, “Toño” se sumó a otros cabecillas que han pagado dinero a comunidades aborígenes para que los incluyan en sus censos. Así lo han hecho, según la Fiscalía, miembros de “Pachelly”, “el Mesa”, el Clan Oriente, “ ” y Clan del Golfo (ver Anexo).

El Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Antioquia negó la solicitud en julio de 2022. “Toño” apeló ante el Tribunal Superior del departamento, que en marzo de 2023 volvió a negarla.

Su defensa elevó un recurso de casación ante la Corte Suprema, alegando que a Pabón le estaban violando su “integridad étnica y cultural“.

El alto tribunal también rechazó la solicitud y conceptuó en su sentencia del pasado 27 de junio: “No se aportó al expediente alguna certificación del resguardo que diera cuenta de la integración de Pabón a la comunidad indígena, la base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas del MinInterior no muestra algún registro en los censos que corresponda al accionante”.

Al mismo tiempo, la Corte señaló que “lo observado podría significar que Pabón pretende instrumentalizar a la jurisdicción indígena, con miras a lograr un traslado del centro de reclusión en el que se encuentra (…). Acceder a su pretensión permitiría que fenómenos de criminalidad organizada permeen ese ámbito sociocultural (…) y se transformaría en burla a la justicia”.

Y, a modo de conclusión, recalcó que no se pueden avalar “deleznables fenómenos de ‘camuflaje’, a los que recurren criminales de alto impacto para evadir castigos proporcionales a sus actos”.

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ANEXO: JEFES DE BANDAS QUE DICEN SER INDÍGENAS
Además de “Toño”, estos son otros miembros de bandas que alegaron ser indígenas para pedir traslado de cárcel a un resguardo, desde el 2020 a la fecha:
- De “Pachelly”, en 2022 Albert Henao (“Alber”) pidió traslado al resguardo Umbra Guaqueramae, en Risaralda, y se lo negaron.
- De “los Triana”, en 2023 Maximiliano Gil (“Tombito”) pidió traslado al resguardo Kwe Sx Yu Kiwe, en Valle, petición que está en curso.
- De “el Mesa” hubo tres solicitudes: Jhonathan Castrillón (“Pirry”), Róbinson Tobón (“el Perro”) y Néstor Rodríguez (“Peluche”). Pidieron ser llevados a resguardos de Valle, Risaralda y Caquetá, y aún están en trámites.
- Del Clan Oriente, Hugo Gómez (“don Hugo”) pidió traslado en 2022 al resguardo Ismuina, en Solano (Caquetá), y un juez se lo concedió en diciembre.
- Del Clan del Golfo pidieron traslados en 2022 Ángel Jiménez (“Indio”) y Antonio Trejos (“Maxi”), y un juez se los concedió, para el resguardo Zenú del Alto San Jorge (Córdoba).

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El Inspector.

En un evento realizado en la mañana de este viernes, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, las partes oficializaron el inicio de la fase pública de las conversaciones, luego de 10 meses de acercamientos exploratorios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son algunos de los jefes de las bandas que asistieron al evento, de izquierda a derecha: alias “Pocho”, “Vallejo”, “Iván el Barbado”, “Carlos Pesebre”, “Grande Pa” y “Tom”. Foto de Manuel Saldarriaga.

El anuncio se realizó en una placa polideportiva ubicada junto a la entrada del penal, con asistencia de representantes de la Iglesia, la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría, la OEA, Fuerza Pública, ONGs carcelarias y de DD.HH., organizaciones de víctimas y medios de comunicación.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció a los integrantes de la delegación gubernamental (ver el anexo) y señaló que en la primera fase de los acercamientos siempre hubo testigos, tanto de la iglesia como de la comunidad internacional.

“Esos meses de acercamientos no eran clandestinos, sino de reconocernos y generar confianza. Algunos de ellos (refiriéndose a los cabecillas) fueron víctimas de montajes judiciales, ¿cómo no iban a tener desconfianza de acercarse al Gobierno?”, expresó.

El comisionado reconoció que este proceso contempla varios riesgos, entre ellos el hecho de que aún no existe un marco jurídico específico para aplicarles a los futuros desmovilizados de las bandas.

La llamada Ley de Sometimiento, que reglamentaría la reinserción de estos grupos, fue presentada la semana pasada al Congreso y todavía no comienzan los debates de su articulado.

“Podríamos sentarnos a esperar a que al Gobierno le aprueben ese proyecto de ley, pero el clamor de la gente de Medellín y del Valle de Aburrá es que se pare la violencia. Y ese clamor no está supeditado a tener ese marco jurídico, necesitamos avanzar, tenemos que responderle al pueblo hastiado de violencia”, dijo Rueda.

Y recalcó que hasta ahora las actuaciones han estado fundamentadas en el artículo 22 de la Constitución Política, que reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

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Carlos Correa, alias “don Pepe” (izquierda), cabecilla de la banda “la Unión”, de Itagüí, será uno de los voceros de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

PROTOCOLOS EN ESTUDIO
Asu turno, el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, quien fungirá como coordinador de la delegación del Gobierno, manifestó que todavía no están definidos los protocolos que regirán las conversaciones ni los mecanismos de resolución de conflictos, puesto que estos serán acordados en conjunto durante el diálogo.

Por ahora hay un borrador elaborado por la Oficina del Alto Comisionado (Oacp), el cual está en proceso de revisión por las partes.

Los representantes tendrán conversaciones quincenales, como mínimo, en la cárcel de Itagüí, adonde fueron trasladados hace meses los representantes de las bandas que estaban en otras penitenciarías.

Los voceros de los combos tendrán acceso a dos computadores donados por la Mapp OEA y a teléfonos celulares monitoreados por las autoridades, para que puedan desarrollar su gestión de forma más eficaz.

“Ninguno tuvo reparos cuando les dijimos que esos celulares podían interceptarse”, acotó Rueda.

De izquierda a derecha: alias “el Saya”, de la banda “la Terraza”; “el Ronco”, de “la Unión”; y “Carlos Pesebre”, de “los Pesebreros”. Foto de Manuel Saldarriaga.

LA VOZ DE LAS BANDAS
Al evento asistieron 18 jefes encarcelados del crimen organizado del Valle de Aburrá, vistiendo camisetas blancas y representando a las principales confederaciones ilegales que agrupan a, por lo menos, 200 combos de barrio.

Allí estaban presentes cabecillas condenados de “la Oficina”, “los Chatas”, “el Mesa”, “Pachelly”, “Caicedo”, “la Terraza”, “Niquía Camacol”, “los Pesebreros”, “Altos de Aranjuez”, “la Unión”, “la Silla” y “la Agonía”.

De ellos, siete fueron seleccionados como voceros principales y otros diez como suplentes (ver los anexos).

El vocero suplente Sebastián Murillo (“Lindolfo”) leyó un comunicado a nombre de todos, expresando su compromiso por el proyecto de la paz urbana y haciendo un llamado a la comunidad y al sector productivo para que también se involucren en el proceso.

“La historia de la violencia tiene otra versión que no ha sido escuchada: la de los muchachos de los barrios que hicieron y sufrieron la guerra”, relató el representante.

Añadió que “nosotros hemos sido fuente de empleo de muchos jóvenes y familias que no han tenido oportunidades por parte del Estado (…). La sociedad debe preguntarse sobre las razones de nuestra existencia”.

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Sebastián Murillo, alias “Lindolfo” (centro de la foto), leyó el comunicado de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

ANEXO 1: LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El coordinador de la delegación del Gobierno Nacional será Jorge Mejía Martínez, exconcejal, exsecretario de Gobierno de Antioquia y de Medellín. En el equipo estará la senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico y defensora de DD.HH. en Antioquia, es especial con el movimiento Ríos Vivos. También participará la arquitecta Lucía Victoria González, excomisionada de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. El grupo lo cierra María Gisela Quintero, lideresa social y víctima de la violencia. La delegación tendrá además tres asesores: Fernando Quijano, Joan Édison Giraldo y Mijael Lancher.

ANEXO 2: VOCEROS DE LAS BANDAS

Voceros principales:
1). Jorge Vallejo Alarcón (alias “Vallejo”) será el secretario de la mesa por parte de las bandas. Miembro de “la Oficina” y “el Mesa”.
2). Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), jefe de “los Chatas”.
3). Gustavo Pérez o Rodrigo Rodríguez (tiene dos identidades), alias “el Montañero”, de “el Mesa”.
4). Camilo Rendón Castro (“el Saya”), de “la Terraza”.
5). Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”.
6). Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.
7). Mauricio Morales Múnera, abogado de bandas de Bello, procesado por sobornar a un funcionario de la Fiscalía.
Voceros suplentes:
8). Óscar Salazar Gutiérrez (“el Compa”), mano derecha de alias “Douglas”, uno de los jefes de “la Oficina”.
9). Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”), de “Niquía”.
10). Iván Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), narco al servicio de “la Oficina”.
11). Elder Zapata Rivera (“Gran Pa”), de la banda “Altos de Aranjuez”.
12). Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de la banda “Caicedo”.
13). Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de “Pachelly”.
14). Jhon Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”.
15). Carlos Correa López (“don Pepe”), de “la Unión”.
16). Jesús Hernández (“Chaparro”), de “Caicedo”.
17). Andrés o Edilberto Oliveros (dos identidades), alias “Mundo Malo”, de “la Silla”.

