Fuentes cercanas al caso informaron que el sobrino, Sergio Alexánder Tamayo Mesa, conocido con los apodos de “Álex Mentiras” o “Álex Chata”, fue arrestado este 20 de abril de 2026 en el municipio de San Vicente; mientras que el lugarteniente Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”) cayó en Copacabana.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”), Sergio Alexánder Tamayo Mesa (“Álex Mentiras”) y, en el recuadro, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”). Fotos de cortesía.

Ambos son cabecillas históricos de la organización criminal “los Chatas”, originaria de Bello, la cual delinque también en Itagüí, Barbosa, Copacabana, Girardota, el Norte y el Nordeste de Antioquia.

Este grupo se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, la urbanización ilegal de lotes, corrupción de servidores públicos, minería ilegal y lavado de activos, entre otros negocios.

La banda además está integrada a “la Oficina”, la confederación del crimen organizado del Valle de Aburrá, lo que le da influencia sobre decenas de combos de los barrios.

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La pistola Glock con adaptaciones para usar como subametralladora, que le encontraron a “Álex Mentiras”. Foto cortesía de Policía.

El golpe fue dado por agentes de la Sijín y comandos especiales de la Policía, en el marco de la Operación Doble Eje, los cuales allanaron dos escondites de los peces gordos, encontrando dos pistolas, dos escopetas, dos armas traumáticas, municiones de diferentes calibres y $5’000.000 en efectivo.

A los policías les llamó la atención que a una de esas armas, una pistola Glock 9 milímetros, adaptaron dispositivos de disparo en ráfaga, mira táctica y culata de fusil, para usarla como una especie de subametralladora.

Sobre alias “Jonás”, de 47 años, el reporte oficial del caso indica que tiene “una trayectoria criminal de aproximadamente 25 años (…). Ejercía dirección estratégica del componente criminal, con control del narcotráfico y administración de rentas ilícitas estimadas en cerca de $2.000’000.000 mensuales”.

Y en cuanto a “Alex Mentiras”, de 46 años y con una carrera ilegal de dos décadas, que “su cercanía y vínculo directo con alias ‘Tom’ le permitían ejercer mando decisorio, direccionando actividades delictivas y coordinando mandos medios dentro de la estructura”.

Alias “Jonás” es uno de los jefes históricos de “los Chatas” y principal hombre de confianza de “Tom”. Foto cortesía de Policía.

Los dos ya habían sido capturados en 2016, y tras pasar algunos años en prisión cumpliendo una pena por concierto para delinquir, regresaron a las calles a continuar su trabajo ilícito.

La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, los cuales negaron en la audiencia de control de garantías.

Esta no es la primera vez que familiares y lugartenientes de los voceros de la mesa de la cárcel de Itagüí son judicializados por la presunta comisión de delitos.

En julio de 2025 fueron detenidos el hijo, la exesposa y uno de los lugartenientes de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). Aunque un juez les otorgó la libertad mientras avanza el proceso, están inmersos en un expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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El Inspector.

El objetivo de los matones fue Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, uno de los líderes históricos de la banda “el Pesebre”.

Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, fue asesinado en el barrio Blanquizal de Medellín. Fotos de archivo y cortesía.

El crimen sucedió el 22 de enero de 2026 en el barrio Blanquizal, a las 00:20 de la madrugada.

De acuerdo con la indagación preliminar de las autoridades, “Roña” estaba departiendo con otras personas en las afueras de un establecimiento comercial, cuando fue sorprendido por el homicida, quien salió caminando de un callejón cercano.

Se aproximó a la víctima, le puso el cañón de la pistola calibre milímetros detrás de la oreja izquierda, y apretó el gatillo. Luego lo remató con otros disparos en la cara.

Uno de los proyectiles se desvió del blanco e impactó al mecánico Mateo Álvarez Puerta, de 28 años, quien estaba reunido con sus amigos afuera de su taller de motos, a pocos metros de distancia del lugar del ataque.

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La bala se incrustó en su cuello, y aunque los allegados lo trasladaron a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

“Roña”, de 48 años, murió en el sitio. De acuerdo con su prontuario, era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y uno de los líderes de la banda “el Pesebre”, encargado de coordinar las operaciones delincuenciales en el barrio Blanquizal.

Tenía antecedentes penales por extorsión (2013), abuso de confianza (2017) y desplazamiento forzado (2015, 2020 y 2023).

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Fue lugarteniente de Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), el fundador y comandante de la organización, quien actualmente es vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos sociojurídicos con el gobierno de Gustavo Petro, instalada en la cárcel de Itagüí.

De hecho estaba junto a él cuando lo capturaron en 2013 en una finca de Urrao, Antioquia, durante una reunión de cabecillas de “el Pesebre”; pero mientras a su jefe se lo llevaron preso, a él lo liberaron porque carecía de orden de captura.

La muerte de “Roña” podría tratarse de un reacomodo de las fuerzas internas en la banda. Mientras “Carlos Pesebre” está en prisión, la comandancia recae sobre “Julián Machete”, cuya jefatura al parecer genera resistencia entre otros líderes, según fuentes policiales.

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El Inspector.

Se trata de Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, el tercer cabecilla de ese grupo que mataron en menos de un año. ¿Quiénes fueron los otros?

Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, fue asesinado en una vía pública de Medellín. Fotos de archivo.

De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió a las 8:00 p.m. del 19 de enero de 2026. La familia de la víctima contó que un amigo suyo apareció en la vivienda del barrio Granizal, y “don Ramón” salió con él en una motocicleta Yamaha NMax.

Condujo hasta la carrera 48B con la calle 97 del barrio Santa Cruz, en un sector conocido como San Nicolás. En ese punto dejaron parqueada la moto y luego los vecinos escucharon el bullicio de una riña, seguido por disparos.

Aún no se ha esclarecido si el agresor fue el supuesto amigo que lo recogió en la casa, o una tercera persona. Lo cierto es que, cuando la patrulla de la Policía llegó al sitio alertada por los vecinos, encontraron a Giraldo Villada tendido en el asfalto.

En la inspección al cadáver le contaron 26 heridas de puñal en el pecho y la mano derecha, así como tres orificios de bala en el cráneo.

En un principio el hecho fue reportado como una presunta riña por intolerancia, pero cuando los investigadores revisaron las bases de datos judiciales, el caso tomó otro rumbo.

“Don Ramón”, de 45 años, figuraba como integrante de la cúpula de la banda criminal “San Pablo”, que delinque en el nororiente de Medellín, dedicada al sicariato, las extorsiones, el desplazamiento forzado, la urbanización ilegal de lotes y el narcotráfico.

Giraldo tenía investigaciones abiertas por amenazas (2015), falso testimonio (2016), desplazamiento forzado (2021) y extorsión (2015, 2016 y 2023). De hecho, había sido capturado el 29 de abril de 2014 y pasó una temporada en la cárcel.

Así fue la escena del crimen en el sector San Nicolás. “Don Ramón” murió en el lugar de los hechos. Cortesía de Denuncias Antioquia.

El finado fue lugarteniente del jefe histórico de “San Pablo”, Adiel Fabián Covaleda Guzmán (“Adier”), un paramilitar desmovilizado que fue asesinado por sicarios el 19 de mayo de 2025, en una casa de ese mismo sector de San Nicolás.

Dos días antes, 17 de mayo de 2025, acribillaron a otro cabecilla de la facción: Ariel Gonzalo Figueroa Cetré, alias “Mi Nay” o “Conspire”, de 43 años. Estaba en un restaurante del barrio Aranjuez con una mujer, cuando llegó un hombre y le apuntó con un arma de fuego.

Le propinó un disparo inicial, pero la víctima forcejeó, recibiendo más balazos después. El incidente, que quedó registrado en una cámara de seguridad, fue reportado en ese momento como un intento de atraco, aunque parece más relacionado con ajustes de cuentas.

Ahora la hipótesis que siguen los investigadores sobre la muerte de “don Ramón” no tiene que ver con una riña callejera, sino con una pugna interna por el poder en la banda.

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El Inspector. 

La Policía lo capturó en un apartamento de la urbanización residencial Cacique Niquía, en el municipio de Bello, para que empezara a cumplir esa pena pendiente. ¿Pero cuál es la historia detrás de esa severa sentencia?

Ricardo Abel Palacio Herrera, alias “Richard” o “Rayo”, capturado en Bello el 9 de julio de 2025. Foto cortesía de Policía.

Los hechos datan del 10 de noviembre de 2014 en Medellín, cuando fue secuestrado el narcotraficante Eladio de Jesús Correa Villegas, alias “Ramón”.

De acuerdo con el expediente, conocido por Revelaciones del Bajo Mundo, la banda “la Terraza” lo citó a una reunión para que presentara sus descargos por dos acusaciones: vender drogas en su territorio del Centro sin su autorización, y por el homicidio de un hombre en un bar conocido como El Borrachito, ubicado en inmediaciones de la Placita de Flórez.

Según el testimonio de “Ramón”, tal cual consta en el documento: “En noviembre de 2014 me llevaron para la zona de Manrique parte alta, allá me tuvieron retenido y me quitaron unas cosas, a mí me llevaron a una casa de tres pisos y allá había un señor que le decían ‘Rayo‘. A mí me llaman a Manrique, voy subiendo en un Clío y ahí me abordan y me llevan a una parte más alta, y allá me retuvieron, porque me estaban hablando como de un homicidio, yo no tenía nada que ver en ese homicidio; y sobre el trabajo, porque yo trabajaba sin permiso”.

Y continuó: “En la casa habían tres personas, estaba el señor ‘Rayo’ o ‘Richard’, y los otros dos que no sé quiénes eran, nunca los volví a ver. Yo no conocía a ‘Richard’ o ‘Rayo’, primera vez que lo veía, así le decían. Esa retención duró como de dos a tres horas”.

