En ocho meses, el presidente Petro deberá dar un paso al costado y entregarle, tanto al país como a su sucesor, resultados concretos sobre su gestión. Sin embargo, al revisar el camino, se encuentran promesas rotas y silencios cómplices.
Cuando Gustavo Petro fue candidato, no le faltaron promesas que ya como presidente de Colombia no pudo cumplir. Este tipo de promesas apelaron a soluciones simples para problemas complejos, más basadas en emociones que en evidencia real.
El libreto no se quedó solo en la ética pública, la paz exprés o los subsidios mal calibrados. Ese contraste entre promesa y realidad también aparece cuando se revisa el balance oficial del Plan Nacional de Desarrollo. El informe de seguimiento del Consejo Nacional de Planeación, que recoge datos del DNP y de los territorios, advierte que el avance global del PND ronda el 59 por ciento, una cifra que no alcanza el ritmo esperado para cumplir la mayoría de metas antes de 2026.
Por otro lado, el Ministerio de la Igualdad sigue siendo una especie de elefante blanco. La promesa de un órgano en el Ejecutivo que se encargara de sanar las desigualdades quedó reducido a una baja ejecución de presupuesto y una pelea por superar la inconstitucionalidad. Aquella cartera solo cuenta con documentos llenos de promesas, sabiendo que lo más probable es que para agosto de 2026 ya no haya quien responda por ellas.
En sectores clave, el rezago ya no es una advertencia: es una constatación. La reforma agraria —una de las banderas más repetidas del “Gobierno del Cambio”— es un ejemplo. Aunque el PND planteó la entrega de hasta tres millones de hectáreas, el propio informe reconoce que, a 2025, la adjudicación real no supera unas pocas decenas de miles de hectáreas (entre 11.000 y 17.000 hectáreas), muy por debajo incluso de las metas intermedias. El desfase es tan grande que el cumplimiento pleno resulta improbable en el tiempo restante de gobierno.
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En vivienda, el diagnóstico tampoco es alentador. Pese a los anuncios de subsidios y ajustes en programas como Mi Casa Ya, el déficit habitacional sigue prácticamente intacto y la inversión ha sido insuficiente, teniendo en cuenta que solo se ha ejecutado un 38,34 % del total. El informe señala que la reducción prometida depende de una ejecución acelerada que, hasta ahora, no se ha materializado, especialmente en vivienda de interés social y prioritaria.
En lo social, el informe reconoce avances puntuales —como la ampliación de equipos básicos de salud—, pero advierte un deterioro financiero del sistema, aumento del gasto de bolsillo (11,3%) de los hogares. En educación, aunque algunos indicadores de cobertura muestran progreso, el CNP subraya problemas estructurales de calidad, alta deserción escolar por una cobertura incompleta del PAE y metas que avanzan por debajo de lo esperado.
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La lectura territorial es quizás la más dura. Gobernaciones y alcaldías reportan desarticulación con el Gobierno Nacional, rigideces presupuestales y proyectos estratégicos paralizados. El mensaje se repite a lo largo del informe: el diseño del PND fue ambicioso, pero la ejecución... bueno, no alcanzó ni para la medalla de participación, dejando como resultado un volumen considerable de compromisos pendientes cuando al calendario presidencial ya le quedan menos hojas que discursos.
En 2017, Petro afirmó que su primer acto en caso de resultar elegido sería convocar un referendo para una Constituyente. Pasaron pocos meses antes de que tuviera que retractarse y prometer, firmándolo en mármol, que se olvidaría de aquella propuesta. Lo hizo en un acto público, guiado por la necesidad de obtener el apoyo de candidatos de centro, como Antanas Mockus y Claudia López. En esa elección, Petro perdió ante Iván Duque. Luego, en 2022, el ahora mandatario aseguró durante el debate de Caracol Televisión que estaba en contra de reformar la Constitución.