Aunque no fueron incluidos entre los voceros, en la mesa de las bandas hubo otro par de cabecillas: Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”), de la banda “la Unión”; y Paulo Andrés Gómez Torres (“Pocho”), de “la Agonía”. Ambos grupos ilegales también se comprometieron con el proyecto de “paz total”.

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El Inspector.

Así lo informó el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual estuvieron dos de las personas seleccionadas para integrar dicha comisión: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y activista ambiental; y Jorge Mejía Martínez, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el centro. A los lados, los futuros miembros de la delegación del Gobierno para la paz urbana en Medellín, Isabel Zuleta y Jorge Mejía Martínez. Foto de Jaime Pérez.

Este diario conoció además que al equipo se unirá Lucía González, exintegrante de la Comisión de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. También habrá un representante de la Iglesia Católica y uno de los partidos políticos de oposición, entre otros participantes y testigos.

“Vamos a iniciar la segunda fase: la del escenario de conversaciones sociojurídicas. Ahí empieza una fase que podemos decir pública. Habrá una comisión delegada por el Presidente para mantener la interlocución, que se instalaría la semana entrante”, indicó Rueda.

Según el comisionado, en este momento hay certeza de la voluntad de paz del 90% de las bandas del Valle de Aburrá, y espera que pronto se anexen las que faltan. Desde su perspectiva, si se alcanza un acuerdo con todas, se lograría la reinserción de por lo menos 12.000 a 14.000 personas.

Rueda no mencionó concretamente cuáles son los grupos con los que iniciarán las conversaciones, aunque adujo que son estructuras de gran tamaño y confederadas, que articulan a decenas de combos más pequeños.

De forma extraoficial, se sabe que entre ellas están “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión” y “Doce de Octubre”.

Entre las indecisas están “los Triana”, aunque Rueda precisó que también tienen voluntad de sumarse al proceso, y espera que se concrete en los próximos días.

“Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad y por información de pobladores de las comunas, que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para la paz total”, dijo.

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TREGUA ENTRE BANDAS
Los grupos que participarán en esta etapa pública de las conversaciones expidieron un comunicado el 28 de abril de 2023, en el que manifestaron su apoyo al proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro. El texto fue leído en la entrada de la prisión de Itagüí por Daniel Millares, representante de la Mapp-OEA.

“Como un aporte de nuestra parte, los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá, en condición de reclusión en la cárcel La Paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades”, señalaron, poniendo por escrito algo que en la práctica ya se venía dando en la calle desde 2020.

Añadieron que tienen “disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína”, alegando que “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.

Y prometieron colaborar con la reducción de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores.

Aunque el documento no aparece firmado por nadie en particular, en su redacción y aprobación participaron 16 cabecillas, la mayoría trasladados a Itagüí desde otras prisiones, por gestión de la Oficina del Alto Comisionado.

La lista incluye a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Albert Henao Acevedo (“Alber”) y Carlos Correa López (“don Pepe”), entre otros. Desde otras cárceles colaboraron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”).

Las demás estructuras y líderes involucrados se conocerán apenas se instalen las conversaciones formalmente.

La cárcel de Itagüí será entonces el eje de un plan piloto de paz urbana en Colombia. El Gobierno ya había comenzado en diciembre otro acercamiento de este tipo en Buenaventura, con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los avances han sido tímidos en esa región.

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El comunicado de las bandas del Valle de Aburrá. Cortesía.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si bien las bandas al parecer no están de acuerdo con la ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso, aceptaron avanzar en los acercamientos porque, según Rueda, “están cansados de la guerra y viven en la zozobra”.

El comisionado insistió en que no será una negociación de paz, como la que ya está en curso con la guerrilla del ELN, sino un diálogo para buscar “acuerdos sociojurídicos”.

Lo jurídico se refiere a la exploración de opciones legales para facilitar el desmantelamiento de las bandas. La senadora Isabel Zuleta aclaró que, por el momento, el marco normativo es el del Código Penal y la ley de sometimiento; cualquier cambio futuro tendrá que pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Y lo social implica revisar las características de vida de los integrantes de esos grupos, que incluyen las condiciones para su eventual reinserción, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.

El plan del Gobierno es ir más allá de un desarme, “que poco han servido en el pasado”, según Rueda, y lograr un verdadero impacto en los barrios: “Que se acabe la gobernanza criminal y se instaure el estado de derecho en las comunas de Medellín”.

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ANEXO: ¿LAS BANDAS SI TIENEN 14.000 MIEMBROS?
En las agencias de seguridad causó extrañeza la cifra de posibles reinsertados de las bandas que dejaría la paz urbana en Medellín, anunciada por el comisionado Danilo Rueda: 14.000. En las cuentas de la Policía, los miembros de las 94 bandas priorizadas no superan los 1.200 integrantes, y si se tienen en cuenta las 350 existentes en el Valle de Aburrá (contando los combos más pequeños), no sobrepasan los 5.000.
¿Entonces de dónde saldría tanta gente? Medellín ya tiene un antecedente: la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2003, cuando se “reinsertaron” cientos de delincuentes comunes que nada tenían que ver con el conflicto.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo?

El Inspector.

Tal cual han venido informando El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, los acercamientos comenzaron en plena campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando envió delegados a las cárceles y a las comunas de Medellín para proponerles a los integrantes de este grupo su proyecto de “paz total”. La mayoría de cabecillas respaldó la idea, anhelando recibir beneficios jurídicos, y de paso le dieron un empujón electoral definitivo al entonces candidato.

Escena de la masacre de nueve personas en una finca de la vereda El Salado, en Envigado, el 31 de diciembre de 2012. El crimen está impune. Foto de archivo.

En las últimas dos semanas hubo reuniones y traslados de cárceles para acelerar la conformación de una mesa de diálogos entre esa organización y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De manera tentativa, la sede de dichas conversaciones sería la prisión de Itagüí.

El proceso no será simple, pues el Gobierno, la Fiscalía y la Rama Judicial no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el tratamiento jurídico que hay que darles a las bandas de crimen organizado, las cuales carecen de estatus político.

Los decretos expedidos por la Casa de Nariño se estrellaron contra los argumentos de la Fiscalía, por lo que la expedición de boletas de libertad y la suspensión de órdenes de captura para los voceros de paz quedaron en el limbo.

Al margen del contexto político, la sociedad se ha venido preguntando cuál es el afán de sentarse a la mesa con mafiosos y qué cosas le pueden ofrecer estos a la “paz total”. Detrás de dichas inquietudes hay una pregunta central: ¿qué es “la Oficina” hoy en día, más allá de los mitos?

GOBIERNO CRIMINAL
La primera “oficina” que tuvo el Valle de Aburrá data de la época del cartel de Medellín y su función era arbitrar en los conflictos entre narcos, fijar criterios de negociación y cobrar deudas de la mafia.

Cuando Diego Murillo (“don Berna”) asumió el control del bajo mundo a mediados de los 90, creó una nueva “oficina”, añadiéndole más funciones:servir como aparato sicarial urbano de las Autodefensas paramilitares; organizar a todas las bandas del área metropolitana, imponiéndoles coordinadores por cada comuna; instaurar las normas de juego para el mercado local de drogas y demás negocios ilegales.

En 2008, cuando este capo fue extraditado, las jerarquías del hampa se disolvieron. La nueva “oficina” ya no obedecía a un máximo comandante, sino a una junta directiva en cuya mesa tenían asiento los jefes de las bandas más poderosas. Un gobierno colegiado, en el que se tejen alianzas, traiciones y enemistades.

ESTRUCTURA DE MANDO
“La Oficina” de la actualidad es una confederación de bandas con influencia directa en el Aburrá y alcance transnacional, según la DEA. Cual holding empresarial, ofrece múltiples servicios criminales y tiene sus tentáculos extendidos en muchas actividades económicas (ver la infografía).

En su estructura de mando cuenta con dos alas: una operativa y visible, que copa los territorios a través de las bandas; y una gerencial e invisible, liderada por una élite de criminales de cuello blanco con una doble vida, que se mueven entre el mundo legal y el ilegal. En la esfera del crimen los llaman “los señores”, “los de arriba” o “los invisibles”. Nadie menciona sus nombres, pero es sabido que deciden quién puede ser o no el jefe de las bandas.