En aquel entonces, “Ramón” trabajaba para William Andrés Moscoso Monsalve (“el Chivo”), otro cabecilla de “la Terraza”, que a su vez es sobrino del máximo jefe de la banda, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). El hecho de que sus colegas hubieran secuestrado a su traficante de confianza, es el reflejo de cómo está conformada esa organización: como una especie de cartel, en la cual hay varias líneas de mando confederadas, que a veces riñen entre sí por los negocios.

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“El Chivo” intercedió con los secuestradores para que no mataran a Correa. Explicó que este era útil a la organización por sus contactos en el departamento del Cauca, de donde traía marihuana de variedad cripa para las plazas de vicio de Medellín.

A las tres horas lo liberaron, pero antes le exigieron el pago de $300 millones de pesos. El cobro se prolongó por 11 días, hasta que el 21 de noviembre de 2024 “Ramón” terminó de entregar $200 millones, un taxi de marca Kia Picanto y una camioneta Toyota Fortuner.

Eladio Correa Villegas, alias “Ramón”. Cortesía.

La persona que le hizo el favor de entregar este último vehículo, su amigo Wilmar Arboleda, fue víctima de un atentado sicarial posteriormente, que lo dejó cuadripléjico.

Por el secuestro extorsivo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a “Richard” a 37 años de cárcel, el 4 de octubre de 2024. La defensa del sentenciado apeló la decisión, alegando que a su representado le violaron los derechos durante el juicio.

Tal cual ha reportado Revelaciones del Bajo Mundo anteriormente, una de las estrategias que utiliza este cabecilla para evadir la justicia es el uso de múltiples identidades. Su nombre original es Jhon Ricardo Palacio Adarve (con el cual figura en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), pero se lo cambió a Ricardo Abel Palacio Herrera; también ha usado la identidad de Ricardo Escobar Botero, para confundir a los enemigos y los investigadores judiciales.

Aunque siempre le han dicho “Richard” en el bajo mundo, también adoptó el apoyo de “Rayo”. Este alias es usado al mismo tiempo por otro líder de la banda, Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín (capturado recientemente), lo que creaba un embrollo que le permitía subsistir con impunidad.

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Por esas irregularidades, el personaje fue capturado en 2018 y condenado en 2020 a dos años de cárcel por falsedad material en documento público (tres cédulas originales con distintos nombres). El expediente por el secuestro extorsivo se alargó, por lo que obtuvo su libertad por vencimiento de términos, mientras se producía el veredicto.

Fue precisamente en el proceso de apelación de este cargo, que su defensa trató de argumentar que la Fiscalía no logró demostrar la plena identidad del acusado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín dejó al desnudo este truco en su fallo, indicando:

“Desde la audiencia de legalización de captura, el procesado, al momento de presentarse, se identificó como RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, no obstante, fue clara su intención de confundir a la Fiscalía y a la Judicatura desde aquella oportunidad, pues informó dos nombres diferentes al momento de su presentación, y no aclaró cuál era el correcto, cuando se le solicitó presentarse con su identificación. Al respecto indicó en la audiencia:

- Juez: El indiciado tan amable, por favor me da nombres completos y número de documento de identificación”.

- Procesado: Mi nombre es Jhon Ricardo Palacio Adarve, cédula 70.697.538.

- Juez: ¿Jhon Ricardo qué? Nombre completo.

- Procesado: RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, cédula 71.671.115.

Y aunque la defensa, desde la audiencia de legalización de captura le informó a la Judicatura que el procesado en la entrevista manifestó que se llamaba RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, con cédula 71.671.115, no desplegó mayores actos para que se aclarara el error, porque, incluso, al momento de su captura se identificó como Ricardo Escobar Botero”.

El Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena el 8 de abril de 2025, con lo que se reactivó la orden de captura contra “Richard”, la cual se materializó en Bello el siguiente 9 de julio.

En el allanamiento, la Policía le encontró una pistola traumática y “un libro con registros contables por más de 1.000 millones de pesos”, informó el director de la Institución, general Carlos Triana Beltrán.

Ahora “Richard” quedó en poder del Juzgado 11 de Ejecución de Penas de Medellín, para comenzar a purgar sus más de tres décadas de prisión.

En cuanto a alias “Ramón”, fuentes judiciales recordaron que está pagando una pena de 20 años de cárcel por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de drogas. En varias oportunidades han tratado de matarlo en los pabellones y seis de sus trabajadores más cercanos han sido desaparecidos.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:30 de la noche del 26 de marzo de 2025, en una calle del barrio Fátima, de Itagüí, adonde llegó el cabecilla con su cónyuge para visitar a una hermana.

Fabio Edisson Gómez Ruiz, alias “Riñón”, asesinado en el municipio de Itagüí (foto de su captura en 2009). Archivo.

Apenas terminaron la visita, salieron caminando por la calle 48 con la carrera 29, una zona con escasa iluminación, y allí fueron sorprendidos por el asesino, quien llegó a pie le propinó dos balazos en la cabeza al exconvicto de 52 años.

“Riñón” fue trasladado a la Clínica Antioquia, donde falleció por la gravedad de las lesiones. Gracias a la descripción de la comunidad, una patrulla de Policía alcanzó a capturar a un sospechoso del crimen, identificado como Erwin Orlando Newball Reyes, de 25 años, nacido en el municipio de San Antero (Córdoba), quien dijo ser obrero de construcción.

En sus días de apogeo criminal, Fabio Gómez llegó a ser el jefe de “Calatrava”, una de las bandas más poderosas del sur del Valle de Aburrá, con base de operaciones en el barrio del mismo nombre, en Itagüí.

Cuando se desató la guerra interna en “la Oficina” (2008-2011), se formó al lado del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), convirtiéndose en uno de sus principales jefes de sicarios.

Fue capturado en 2009 en Barranquilla, y en ese entonces la Policía ya le atribuía su responsabilidad en al menos 120 homicidios, aunque solo fue condenado por dos, ejecutados en 2003. Lo sentenciaron a 17 años de cárcel, con un prontuario que no solo incluía asesinatos, sino también concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, amenazas, desplazamiento forzado y lesiones personales.

Estuvo preso hasta el pasado 21 de marzo, cuando salió de la cárcel de La Dorada (Caldas), y a los cinco días fue a visitar a su familiar, donde fue finalmente acribillado.

Los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera se han ido vengando de su círculo cercano. En 2011 mataron a su hermano Juan Carlos Gómez Ruiz, un ingeniero de sistemas que conducía un automóvil por una vía del municipio de Sabaneta, cuando le dispararon. Y en 2012 unos sicarios en moto dejaron herido de un balazo a su hijo Marco Estiven Gómez Guerra, de 21 años.

La banda de “Calatrava”, que en el pasado estuvo unificada bajo el mando de “Riñón”, se fracturó en dos combos que a veces rivalizan, “el Plan de Calatrava” y “el Hueco de Calatrava”.

¿Quién dio la orden para borrarlo del mapa? La pregunta ronda por los corrillos del bajo mundo en Itagüí, sin que hasta ahora haya una respuesta.

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El Inspector.

En cada uno de esos casos, la hipótesis principal es que la propia organización del ejecutó, bajo sospecha de desobediencia, traición o robo de las ganancias. Este es un reportaje de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una de las últimas apariciones públicas de “Chiquito Malo” fue en un video del estado mayor del Clan del Golfo, donde su imagen fue insertada en postproducción, quedando con la apariencia de un holograma. Imagen tomada de video.

La vida de placeres mundanos, violencia y riqueza malhabida que presumía José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”, acabó como suelen terminar las historias de la mafia en Colombia: con cadáveres descuartizados en costales, a la vera de un camino.

Al amanecer del pasado 23 de octubre, un olor repulsivo impregnó los sentidos de los transeúntes en cercanías al kilómetro 4 de la Troncal del Caribe, en el corregimiento Palomino, del municipio de Dibulla, en La Guajira.

Cuando llegó la Policía encontró dos costales de fique ensangrentados, que contenían los restos humanos de un hombre y una mujer. Los forenses estimaron que los asesinaron unas 24 horas antes, que tenían signos de tortura y que habían sido desmembrados con motosierras.

José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”. Cortesía.

Al día siguiente lograron establecer sus identidades: José Nibardo Marín, de 49 años, y su cónyuge Saudi Karina Cotes, de 40.

Marín era un narcotraficante reconocido en el bajo mundo. Trabajó para el Clan del Golfo, administrando las rutas de cocaína que salían de los puertos del Caribe, especialmente de Cartagena, y fue capturado en marzo de 2023 por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Un juzgado le concedió la libertad y volvió al negocio de la droga, pero con aires de independencia, lo que al parecer ofendió a Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo” o “Javier”), el actual jefe del Clan del Golfo, sellando su cruel destino.

El mismo desenlace tuvo Óscar David García Arenas (“Bloqueo”), de 44 años, quien trabajó como cabecilla del Frente Metropolitano, el tentáculo de la organización criminal en el Valle de Aburrá.

Su cadáver fue encontrado el pasado 11 de octubre, abandonado en una carretera de la vereda La Balsa, en el municipio de Cañasgordas (Antioquia). El reporte policial indicó que tenía 16 heridas de bala en la cara, el torso y los brazos, lo que sugiere que trató de cubrirse con las extremidades cuando lo fusilaron de frente.

La muerte de dos cabecillas del Clan del Golfo en un lapso de 10 días, en aparentes ajustes de cuentas internos, es para los investigadores judiciales una muestra de la severidad con la que “Chiquito Malo” está gerenciando al cartel, y de los intentos de rebelión que aplaca con furia.