Tanto el mármol como sus palabras fueron tiradas por la borda. Y es que, ya en el Gobierno, el tema reapareció con fuerza en marzo de 2024, cuando planteó que, ante el bloqueo del Congreso a sus reformas, el “pueblo” debía decidir mediante una consulta o una Asamblea Nacional Constituyente; a lo largo de 2025 reiteró ese argumento y propuso incluir una papeleta constituyente en las elecciones de 2026. En octubre de ese año pidió conformar un comité social para estructurar el proceso y, en diciembre, precisó que la eventual constituyente no se haría en época electoral ni durante su mandato, sino que se presentaría al nuevo Congreso a partir del 20 de julio de 2026, insistiendo en que no busca reelegirse sino abrir un debate sobre cambios estructurales a la Constitución de 1991.
La promesa de profesionalizar la diplomacia viene, al menos, desde el 8 de junio de 2018, cuando Gustavo Petro —entonces candidato— cuestionó la forma como se asignaban consulados y embajadas. Aunque esa declaración se dio en un contexto electoral distinto al de 2022, dejó sentada una postura que luego cobraría relevancia tras su llegada a la Casa de Nariño.
En un video difundido días antes de la segunda vuelta contra Iván Duque, Petro afirmó que su equipo diplomático debía estar integrado por personas con formación, experiencia y trayectoria en relaciones internacionales, y no por “los hijos de los presidentes, los amigos de la clase política colombiana, con muchos casos de corrupción”, a quienes señaló de usar las embajadas como “puestos de descanso”.
Sin embargo, el rumbo de su gobierno fue distinto. No solo no priorizó la carrera diplomática, sino que el propio Presidente avaló la eliminación de requisitos para designar embajadores. En el Consejo de Ministros del 18 de junio de 2025, Petro pidió a la Cancillería “quitar todos los requisitos” para esos cargos, al considerar que limitaban su facultad constitucional como jefe de las relaciones internacionales. El resultado: lejos de fortalecer la carrera diplomática, el Gobierno terminó llevando a figuras cercanas al poder político que tanto critica, como Alfredo Saade o Armando Benedetti.
Es cierto que el Gobierno ha avanzado en esta promesa, pero los resultados están lejos de lo que se planteó en campaña. A cierre de 2025, el Ministerio de Educación reportó 154.867 créditos del Icetex con algún tipo de condonación, una cifra que puede parecer significativa. Sin embargo, al revisar el detalle, el alcance real es menor. Al menos 36.291 de esos casos corresponden a condonaciones parciales, de entre el 25 % y el 50 % de la deuda, y los escenarios de condonación total del capital son minoritarios.
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A esto se suman las limitaciones fiscales reconocidas por el propio Gobierno en 2023, cuando admitió que no había recursos para congelar las tasas de interés del Icetex, otra promesa asociada.
De los $350.000 millones previstos para ese fin ya habían sido ejecutados entre 2020 y 2022 y absorbidos por la unidad de caja del Estado, lo que fue advertido por la Dirección General del Presupuesto Público en comunicaciones al Icetex y a la Procuraduría. Aunque en las llamadas “Jornadas de Soluciones” cerca de 98.000 personas lograron la condonación del 100 % de los intereses de mora, continuaron obligadas a pagar el capital. En términos prácticos, de un universo de al menos 433.000 deudores, solo el 35 % ha recibido algún alivio y no siempre total, muy por debajo de la condonación plena que Petro prometió durante la campaña.
Desde la campaña presidencial y a lo largo de su mandato, Gustavo Petro ha reiterado que su gobierno sería un quiebre frente a la corrupción —prometió “no robar, no mentir y no traicionar”, acabar con la politiquería, desmontar los carteles de la contratación y gobernar sin clientelismo—, pero ese discurso ha convivido con una sucesión de escándalos que han golpeado directamente a su administración: las denuncias por financiación irregular de su campaña tras las declaraciones de Nicolás Petro; el caso de los millonarios contratos de la UNGRD por carrotanques en La Guajira, que terminó revelando presuntos sobornos a congresistas; los cuestionamientos por contratos y nombramientos en entidades clave como el Fondo de Adaptación, el DPS y el sector Defensa; las investigaciones por tráfico de influencias y corrupción que han salpicado a altos funcionarios y aliados políticos; y las denuncias sobre el uso de cuotas partidistas en el Estado, precisamente una práctica que Petro había prometido erradicar.