Desde los tiempos de “don Berna” no hay un único líder del ala operativa. Por allí han desfilado temporalmente alias “Rogelio”, “Yiyo”, “Valenciano” y “Sebastián”. Hoy “la Oficina” tiene dos cabezas, con una marcada rivalidad entre sí: Carlos Mesa (“Tom”), quien representa a la mafia de Bello; y José Muñoz (“Douglas”), de la mafia de Medellín.

Ambos están presos hace años, pero desde las cárceles continúan dando órdenes, tanto así, que el Gobierno les reconoce tal autoridad convocándolos a reuniones.

En el segundo círculo de poder están los llamados Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) o, como les dicen en las calles, las “Razones”.

Se trata de coaliciones de combos con influencia en una o más comunas. Cinco de ellas están aliadas con “Tom” y las otras cinco con “Douglas”, según datos de Inteligencia.

Cada una de estas coaliciones articula entre 8 y 30 combos barriales, para un total cercano a los 240 grupos. Las que abarcan más vecindarios son “los Chatas”, “la Terraza”, “Caicedo” y “los Pesebreros”.

Aunque esto refleja una influencia territorial importante, “la Oficina” perdió poder con el paso del tiempo, pues antes reinaba sobre el 95% de las bandas del Aburrá. Hoy se estima que articula un 65%, pues muchas se declararon independientes (como “la Agonía”, “los Mondongueros”, “el Mesa” y “Pachelly”) y otras se alinearon al Clan del Golfo.

FUNCIONES Y PROPUESTAS
Las decisiones y conflictos internos de “La Oficina” tienen una alta incidencia en las cifras de homicidios de Medellín, aunque a las autoridades les cueste reconocerlo.

A finales de 2019 las estructuras de “Tom” y “Douglas”, que habían protagonizado enfrentamientos focalizados en Robledo, San Javier y Candelaria, acordaron una tregua que todavía rige. Los asesinatos en la ciudad bajaron de 634 en 2018 a 389 en 2022.

Pese a esto, la organización ya no controla la dinámica de los hurtos, el fenómeno que, junto a las extorsiones desbordadas, afecta más la percepción de seguridad de los medellinenses.

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Un reto de “la Oficina” es mantener unidas a todas sus divisiones. Entre 2015 y 2016, cuando funcionaba en Cuba la mesa de paz entre el gobierno de Juan M. Santos y las Farc, varios jefes de “la Oficina” trataron de consolidar una propuesta de desarme. El proyecto fracasó porque los líderes encarcelados no lograron convencer de la idea a quienes estaban libres en ese entonces.

Frente a la negociación con el gobierno de Petro, ofrecen sostener a la baja los homicidios, entregar armas y presentar, por lo menos, a 3.000 jóvenes que dejarían de delinquir. También, según abogados cercanos al proceso, prometen “contar su verdad”.

Este es un punto crítico, pues casi todos los cabecillas ya participaron en el proceso de sometimiento de las Autodefensas (2006) y después le fallaron a la sociedad: no asistieron a las versiones libres, no repararon a las víctimas y continuaron traficando drogas y sembrando el terror. ¿Se les puede creer ahora? ¿Renunciarán esta vez a sus fortunas ilícitas? ¿Hablarán sobre “los invisibles”?

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ANEXO: ALGUNOS CRÍMENES PERPETRADOS POR “LA OFICINA”

Masacre del bar Gurú
El 2 de julio de 2010, en el marco de una disputa interna de “la Oficina”, un grupo de sicarios masacró a ocho personas e hirió a otras 16 en un bar de la zona rosa de Envigado, Antioquia. Por el hecho hay nueve perpetradores condenados, pero frente a los autores intelectuales hubo impunidad.

Masacre en vereda El Salado
El 31 de diciembre de 2012, sicarios de “la Oficina” masacraron a nueve personas en una finca de la vereda El Salado, de Envigado. El objetivo principal del ataque era alias “Morro”, un líder traicionado de la organización, y de paso mataron a todos los presentes. Este caso está en la total impunidad.

Desaparición de colegialas
El 29 de mayo de 2009, policías de Itagüí detuvieron a un cabecilla apodado “28”, quien iba en carro con tres colegialas. En vez de llevarlo a la Fiscalía, se lo entregaron a sus enemigos de “la Oficina”, quienes lo desaparecieron junto a las tres niñas. Cuatro policías y un delincuente están condenados.

El Inspector.

Escopolamina, burundanga o benzodiacepina, mezcladas con licor, forman el coctel con el que muchos ingenuos caen inconscientes a sus pies. Este el abrebocas del nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, el pódcast de El Colombiano, estrenado este viernes 21 de octubre de 2022, bajo el título “Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal”.

Ya está al aire el nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, “Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal”. Ilustración de Tomás Giraldo.

En el episodio les contaré que en la lista de objetivos de estas organizaciones criminales hay turistas, empresarios y docentes, como el visitante turco Ramazan Gencay, a quien una cita pactada por Internet lo arrastró a un triste final en la zona rosa de la capital antioqueña.

Este crimen sucedió en 2018 y causó un profundo impacto en la comunidad académica, pues el extranjero era un docente de renombre, que había llegado a Medellín desde Canadá, para dictar un curso de finanzas en la Universidad Eafit.

También conoceremos los métodos empleados por las bandas para seducir y drogar a sus víctimas, así como las diferentes clases de sustancias que utilizan para diezmar la voluntad de las personas y extraerles información de sus cuentas bancarias.

Pueden disfrutar el episodio en www.elcolombiano.com/podcast y en las plataformas digitales de Spotify, Google Podcast, Spreaker y Apple Podcast.

Allí también están disponibles los otros cuatro capítulos de la primera temporada: “Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín”, “Los conjuros siniestros del Clan del Golfo” y “Otoniel, el monstruo de las mil guerras” (parte 1 y 2).

Revelaciones del Bajo Mundo es un pódcast de la Casa Editorial El Colombiano, que fusiona el estilo narrativo de la crónica periodística con la ambientación de las radionovelas de antaño.

El origen de Revelaciones del Bajo Mundo se remonta a mayo de 2008, en medio de una oleada de violencia sicarial que azotó al Valle de Aburrá.

Para contar lo que ocurría en las calles, creé un blog de Internet, el cual rápidamente se convirtió en una fuente de información para las autoridades y en espacio para las denuncias de los ciudadanos afectados por la violencia.

Esta idea sobrevivió a los avatares del tiempo y luego de 14 años evolucionó. Hoy, las audiencias de Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano pueden seguir leyendo el blog y ahora escuchar nuevas historias en el pódcast. ¡No te lo pierdas!

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El Inspector.

Los procesos judiciales afectaron a integrantes de las bandas “los Chatas”, “la Mina”, “Niquía Camacol” y “el Mesa”. Esta es la reseña elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura de Braimer Muñoz, alias “Reblujo” (izquierda), y su hermano Darney Muñoz, alias “Patolín” (derecha). Foto cortesía de la Policía.

A finales del pasado mes de septiembre la Policía detuvo a Braimer Darío Muñoz Rivera (“Reblujo”) en el sector El Poblado, de Medellín. Junto a él cayó su hermano Darney Alberto Muñoz Rivera (“Patolín”).

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada los señaló de ser supuestos cabecillas de la organización criminal “los Chatas” y en la audiencia de control de garantías les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y homicidio.

Según el informe público del ente acusador, los hermanos Muñoz Rivera “al parecer promueven el cobro de cuotas extorsivas y la venta de estupefacientes en Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Santa Rosa de Osos, Guatapé, San Rafael y las comunas 10 y 11 de Medellín (La Candelaria y Laureles). Adicionalmente, estarían involucrados en la ejecución de homicidios selectivos y el desplazamiento de familias”.

Tras finalizar las audiencias, en las que ambos se declararon inocentes, el juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Esta no es la primera que “Reblujo” es apresado. El 8 de marzo de 2017 había sido detenido por la Policía en el barrio La Loma de los Bernal, de Medellín. En ese entonces fungía como secretario privado de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el fundador y máximo líder de “los Chatas” (hoy condenado en prisión).

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En otra acción contra las redes de esa organización, el pasado 3 de octubre las autoridades atacaron al combo “la Mina”, que trabaja para “los Chatas” en los sectores La Mina y La Camila. En ocho allanamientos fueron detenidos seis presuntos miembros de la banda, incluyendo a su coordinador, Ánderson Atehortúa Echavarría (“Barba”).

Julio Echavarría, alias “Magandy”. Foto cortesía.

Los implicados tendrán que responder ante la justicia por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

A una celda también fue enviado Julio Elpidio Echavarría Díaz, (“Magandy” o “Julio el Tuerto”), subcomandante de la banda “el Mesa”. El 10 de agosto fue capturado en un centro comercial de El Poblado, por una orden de captura por concierto para delinquir.