Desde que asumió el mando en mayo de 2022, cuando fue extraditado a Estados Unidos el capo Dairo Úsuga David (“Otoniel”), han sido ejecutados ocho comandantes y narcos asociados al Clan que, según datos de Inteligencia, osaron desafiar sus designios.

REUNIONES MORTALES
“Chiquito Malo” logró ascender en la jerarquía por su conocimiento de las rutas de narcotráfico que partían de Urabá; sus contactos en el exterior, cultivados desde la época de paramilitar; y por el respaldo que le daba “Otoniel”.

Sin embargo, el mismo Úsuga veía con preocupación un vacío en su liderazgo: “A ‘Javier’ no le gusta hablar con la tropa”, se quejó en un audio interceptado por la Policía, nueve meses antes de su captura en octubre de 2021.

Aún así, apenas cayó a la cárcel le delegó el mando del Clan del Golfo. La decisión no cayó bien entre varios comandantes del grupo, pero Ávila no estaba dispuesto a tolerar desobediencias.

Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”). Cortesía.

El primer muerto de la lista fue Sergio Carrascal Gómez (“Metra”), quien manejaba los negocios del cartel en el sur de Córdoba. El 2 de mayo de 2022 los sicarios entraron a una urbanización en Valledupar, Cesar, y lo acribillaron con un escolta dentro de su residencia.

El segundo crimen fue el 21 de agosto de 2022 en el barrio Olaya, de Cartagena, donde los verdugos abalearon a Alexánder Luis Correa (“el Chichi”), cuando se bajó de su camioneta. Era uno de los delegados para el narcotráfico en Bogotá y la ciudad amurallada.

El siguiente en caer fue Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”), uno de los principales narcos aliados al grupo, quien articulaba negocios ilícitos en los Llanos Orientales y el Caribe; también fue quien involucró en la facción a “Jota Indio”. El 24 de febrero de 2023 lo encontraron tirado en un paraje rural del municipio de Galeras, Sucre, con múltiples orificios de bala.

Luego mataron a Wilmer Giraldo Quiroz (“Siopas”), el segundo en la línea de sucesión del cartel. Fue secuestrado y torturado por dos semanas, hasta que el 1 de marzo de 2023 le dieron varios tiros en la cabeza y botaron el cadáver en el sector La Recta, a un lado de la carretera que lleva de Uramita a Dabeiba, en el Occidente de Antioquia.

El 19 de octubre de 2o23 le hicieron lo mismo a Arley Úsuga Torres (“Cero Siete”), quien manejó rutas de narcotráfico desde Urabá y además era sobrino de “Otoniel”. El cuerpo abaleado fue arrojado a un tierrero de la vereda Cascajo, en el municipio de Astrea, Cesar.

Después asesinaron a Juan Camilo Goez Ruiz (“Dimas”), antiguo jefe del Clan en Medellín y exjefe de “Bloqueo”. El 12 de mayo de 2024 los sicarios le dispararon afuera de un estadero en Dabeiba, Antioquia.

Todos estos crímenes han tenido un elemento en común, más allá de tratarse de miembros de alto perfil del cartel: antes o después del homicidio, fueron citados a reuniones mafiosas.

A algunos los interrogaron y torturaron, lo que sugiere a los investigadores que les sacaron información sobre dinero y propiedades, antes de segarles la vida. Fuentes policiales indicaron que, entre las hipótesis que se manejan, están que las víctimas fueron acusadas de robar plata de la organización, no reportar las ganancias completas o tratar de independizarse sin autorización.

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REGLAS POLÉMICAS
Además de que algunos lo consideran menos experimentado que sus predecesores, las decisiones que toma “Chiquito Malo” al parecer provocan rechazo en un sector de la organización, entendiendo que el Clan del Golfo funciona como un cartel, un conjunto de empresas criminales con un objetivo común.

“Hay una política con ‘Chiquito’ que ha traído inconformismo: en los puertos de Cartagena y Urabá solo puede trabajar su gente de confianza, a los demás narcotraficantes les dicen que tienen que comprarle la droga al Clan, que al parecer no tiene la misma pureza que la que ellos consiguen en Cauca. A quien no les compre la cocaína, le suben el impuesto para sacarla por esos puertos, antes era de $1’200.000 por kilo y ahora de $2’000.000”, explicó un agente que lleva años persiguiendo a esta estructura ilegal.

Esta situación impulsó a varios narcos a buscar sus propias rutas, unos como independientes y otros aliados con bandas rivales. Se presume que eso intentaron “el Chichi”, “Dimas”, “Bloqueo” y “Jota Indio”, cuando los patrones los llamaron a rendir cuentas.

Arley Úsuga Torres “Cero Siete”). Cortesía.

A diferencia de “Otoniel”, que permitía que cada bloque de la estructura administrara finanzas independientes y gestionara la compra de su propia droga y armas, “Chiquito Malo” al parecer está buscando centralizar la contabilidad, para ejercer un mayor control financiero de los cinco bloques, los 28 frentes y 6.016 integrantes de la facción.

“El Clan ha tratado de unificar los cobros de todos los bloques, lo que ha molestado a los diversos comandantes, porque les afecta las rentas. Y ahí mismo los máximos jefes se dieron cuenta de que había más de un comandante que cobraba y luego no reportaba lo que debía al Clan, y eso se ha venido destapando. Cualquier descuadre con la plata, lo pagan con sus vidas”, agregó el agente consultado.

Como retaliación a ese régimen, hay miembros del grupo que, presuntamente, están atacando en la sombra a “Chiquito Malo”, fungiendo como soplones de la Policía para entregar a la gente de su círculo cercano. Así sucedió el pasado 27 de octubre, cuando un informante condujo a las autoridades al escondite de su primo, el narcotraficante John Sepúlveda González (“Media Arepa”), en una cabaña en la selva de Necoclí (Antioquia).

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¿VIVO O MUERTO?
En medio de tanta mortandad, desde octubre comenzó a circular un rumor, según el cual “Chiquito Malo” habría quedado gravemente herido en un enfrentamiento entre integrantes del Clan en el norte de Chocó. La Policía interceptó unas comunicaciones, en las cuales unos miembros del grupo buscaban con desespero a personal médico para transportarlo a la zona, porque “el patrón estaba herido”.

“En cuanto al tema de ‘Chiquito Malo’, no tenemos una confirmación, nuestras agencias de Inteligencia están verificando”, dijo el general Luis Cardozo, comandante del Ejército, cuando se le preguntó sobre la suerte del cabecilla en una rueda de prensa, el pasado 23 de octubre.

Esta no es la primera vez que se esparcen rumores sobre la supuesta muerte de Ávila. Lo mismo ocurrió en marzo de 2023, cuando los miembros del estado mayor central del Clan (la cúpula) publicaron un video hablando sobre los acercamientos de paz con el Gobierno, en el cual no aparecía “Chiquito Malo”.

Para silenciar las sospechas de divisiones internas y del deceso del comandante, la organización publicó un segundo video en el que sí aparecía, pero mediante un burdo montaje, en el que Ávila parecía un holograma insertado en la imagen, lo que en últimas suscitó más interrogantes.

Los investigadores entrevistados por este diario aseguran que se requiere una confirmación de mínimo tres fuentes para establecer si el capo está vivo o muerto, en particular porque la difusión de este tipo de información también forma parte de una macabra estrategia de “gerencia”.

“Es una medida de contrainteligencia, lanzan informaciones así para ver cómo reaccionan los subalternos, si buscan tomar ventaja o se alegran. Así identifican a los potenciales traidores”, relató un agente.

Desde esa perspectiva, es difícil saber cuál es el presente del cuestionado comandante “Chiquito Malo”, si estará malherido en un cambuche esperando la muerte, o si aguarda al acecho por algún desliz de sus socios, para llamarlos a una última reunión.

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El Inspector.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, la operación se realizó en la tarde de este lunes 27 de mayo, en el sector Camino Verde de la vía a la loma de El Escobero.

Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín, alias “Rayo”, fue capturado en un apartamento de Envigado. Foto cortesía de la Policía.

Los Comandos de Operaciones Especiales llegaron hasta la urbanización Castelli, en la carrera 25A #38Dsur-111, y allanaron un apartamento localizado en el piso 15 de una de las torres. Allí encontraron al citado cabecilla, quien no opuso resistencia al arresto.

Fuentes cercanas a la operación le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que, en realidad, “Rayo” no era el objetivo que buscaban, sino que su detención fue puramente circunstancial y hasta inesperada.

Los investigadores ya tenían referenciado aquel apartamento, usado como centro de reuniones por narcotraficantes del Clan del Golfo y sus socios de Medellín. La orden de allanamiento pretendía arrestar a los delegados del cartel, los cuales ya habían salido de la urbanización cuando entraron los policías; el único que quedaba era Vásquez Pulgarín.

“Capturamos a alias ‘Rayo’, uno de los presuntos cabecillas de ‘la Terraza’, que utilizaba condominios de lujo para negociar con el Clan del Golfo el envío de cargamentos de cocaína hacia Estado Unidos y Europa”, informó el general Salamanca.

Dentro de “la Terraza”, “Rayo” al parecer tenía la función de administrar los negocios ilícitos en el Oriente antioqueño, en especial la venta de drogas. Una de sus bases de operaciones era el municipio de Guatapé, donde permanecía en fincas alquiladas.

“La operación, coordinada con la @FiscaliaCol, libera a las comunas 3 y 4 de Medellín y a los municipios de El Peñol, Guatapé, Marinilla, Guarne y San Rafael de uno de los delincuentes más buscados por tráfico de estupefacientes, incluido 2CB“, publicó en la red social X el director de la Policía.

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En “la Terraza” es relativamente común que haya integrantes con apodos repetidos entre sí, lo cual les permite permanecer a la sombra de otros y confundir a los investigadores. Durante varios años, Vásquez estuvo en un segundo plano, mientras las autoridades perseguían a otro líder de la estructura, John Ricardo Palacio Adarve, alias “Rayo” o “Richard”, quien fue detenido en 2018.