Recientemente, una de sus fichas más cercanas, el general Juan Miguel Huertas, quien apoyó la campaña Petro Presidente (hoy investigada por presunta violación de topes), resultó salpicado en el escándalo conocido como “los archivos de Calarcá”, un conjunto de documentos que tendría supuestas pruebas sobre articulación entre la inteligencia y las disidencias de las Farc con el fin de proteger a los criminales. Frente a esto, el presidente Petro optó por pasarle la papa caliente a la fiscal Luz Adriana Camargo.
En una entrevista publicada el 14 de marzo en 2021 por la Revista Semana, la entonces directora Vicky Dávila le preguntó a Gustavo Petro si, de llegar a la Presidencia, solicitaría la extradición de la cúpula del ELN que permanecía en Cuba. Petro respondió que no lo haría y que, de lo contrario, haría la paz con esa guerrilla en los tres primeros meses de su gobierno. No explicó cómo. Se limitó a decir que “la paz es lo que más me interesa para los colombianos” y a advertir sobre las consecuencias de no elegirlo.
El balance, a finales de 2025, es opuesto a esa promesa. Diversos informes —incluidos de EL COLOMBIANO— muestran que el ELN no solo sigue activo, sino que atraviesa uno de sus mejores momentos en décadas. El PhD. en Criminología Jorge Mantilla recuerda que hace 20 años la organización estaba cerca del colapso: sus bases habían sido golpeadas por el paramilitarismo, sus redes urbanas eran marginales y sus mandos se replegaban en zonas como el Catatumbo.
Hoy, en cambio, el ELN opera como una estructura fragmentada y flexible, con frentes regionales adaptados a economías ilegales como la minería y el narcotráfico, lo que dificulta cualquier negociación o confrontación. Ese diagnóstico coincide con el balance de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que ubica al ELN entre los actores con mayor capital armado del país: entre 2.300 y 2.800 combatientes, presencia en 150 municipios. Una realidad que muestra el incumplimiento de una de las promesas más contundentes de la campaña de Petro.
En un debate realizado el 8 de marzo de 2022, Gustavo Petro propuso la creación de un “ingreso básico” de $500.000 mensuales para madres cabeza de hogar con hijos —a quienes estimó en cerca de seis millones— y para adultos mayores que no lograron pensionarse, calculados entonces en unos tres millones. En ese escenario, descalificó los apoyos existentes y aseguró que el Ingreso Solidario no era un subsidio real, sino una “limosna” que mantenía a las personas en la pobreza, al estar por debajo de la línea de pobreza que, según dijo, rondaba los $350.000. Tres años después, el balance quedó lejos de esa promesa.
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De acuerdo con un informe de la Presidencia del 31 de octubre de 2025, el Gobierno aumentó la transferencia del programa Colombia Mayor de $80.000 a $230.000 mensuales para mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75, beneficiando a 1.683.920 personas, una cifra inferior al universo proyectado en campaña y por debajo del monto anunciado.
En el caso de las madres cabeza de hogar, el programa Renta Ciudadana contempla transferencias de hasta $500.000 en la línea de ‘Valoración del Cuidado’, pero no de forma mensual ni universal: en 2025 la cobertura alcanzó a unos 778.000 hogares por ciclo, con pagos condicionados y periodicidad variable. Así, aunque existen incrementos y alivios frente a los esquemas anteriores, el diseño y el alcance de las medidas implementadas distan del ingreso básico universal de $500.000 mensuales que Petro presentó durante la campaña.
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