En su reporte del caso, la Policía manifestó que “como hombre de confianza de alias ‘el Montañero’ (jefe del grupo encarcelado), habría sido enviado a Bogotá para liderar esta estructura en lo relativo al tráfico de estupefacientes, principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Rafael Uribe Uribe, y el municipio de Soacha (Cundinamarca)”.

“Magandy” tenía antecedentes penales. En 2003 había sido capturado por hurto calificado y porte de armas de uso privativo, y según las autoridades reincidió en el bajo mundo. En la audiencia de control de garantías se declaró inocente de la nueva imputación.

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Otra de las estructuras del crimen organizado de Bello impactada recientemente es “Niquía Camacol”. El pasado 22 de agosto fue reportada la captura en Medellín de dos de sus cabecillas: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Jhon Alejandro Meneses Jaramillo (“Agujas”).

“Yerbas” tenía en su contra una recompensa de hasta $50 millones, ofrecida por la Alcaldía de Bello. Fue procesado por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión y constreñimiento.

Así aparecía “Yerbas” en el cartel de los más buscados de Bello. Cortesía.

En cuanto a “Agujas”, paramilitar desmovilizado del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), las autoridades informaron que “venía liderando la venta ilegal de lotes del Cerro Quitasol y tenía un vínculo de confianza con alias ‘El Diablo’, cabecilla de ‘el Mesa’”. En el operativo le incautaron un automóvil y una cédula falsa.

Ambos habían reemplazado en la cúpula de esa organización a Juan Fernando Álvarez, alias “Juan XXIII”, quien lideró a “Niquía Camacol” hasta el 14 de junio, cuando lo arrestaron en el barrio Laureles.

“’Juan XXIII’ fue promotor de la confrontación que tuvieron los grupos delincuenciales ‘el Mesa’ y ‘Pachelly’ por la disputa de territorio bellanita (2019-2020). Además, según establecieron las fuentes policiales, sería el encargado de los desplazamientos forzados en zonas como La Frontera, El Caguán, Altos de Niquía, la Casa de Justicia, entre otros; la venta de lotes en el sector de Ciudad Perdida y el Cerro Quitasol, y de ordenar varios homicidios selectivos. La orden de captura se materializó por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión”, informó la Alcaldía de Bello en su momento.

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El Inspector.

Murieron dos hombrea, uno de ellos conocido como “el Cabezón”, supuesto cabecilla de la banda “la Paralela”. Con este caso, ya son dos líderes del crimen organizado ejecutados en las últimos tres semanas en Medellín.

El doble homicidio sucedió en el quinto piso de una edificación del barrio Héctor Abad, en el noroccidente de Medellín. Foto de Andrés Osorio.

Según el registro de las autoridades, el incidente se presentó a las 10:00 a.m. del 28 de septiembre de 2022, en el barrio Héctor Abad Gómez, de la comuna de Castilla.

En un apartamento del quinto piso de una edificación se congregaron varias personas para una reunión. De acuerdo con los investigadores, uno de los presentes tomó un arma y mató a Jeferson Stiven Gómez Vanegas, de 30 años y apodado “el Cabezón”.

Como retaliación, los amigos del occiso acribillaron a Andrés Camilo Alzate Ortiz, de 26 años y conocido como “Chumilo”.

Después del tiroteo todos salieron corriendo, llevándose las armas y dejando a los dos abaleados tendidos en el suelo.

Gracias al seguimiento realizado por las cámaras de seguridad, la Policía arrestó a uno de ellos, en poder de una bolsa con tres armas de fuego.

Sobre las causas de lo ocurrido hay varias hipótesis. Los investigadores analizan una versión de familiares de “Chumilo”, según la cual acudió a la cita para negociar una motocicleta. Minutos antes de la balacera él los llamó, pidiéndoles ayuda porque lo iban a matar.

Al día siguiente se realizó el velorio de “el Cabezón” en el vecindario. El cortejo fúnebre fue masivo, con buses, motos, pólvora y tiros al aire. Algunos establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar sus puertas.

“El Cabezón” es el segundo cabecilla asesinado en tres semanas en Medellín. El anterior fue Javier Ventura Marín Álvarez, alias “Tatú”, uno de los principales jefes de la organización “los Pesebreros” o “Robledo”.

Luego de estar desaparecido durante dos noches, su cadáver fue encontrado el 11 de septiembre pasado en una acera del barrio Castropol. Tenía señales de asfixia mecánica y estaba envuelto en bolsas.

Recientemente había salido de la cárcel y los investigadores sospechan que su muerte fue ordenada por sus antiguos socios de “los Pesebreros”.

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El Inspector.

Este es el análisis de las muertes violentas realizado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los últimos dos años en Medellín han sido los menos violentos desde 1979, la época previa al auge del narcotráfico. Foto de Edwin Bustamante.

¿Qué tal si iniciamos este análisis con la cara positiva de la moneda? Hace 42 años comenzó la medición oficial de los homicidios en la capital antioqueña, con las Estadísticas Vitales del Dane. En ese entonces, cuando apenas despertaba el monstruo de la cocaína, hubo 615 asesinatos.

Después hubo picos terribles, como el de 6.809 crímenes de 1991, en la guerra de los carteles de Medellín y Cali, “los Pepes” y la Fuerza Pública; y en 2002, con 3.829, cuando los paramilitares confrontaban a las milicias por el control de las comunas.

Pasaron décadas para que pudiéramos registrar un 2020 con 369 casos y un 2021 con 403. En palabras del secretario de Seguridad, José Acevedo, “el año anterior fue el segundo menos violento en 40 años y completamos dos años consecutivos con récords en la reducción de este indicador”.

La cifra no viene sola: la tasa de homicidios, 15.68 por cada 100.000 habitantes, está por debajo de la tasa nacional (22.2); y el porcentaje de esclarecimiento de asesinatos (en la investigación judicial) está en 39%, superior a la media colombiana del 20%.

También hubo 126 días no consecutivos sin homicidios.

Si comparamos los casos de 2021 con los de 2020, hubo un aumento del 9.2%, con 34 homicidios más. Esto era previsible, según analistas de seguridad y el propio Acevedo, teniendo en cuenta que en 2020 hubo cuarentenas que restringieron las interacciones ciudadanas y que en 2021 se reactivó toda la vida social.

No obstante, al observar en detalle las métricas, hay unas tareas pendientes en territorios puntuales y frente a algunos modalidades de homicidio en particular.

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RETOS TERRITORIALES
Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), de la Alcaldía, en la mitad de las 16 comunas de Medellín aumentaron los asesinatos en 2021 con relación al año anterior; de igual manera, crecieron en cuatro de los cinco corregimientos.

Algunos incrementos fueron poco significativos (numéricamente), como el de la comuna Popular, que pasó de 11 a 12. Pero otros son delicados: El Poblado saltó de 2 a 10 (400% más); Laureles, de 9 a 16 (78%); y Guayabal, de 7 a 14 (100%). Según analistas de la Policía y la Fiscalía, las muertes ligadas a atracos pusieron un porcentaje importante de en estas tres comunas, en las que, dicho sea de paso, no hay ningún conflicto activo entre organizaciones criminales.

El contexto es diferente en Manrique, que pasó de 13 a 20 (54%); y Aranjuez, de 28 a 38 (36%). En esos territorios hay una fragmentación en “la Terraza”, la banda hegemónica.

Esta disputa interna se está saldando con sicariato, “y no todos los muertos quedan en esas dos comunas, algunos van a dar al río Medellín y otros se los suman estadísticamente a otros sectores, en los que botan los cuerpos desmembrados”, relató un investigador judicial.

Si hablamos de depósitos de cadáveres, el corregimiento de San Cristóbal es uno de los más perjudicados. Subió de 16 a 29 homicidios (81%) y en gran medida fue porque, según las fuentes, allí se arrojaron los cuerpos de víctimas asesinadas en otras áreas vecinas, como San Javier, Robledo, Doce de Octubre, Altavista y el municipio de Bello.

“Llama la atención una cosa: que las comunas que tienen frontera con San Cristóbal rebajaron los homicidios, pero el corregimiento subió. Algunos de esos muertos, que al principio se registraron como NN, luego resultaron ser del área urbana de Medellín. Parece que las bandas, para no ‘calentar’ su zona con la Policía, le tiraron los muertos a San Cristóbal”, opinó otro agente.

En efecto, si observamos las comunas aledañas, Robledo mermó 25%, San Javier 16% y Doce de Octubre apenas subió un caso (de 17 a 18). Entre las tres albergan cerca de 90 combos, que al parecer ven en San Cristóbal el escondite para sus ajustes de cuentas.