En las próximas horas, Vásquez será presentado ante un juez de control de garantías, donde se definirá qué cargos le imputará la Fiscalía.

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El Inspector. 

La noticia fue confirmada por el director de la Policía, general William Salamanca, durante una visita a la ciudad para conversar sobre seguridad con un grupo de empresarios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El expolicía Jean Espinosa (recuadro) y Henry Silva (“la Mula”) cayeron en el barrio La Pilarica, de Medellín, cuando iban en un automóvil Mercedes Benz. Fotos cortesía de la Policía.

“Durante nuestra visita a Medellín supervisamos la operación que culminó con la captura de dos presuntos narcotraficantes de ‘La Oficina’: alias ‘Mula’ y ‘La Firma’; este último responsable del tráfico de 3 toneladas de cocaína mensuales, en alianza con carteles mexicanos”, trinó el oficial.

La detención fue realizada por investigadores de la Dijín, quienes lo sorprendieron este jueves 14 de marzo en un automóvil Mercedes Benz en el barrio La Pilarica, en la comuna de Robledo.

En su contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado; sobre Henry Silva Álvarez (“la Mula”), su acompañante, las autoridades indicaron que al parecer fungía como escolta y tiene antecedentes por hurto calificado, tráfico de armas, y uso de documento falso. Lo señalan de participar en el hurto de un vehículo de valores que transportaba oro y platino en Medellín, en 2013.

El automóvil Mercedes Benz en el que iban los capturados fue decomisado. Foto cortesía de la Policía.

En el operativo les incautaron dos pistolas Jericho 9 milímetros con su respectiva munición y cuatro proveedores, $20 millones en efectivo, cuatro celulares, documentos de identidad a nombre de una empresa de seguridad, tres navajas, dos memorias USB y algunos fetiches de santería y esoterismo, que suelen usar los miembros de “la Oficina” para “proteger” sus actividades ilegales.

En particular, les encontraron un libro llamado “Oráculo de las Runas”, una bolsa de tela con ramas y semillas, y varios símbolos de runas en cuarzo dentro de una caja.

“La operación, que contó con la activa participación de las autoridades de Estados Unidos, es el resultado de la fluida cooperación internacional, que tiene entre sus objetivos identificar narcos invisibles, de los cuales hemos capturado 35”, recalcó Salamanca.

Espinosa, de 45 años, es un viejo conocido en el bajo mundo de la capital antioqueña. De acuerdo con fuentes judiciales, fue investigador de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Fue destituido con otros dos uniformados, por haber retenido ilegalmente y asesinado a un presunto ladrón de carros, aunque por esos hechos nunca fue condenado.

Runas en cuarzo incautadas a “la Firma”, al parecer usadas para la adivinación. Foto cortesía de la Policía.

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Tras su salida de la Institución, comenzó a trabajar para la organización criminal “Doce de Octubre”, como socio del cabecilla Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”). Se involucró con temas de narcotráfico, extorsión, sicariato, secuestro y cobro de deudas mafiosas.

Con el auspicio de “Soto”, se ganó la confianza de uno de los máximos líderes de “la Oficina”, la empresa mafiosa que regenta a las bandas del Valle de Aburrá: Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), quien hoy está preso en Estados Unidos.

“La Firma” había sido capturado en un retén el 11 de agosto de 2012, cuando viajaba en un automóvil Chevrolet Swift por la autopista Bello-Hatillo, en inmediaciones del municipio de Copacabana. En ese momento, el cabecilla era acompañado por un civil y otro policía corrupto de la estación Laureles de Medellín.

En la inspección al vehículo le encontraron un fusil, una escopeta de doble cañón y una pistola. Por esta situación fue condenado a 15 años de cárcel, por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar.

Al salir de prisión, al parecer regresó a sus actividades delictivas. Según fuentes policiales, estableció negocios con el narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Andrea” o “Babalao”), para exportar cocaína desde la Costa Atlántica hacia Centroamérica y Estados Unidos. Este último fue detenido y también extraditado en 2022.

Las autoridades no especificaron si el Gobierno de Estados Unidos pedirá a “la Firma” en extradición.

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El Inspector.

El ataque ocurrió en la noche de este 7 de marzo en el barrio Los Balsos, en la comuna de El Poblado, suroriente de Medellín.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”, luego de su captura en 2013 en Panamá. Foto de archivo El Colombiano.

Según la información preliminar de las autoridades, Rojas andaba en un automóvil BMW con uno de sus hombres de confianza, Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”.

Estaban conversando en la vía, cuando un hombre se les acercó y les disparó, para luego huir en una moto. “Pichi Gordo” recibió impactos en el rostro y la cabeza; mientras que “el Enano” en la espalda y el pecho. Este último al parecer portaba una pistola Smith and Wesson calibre 9 milímetros, con salvoconducto legal, la cual quedó a pocos centímetros de su cuerpo.

Ambos fallecieron a un costado del parque La Provincia, donde al parecer acudieron para jugar un partido de fútbol.

En el ataque resultó herida una tercera persona, el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba, de 49 años, quien se retiró del fútbol profesional en 2004 y se dedicó al entrenar jóvenes talentos en escuelas y clubes aficionados. Fue hospitalizado con un balazo en una pierna.

El asesino fue descrito como “un hombre bajito y trigueño, que vestía gorra, camiseta oscura y bluyín”, quien fue visto merodeando el parque momentos antes del ataque.

Según la evidencia inicial obtenida en las cámaras de seguridad del sector, al parecer se trató de un operativo sicarial coordinado con dos motos, un automóvil Renault Sandero y una camioneta Koleos.

UNA VIDA EN EL CRIMEN

“Pichi Gordo” había salido de la cárcel el 21 de enero de 2o2o, con el beneficio de libertad condicional dentro de una pena de 16 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Su salida generó roces con otros jefes de “la Terraza”, pues trató de imponerles su antigüedad para tratar de recuperar varios de los negocios que tenía antes de ser encarcelado en 2013, pero no lo logró. Esto creó fricciones con “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Tombolín” y otros líderes de la facción.

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El reacomodo provocó varios asesinatos de integrantes rasos de la organización, aunque el conflicto se enfrió en un principio por la intervención de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), máximo jefe del grupo, quien está preso desde 2009.

La escena del crimen en el sector de Los Balsos, en El Poblado. Foto de cortesía.

“Pichi Gordo”, también apodado “Pavarotti”, “Carmen” o “Plancha”, estuvo durante los últimos años trabajando a la sombra para “Douglas”, involucrándose en algunas gestiones de pacificación de conflictos entre combos a nombre de su jefe, y ocasionalmente se dejaba ver en eventos y partidos de fútbol entre muchachos de las bandas.

De momento se desconoce quién ordenó su muerte. Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que en los corrillos criminales comenzó a correr un rumor hace algunas semanas, que señalaba a “Pichi Gordo” de conspirar con funcionarios corruptos de la Fuerza Pública para orquestar expedientes y operativos contra sus enemigos. Esta información, aún no confirmada, al parecer lo puso en la mira de la mafia.

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Del hombre que murió a su lado son pocas las referencias por ahora. “El Enano”, cuya base de operaciones era Guayabal, se había convertido en su mano derecha, cumpliendo funciones de secretario, vocero y escolta.

Los dos hombres fueron acribillados por sicarios a bordo de una motocicleta. Cortesía.

“Pichi Gordo”, de 50 años, era fanático de la santería y la magia negra. Durante la guerra interna de “la Oficina” (2008-11), entre los capos Maximiliano Bonilla (“Valenciano”) y Ericson Vargas (“Sebastián”), se destacó como uno de los principales jefes de sicarios al servicio de este último.

Estaba incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (2014), por su relación con “la Oficina”, y se cree que participó en más de 100 asesinatos, aunque solo fue condenado por uno: el del empleado bancario Elkin Rivera González (2008), abaleado por un error de sus sicarios en el barrio Campo Valdés.

Después del doble homicidio se escucharon estallidos de pólvora en varios vecindarios de Medellín y Envigado, al parecer celebrando la muerte de “Pichi Gordo”.

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El Inspector.

Estando en la entrada del socavón fue atacado por sicarios, quienes le quitaron la vida a balazos y huyeron al abrigo de la noche.

Con esta imagen distribuida en redes sociales, los allegados de alias “Sólido” expresaron su luto. Foto de cortesía.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el hecho acaeció en la noche del 16 de junio de 2023, en una mina de oro conocida como San Nicolás, la cual está ubicada en la vereda Campo Alegre. Allí estaba José Domiciano Carrillo Montoya (“Sólido”), de 48 años, cuando sus asesinos lo encontraron.

Domiciano Carrillo (“Sólido”) en su juventud. Foto de cortesía.

Carrillo era oriundo de Segovia, donde tenía importantes inversiones legales e ilegales en minería. Sin embargo, era más conocido por ser integrante de la cúpula de “Pachelly”, una de las bandas paridas en el municipio de Bello, la cual se dedica al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, secuestros, desplazamientos forzados y desapariciones, entre otros delitos.

En varias oportunidades protagonizó enfrentamientos contra otros cabecillas de la banda, a quienes acusaba de intentar desplazarlo de los negocios. Según organismos de inteligencia, estuvo asociado a dos disputas internas que afectaron el orden público de Bello y el Norte del Valle de Aburrá, entre 2014 y 2015, y de 2019 a 2020.

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Su carrera delictiva incluía dos capturas en la última década. En 2012 fue detenido y condenado a seis años de cárcel por concierto para delinquir, de los cuales apenas estuvo dos en prisión.

De nuevo lo capturaron en 2018, otra vez por concierto para delinquir, y estuvo tras las rejas hasta finales del año pasado.

