El abogado Germán Castro Marín, quien había presentado una demanda de nulidad contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, retiró la acción judicial luego de denunciar que fue objeto de amenazas e intimidaciones que pondrían en riesgo su seguridad y la de su familia.
El proceso, que había sido admitido para estudio por el Consejo de Estado, cuestionaba desde un punto de vista técnico el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro oficializó el incremento del salario mínimo, que pasó a 2 millones de pesos mensuales, con un aumento del 23% frente a 2025.
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Según explicó Castro Marín en un comunicado, la demanda no respondió a intereses políticos ni personales, ni tuvo como objetivo afectar a los trabajadores colombianos. Aseguró que se trató de un análisis “juicioso, técnico y riguroso” de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado, en el marco de las obligaciones propias del ejercicio profesional del derecho.
“El deber del abogado es velar por la Constitución, el respeto por la ley y la defensa de la institucionalidad económica cuando se presentan actos administrativos que podrían adolecer de vicios de forma o de motivación”, señaló el jurista.
Sin embargo, el abogado afirmó que tras la presentación de la acción judicial fue víctima de una “incomprensible ola de intolerancia”, expresada en mensajes de odio y amenazas, situación que lo llevó a desistir del proceso.
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“Ninguna controversia jurídica, por importante que sea para la nación, vale más que la seguridad y la paz de mi hogar”, afirmó Castro, al explicar que decidió retirar la demanda y apartarse del litigio para proteger a su familia.
Finalmente, el abogado advirtió que los señalamientos y ataques contra quienes ejercen acciones legales dentro del marco constitucional representan un riesgo para la democracia y el Estado de derecho, al desincentivar el control jurídico de las decisiones del poder público.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué el abogado demandó el decreto del salario mínimo?
- Porque consideró que el decreto podía tener vicios de forma o motivación, según la Ley 278 de 1996 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
- ¿El retiro de la demanda anula el debate jurídico?
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- ¿Qué riesgos denunció el abogado tras presentar la demanda?
- Amenazas, mensajes de odio e intimidaciones que, según dijo, pusieron en riesgo su seguridad y la de su familia.
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