Una mención aparte merece La Candelaria. En 2021 fue la comuna con más asesinatos al registrar 78, con aumento del 34% (en 2020 fueron 58); este en un deshonroso sitial que repite anualmente desde 2010.

Su problemática es múltiple: homicidios por riñas, por disputas por plazas de vicio, mala convivencia entre mendigos y atracos violentos, entre otras causas, que se camuflan en una población flotante de 1.2 millones de personas.

A pesar de contar con las sedes del gobierno local y regional, el Palacio de Justicia y el Comando de Policía, la mayoría de establecimientos artísticos e iglesias, universidades, empresas, hospitales y zonas comerciales y turísticas, la delincuencia en el Centro sigue siendo indomable.

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MODALIDADES QUE PREOCUPAN
De acuerdo con el Sisc, los homicidios ligados al crimen organizado disminuyeron de 164 a 139 (15% menos), y subieron los asociados a la convivencia, de 46 a 70 (52%), y los derivados de la violencia intrafamiliar, de 6 a 11 (83%). Los que tuvieron que ver con hurtos estuvieron estables (de 33 a 34), al igual que los de violencia de género (de 16 a 14).

Que la intolerancia esté poniendo una mayor cantidad de víctimas, refleja “una modificación en el comportamiento social, que impone nuevos retos en prevención y en educación”, declaró ayer el general Gustavo Franco, comandante de la Región N°6 de Policía.

También hay que ponerle cuidado a los feminicidios, que pasaron de 24 a 27.

Entre las primeras medidas anunciadas por la Alcaldía para 2022, están el aumento de recompensas por información que ayude a esclarecer feminicidios, que fue fijada en $80 millones; y para los homicidios, $40 millones.

La tarea, sin embargo, no es toda de la Administración o de la Policía. A los ciudadanos nos corresponde, al menos, aportar la tolerancia.

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ANEXO: LOGROS CONTRA LAS BANDAS ILEGALES
Según la Alcaldía de Medellín, entre 2020 y 2021 fueron capturados 53 cabecillas de grupos de crimen organizado. También fueron arrestados 213 coordinadores (mandos medios) y 1.026 integrantes.
Entre esas capturas se destacan alias “Dimas”, cabecilla del Clan del Golfo en Medellín; “Válvula”, del combo “la Silla”; “Toño”, de “San Cristóbal”; y “Chepe”, del Clan Osorio. Sin embargo, preocupa la excarcelación de otros peces gordos, como “Soto” y “Yam”, de “Picacho”; “Pichi Belén”, de “San Bernardo”; y “Yordi”, de “la Terraza”, entre otros.

El Inspector.

Se trata de Willington Andrés Carmona Rodríguez, alias “Gordo Willington”, cuya captura fue celebrada por el propio presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Así fue presentado alias “Gordo Willington”, tras su captura en el municipio de Bello. Foto cortesía de la Policía.

Carmona, de 41 años, fue capturado por la Dijín de la Policía el pasado 10 de diciembre, en el municipio de Bello. En su contra había una orden de captura solicitada por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, por concierto para delinquir agravado.

“Seguimos demostrando que el que la hace la paga”, publicó el presidente Duque en su cuenta de Twitter, agregando que el “Gordo Willington” estaba en el cartel de los más buscados.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, reiteró que “es una de las más importantes capturas en el área metropolitana de Medellín. El grupo delincuencial ‘el Mesa’ se dedica al tráfico local de estupefacientes, cobro de extorsiones, sicariato y otros delitos”.

En el informe oficial del caso, la Institución recordó que este hombre es primo de Rodrigo Rodríguez, alias “el Montañero”, fundador y máximo líder de la banda, quien está encarcelado desde 2019. Carmona habría ingresado a la organización cuando apenas tenía 16 años, de la mano de este último.

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En su prontuario figura que al parecer participó en el sonado atraco a un camión de valores de la empresa Wackenhut de Colombia S.A., en el barrio Las Flórez de Bogotá, el 3 de noviembre de 2003. Los criminales de “el Mesa” pretendían apoderarse de $1.000 millones, pero se produjo una balacera con la Policía, en la cual murieron un atracador y el intendente Jesús Merchán, de la Sijín.

Pese a estar en la mira de la Policía, por la oleada de violencia que sacudió a Bello entre 2019 y 2020, la cual protagonizó “el Mesa” en su guerra contra la banda “Pachelly”, el “Gordo Willington” siguió visitando sus vecindarios de injerencia. Lo hacía en motos de alta gama, sin percatarse de que lo seguían.

La estructura ilegal es originaria de Bello, pero en el siglo XXI extendió sus redes criminales a Bogotá y Soacha, en Cundinamarca; al departamento de Boyacá y a varias subregiones de Antioquia, como el Norte y el Oriente.

En la audiencia de control de garantías, Carmona Rodríguez se declaró inocente por el concierto para delinquir, y el juez lo envió a la cárcel.

Ahora los investigadores se enfocan en otros líderes del grupo que siguen en la calle, como “el Diablo”, “Magandy” y “el Indio”, así como de sus principales socios para el narcotráfico, conocidos como “Palique” y “el Pollo”, que al parecer posan como empresarios de Bello.

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El Inspector.

Las detenciones han tocado a las bandas de “Pachelly”, “el Mesa” y “la Camila”. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “el Gordo Ruiz” regresó a la cárcel, después de haber pagado una condena por concierto para delinquir. Foto cortesía de la Policía.

A principios de noviembre se registró la captura de Jairo Andrés Ardila Murillo, alias “Guayabo”, uno de los cabecillas históricos del bajo mundo en esa localidad. Es desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y desde los años 90 integró la cúpula de la organización criminal “Pachelly”.

Jairo Ardila, apodado “Guayabo”.

La Policía lo arrestó en 2011 y fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión por concierto para delinquir, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y falsedad personal. Durante su estadía en prisión fue testigo de la Fiscalía en las investigaciones penales contra el clan político de los Suárez Mira, que terminaron con la condena del excongresista y exalcalde bellanita Óscar Suárez, por crímenes ligados a la corrupción.

Esta colaboración con la justicia le permitió salir pronto de la cárcel, pero su regreso a las calles no fue bien recibido por la mafia. El 31 de octubre de 2014 se transportaba en un bus de servicio público contratado por el Inpec, junto a otros 11 internos de la cárcel de Cómbita (Boyacá), para gozar de un permiso de libertad condicional de 72 horas.

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Al llegar a Bogotá, sicarios motorizados atacaron el vehículo a tiros. Un pasajero murió y “Guayabo” sobrevivió con heridas en el rostro. Dos años después, cuando manejaba un carro por una calle de El Poblado, en Medellín, otros mercenarios lo tirotearon, atentado del cual también logró salir con vida.

Fuentes policiales manifestaron que “Guayabo” trató de recuperar su antiguo poder en “Pachelly”, pero los jefes del momento se lo negaron. Fue así como durante la disputa criminal entre ese grupo y “el Mesa” y “Niquía Camacol”, que triplicó el índice de homicidios en Bello entre 2019 y 2020, Ardila habría conspirado en favor de estas últimas dos bandas, para que atacaran a sus antiguos socios.

Otro de los capturados en noviembre fue Arley Echeverry Jaramillo (“Calambre”), presunto aliado de “el Mesa” y enlace de la mafia de Bello con la estructura mafiosa conocida como “la Oficina”.

“Calambre” es señalado de ser la mano derecha de Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), un socio financiero de “el Mesa” y “la Oficina”, y quien paga actualmente una condena de 14 años en prisión. Justamente estaban juntos en 2008 cuando la Policía los detuvo por un supuesto caso de extorsión, del cual salieron airosos.

Desde 2005 las autoridades le hacían seguimiento a “Calambre”. Cortesía.

La Policía también investiga a Echeverry por presuntas conexiones con funcionarios corruptos del aeropuerto de Rionegro, en temas relacionados con narcotráfico.

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La lista de detenidos también incluye a Róbinson Abraham Tobón Duque (“el Perro”) y Néstor Estivell Rodríguez (“Peluche”), presuntos mandos medios de “el Mesa” y quienes aparecían en el cartel de los más buscados. Daniela Ortega, secretaria de Seguridad de Bello, precisó que este último es hermano de Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), máximo cabecilla y fundador de esa banda, recluido en una celda desde 2019.

De acuerdo con Ortega, alias “Guayabo”, “Calambre”, “el Perro” y “Peluche” fueron procesados por concierto para delinquir agravado y homicidio.

La siguiente captura fue la de John Jairo Ruiz Muñetón (“el Gordo Ruiz” o “el Calvo”), de 53 años y jefe de la banda “la Camila”, que delinque en Bello, Copacabana y Medellín. El 13 de noviembre la Policía lo apresó cuando iba en un vehículo por la vía Las Palmas, a la altura del barrio La Asomadera.