Ahora los investigadores se preguntan quién pudo haberlo matado. Las divisiones internas en “Pachelly” son latentes desde hace 10 años, y una hipótesis sugiere que sus exsocios lo ajusticiaron; tampoco se descarta que el crimen lo haya cometido el Clan del Golfo, el cartel narcotraficante que domina el bajo mundo en Segovia; y una tercera teoría apunta a que la muerte se derivó por inconvenientes con otros mineros.

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El Inspector.

La víctima fue identificada como Junior Alexánder Roldán Paredes, alias “Junior” o “JR”, prófugo de la justicia de su país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Junior Alexánder Roldán Paredes, alias “Junior” o “JR”, cabecilla de la banda ecuatoriana “los Choneros”. Foto: cortesía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el cadáver fue encontrado por habitantes de la vereda El Mango, del municipio de Fredonia, a las 5:15 p.m. de este sábado 6 de mayo de 2023.

Estaba en una zona boscosa, aledaña a la vía, en un sector conocido como Puente Máquina. Tenía una herida de bala en la cabeza.

Aunque no portaba documentación y en principio fue registrado como NN, una fuente les informó a las agencias de Inteligencia que podría tratarse de un ecuatoriano llamado Junior Alexánder Roldán Paredes.

Según la prensa ecuatoriana, este hombre era señalado de ser uno de los presuntos cabecillas de “los Choneros”, una de las organizaciones criminales hegemónicas del país vecino, involucrada en negocios de narcotráfico, sicariato, extorsión, terrorismo y contrabando.

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“Junior” estaba en libertad vigilada desde el pasado 14 de febrero, debido al polémico fallo de un juez que ordenó su excarcelación. Luego resultó herido en un atentado de una facción enemiga el 16 de marzo, en el cantón El Triunfo, de la provincia de Guayas. Fue lo último que se supo de él.

En diálogo con El Colombiano, el alcalde de Fredonia, Gustavo Guzmán Maldonado, contó que la víctima al parecer fue asesinada en otro sitio y luego arrojada por sus verdugos en Puente Máquina.

“Esta es una zona fronteriza con el municipio de Santa Bárbara, por donde pasa el río Poblanco. Seguro él estaba en otro lado, y los asesinos lo tiraron allá, porque la gente de la vereda no lo había visto antes”, precisó.

Agregó que “la Policía me reportó que estaba indocumentado, pero llegaron comentarios de que podría tratarse de un extranjero, un señor Junior Roldán, alias JR. Me preocupa que ocurran estas cosas, es muy extraño que suceda por aquí”.

El lunes siguiente (8 de mayo), el ministro del Interior de Ecuador, Juan Ernesto Zapata Silva, confirmó los hechos en una rueda de prensa. “Luego del cotejamiento necrodactilar y otras evidencias físicas como tatuajes, recibimos a través de un funcionario de la Fiscalía de Colombia la ratificación de la identidad de la persona fallecida”, comentó.

La investigación será adelantada por un fiscal de Antioquia, en cooperación con la Policía de Ecuador.

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El Inspector.

Uno de ellos fue Ricardo Ayala, alias “Cabuyo”, un joven con la guerra tatuada en la piel, que se dispuso a reconquistar los territorios abandonados por la insurgencia en el Norte del departamento de Antioquia. En su sangrienta cruzada con la disidencia del frente 36 arrasó con la paz de las comunidades y entró a la lista de los terroristas más buscados del país.

Ya está al aire la historia del terrorista alias “Cabuyo”, en el podcast de Revelaciones del Bajo Mundo. Ilustración de Tomás Giraldo.

Yo soy El Inspector y esta es la historia que abordaré en el nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano, titulado “Las 11 vidas de ‘Cabuyo’, el traidor del proceso de paz”.

En este episodio les presentaré audios y hechos inéditos alrededor de la persecución contra el violento disidente. Para capturarlo, la Fuerza Pública tuvo que lanzar 11 operaciones, que incluyeron bombardeos, francotiradores y espionaje con una adolescente de 15 años que el terrorista pretendía en amores.

Ya pueden escucharlo en www.elcolombiano.com/podcast y en las plataformas digitales de Spotify, Google Pódcast, Spreaker y Apple Pódcast.

Allí también están disponibles las otras historias de la primera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, a las que puedes acceder de forma directa dando click en estos enlaces:

1). Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín.

2). Los conjuros siniestros del Clan del Golfo.

3). “Otoniel”, el monstruo de las mil guerras (parte 1).

4). “Otoniel”, el monstruo de las mil guerras (parte 2).

5). Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal.

6). La conspiración contra el fiscal Pecci, un crimen que destruyó un sueño de amor.

7). Raptada por un duende (parte 1).

8). Raptada por un duende (parte 2).

9). Las once vidas de “Cabuyo”, el traidor del proceso de paz.

Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico que mezcla el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas.

El Inspector.

Este hombre de 48 años, señalado de ser uno de los presuntos narcotraficantes más peligrosos del municipio de Bello, al parecer estaba auspiciando la conformación de un nuevo grupo armado en el monte.

Los capturados por el Ejército en Yarumal, de izquierda a derecha: “Zorro”, supuesto escolta; Ana, compañera sentimental; y “Caníbal”, ataviado con una ruana. Foto cortesía del Ejército.

Según el reporte de la Cuarta Brigada del Ejército, el operativo de captura se realizó el 17 de octubre de 2022 en una finca del corregimiento Ochalí, en el municipio de Yarumal.

Lo acompañaban su supuesto jefe de seguridad, Alcides Castañeda Jaramillo (“Zorro”), y su compañera sentimental Ana María Henao Uribe. Otros tres sospechosos, entre ellos un menor de edad, también fueron detenidos con tres fusiles, una subametralladora, cuatro pistolas, un revólver, cinco granadas de mano y más de 600 municiones de distintos calibres.

Parte del arsenal incautado a los hombres de “Caníbal” en el operativo militar. Foto cortesía del Ejército.

“El Caníbal”, tal cual ha reportado Revelaciones del Bajo Mundo en anteriores informes, es un viejo conocido del sistema penitenciario en Colombia. Con cerca de tres décadas de carrera criminal, ha pasado por los bloques Metro y Centauros de las Autodefensas paramilitares; ha sido el cabecilla histórico de la banda “el Tapón” de Bello; y socio para el narcotráfico de las organizaciones “el Mesa”, “Pachelly”, la disidencia del frente 36 de las Farc y la guerrilla del Eln.

La Fiscalía lo ha investigado por homicidio, tráfico de armas, narcotráfico y concierto para delinquir, entre otros crímenes, aunque siempre logra permanecer poco tiempo en prisión.

Material de intendencia incautado con logo del Movimiento Armado Campesino Colombiano (MACC). Cortesía.

En los últimos años comenzó una expansión de sus negocios en las subregiones del Norte y el Nordeste de Antioquia, gracias a la alianza con la disidencia de las Farc. De esa manera, según datos de Inteligencia, instaló laboratorios de droga y plazas de vicio en Ituango, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, San José de la Montaña y San Pedro de los Milagros, entre otros.

En esa dinámica estaba cuando el Ejército lo capturó el 25 de agosto de 2018 en límites de Toledo y San Andrés de Cuerquia, escoltado por cinco exguerrilleros de las Farc.

La Fiscalía le imputó en ese entonces cargos por porte ilegal de armas, narcotráfico y concierto para delinquir; sin embargo, por falta de testigos en contra, fue absuelto por un juez luego del juicio oral.

Al regresar a la libertad, se refugió una vez más en el monte, donde fue recapturado la semana pasada. Algo interesante de esta última detención, es que además del arsenal le hallaron material de intendencia de un supuesto grupo delincuencial nuevo, denominado Movimiento Armado Campesino Colombiano (MACC).

Con logos de esa agrupación había pañoletas y brazaletes, lo que llamó la atención de los agentes de Inteligencia.

Hasta el momento se desconocen las actividades de esta supuesta organización, ni cuáles serían sus propósitos. Lo cierto es que ahora las agencias de seguridad tendrán los ojos abiertos frente al tema.

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El Inspector.

El ente acusador informó que se trata de “28 bienes rurales y uno urbano, dos establecimientos de comercio y 12 vehículos, avaluados en $6.500 millones”, los cuales estarían a nombre de David Fernando Londoño Díez (“Davidcito” o “La Mocha”).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Uno de los establecimientos comerciales que le embargaron a alias “Davidcito” (recuadro). Foto cortesía de la Fiscalía.

“Davidcito” fue capturado en noviembre de 2018 en una operación del Gaula de la Policía, en la que también fueron detenidos otros 13 miembros de la estructura.

Dichos bienes, según Liliana Donado Sierra, directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, “habrían sido adquiridos con dineros producto de homicidios, desplazamientos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos, entre otros delitos”.

La banda “San Rafael”, también conocida como “Los de San Rafa”, es originaria de un sector del barrio Guayabal, conocido como San Rafael. Su principal actividad ilegal es el tráfico de estupefacientes y el sicariato, que ejerce desde los años 90.

Sus redes de narcotráfico se extienden a algunas barriadas vecinas de las comunas de Guayabal y Belén, y del vecino municipio de Itagüí, donde también ha sostenido conflictos armados en años anteriores, en especial contra la banda “la Raya”, considerada su enemiga histórica.

El embargo aplicado a estas propiedades incluye la suspensión del poder adquisitivo y es el primer paso en el proceso de extinción de dominio.

A los abogados de “Davidcito”, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, les corresponde demostrar que fueron adquiridas de forma legal; mientras tanto, estarán administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

A pesar de las 66 capturas, la banda sigue afectando a los habitantes de los barrios Popular N°1 y Granizal, con un control social tan severo que pareciera querer reemplazar a las autoridades legítimas. Esta es la historia detrás de la última operación contra ese grupo, realizada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron algunos de los capturados en el más reciente operativo del Gaula de la Policía Metropolitana, del Gaula Militar Antioquia y del CTI de la Fiscalía, en contra de la banda La 38. Foto cortesía de la Fiscalía.