Ruiz fue policía en el pasado y se desmovilizó del bloque Centauros de las Auc. Ya había sido arrestado en 2014 y sentenciado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir. Regresó a las calles hace tres años.

Esta vez tendrá que responder por cargos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, narcotráfico y homicidio, según el reporte de la Policía.

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Por fortuna, las capturas de estos personajes no han desestabilizado el orden público en Bello, que desde octubre de 2020 goza de una tensa calma, sin enfrentamientos abiertos entre las más de 10 estructuras de crimen organizado que delinquen en su jurisdicción, entre las que se cuentan “el Mesa”, “Pachelly”, “Niquía Camacol”, “la Camila”, “París”, “los Triana”, “el Tapón”, “los Peludos”, “la Meseta”, “Playa Rica”, “el Congolo”, “el Pinal” y “los Chatas”.

“El Gordo Ruiz” aparecía en el cartel de los más buscados desde 2010. Cortesía.

El 6 de diciembre las autoridades presentaron en el parque principal del municipio los resultados de un reciente operativo en contra de “Pachelly”, que incluye la judicialización de siete de sus presuntos integrantes.

Entre los afectados está Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Perica”), presunto líder de la estructura, quien está preso en la cárcel La Picota (Bogotá), tras su captura el pasado 2 de septiembre. En ese entonces, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo, perpetrados entre 2019 y 2021.

Con la evidencia recaudada por el ente acusador en este último operativo, le añadieron otras imputaciones por homicidio y desplazamiento.

Entre las prioridades de la Policía y la Fiscalía están las ubicaciones y capturas de otros tres presuntos cabecillas que hoy encabezan el cartel de los más buscados en Bello: Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“el Diablo”), de la banda “el Mesa”; y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”) y Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”), de la organización “Niquía Camacol”.

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El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue realizado el pasado 10 de agosto, por parte de la Fiscalía y agentes del Grupo de Administración Pública de la Dijín de la Policía, que viajaron desde Bogotá. Los detenidos son el funcionario Gustavo Amet Restrepo Ortiz, quien fungía como asistente de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada en la capital antioqueña; y el abogado litigante Mauricio de Jesús Morales Múnera.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada tiene sus despachos en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto de Archivo.

De acuerdo con la investigación preliminar, en su calidad de asistente, Restrepo tenía acceso a información sobre las órdenes de captura que expedían los despachos de la Dirección, en particular aquellas dirigidas a los cabecillas e integrantes de las bandas “el Mesa”, “Niquía Camacol” y “Pachelly”.

En las audiencias de control de garantías, que se desarrollan de manera virtual en este momento, el ente acusador ha revelado interceptaciones telefónicas en las cuales, supuestamente, el funcionario le advertía al abogado cuando se solicitaban dichas órdenes.

En tales conversaciones, se oyen frases atribuidas por la Fiscalía a Restrepo, en las que al parecer habría dicho: “Yo las voy dilatando”, refiriéndose a las órdenes de detención.

En otra de las llamadas en poder de las autoridades, el indiciado le habría advertido al penalista que las autoridades estaban preparando el arresto de unos delincuentes: “Para que usted les avise, para que les diga que les van a caer en Pascua, después de Semana Santa. Eso ya está listo. Ya las sacaron (las órdenes) del horno hoy”.

Así fueron reseñados por la Policía los dos capturados. El proceso está pendiente de la etapa de acusación. Foto cortesía de la Policía.

El abogado Morales había sido defensor de algunos integrantes de organizaciones ilegales de Bello. Uno de ellos fue Édgar Pérez Hernández, alias “el Oso”, jefe de la banda “Niquía Camacol”, quien murió de un ataque cardiaco el 6 de abril de 2020, en la cárcel Picaleña de Ibagué.

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En las audiencias de control de garantías, los procesados no aceptaron las imputaciones por concierto para delinquir y utilización de asunto sometido a secreto, y se declararon inocentes.

Durante la diligencia, Restrepo renunció a su cargo en la Fiscalía, institución en la cual apenas le faltaba un año para jubilarse. El 17 de agosto, al finalizar las audiencias, el juzgado le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que al abogado lo envió a la cárcel.

El Colombiano buscó una declaración oficial de la Fiscalía sobre el caso, pero la entidad no se ha pronunciado por el momento.

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El Inspector.

De acuerdo con los afiches distribuidos, los reseñados son Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“el Diablo”), presunto líder de la banda “el Mesa”; y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”) y Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”), supuestos cabecillas de “Niquía Camacol”.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el nuevo cartel de los delincuentes más buscados del municipio de Bello. Foto cortesía de la Policía.

En su contra hay una recompensa de hasta $50 millones, según Daniela Ortega, secretaria de Seguridad de Bello. En la lista hay otros personajes, identificados solo por el alias, como “Perica” y “Sebas”, del grupo ilegal “Pachelly”; “Trompón” y “Yonier”, también de “el Mesa”; y “Ruiz” y “el Gordo”, de “los Chatas”.

El alcalde local, Óscar Andrés Pérez, declaró que “recibimos la visita del ministro del Interior, el doctor Daniel Palacio, y manifestamos lo efectivo que ha sido el trabajo interinstitucional para cerrar un 2020 más tranquilo, donde hemos logrado neutralizar la guerra en nuestra ciudad, con todos los líderes criminales judicializados. Hoy presentamos a quienes lideran de nuevo a la criminalidad”.

Tras conocer este cartel, algunos ciudadanos de Bello se quejaron por la ausencia de algunos importantes jefes del crimen organizado que ya salieron de la cárcel, y al parecer, continuaron delinquiendo. Entre ellos están “Jonás”, “Elkin Chata” y “Alex Mentiras”, de la banda “los Chatas”; “Roger”, de “la Camila” (se fugó de la estación Belén de la Policía); “el Gordo Triana”, de “los Triana”; y “Guayabo”, de “Pachelly”.

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El Inspector.

El pasado 4 de diciembre se ejecutó la Operación San Bernardo, por parte de la Dijín, la Sipol y la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado. La acción pretendía desmantelar la alianza ilegal entre varios uniformados de dicha unidad policial, localizada en el suroccidente de Medellín, y las bandas de traficantes de drogas de las comunas 15 y 16 (Guayabal y Belén).

Este es el seguimiento del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Ninguno de los policías e integrantes de bandas capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Foto de cortesía.

En ese momento, mediante allanamientos en Bogotá y en la capital antioqueña, fueron capturados 23 policías y 12 civiles, estos últimos presuntos integrantes de “San Bernardo”, “Alexpin”, “la Cueva”, “la 24”, “el Coco” y otros combos del sector Barrio Antioquia, uno de los principales centros de acopio y distribución de alucinógenos del área metropolitana. En los procedimientos también incautaron 48 kilos de marihuana, 200 dosis de tusi (“cocaína rosada”) y 150 de base de coca, 100 gomitas mezcladas con droga y una pistola traumática.

Para el desarrollo de la investigación, fueron claves las pruebas aportadas por dos agentes infiltrados, que desde enero del presente año documentaron la forma en que los servidores públicos recibían sobornos, vendían información clasificada sobre operativos y estaban en la nómina de las bandas, a cambio de omitir sus deberes y facilitar el tráfico de estupefacientes.

Las coimas variaban entre los $3’000.000 y los $30’000.000, y en algunos casos esta nómina era reunida por varios grupos distintos, a modo de recolecta. En el transcurso de las audiencias, que tardaron más de tres semanas, la Fiscalía expuso 40 actos de posible corrupción.

En dos de esos hechos, los uniformados entraron a viviendas que funcionaban como plazas de vicio, y extorsionaron a los dueños para no judicializarlos, devolverles la droga y las armas halladas. Así, en uno de los casos los traficantes les pagaron $45 millones y en otro $40 millones.

En otra de las situaciones detectadas, los policías incautaban la droga de las bandas y posteriormente ellos mismos la vendían, según el ente acusador.

Tras escuchar la evidencia y la postura de los abogados defensores, el Juzgado dictó este domingo 27 de diciembre la medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Itagüí en contra de 16 de los funcionarios sospechosos: el intendente Luis Carlos Castilla Garavito y el subintendente Jhony Alberto Arismendy Arismendy; y los patrulleros Leonardo Rafael Olivo Payares, Darwin Palomeque Sepúlveda, Freyman Viveros Bolaños, Lucio Tomás Viveros Meneses, Yéferson Andrés Bolívar Ortiz, Albert Antonio Bolaño Cobo, Luis Carlos Hernández Villamizar, Jhon Hervey Mesa Muñoz, Samir José García Portacio, Juan David Gil Bustamante, Luis Alberto Trilleras Novoa, Tito Alberto López Builes, Edwin Livingston Chávez y Jhon Gustavo Trujillo Sánchez.

A otros seis uniformados les concedió el beneficio de detención domiciliaria: el intendente John Alexánder Mayorquín Sarmiento y los patrulleros Julián Stiven Marín Marulanda, Carlos Alberto Junior Giraldo, Camilo Girón Martínez, John Dairo Graciano Velásquez y Nelson Enrique Galvis Vargas. Otro patrullero, quien había sido sorprendido en flagrancia, fue dejado en libertad.

Los expolicías tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio y, en algunos de los casos, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por omisión y tráfico de estupefacientes. En las audiencias de control de garantías todos se declararon inocentes.

En cuanto a los civiles detenidos, a tres les dieron libertad y nueve fueron enviados a la cárcel Bellavista: Wbeimar Londoño Escalante (alias “Cortico”), Jhon Jairo Zea (“Roger”), Juan Felipe Saavedra Estrada (“Piña”), Róbinson Alberto Santamaría (“Chino”), Yadir Esneider Rojas Mira (“Sancocho”), Julio César Rivas Mena (“La Mole”), Sandra Milena Durán (“Milena”), Nubia Mercedes Muñoz Restrepo (“Nubia”) y John Alexánder Sepúlveda Ocampo (“Trompón”).

A ellos les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar y ofrecer, los cuales tampoco aceptaron en el estrado. Se calcula que dentro de un mes podrían continuar las audiencias, con el escrito de acusación emitido por la Fiscalía.

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El Inspector.

De acuerdo con la información preliminar, la llamada “Operación San Bernardo” fue ejecutada en la mañana del 4 de diciembre por el Grupo de Investigaciones Internas para la Fuerza Pública de la Dijín, la Seccional de Inteligencia (Sipol) de la Policía Metropolitana y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es la estación de Policía de Belén, ubicada en el barrio San Bernardo de Medellín, que presta servicio a las comunas 15 y 16. Foto de Jaime Pérez.

La mayoría de uniformados detenidos hicieron parte de la estación Belén en los últimos dos años, entre oficiales y suboficiales, que al parecer tendrían relaciones clandestinas con las plazas de vicio y las bandas de las comunas Belén y Guayabal, en particular del sector Barrio Antioquia, como “la 24”, “Alexpin”, “la Cueva”, “el Coco” y “San Bernardo”.

El informe del caso señala que los uniformados, al parecer, recibían sobornos por sumas mensuales que oscilaban entre los $3’000.000 y los $30’.000.000, cambio de omitir sus tareas de vigilancia y suministrar información reservada a los criminales, de modo que pudieran traficar, asesinar y extorsionar sin interferencias.

Los agentes anticorrupción ejecutaron 24 allanamientos en Medellín y Bogotá, en los que incautaron 48 kilos de marihuana, 100 gomitas mezcladas con droga, 200 dosis de tusi (“cocaína rosada”) y 150 de base de coca, además de una pistola traumática.

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Sobre las capturas, 22 de los policías fueron arrestados con orden de captura y uno más en flagrancia; de igual manera, cayeron 12 integrantes de las mencionadas bandas, involucrados con el pago de las coimas. Entre estos detenidos está alias “Cortico”, quien aparece reseñado en el cartel de los más buscados.

El comandante de la Región N°6 de Policía, general Luis Enrique Méndez, declaró que “los uniformados prestaban su servicio en diferentes estaciones de la Metropolitana del Valle de Aburrá, y habrían faltado a su deber constitucional, incurriendo en la omisión de sus funciones, lo cual favorecía el actuar delincuencial”.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía imputará cargos por cohecho por dar u ofrecer, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

UNA ESTACIÓN BAJO LA LUPA

La estación Belén de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicada en el barrio San Bernardo, es objeto de varias investigaciones penales por presuntos actos de corrupción.

Además del citado caso, en el que miembros de esa unidad policial favorecieron el tráfico de drogas, también hay expedientes abiertos por fugas de presos.

El 7 de diciembre de 2019 se fugó, al parecer con ayuda de los custodios, Roger Jiménez Flórez (alias “Roger”), cabecilla de la organización criminal “la Camila”, de Bello. Por ese hecho, dos uniformados fueron capturados y otros seis están involucrados en la investigación, pues algunos testigos señalaron a la Fiscalía que los presos les daban dinero para que los dejaran salir de las celdas a visitar a sus familias.

Por si esto fuera poco, el 15 de octubre de 2020 ocurrió una fuga masiva en los calabozos de la estación, en la que 50 detenidos se evadieron. Entre los fugados estuvo Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), cabecilla de la banda “la Campiña”, de Robledo.

El general Méndez destacó que “es la misma Policía Nacional, la Institución que de manera firme e inquebrantable depura, retira y sanciona a todos aquellos integrantes que se apartan de las adecuadas prácticas profesionales, enmarcadas en nuestro código de ética policial”.

Las audiencias de control de garantías en contra de los 23 detenidos aún no terminan, aunque el juez ya legalizó los procedimientos de captura.

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El Inspector.

De acuerdo con testigos, su reunión se dio el pasado 30 de septiembre, cuando al recinto llegó Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”), señalado por las autoridades de ser uno de los dos máximos jefes de la banda. Allí se encontró con su homólogo delincuencial, Albert Henao Acevedo (“Alber”), y el lugarteniente César Martínez Rondón (“Care Palo”).

Esta es la historia detrás del pacto de no agresión entre las bandas de Bello, realizada por EL COLOMBIANO con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Las capturas de Francisco Mazo (“Pocho”) en Bogotá (foto), y de Albert Henao (“Alber”) en Medellín, fueron cruciales para que esa banda ilegal pidiera una tregua a los enemigos. Cortesía de la Policía.

Hicieron el balance de las pérdidas que dejó la disputa, de casi dos años de duración, contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Entre febrero de 2019 y el 23 de octubre de 2020, hubo 236 asesinatos en Bello, y la Policía asegura que por lo menos el 90% estuvieron ligados a esa pelea.
A “Pocho” le mataron un hermano y un sobrino. Del lado enemigo también corrió sangre de seres queridos. La guerra llegó a tal nivel de degeneración, que las familias de los cabecillas, otrora intocables por norma mafiosa, terminaron escondidas.

Con el pretexto de proteger a sus allegados, los tres decidieron pedirle una tregua a los rivales. “Alber”, desmovilizado de las Autodefensas y con experiencia en batallas de este tipo, comentó que, por medio de un abogado, les enviaría un mensaje de paz a los jefes encarcelados de “el Mesa”, con quienes tiene interlocución.

Después de esto hubo una segunda reunión, esta vez en un baño de la Sijín. “Alber” y “Care Palo” les comunicaron la noticia a varios policías. Tal parece que “el Mesa” y “Niquía Camacol” aceptaron la propuesta, porque en octubre el índice de homicidios se desinflamó en el municipio.

Esta es la segunda tregua que pactan las bandas de Bello entre 2019 y 2020, y aunque no se sabe qué tan estable sea el periodo de tranquilidad, hay que resaltar que la disputa dejó cinco consecuencias: 1). Delincuentes otrora intocables, sufrieron un verdadero asedio por parte de las autoridades y sus adversarios; 2). Se reconfiguró el mapa criminal; 3). El municipio obtuvo apoyo del Gobierno Nacional; 4). Se consolidó la política de recompensas; 5). La lupa quedó puesta en la deuda social.

1. Sin intocables
La enemistad de “Pachelly” y “el Mesa”, dos grupos con tres décadas de existencia, tuvo varios episodios breves de violencia en los últimos 10 años, con tropeles carcelarios y homicidios selectivos. Ambas estructuras confluyen en Niquía, la comuna más próspera de la localidad en materia económica, por lo que siempre hubo competencias por las plazas de vicio y los territorios para la extorsión.

En 2019 los problemas acumulados estallaron. Según Inteligencia policial, hubo una fractura en la línea de mando de “Pachelly” y antiguos jefes, como “Sólido” y “Gancho”, reclamaron sus derechos en esa empresa ilegal, pues tras haber caído a la cárcel perdieron dinero e influencia.

El río revuelto fue aprovechado por “el Mesa”, junto a sus aliados de “Niquía Camacol”, para asestar el primer ataque. El 10 de febrero de 2019 comenzó la guerra con un triple homicidio en el barrio Niquía, donde murió Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), cabecilla de “Pachelly”.

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A partir de ahí empezaron los tiroteos diarios, desapariciones forzadas y desplazamientos. En algunas noches, caravanas de motos recorrieron las calles, obligando a la gente a encerrarse. El conflicto se concentró en dos comunas, Niquía y Altos de Niquía; tuvo su máximo pico en mayo, con 22 muertos; y un grave componente de ciberterrorismo, que a punta de chats de Whatsapp y panfletos mantuvo en zozobra a la comunidad.