Decirles “no” a los miembros de la organización criminal La 38 significó firmar la sentencia de destierro para dos vendedores informales del nororiente de Medellín. “Nosotros somos los de la vuelta, y aquí todo el mundo tiene que hacer caso; si no, se van del barrio o los matamos”, advirtieron los delincuentes.

Así de simple y cruel. Los sueños de emprender con el negocio de venta callejera de ollas se esfumaron para el par de amigos, citados a rendir cuentas en una esquina del barrio Popular N°1, en la noche del pasado 8 de marzo.

Los bandidos les cobraron una extorsión por trabajar en los vecindarios controlados por ellos. “Les respondí que apenas estaba empezando y no tenía cómo pagarles, que lo que me ganaba era para el sustento de mi familia. Dijeron que no les importaba, que tenía que darles plata sí o sí”, relató una de las víctimas*.

Al vendedor lo obligaron a ir a su casa y recoger toda su mercancía para entregársela a la banda, como si se tratara de un decomiso. A su compañero le retuvieron la moto y le propinaron una brutal paliza.

En medio de la lluvia de puños y patadas, este logró lanzarse por un barranco y rodar hasta el borde de la ladera. Desde arriba le arrojaron rocas, que por centímetros alcanzó a esquivar, mientras le gritaban “¡te tenés que ir del barrio!”.

Los comerciantes salieron desplazados con sus familias, por temor a la muerte, pero ese hecho reactivó el interés de la Policía y la Fiscalía por atacar a este grupo ilegal.

En los últimos cinco años la Fuerza Pública ha ejecutado tres operaciones contra La 38, capturando a un total de 66 integrantes. A pesar de esto, residentes del área azotada le contaron El Colombiano que la zozobra no disminuye, y las “vacunas” tampoco.

Este diario tuvo acceso al expediente judicial de la tercera y más reciente operación, que entre el 16 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021 generó las capturas y encarcelamientos de 21 miembros de la facción. Las revelaciones de las víctimas, por lo menos las que se atrevieron a denunciar, son aterradoras.

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EMPRESA CRIMINAL
La 38 existe desde los años 90 y es una de las bandas más antiguas del nororiente de Medellín. En la actualidad, según el Gaula de la Policía, delinque en los barrios Popular N°1 y Granizal, y en los sectores conocidos como El Plan, El Filo, La Galera, Divina Providencia y Parque de los Lolos.

En ese territorio, de estratos socioeconómicos 1 y 2, el combo exprime la pobreza de sus habitantes cobrándoles extorsiones semanales. No se salva ningún comerciante, ni las tiendas, supermercados, barberías, carnicerías, vendedores ambulantes, bares, rutas de buses ni camiones distribuidores de alimentos.

Las “vacunas” van de $3.000 a $200.000 a la semana y, según los cálculos de los investigadores, les generan cerca de $60 millones mensuales. El tráfico local de estupefacientes y las otras rentas ilícitas producen ingresos de $240 millones al mes.

Estos negocios incluyen la administración de 13 plazas de vicio, el pagadiario y el monopolio de la distribución de productos de la canasta familiar, con precios que rayan en lo absurdo. “Una canasta de huevos de $12.000, ellos la distribuían en las tiendas a $20.000. Los tenderos no podían comprarles a otros proveedores, porque les imponían una exigencia económica o los desplazaban”, indicó un agente del Gaula.

Para mantener aceitada esta máquina de drenar dinero, a pesar de delinquir en barriadas con tantas penurias, La 38 ejerce un severo control social que, pese a la presencia institucional y los operativos, no se ha acabado.

Con frecuencia les repiten a los residentes que ellos son “la autoridad” en la zona y para sostener esa fama están dispuestos a derramar sangre.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Natalia Rendón, informó que La 38 es investigada por el asesinato de dos hermanos, “porque no quisieron trabajar para esa banda”.

El 3 de noviembre de 2019, cuando caminaba por una calle del Centro, sicarios motorizados acribillaron a Juan Diego Agudelo Ardila, de 23 años. Y el 12 de febrero de 2020 le hicieron lo mismo a su hermano Yoban Estiven, de 31 años, en una esquina del barrio Santa Cruz.

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“AUTORIDAD” ILEGÍTIMA
En los testimonios reunidos en el expediente, y presentados en la audiencia de control de garantías ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, se narraron ocho casos de desplazamiento forzado perpetrados entre 2019 y 2021. La mayoría fue por no pagar extorsiones, aunque se destaca uno derivado de vejámenes sexuales contra una niña de 12 años.

En noviembre de 2020 un secuaz de la banda abusó de la infante y la amenazó con matar a su familia si le contaba a alguien. Sin embargo, la madre la notó extraña y logró sacarle la verdad, después de lo cual formuló una denuncia en la Fiscalía.

Como consecuencia fue capturado el sospechoso de la violación, apodado “el Calvo”.

La retaliación de sus compinches no se hizo esperar. En junio de 2021 hirieron al padrastro de la niña, propinándole una golpiza y dos puñaladas en el hombro y el brazo derecho, a un costado de la estación Popular del metrocable.

Luego le insistieron que su mujer tenía que retirar la denuncia. “Usted vive con esa sapa y a los tres los vamos a desaparecer, ya les dijimos que no los queremos ver en el barrio”, le advirtieron. La familia tuvo que huir.

El reclutamiento de menores también hace parte de las conductas ilícitas de la organización. Un exintegrante, que fungió como testigo de la Fiscalía, recordó que “desde los 11 años empecé a trabajarle al combo, primero como campanero para que la Policía nos les cogiera las plazas de vicio; luego me pusieron a recoger la droga empacada para distribuirla en las plazas. Alos 15 años de edad traté de dejar eso, pero me dijeron que no me podía salir por tener mucha información, y que si lo hacía me asesinaban”.

Los adolescentes son usados igualmente para el cobro de las “vacunas”. Una tendera, a quien le exigían $200.000 semanales, afirmó que a su local siempre iba un joven diferente, de 16 a 17 años, todos los sábados.

En mayo de 2019 tuvo una caída en sus ingresos y ya no pudo seguir pagando la extorsión. “Les dije que no tenía más dinero para darles, porque las ventas estaban muy malas. El muchacho sacó un revólver, me lo puso en la cabeza y dijo que les tenía que pagar o que me fuera del barrio”, narró la afectada, quien huyó de la zona.

El reclutamiento ejercido por La 38 también se suma a las causas de desplazamiento, tal cual le ocurrió a una familia en julio de 2019. Según la denunciante, “un hombre me detuvo en la calle y me pidió que dejara a mi hijo hacerle un mandado. Le respondí que no, y él me dijo: ‘aténgase a las consecuencias’”.

Durante los dos días siguientes, hombres armados fueron de madrugada a golpear la puerta de su casa, llamándola por su nombre. Ella se encerró una semana, aunque fue tal el pánico, que emigró con sus seres queridos.

En algunas ocasiones los delincuentes desalojan a las víctimas sin motivo aparente, en particular a aquellas que pagan arriendo. Los investigadores creen que el interés es ocupar el inmueble con otro arrendatario cercano a ellos.

Así sucedió en octubre de 2020, cuando una mujer llegó de madrugada a la casa que arrendaba en el barrio Granizal, y encontró todos sus enseres en la calle. Trató de ingresar y no pudo, porque le habían puesto un candado a la reja.

En ese momento apareció un coordinador de la banda, aseverando: “A mí me pagaron para sacarla de la casa, y se abre del barrio, porque aquí mando yo”. Después agarró a la víctima a patadas.

Compungida, la señora pidió ayuda en la estación de Policía y regresó al lugar acompañada por unos patrulleros que detuvieron al sospechoso. “Dije que quería denunciarlo, y él delante de los policías repetía que yo me tenía que ir del barrio”, manifestó la desplazada.

Una situación similar acaeció en julio de 2019, en el mismo vecindario, que motivó el destierro de otra familia.

“Un día llegó un muchacho y me dijo que necesitaba que me fuera de la casa. Le pregunté las razones, porque yo estaba al día con el arriendo y con las ‘vacunas’, pero no me dio tiempo de nada. Dijo que la salida mía era inmediata y tuve que irme con lo que tenía puesto. Todas mis cosas quedaron allá adentro, no volví, y luego supe que habían ocupado la casa”, expresó la perjudicada.

En las audiencias de garantías, los 21 capturados se declararon inocentes por cargos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y tráfico de drogas, entre otros.

En los allanamientos, los agentes del Gaula les encontraron una granada de aturdimiento, municiones y 13,6 kilos de marihuana. El juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal a 20 de ellos, y uno más obtuvo la detención domiciliaria.

La noticia causó tranquilidad en algunos sectores de la comuna 1 (Popular), pero sin celebraciones ruidosas, porque otros miembros de La 38 siguen patrullando las calles, cobrando la extorsión e insistiendo en que ellos, como si fueran la autoridad, “son los que mandan”.
*Identidades reservadas por seguridad.

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ANEXO: LA LISTA DE LOS DETENIDOS

En el operativo de noviembre de 2021 contra la banda La 38, fueron capturadas las siguientes personas: los presuntos cabecillas Johany Santa Franco (alias “Santa”) y Miguel Ángel Mejía Ríos (“Pepo”); y los supuestos integrantes Juan Camilo Henao Jiménez (“Camilito”), Cristian David Marín Palacio (“Berruga”), Ánderson Misas Londoño (“Misas”), Jhon Fredy Contreras Cossio, Francisco David Tamayo Londoño (“El Joe”), Katherin Yulieth Arboleda Castaño (“la Flaca” o “Katy”), Jéferson Andrés López Monsalve (“Chichi”) y Jhojan Stiven Arango Duque (“el Enano”).