La confrontación llegó hasta agosto, cuando los involucrados pactaron la primera tregua, entre otros motivos, por las elecciones regionales y la Navidad. Se desconoce si actores políticos impulsaron la decisión, pero en febrero de 2020 se reactivó la pelea, en las comunas de Niquía, La Cumbre y Bellavista.

En el segundo round, el pico de violencia estuvo en marzo, con 21 asesinatos, antes del aislamiento estricto por la pandemia.

Durante estos dos periodos, la Fuerza Pública impactó como nunca a esas bandas. De “Pachelly” cayeron “Albert”, “Pocho”, “Care Palo”, “Banano”, “Tapas” y “Agapo”, entre otros; de “Niquía Camacol”, “el Oso” y “Steven”; y de “el Mesa”, alias “el Montañero”, “Malacate”, “Faro”, “Jalea”, “Piolo”, “Pirry” y “Máscara”. Los golpes a este último grupo son significativos, porque nunca antes las autoridades lo habían atacado de manera estructural.

La degradación de esta lid extendió las agresiones a los familiares. El 5 de marzo de 2019, en una finca de San Jerónimo, asesinaron a Darío Rodríguez, de 80 años y tío de Luis Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), jefe de “el Mesa”.

Contra los allegados a “Pocho” circularon panfletos amenazantes con sus fotos;a su hermano Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), lo mataron de 40 puñaladas en la cárcel de Cómbita, el 21 de marzo de 2020, y el principal señalado del ataque es “el Montañero”, quien estaba en el mismo patio;y el 12 de agosto pasado en el barrio Araucarias, sicarios mataron a su sobrino Juan Esteban Pulgarín Cárdenas.

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2. El mapa criminal
La contienda debilitó en el bajo mundo la posición de “Pachelly” y sus combos aliados, “Playa Rica” y “El Congolo”. Con operaciones de extinción de dominio y capturas, también fue afectada la coalición de “el Mesa”, que incluye a las bandas de “Niquía Camacol” y “El Tapón”.

Mientras esas estructuras se diezmaban las unas a las otras, se fortalecieron “los Chatas”, otra organización histórica, que articula la alianza más grande de bandas de Bello, con “París”, “los Peludos”, “Guasimalito”, “la Camila”, “los Triana” y “el Mirador”.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que van más de 20 operaciones estructurales en Bello y que ahora habrán más extinciones de dominio, para disminuir las finanzas de estas bandas.

3. Apoyo nacional
Aunque Bello ha sufrido por la mafia desde los años 80, cuando “la Ramada” ejecutaba las funestas órdenes del cartel de Medellín, el municipio siempre tuvo que afrontar solo esa problemática. En la reciente disputa, en cambio, hubo un apoyo nacional y regional nunca antes visto.

Dos consejos de seguridad con el presidente Iván Duque y otro par con el Ministerio de Defensa ejemplifican ese respaldo. El Ejército sumó 200 hombres a los patrullajes y la Policía trajo grupos especiales de la Dijín y Antinarcóticos.

Estos esfuerzos, desde la Casa de Nariño hasta el despacho del alcalde en el parque de Bello, también influyeron en el desánimo de los cabecillas, que no vieron otra salida para su crisis que pactar la tregua.

4. Las recompensas
En los consejos de seguridad salieron a flote quejas de la ciudadanía, según las cuales hay una especie de connivencia antigua entre las autoridades locales y las bandas. Aunque la Procuraduría se comprometió a investigarlas, no ha emitido sanciones.

Sacudiéndose de esos señalamientos, la presente Alcaldía, como principal aporte a la lucha contra el crimen organizado, ha logrado consolidar este año una efectiva política de recompensas. La secretaria de Seguridad bellanita, Daniela Ortega, contó que durante 2020 se han entregado $337 millones, que han facilitado las capturas de objetivos de alto valor. “Seguimos ofreciendo el pago de hasta $50 millones por los cabecillas”, dijo.

5. Y ahora, lo social
En septiembre hubo 12 homicidios en Bello, según la Policía, y la cifra se redujo en octubre y noviembre. El congelamiento del conflicto pone de presente, más allá de las tareas de la Fuerza Pública, lo que deben hacer las autoridades civiles a nivel social, para evitar que de nuevo se encienda la mecha.

El personero Bernardo García ha dicho que hace falta recuperar a “una juventud perdida en la delincuencia”, con proyectos educativos y de empleo. Para el alcalde Óscar Pérez esa estrategia ya está en curso, con un plan de trabajo con las empresas privadas, pensando en llevar oportunidades a la nueva generación.

Entretanto, la comunidad bellanita permanece en tensa calma. ¿Hasta cuándo durará la tregua? Las fuentes de Inteligencia aseguraron que todo depende de lo que pida “el Mesa”y lo que esté dispuesto a ceder “Pachelly”, en cuanto a negocios y territorios, porque aunque nadie ganó, ninguno quiere irse de la guerra con las manos vacías .

Negociaciones

Después de la primera tregua de septiembre de 2019, la banda de “el Mesa” se quedó con varios sectores de la comuna de Niquía, que antes ocupaba “Pachelly”, como la zona de Niquía Viejo, el sector La Guayana y las inmediaciones de la clínica del Norte, según fuentes judiciales.

Una de las condiciones de la segunda tregua, indicaron testigos a EL COLOMBIANO, fue excluir a las familias de la pelea entre “Pachelly”, “el Mesa” y “Niquía Camacol”; la segunda, fue disminuir los asesinatos en Bello, para no provocar los operativos de la Fuerza Pública.

Tras la nueva tregua, hay varias peticiones en juego: “el Mesa” pidió a “Pachelly” que le devuelva a su exjefe, alias “Guayabo”, la porción del negocio que perdió al caer a prisión; “Sólido”, otro exlíder de “Pachelly”, exigió que le devolvieran unas minas de oro que tenía en el Nordeste. Aún no se sabe si “Pachelly” cederá a estos reclamos.

El Inspector.

Los resultados de la operación fueron presentados este martes 3 de noviembre por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en compañía de los alcaldes de Bello, Óscar Pérez, y de Medellín, Daniel Quintero. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los capturados en el operativo contra “los Chatas”. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con el informe, en distintos allanamientos y registros, agentes de la Dijín arrestaron a Ánderson Abad Duque López (“Duque”), quien estudió Negocios Internacionales y sería presunto miembro de la cúpula de “los Chatas”, con 70 hombres a su servicio; Víctor Alfonso Ramírez Valencia (“Víctor” o “Jujuy”), supuesto cabecilla financiero del grupo; Johnny Ferney Vargas Cruz (“Canazo”), señalado de coordinar, aparentemente, el tráfico local de estupefacientes y las ganancias de las otras rentas ilegales, llegando a recaudar cerca de $500 millones mensuales; y Luis Fernando Mora Arboleda (“Yoyo”), presunto encargado del ala sicarial.

Aunque sus órdenes de captura eran solamente por el cargo de concierto para delinquir agravado, también los investigan por su supuesta participación en el constreñimiento a empresas distribuidoras de pipetas de gas, “con el fin de controlar el monopolio de la distribución en Copacabana, Girardota, Barbosa, Cisneros, Santo Domingo, San Roque y algunas de las veredas de Santa Rosa de Osos”, según el reporte policiaco.

“Alias ‘Duque’ se encargaba de cobrar extorsiones por la distribución de gas en el Valle de Aburrá y otros municipios, incluso hacían conexiones a gas ilegales, y cobraban por el suministro”, declaró, a su turno, el alcalde Daniel Quintero.

La Fuerza Pública cree que “serían propietarios de minas ilegales de oro en el corregimiento Porce, de Santo Domingo, Antioquia, y dinamizadores de diferentes delitos como homicidio, venta de estupefacientes, extorsión e instrumentalización de menores”, concluyó el informe.

En la operación fueron incautados 450 gramos de cocaína en bloque, 141 dosis de la misma droga y 12 de tusibí, además de una subametralladora y dos pistolas, entre otros elementos. “Fue una investigación de más de un año”, señaló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El oficial añadió que “los Chatas” siguen, al parecer, bajo las órdenes de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), uno de los cofundadores del grupo, quien está encarcelado y con una condena de 16 años de cárcel.

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“La captura de los cabecillas de los grupos delincuenciales es solo el comienzo de nuestra batalla contra el crimen organizado. No queremos más extorsiones, tráfico de drogas ni de armas, apropiación ilegal de terrenos y demás delitos que afecten el buen vivir en nuestra ciudad”, acotó el mandatario bellanita, Óscar Pérez.

Aunque las cuatro capturas son un golpe importante, en la calle hay otros integrantes de la cúpula de la organización que siguen al frente de la misma, como “Elkin Chata”, “Camilo Chata”, “Jonás” y “Álex Mentiras”.

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El Inspector.