La lista sigue con Cristian Camilo Restrepo Botero (“la Guagua”) y su hermano Róbinson Esteban Restrepo Botero (“la Guagua Pequeña”), Wilder Yesid González (“el Calvo”), Diego Andrés Restrepo Rúa (“Godines” o “Gorrión”), Juan Esteban Ceballos Ortiz (“Mañez”), Wilson Ferney Acevedo García (“Tetas”), Jorman Ospina Jiménez (“Calvin” o “Mi Niño”), Adriana María García Pulgarín (“la Mona”), Naren Stic Granada Palacio, Jorman Andrés Rodríguez Varela (“Toto”) y Róbinson Estiven Cardona Vergara.

El Inspector.

Las detenciones han tocado a las bandas de “Pachelly”, “el Mesa” y “la Camila”. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “el Gordo Ruiz” regresó a la cárcel, después de haber pagado una condena por concierto para delinquir. Foto cortesía de la Policía.

A principios de noviembre se registró la captura de Jairo Andrés Ardila Murillo, alias “Guayabo”, uno de los cabecillas históricos del bajo mundo en esa localidad. Es desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y desde los años 90 integró la cúpula de la organización criminal “Pachelly”.

Jairo Ardila, apodado “Guayabo”.

La Policía lo arrestó en 2011 y fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión por concierto para delinquir, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y falsedad personal. Durante su estadía en prisión fue testigo de la Fiscalía en las investigaciones penales contra el clan político de los Suárez Mira, que terminaron con la condena del excongresista y exalcalde bellanita Óscar Suárez, por crímenes ligados a la corrupción.

Esta colaboración con la justicia le permitió salir pronto de la cárcel, pero su regreso a las calles no fue bien recibido por la mafia. El 31 de octubre de 2014 se transportaba en un bus de servicio público contratado por el Inpec, junto a otros 11 internos de la cárcel de Cómbita (Boyacá), para gozar de un permiso de libertad condicional de 72 horas.

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Al llegar a Bogotá, sicarios motorizados atacaron el vehículo a tiros. Un pasajero murió y “Guayabo” sobrevivió con heridas en el rostro. Dos años después, cuando manejaba un carro por una calle de El Poblado, en Medellín, otros mercenarios lo tirotearon, atentado del cual también logró salir con vida.

Fuentes policiales manifestaron que “Guayabo” trató de recuperar su antiguo poder en “Pachelly”, pero los jefes del momento se lo negaron. Fue así como durante la disputa criminal entre ese grupo y “el Mesa” y “Niquía Camacol”, que triplicó el índice de homicidios en Bello entre 2019 y 2020, Ardila habría conspirado en favor de estas últimas dos bandas, para que atacaran a sus antiguos socios.

Otro de los capturados en noviembre fue Arley Echeverry Jaramillo (“Calambre”), presunto aliado de “el Mesa” y enlace de la mafia de Bello con la estructura mafiosa conocida como “la Oficina”.

“Calambre” es señalado de ser la mano derecha de Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), un socio financiero de “el Mesa” y “la Oficina”, y quien paga actualmente una condena de 14 años en prisión. Justamente estaban juntos en 2008 cuando la Policía los detuvo por un supuesto caso de extorsión, del cual salieron airosos.

Desde 2005 las autoridades le hacían seguimiento a “Calambre”. Cortesía.

La Policía también investiga a Echeverry por presuntas conexiones con funcionarios corruptos del aeropuerto de Rionegro, en temas relacionados con narcotráfico.

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La lista de detenidos también incluye a Róbinson Abraham Tobón Duque (“el Perro”) y Néstor Estivell Rodríguez (“Peluche”), presuntos mandos medios de “el Mesa” y quienes aparecían en el cartel de los más buscados. Daniela Ortega, secretaria de Seguridad de Bello, precisó que este último es hermano de Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), máximo cabecilla y fundador de esa banda, recluido en una celda desde 2019.

De acuerdo con Ortega, alias “Guayabo”, “Calambre”, “el Perro” y “Peluche” fueron procesados por concierto para delinquir agravado y homicidio.

La siguiente captura fue la de John Jairo Ruiz Muñetón (“el Gordo Ruiz” o “el Calvo”), de 53 años y jefe de la banda “la Camila”, que delinque en Bello, Copacabana y Medellín. El 13 de noviembre la Policía lo apresó cuando iba en un vehículo por la vía Las Palmas, a la altura del barrio La Asomadera.

Ruiz fue policía en el pasado y se desmovilizó del bloque Centauros de las Auc. Ya había sido arrestado en 2014 y sentenciado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir. Regresó a las calles hace tres años.

Esta vez tendrá que responder por cargos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, narcotráfico y homicidio, según el reporte de la Policía.

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Por fortuna, las capturas de estos personajes no han desestabilizado el orden público en Bello, que desde octubre de 2020 goza de una tensa calma, sin enfrentamientos abiertos entre las más de 10 estructuras de crimen organizado que delinquen en su jurisdicción, entre las que se cuentan “el Mesa”, “Pachelly”, “Niquía Camacol”, “la Camila”, “París”, “los Triana”, “el Tapón”, “los Peludos”, “la Meseta”, “Playa Rica”, “el Congolo”, “el Pinal” y “los Chatas”.

“El Gordo Ruiz” aparecía en el cartel de los más buscados desde 2010. Cortesía.

El 6 de diciembre las autoridades presentaron en el parque principal del municipio los resultados de un reciente operativo en contra de “Pachelly”, que incluye la judicialización de siete de sus presuntos integrantes.

Entre los afectados está Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Perica”), presunto líder de la estructura, quien está preso en la cárcel La Picota (Bogotá), tras su captura el pasado 2 de septiembre. En ese entonces, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo, perpetrados entre 2019 y 2021.

Con la evidencia recaudada por el ente acusador en este último operativo, le añadieron otras imputaciones por homicidio y desplazamiento.

Entre las prioridades de la Policía y la Fiscalía están las ubicaciones y capturas de otros tres presuntos cabecillas que hoy encabezan el cartel de los más buscados en Bello: Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“el Diablo”), de la banda “el Mesa”; y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”) y Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”), de la organización “Niquía Camacol”.

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El Inspector.

De acuerdo con los afiches distribuidos, los reseñados son Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“el Diablo”), presunto líder de la banda “el Mesa”; y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”) y Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”), supuestos cabecillas de “Niquía Camacol”.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el nuevo cartel de los delincuentes más buscados del municipio de Bello. Foto cortesía de la Policía.

En su contra hay una recompensa de hasta $50 millones, según Daniela Ortega, secretaria de Seguridad de Bello. En la lista hay otros personajes, identificados solo por el alias, como “Perica” y “Sebas”, del grupo ilegal “Pachelly”; “Trompón” y “Yonier”, también de “el Mesa”; y “Ruiz” y “el Gordo”, de “los Chatas”.

El alcalde local, Óscar Andrés Pérez, declaró que “recibimos la visita del ministro del Interior, el doctor Daniel Palacio, y manifestamos lo efectivo que ha sido el trabajo interinstitucional para cerrar un 2020 más tranquilo, donde hemos logrado neutralizar la guerra en nuestra ciudad, con todos los líderes criminales judicializados. Hoy presentamos a quienes lideran de nuevo a la criminalidad”.

Tras conocer este cartel, algunos ciudadanos de Bello se quejaron por la ausencia de algunos importantes jefes del crimen organizado que ya salieron de la cárcel, y al parecer, continuaron delinquiendo. Entre ellos están “Jonás”, “Elkin Chata” y “Alex Mentiras”, de la banda “los Chatas”; “Roger”, de “la Camila” (se fugó de la estación Belén de la Policía); “el Gordo Triana”, de “los Triana”; y “Guayabo”, de “Pachelly”.

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El Inspector.

Luego de nueve meses de persecución, policías de la Dijín y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) lo capturaron en la mañana de este domingo 25 de octubre, en una urbanización del barrio Las Palmas, en el oriente de Medellín. Esta es la reseña del caso realizada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue presentado “Mocho Vives” por las autoridades, tras su captura en un apartamento de Las Palmas. Foto cortesía de la Policía.

La ubicación exacta del apartamento la suministró un informante, que podría recibir la recompensa de $50 millones de pesos que había en contra del personaje, según el general Óscar Atehortúa, director nacional de la Policía.

“Mocho Vives” o “el Mocho”, de 35 años, es señalado de ser uno de los supuestos cabecillas de “la Terraza”, organización criminal que delinque en la capital antioqueña desde los años 80. Su base de operaciones está en las comunas de Aranjuez, Manrique y La Candelaria, aunque en la actualidad tiene tentáculos de narcotráfico y extorsión transnacionales, en Estados Unidos, China, Chile y Argentina, entre otros países.

El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia había emitido una orden de captura por concierto para delinquir agravado, en contra de Palacio Hernández. Su detención fue anunciada este lunes 26 de octubre por el propio presidente de la República, Iván Duque, en una declaración pública en la cual participaron el general Atehortúa y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Es un criminal que llevaba más de 16 años en esta estructura, participando en sicariato, amenazas, secuestro y extorsión. Es uno de los golpes más duros que se le ha dado a ‘la Terraza’ y permite seguir avanzando en su desmantelamiento. Los delincuentes se tienen que someter a la justicia o correrán la misma suerte”, expresó el Jefe de Estado.

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EL PRONTUARIO Y LOS HECHIZOS

De acuerdo con el relato de Atehortúa, Palacio habría ingresado a la banda a los 19 años de edad, realizando acciones de sicariato y hurtos. En 2001, cuando escoltaba a un cabecilla apodado “Chicho”, fue víctima de un atentado, en el cual perdió parte de su pierna derecha.

Tras sobrevivir, fue apadrinado por Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), quien actualmente es uno de los principales líderes de “la Terraza”. Con este patrocinio, “Mocho Vives” no solo ascendió en la jerarquía de la banda, sino que fue introducido en el culto de la santería y la magia negra, que practican “Pichi Gordo” y otros secuaces de la organización.

“El ‘Mocho’ habría adquirido licoreras, discotecas y viviendas para invertir su capital criminal. Calculamos que mensualmente recibía $500 millones de pesos por extorsión a los comerciantes”, reiteró el general.

Los investigadores averiguaron que el sospechoso cambiaba de vehículos de alta gama con frecuencia, gracias a contactos que tenía en compraventas de carros. El anterior 13 de octubre, cuando fue publicado el nuevo cartel de los más buscados con las recompensas, se aceleraron las indagaciones para dar con su paradero.

El allanamiento de Las Palmas fue el segundo que le hicieron a este hombre en menos de un mes. El pasado 10 de octubre, los agentes de la Dijín entraron a una vivienda del barrio Manrique, donde solía pernoctar en compañía de varias familiares.

En el rincón derecho de la sala, los uniformados encontraron un extraño altar, con un velón encendido. A su lado había una vasija roja, con lo que en brujería se conoce como “una cabeza reducida”, es decir, un pedazo de tronco de árbol o una pepa, a la cual le tallan la forma de un rostro humano. En el recipiente había distintas frutas, dulces y arroz, entre otras cosas.

“Mocho Vives” ya no estaba en el lugar, pero mientras los investigadores hacían la diligencia, una de las inquilinas puso una copa de aguardiente junto al altar. Los agentes entraron a una habitación, en la que encontraron ropa del perseguido y la estatuilla de una Virgen.

“Las ventanas estaban cerradas, no había viento y nadie la tocó, pero en ese momento se cayó sola esa virgen. Eso nos causó curiosidad y nos dio vaina”, relató uno de los investigadores. Las inquilinas justificaron el altar diciendo que “eso era de una religión que ellas practicaban”.

Este fue el altar de santería que encontraron los investigadores en el allanamiento a la casa de Manrique. Foto de cortesía.

DISPUTA INTERNA

Fuentes de Inteligencia señalaron a El Colombiano que hoy en día hay una disputa interna en “la Terraza”, luego de la salida de la cárcel de algunos cabecillas, que llegaron reclamando su antiguo poder.

La situación ha generado asesinatos de socios y presuntos integrantes de la estructura, como Carlos Andrés de los Ríos (“Negro Andrés”), de 45 años, abaleado por sicarios motorizados el pasado 21 de agosto, en el barrio Córdoba; y Pablo Nicolás Serna García (“Gomelo”), de 36 años, a quien también le dispararon ese mismo día, en el barrio Aranjuez.

Debido a estos problemas internos fue que, presuntamente, un informante “muy cercano a la banda”, según Atehortúa, entregó la ubicación de “Mocho Vives”.

El oficial añadió que “bajo su tutela existían grupos criminales dedicados al fleteo en los semáforos. Instrumentalizaba menores de edad, tratando de incorporarlos a la banda, como hicieron con él en el pasado”.

Sobre esto último se pronunció el alcalde Daniel Quintero, opinando que su Administración se ha concentrado en atacar ese delito. “Si les quitamos los menores de edad a las organizaciones criminales, vamos a construir un mejor futuro para Medellín. Llevamos 22 cabecillas de bandas capturados”, precisó.

En estos momentos, “Mocho Vives” está siendo presentado ante un juez de control de garantías de Medellín, donde podrá defenderse de las imputaciones de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. La audiencia se desarrolla de manera virtual.

La Fuerza Pública ahora está a la caza de su patrón “Pichi Gordo”, quien también fue recientemente incluido en la lista de los más buscados, después de recibir el beneficio de la libertad condicional el pasado 21 de enero.

Según los investigadores que lo conocen de hace años, ya debió haber prendido las velas negras y empacado los amuletos “para tratar de hacerse invisible”.

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El Inspector.

En otra audiencia, el mismo juzgado también envió a una celda a Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), presunto jefe de sicarios de “el Mesa” y enemigo mortal de “Pocho”.

Luego de su captura en Bogotá, Francisco Mazo (“Pocho”) fue trasladado a Medellín. Foto cortesía de la Policía.

En una vía pública de la ciudad de Bogotá, la Dijín de la Policía capturó el 26 de septiembre de 2020 a Mazo Pulgarín. La detención se presentó en cumplimiento de una orden de captura por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Al momento del procedimiento, el sospechoso se identificó con una cédula y una licencia de conducción que tenía su foto, pero los datos de un familiar. Los detectives descubrieron el engaño.

Mazo está en el cartel de los más buscados del municipio de Bello, señalado por las autoridades de ser uno de los supuestos responsables de la guerra de bandas que afecta a esa localidad desde febrero de 2019.

En esa época comenzó una violenta confrontación entre “Pachelly” y sus enemigos de “el Mesa” y “Niquía Camacol”, caracterizada por asesinatos selectivos, tiroteos en vías públicas y desplazamientos intraurbanos.

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En el prontuario de “Pocho” ya hay una condena de cuatro años por concierto para delinquir. En 2014 fue capturado en una finca de El Peñol y puesto tras las rejas. También es desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas paramilitares (2006).

Volvió a las calles a finales de 2016, y según la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, siguió delinquiendo.

En la audiencia de control de garantías, que terminó este martes 29 de septiembre, el ente acusador le imputó el concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público, pero él se declaró inocente de ambos cargos, antes de ser enviado a prisión.

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JEFE DE SICARIOS

“Pirry” también se declaró inocente, en su audiencia del pasado 16 de septiembre. Le imputaron homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por ser el supuesto jefe de sicarios de la banda “el Mesa”.

Jhonathan Castrillón, alias “Pirry”. Cortesía.

La Dijín lo detuvo el 14 de septiembre, en un allanamiento a un apartamento ubicado en el barrio Prado de Bello. De acuerdo con la información preliminar, en dicho procedimiento también le encontraron 10 papeletas del estupefaciente conocido como tusi o 2CB.

Aunque se presume que “Pirry” ha coordinado muchos de los asesinatos en el marco de la guerra contra “Pachelly”, de momento solo le imputaron uno ocurrido el 31 de mayo de 2017.

Aquel día, un grupo de hombres secuestró a Santiago Londoño Álvarez en el barrio Andalucía de Bello. Lo llevaron a una casa del sector El Tapón, donde estaba “Pirry”. Lo señalaron de tratar de robarse una moto y lo degollaron con una sierra.

Después lo desmembraron y empacaron en tres bolsas de plástico, las cuales arrojaron al día siguiente en un calle del barrio Toscana de Medellín.

Jhonathan Castrillón ya tiene una condena en su prontuario, de 2009. Esa vez fue capturado por liderar una red de tráfico de drogas en Soacha (Cundinamarca) y en Bogotá, en particular en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe. Allá la organización criminal “el Mesa” es denominada “los Paisas”.

La sentencia fue de 14 años y cinco meses, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, por tráfico de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer.

Como sucede con casi todos los cabecillas del crimen organizado de Bello, no pagó la pena completa y regresó a las calles el 5 de diciembre de 2016. De hecho, tiene otra investigación penal en curso, porque al parecer en ese expediente figuraba con una identidad fraudulenta, a nombre de Héctor Jhonatan Rua Díaz.

En la actualidad está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

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El Inspector.

Así lo dictaminó el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, tras finalizar las audiencias de control de garantías en contra de Juan Julio Osorio Molina (“Julito”), presunto cabecilla de la banda “el Acopio”, que delinque en los barrios Aures N°1 y N°2 de la comuna 7 (Robledo).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

A alias “Julito” le leyeron sus derechos como capturado en la camilla del hospital. Foto cortesía de la Policía.

La diligencia fue de carácter virtual, a través de la aplicación Teams, debido a la cuarentena y la convalecencia del sospechoso. La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada le imputó por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, al igual que a su mano derecha, Arnold Eduardo González Zapata (“Langarfio”), supuesto coordinador de zona de la estructura ilegal.

Ambos negaron los cargos el fin de semana pasado, y el Juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural. El caso de desplazamiento en cuestión sucedió en Aures, donde los delincuentes habrían golpeado y amenazado de muerte a un ciudadano, para que abandonara un lote que ellos querían vender de manera ilegal; debido a esto, la víctima tuvo que irse del barrio.

Juan Osorio (“Julito”) y Arnold González (“Langarfio”). Cortesía.

“Langarfio” y “Julito” fueron capturados el pasado 27 de mayo por policías de la Dijín. Osorio Molina estaba en un apartamento familiar en Aures, y apenas sintió la presencia de las autoridades, trató de escapar. Se lanzó desde una terraza y cayó al tercer piso de una edificación vecina, sufriendo la fractura abierta del tobillo. Ahí terminó su aventura.

Actualmente está hospitalizado, bajo vigilancia de la Policía. “Julito” es un paramilitar desmovilizado del bloque Metro de las Autodefensas. En la banda “el Acopio” obtuvo su ascenso después de las capturas de los principales jefes, los hermanos José Otalivar y Luis Enrique Chavarría (“Jotalibán” y “Piercing”, respectivamente).

Tras las condenadas de ambos, “Julito” se habría encargado de la estructura en la calle, la cual se dedica a la extorsión, el narcotráfico, la venta ilegal de lotes, desplazamientos forzados, torturas y secuestros, entre otros delitos. Por esa razón, su apodo figuraba en el cartel de los más buscados de la comuna 7.

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El Inspector.